Protección contra empresa Tecnologías de la Información Who Limitada

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

A los folios 19 y 20: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la empresa Tecnologías de la Información Who Limitada, por actuaciones que estima ilegales y arbitrarias, consistentes en la recopilación, tratamiento y comercialización masiva de datos personales y antecedentes judiciales del recurrente, así como en la elaboración y difusión de informes con evaluaciones y puntuaciones de “riesgo” para fines de selección laboral, con vulneración de las garantías consagradas en los numerales 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que la recurrida obtiene de manera automatizada información relativa a causas judiciales en las que el actor ha tenido participación y la sistematiza sin efectuar distinción alguna respecto de su naturaleza, estado procesal ni forma de término, incluyendo antecedentes concluidos, decisiones de no perseverar y causas de carácter reservado, presentándolos de manera descontextualizada como indicadores de idoneidad laboral o comercial.

Añade que, a partir de dichos antecedentes, la recurrida elabora calificaciones, puntuaciones y evaluaciones de riesgo fundadas en criterios no transparentados ni verificables, sin explicitar los parámetros ni metodologías empleadas, generando una representación distorsionada de su situación jurídica y personal, lo que ha derivado en un menoscabo efectivo a su honra, vida privada y derecho a la protección de sus datos personales, además de una afectación concreta a su igualdad ante la ley en el ámbito laboral.

Sostiene que las actuaciones descritas son ilegales, por cuanto infringen de manera directa la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, al efectuar tratamiento de datos personales sin consentimiento del titular y para finalidades distintas de aquellas que justifican su eventual publicidad, desconociendo los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y calidad del dato. En particular, reprocha que la información difundida no es exacta ni actualizada, se presenta sin el contexto mínimo necesario para reflejar la situación real del recurrente y comprende incluso datos provenientes de causas reservadas, lo que contraviene el deber legal de veracidad y actualización.

Añade que la recurrida incurre, además, en una infracción expresa al inciso tercero del artículo 9° del citado cuerpo legal, al realizar evaluaciones, puntuaciones y predicciones de riesgo para fines comerciales y laborales sobre la base de antecedentes judiciales, práctica que la ley prohíbe de manera categórica y cuya sola ejecución torna el actuar impugnado contrario al ordenamiento jurídico.

Agrega que dicho actuar es asimismo arbitrario, toda vez que las calificaciones y puntuaciones de riesgo asignadas al recurrente carecen de una justificación racional y objetiva, al no transparentarse los criterios técnicos, algoritmos, ponderaciones ni procedimientos empleados para su elaboración, ni existir una relación razonable entre los antecedentes utilizados y la conclusión de que el actor constituiría un riesgo laboral o comercial.

Afirma que esta forma de proceder importa un ejercicio discrecional y desproporcionado del poder informacional de la recurrida, que prescinde de toda evaluación individualizada de la situación jurídica real del recurrente y produce un impacto gravemente lesivo en sus derechos fundamentales, sin atender a estándares mínimos de razonabilidad, proporcionalidad y debido resguardo de la dignidad de la persona.

Solicita, en definitiva, que se acoja la presente acción de protección y, en consecuencia, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las actuaciones denunciadas; se ordene a la recurrida cesar de inmediato en la recopilación, tratamiento, evaluación y comercialización de datos personales y antecedentes judiciales del recurrente para fines de calificación o predicción de riesgo; se disponga la eliminación de toda información relativa a su persona contenida en sus bases de datos y plataformas digitales; se le prohíba efectuar en lo sucesivo evaluaciones, puntuaciones o rankings de riesgo fundados en dichos antecedentes; y se adopten todas las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas, con expresa condena en costas;

SEGUNDO: Que informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, negando haber incurrido en actuaciones ilegales o arbitrarias. Expone que su actividad se limita a la recolección automatizada, ordenamiento y sistematización de información proveniente de fuentes públicas y oficiales, especialmente del Poder Judicial, a las cuales cualquier persona puede acceder, sosteniendo que su plataforma no crea datos nuevos ni altera el contenido de los antecedentes que procesa.

Señala que no realiza evaluaciones subjetivas, juicios de valor ni predicciones de conducta, afirmando que los indicadores o etiquetas utilizados en sus informes corresponden únicamente a parámetros cuantitativos objetivos, tales como la existencia, número o tipo de registros encontrados, los que no constituyen una calificación jurídica ni una apreciación sobre la idoneidad personal o laboral del titular de los datos. Agrega que tales indicadores no tienen carácter decisorio ni vinculante y que su interpretación queda entregada exclusivamente al usuario final.

Añade que no existe comercialización ni difusión indiscriminada de datos personales, por cuanto los informes sólo son accesibles a quienes los solicitan expresamente a través de la plataforma, descartando la existencia de un tráfico masivo de información. Precisa que, en el caso concreto del actor, el único informe generado respecto de su persona fue solicitado por él mismo, a través de su abogado patrocinante, con pleno conocimiento de su contenido y finalidad, lo que —a su juicio— excluye la ausencia de consentimiento alegada en el recurso.

Sostiene, además, que con anterioridad a la interposición de la acción constitucional, procedió voluntariamente a eliminar los antecedentes del recurrente de sus bases de datos activas, bloquear cualquier nueva consulta asociada a su identidad y adoptar medidas técnicas para impedir su futuro tratamiento, por lo que no subsistiría actualmente acto alguno que pueda calificarse como perturbador o amenazante de garantías fundamentales, configurándose una pérdida de objeto del recurso.

Finalmente, alega la improcedencia de la vía constitucional, argumentando que la Ley N° 19.628 contempla mecanismos específicos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del tratamiento de datos personales, los que resultarían idóneos y suficientes para resolver la controversia planteada, razón por la cual el recurso de protección no sería la vía adecuada para conocer de los hechos denunciados;

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, luego de lo dicho, lo cierto es que del mérito de los antecedentes que fueron allegados al expediente, especialmente lo señalado por la recurrida, en orden a que en el proceso de adecuación del negocio a la nueva Ley 21.719, desde el mes de mayo del año dos mil veinticinco la interfaz visual de WHO muestra los resultados mediante el indicador denominado “índice de hallazgos”, el cual señala actualmente sólo la cantidad de coincidencias encontradas en los registros públicos consultados, sin emitir evaluaciones ni juicios de valor respecto del contenido de dichas causas o su relevancia jurídica y que, además, se eliminó completamente de la base de datos activa de WHO la información relativa al recurrente y se bloqueó de manera permanente la generación de reportes vinculados a su nombre o RUT, imposibilitando que terceros puedan visualizar o acceder a antecedentes relativos a su persona, es necesario concluir que no existiendo medida que pueda ser adoptada por esta Corte a efectos de restablecer el imperio del derecho, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma.

Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el deducido en favor de don nombre reservado en contra de Tecnologías de la Información Who Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-11337-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y la Abogado Integrante señora Magaly Carolina Correa Farías.

En Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.