Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios N° 35 y 36: a todo, téngase presente.

Al folio N° 37: a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Alejandro Zúñiga Garrido, en representación de la Corporación nombre reservado, en su calidad de Colaborador Acreditado y entidad titular del proyecto REM – PER - nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en no resolver la reclamación administrativa deducida el 6 de febrero de 2026 en contra de la Resolución Exenta N° NUM000 —que le aplicó una multa de 242,15 Unidades de Fomento (UF)—, derivando dicho cobro a la Tesorería General de la República para su ejecución, vulnerando con ello las garantias constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 14 y 24 del artículo 19 de la Constitucion Política de la República.

Expone que el 30 de enero de 2026 la institución fue notificada de la Resolución Exenta Nº NUM000, de 29 de enero del mismo año por la Dirección Regional Metropolitana de Santiago del servicio recurrido, mediante la cual se le impuso una sanción de multa ascendente a 242,15 Unidades de Fomento. Añade que, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 45 de la Ley Nº 21.302 y el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, procedió a interponer en tiempo y forma una reclamación administrativa dentro del plazo legal de cinco días hábiles, remitida el 6 de febrero de 2026 a las 22:06 horas vía correo electrónico dirigido a la casilla institucional del Director Nacional de Mejor Niñez. Señala que, no obstante la autoridad omitió otorgar acuse de recibo o dictar resolución sobre la materia, y de manera sorpresiva, el 20 de marzo de 2026, la recurrente recibió la Carta N° NUM001, de 19 de marzo, informando que la multa de 242,15 UF había sido remitida a la Tesorería General de la República para su cobranza ejecutiva, monto que al 17 de abril de 2026 asciende a $9.647.672, que corresponde a un 20% del ingreso con el que mensualmente funciona el Hogar nombre reservado. Añade que, el 14 de abril de 2026 la institución remitió una nueva comunicación solicitando retrotraer el procedimiento y dar curso al reclamo, obteniendo como única conducta el absoluto silencio de la administración recurrida.

Alega que el actuar de la administración contraviene de manera manifiesta lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 21.302, precepto que consagra expresamente la vía de reclamación administrativa ante el Director Nacional de la entidad. En tal sentido, sostiene que el agotamiento de la reclamación administrativa mediante una resolución expresa resulta ser el presupuesto procesal e habilitante indispensable para que el administrado pueda deducir la posterior reclamación judicial de ilegalidad ante la respectiva Corte de Apelaciones. Por consiguiente, al ignorar la presentación del colaborador acreditado y pretender ejecutar la sanción como si estuviere firme y ejecutoriada, la recurrida generó una indefensión absoluta y privó al procedimiento sancionatorio de una debida causa legal, infringiendo además los principios de neutralidad, razonabilidad y contradicción que rigen la función pública.

La recurrente manifiesta que se contraviene el principio del interés superior del niño contemplado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 5° inciso 2° de la Constitución y la Ley N° 21.430, puesto que al menoscabar de forma desproporcionada los recursos destinados al funcionamiento del nombre reservado, se compromete directamente la cobertura de necesidades básicas como alimentación, remuneración del personal profesional y la continuidad del servicio en perjuicio directo de las menores residentes.

Por estas razones, solicita que se ordene al Servicio recurrido retrotraer el procedimiento sancionatorio, pronunciarse respecto de la reclamación administrativa, y que deje sin efecto la Carta N° NUM001 paralizando y retirando el cobro en Tesorería General de la República, con costas.

Segundo: Que, evacuan informe los abogados Camilo Jara Villalobos y Daniel Contreras Soto, en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, desminte de forma categórica la premisa central del recurso, consistente en una supuesta omisión arbitraria en la tramitación de la reclamación administrativa presentada el 6 de febrero de 2026 por la Corporación nombre reservado en contra de la sanción de multa que le fue impuesta mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 29 de enero de 2026. Sobre el particular, explica que, una vez recepcionada dicha impugnación, tanto la presentación como el expediente sancionatorio fueron derivados oportunamente a la Unidad de Fiscalización del Servicio a fin de elaborar el informe técnico previo que permitirá al Director Nacional resolver la reclamación conforme a derecho, encontrándose el procedimiento en actual tramitación. Precisa que, si bien el inciso 1° del artículo 45 de la Ley N°21.302 fija un plazo de cinco días hábiles para interponer la reclamación ante la autoridad nacional, dicho precepto no contempla un plazo especial de resolución para el órgano administrativo. De esta manera, sostiene que no resulta procedente la vía cautelar del recurso de protección al existir un remedio jurídico administrativo especial pendiente, sumado a que la materia se encuentra sujeta a controversia fáctica, lo que obsta a la existencia de un derecho preexistente e indubitado que requiera amparo urgente, según los criterios jurisprudenciales consolidados de la Excma. Corte Suprema y de los Tribunales de Alzada.

