nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Se anunció y alegó previa relación pública por el recurso el abogado David Araneda, durante 12 minutos. Santiago, 15 de septiembre de 2026. Luis Zambra Alliu, relator.

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 18: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber rechazado el pago de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes a las licencias médicas N.º 111272874-7, extendida por 12 días, y N.º 123282839-7, otorgada por 15 días.

Expone que mantiene una relación laboral formal desde el 1 de septiembre de 2022, inicialmente con Crisal Chile SpA y, desde octubre de 2024, con Kollecta Chile SpA, desempeñándose como abogada bajo una modalidad híbrida de trabajo y, posteriormente, mediante teletrabajo. Afirma que cuenta con contrato vigente, percibe remuneración mensual y registra cotizaciones previsionales pagadas por sus empleadores.

Señala que la licencia médica N.º 111272874-7, emitida el 2 de diciembre de 2024 por 12 días, y la licencia médica N.º 123282839-7, extendida el 4 de septiembre de 2025 por 15 días, fueron rechazadas por no haberse acreditado ingresos suficientes de la empresa ni la existencia de huellas laborales materiales y concretas que demostraran la efectividad del vínculo laboral.

Refiere que, respecto de la primera licencia, la Superintendencia de Seguridad Social dictó la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-77450-2025, de 4 de junio de 2025, señalando que la relación de dependencia debía comprobarse mediante huellas materiales y concretas y que no bastaba la presentación de contratos de trabajo o certificados de cotizaciones. Agrega que, mediante la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-176938-2025, de 22 de diciembre de 2025, la SUSESO instruyó a la COMPIN verificar la existencia de dichas huellas laborales.

Indica que, el 9 de enero de 2026, un fiscalizador de la COMPIN concurrió al domicilio de la empleadora, ubicado en domicilio reservado, donde dejó una solicitud de antecedentes. Sostiene que su empleadora respondió dentro del plazo, mediante correo electrónico de 13 de enero de 2026, acompañando certificados de cotizaciones de Previred correspondientes al período 2022 a 2025, carpeta tributaria, fotografías del lugar de trabajo y contratos firmados. Sin embargo, mediante el Ordinario N.º 178, de 15 de enero de 2026, la COMPIN afirmó que no había recibido comunicación ni documentación de la empresa dentro del plazo y concluyó que no fue posible acreditar el vínculo laboral.

Añade que, mediante el Dictamen R-16086-2026, Ordinario N.º R-01-UJU-37495-2026, de 18 de marzo de 2026, la Superintendencia se limitó a remitir el informe de fiscalización de la COMPIN, manteniéndose el rechazo del pago de los subsidios sin ponderar los antecedentes laborales y financieros aportados.

Sostiene que las recurridas incurrieron en una actuación ilegal al pronunciarse sobre la existencia de la relación laboral, materia cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia, conforme a los artículos 76 de la Constitución Política de la República y 1.º del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, estima que su actuación fue arbitraria, por cuanto omitieron analizar los documentos enviados por su empleadora y desconocieron una relación laboral respaldada por contratos de trabajo, cotizaciones previsionales, fotografías, antecedentes tributarios, correos electrónicos y un mandato judicial otorgado por escritura pública el 24 de octubre de 2024.

Afirma que tales actuaciones vulneran sus derechos a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, seguridad social y propiedad, contemplados en el artículo 19 N.os 1, 2, 18 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja el recurso, se dejen sin efecto las resoluciones que rechazaron los subsidios y se ordene el pago inmediato de aquellos correspondientes a las licencias médicas reclamadas, con costas.

Segundo: Que informa la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el abogado Francisco Ortega Bello, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por carecer de objeto y causa y no existir una actuación ilegal o arbitraria atribuible a dicho organismo.

Expone que nombre reservado recurrió ante la Superintendencia el 25 de abril de 2025, reclamando contra la COMPIN Región Metropolitana por el no pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N.º 111272874-7, extendida por 12 días a contar del 3 de diciembre de 2024. Señala que, mediante la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-77450-2025, de 4 de junio de 2025, informó que la COMPIN había rechazado el pago por no encontrarse acreditada la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante y que, de acuerdo con su jurisprudencia administrativa, carecía de facultades para pronunciarse acerca de la existencia de un vínculo laboral, correspondiendo que dicha controversia fuera sometida al conocimiento de los tribunales de justicia.

Añade que, mediante el Oficio Ordinario N.º 178, de 15 de enero de 2026, la COMPIN informó los resultados de la fiscalización laboral practicada respecto de la recurrente, antecedentes que fueron remitidos a esta mediante el Oficio Ordinario N.º R-01-UJU-37495-2026, de 18 de marzo de 2026. Sostiene que no dictó acto administrativo alguno que confirmara el rechazo de las licencias médicas reclamadas, sino que se limitó a comunicar los resultados de la fiscalización realizada por la COMPIN, por lo que no existiría un acto formal suyo que pudiera calificarse de ilegal o arbitrario.

Asimismo, alega que la controversia se refiere al otorgamiento y pago de subsidios por incapacidad laboral y, por tanto, al derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N.º 18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas cauteladas por la acción establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Agrega que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas y el pago del subsidio respectivo se encuentran regulados en el Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N.º 3, de 1984, del mismo Ministerio, la Ley N.º 20.585 y el Decreto con Fuerza de Ley N.º 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Que, mediante resolución de 26 de agosto de 2026, esta Corte ordenó a la recurrida complementar su informe respecto de la licencia médica N.º 123282839-7. En cumplimiento de lo anterior, la Superintendencia señaló que la recurrente presentó un reclamo el 4 de noviembre de 2025 contra la COMPIN Región Metropolitana, por el no pago del subsidio correspondiente a dicha licencia, extendida por 15 días a contar del 4 de septiembre de 2025. Agregó que, mediante la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-176938-2025, de 22 de diciembre de 2025, remitió los antecedentes a la COMPIN y le instruyó fiscalizar al empleador de la interesada, con el objeto de determinar la existencia de huellas laborales materiales y concretas que acreditaran la efectividad del vínculo laboral.

Finalmente, sostiene que actuó dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley N.º 16.395, limitándose a informar los resultados de las fiscalizaciones y a disponer la realización de las diligencias administrativas correspondientes. Solicita, en consecuencia, que el recurso sea rechazado, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informa la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, representada por el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, señalando que nombre reservado interpuso recurso de protección por el rechazo del pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas N°s 111272874-7 y 123282839-7, extendidas por un total de 27 días discontinuos.

Expone que ambas licencias fueron rechazadas sin derecho a subsidio sobre la base del informe de fiscalización de 9 de enero de 2026 y del Ordinario N.º 178, de 15 de enero de 2026. Dichas actuaciones tuvieron su origen en la fiscalización instruida mediante la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-77450-2025 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que, durante la visita practicada al domicilio informado por Kollecta Chile SpA, no fue posible constatar la existencia de una actividad empresarial efectiva ni la presencia de personal, estimándose que la dirección correspondía a una oficina virtual. Agrega que, pese a haberse dejado una solicitud formal de antecedentes en el inmueble, no se recibió respuesta, comunicación ni documentación de la empresa dentro del plazo establecido. En consecuencia, concluyó que no se encontraba acreditada la existencia de un vínculo laboral real y efectivo ni de huellas laborales entre la recurrente y Kollecta Chile SpA, ante la ausencia de elementos objetivos que permitieran verificar una prestación de servicios bajo subordinación y dependencia.

Añade que la recurrente interpuso recurso de reposición contra el rechazo del pago de los subsidios correspondientes a ambas licencias, manteniéndose la decisión por haber aportado los mismos antecedentes previamente evaluados. Señala, además, que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante las resoluciones N.º R-213506-2025, de 22 de diciembre de 2025, y N.º R-69959-2025, de 4 de junio de 2025, rechazó los reclamos formulados por la interesada.

Refiere que, según los antecedentes administrativos, la COMPIN había informado el 29 de abril de 2025 que el empleador no acreditaba ingresos suficientes y que la recurrente no tenía participación en la empresa. Agrega que, conforme al artículo 1.º del Decreto Supremo N.º 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene por objeto justificar la ausencia laboral y permitir el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad, finalidades que no resultan procedentes cuando no se acredita la condición de trabajador.

Sostiene que la existencia del vínculo laboral debe comprobarse mediante huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, sin que resulte suficiente la sola presentación de documentos formales, tales como contratos de trabajo, certificados emitidos por la empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneraciones o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales. Precisa que la fiscalización busca evitar el pago improcedente de subsidios por incapacidad laboral a quien no detente efectivamente la calidad de trabajador.

Agrega que, según lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social, no existen normas que habiliten a dicho organismo para pronunciarse sobre controversias relativas a la existencia de un vínculo laboral, las que deben someterse al conocimiento de los tribunales de justicia.

Finalmente, sostiene que las actuaciones de la COMPIN se ajustaron a los parámetros objetivos establecidos por la ley y la normativa vigente, orientados a asegurar que las licencias médicas cumplan su finalidad terapéutica y transitoria. Solicita que se tenga por evacuado el informe y acompaña el historial de licencias médicas correspondiente a los años 2024 y 2025 y las resoluciones de la SUSESO N.os R-213506-2025 y R-69959-2025.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada la existencia de un derecho agredido por una conducta ilegal o arbitraria por parte de las recurridas, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación con la alegación de improcedencia del recurso de autos, ésta deberá ser desestimada, toda vez que en la especie se ha invocado la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República y amparada por la acción cautelar prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, razón por la cual dicha alegación será rechazada.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que el rechazo del pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas N.os 111272874-7, extendida por 12 días a contar del 3 de diciembre de 2024, y 123282839-7, otorgada por 15 días desde el 4 de septiembre de 2025, se sustentó en que no se encontraba suficientemente acreditada la calidad de trabajadora dependiente de nombre reservado respecto de Kollecta Chile SpA.