Por su parte, y en relación con la alegación de la actora dirigida a paralizar la ejecución y cobro de la multa de 242,15 Unidades de Fomento sosteniendo que la sola presentación de la reclamación suspendería sus efectos, arguye que tal razonamiento contraviene los principios rectores del rerecho administrativo nacional. Al respecto, invoca lo dispuesto en los artículos 3°, 51 y 57 de la Ley N° 19.880, señalando que las decisiones de la Administración gozan de presunción de legalidad, imperio y ejecutoriedad desde su notificación, autorizando su cumplimiento inmediato sin necesidad de que el acto se encuentre firme o desprovisto de recursos pendientes, salvo que la autoridad o el juzgador dispongan expresamente la suspensión.

Agrega que las normas relativas a la firmeza de las resoluciones judiciales contenidas en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil son inaplicables a los actos administrativos disciplinarios o sancionatorios.

Asimismo, refiere que el artículo 45 de la Ley N° 21.302 contempla una regla especial plenamente armónica con el régimen general de la Ley N°19.880, consistente en que únicamente la interposición del reclamo de ilegalidad en sede judicial ante la Corte de Apelaciones —regulado en el inciso segundo de dicho precepto— produce efecto suspensivo sobre la sanción aplicada. Por el contrario, la reclamación administrativa ante el Director Nacional prevista en el inciso primero carece legalmente de dicho efecto suspenso. Añade que dicha interpretación es ratificada por la Historia Fidedigna de la Ley N° 21.302, en cuyo proceso de formación legislativa se asoció la suspensión de pleno derecho de la sanción exclusivamente a la apertura de la revisión jurisdiccional. Por lo tanto, al haber optado la recurrente por la vía administrativa, la sanción mantiene su plena exigibilidad.

Finalmente, en cuanto al reproche dirigido contra la eventual cobranza de la multa impuesta, aduce su falta de competencia material para sustanciar procedimientos de cobro de multas administrativas. En tal sentido, aclara que la labor de recaudación y cobranza administrativa y judicial de las multas aplicadas por el Servicio se halla encomendada a la Tesorería General de la República, en virtud del Convenio de Colaboración aprobado mediante la Resolución Exenta N° NUM002, de 8 de agosto de 2025. En consecuencia, afirma que las actuaciones imputadas relativas al cobro no le son atribuibles, al corresponder al ejercicio de las atribuciones de un órgano distinto de la Administración del Estado.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Constituyen requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el reproche de la recurrente consiste en la supuesta omisión de la recurrida de dar tramitación a la reclamación administrativa interpuesta el 6 de febrero de 2026 y en el envío del cobro a la Tesorería General de la República estando pendiente dicho recurso.

Quinto: Que, respecto al primer punto, del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrida, aparece que la reclamación administrativa interpuesta por la Corporación recurrente fue efectivamente recepcionada y se encuentra en actual tramitación, habiendo sido derivada a la Unidad de Fiscalización para la elaboración del informe técnico pertinente. De este modo, la premisa fáctica sobre la que se erige la supuesta vulneración al derecho de petición y al debido proceso carece de sustento.

Sexto: Que, en cuanto al reproche dirigido contra el envío de los antecedentes a la Tesorería General de la República para su cobro, cabe recordar que nuestro derecho administrativo consagra el principio de ejecutoriedad y exigibilidad de los actos administrativos. En efecto, los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.880 establecen que las resoluciones producen sus efectos jurídicos y son exigibles desde su notificación.

Asimismo, el artículo 57 del indicado cuerpo legal prescribe imperativamente que la interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado. En consecuencia, el actuar de la Administración, al no paralizar la ejecución de la multa por la sola presentación de un recurso administrativo, no reviste atisbo alguno de ilegalidad, sino que obedece al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Séptimo: Que, lo razonado precedentemente se ve reforzado por el mandato específico contenido en la ley especial que rige la materia. El artículo 45 de la Ley N° 21.302, que regula el procedimiento de reclamación de los colaboradores acreditados, establece dos etapas recursivas, una administrativa ante el Director Nacional y, en caso de rechazo, una judicial ante la Corte de Apelaciones respectiva. Es el propio legislador quien dispuso expresamente, en el inciso segundo de dicho artículo, que será el reclamo de ilegalidad deducido ante el órgano jurisdiccional el que tendrá efecto suspensivo. Al no otorgar el legislador este mismo efecto al reclamo administrativo inicial, resulta palmario que la sanción mantiene su plena ejecutoriedad mientras pende la decisión del Director Nacional. Mal podría calificarse de ilegal o arbitrario a un organismo del Estado que ajusta su actuar a la literalidad y al sentido unívoco de la ley que lo rige.

Octavo: Que, así las cosas, al no existir omisión en la tramitación del reclamo administrativo deducido por la actora, y al estar ajustada a derecho la ejecutabilidad de la multa impuesta —de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y la Ley N° 21.302—, forzoso es concluir que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no ha incurrido en acción u omisión ilegal ni arbitraria alguna. Al no configurarse los presupuestos basales que hacen procedente esta acción cautelar, y al no existir vulneración a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de la Corporación nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-11348-2026.-