En relación con la primera licencia, la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-77450-2025, de 4 de junio de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, informó que la COMPIN Región Metropolitana había rechazado el pago del subsidio porque el empleador no acreditaba ingresos suficientes y la interesada no tenía participación en la empresa. Asimismo, señaló que la existencia del vínculo laboral debía comprobarse mediante huellas materiales y concretas, sin que resultara suficiente la sola presentación de contratos de trabajo, certificados de la empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneraciones o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Respecto de la segunda licencia, mediante la Resolución Exenta N.º R-01-UJU-176938-2025, de 22 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social remitió los antecedentes a la COMPIN Región Metropolitana y le ordenó realizar una fiscalización destinada a determinar la existencia de huellas laborales materiales y concretas que acreditaran la efectividad del vínculo laboral entre la recurrente y Kollecta Chile SpA.

En cumplimiento de dicha instrucción, el 9 de enero de 2026 un fiscalizador de la COMPIN concurrió al domicilio informado por la empresa, ubicado en domicilio reservado. Al no encontrar personas en el lugar y recibir del conserje la información de que se trataba de una oficina virtual, dejó un requerimiento para que el empleador remitiera los antecedentes solicitados dentro del plazo de dos días hábiles.

Posteriormente, mediante el Ordinario N.º 178, de 15 de enero de 2026, la COMPIN concluyó que no había sido posible acreditar la existencia de una relación laboral real y efectiva, fundándose en que no se constató actividad empresarial ni presencia de personal en el domicilio fiscalizado y que la empresa no había remitido respuesta, comunicación o documentación dentro del plazo concedido. Dichas conclusiones fueron comunicadas a la recurrente por la Superintendencia de Seguridad Social mediante el Oficio Ordinario N.º R-01-UJU-37495-2026, de 18 de marzo de 2026.

Décimo: Que la fundamentación anterior no resulta concordante con la totalidad de los antecedentes allegados a estos autos. En efecto, la recurrente acompañó una cadena de correos electrónicos que da cuenta de que, el 13 de enero de 2026, a las 13:52 horas, Recursos Humanos de la empresa remitió al fiscalizador Víctor Urzúa, a la Unidad de Fiscalización de la COMPIN Región Metropolitana y a nombre reservado una respuesta al requerimiento practicado el 9 de enero de ese año.

De la misma cadena consta que la Unidad de Fiscalización de la COMPIN respondió a las 14:07 horas, solicitando que los documentos fueran remitidos en formato PDF. A las 14:29 horas, el remitente informó que reduciría el tamaño de los archivos o los enviaría separadamente y, finalmente, a las 14:48 horas, remitió nuevamente la documentación en el formato solicitado.

En esa oportunidad se acompañaron nueve archivos, consistentes en los contratos de trabajo de la recurrente con Crisal Chile SpA y Kollecta Chile SpA; certificados de cotizaciones previsionales correspondientes a los períodos comprendidos entre septiembre de 2022 y diciembre de 2024 y entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025; fotografías del lugar de trabajo; certificado de inicio de actividades de Kollecta Chile SpA; carpeta tributaria de la empresa; antecedentes relativos a una fiscalización del Instituto de Seguridad Laboral, y otros antecedentes legales destinados a acreditar la relación laboral.

Por consiguiente, aunque dicha cadena de correos electrónicos no se encuentra incorporada al expediente administrativo remitido por la COMPIN, constituye un antecedente acompañado por la recurrente en estos autos que contradice la afirmación consignada en el Ordinario N.º 178, de 15 de enero de 2026, en cuanto señala que el empleador no respondió ni remitió documentación dentro del plazo establecido. En efecto, los correos dan cuenta de que la Unidad de Fiscalización recibió la comunicación, solicitó modificar el formato de los documentos y que la empresa cumplió dicha instrucción ese mismo día.

Asimismo, el expediente administrativo contiene contratos de trabajo, anexos contractuales, liquidaciones de remuneraciones, comprobantes de cotizaciones previsionales, mandatos judiciales y antecedentes tributarios y financieros de la empleadora. Sin embargo, la decisión cuestionada no contiene un análisis de dichos documentos ni explica por qué resultarían insuficientes para acreditar la existencia de indicios de laboralidad.

Además, las recurridas no efectuaron un análisis concreto de dicha documentación ni expresaron las razones por las cuales esta resultaría insuficiente para acreditar la actividad empresarial y la existencia de una relación laboral efectiva, limitándose a reiterar la conclusión de la fiscalización.

Que, de este modo, el pronunciamiento administrativo se sustentó en un presupuesto fáctico contradicho por los antecedentes aportados en esta sede judicial y omitió ponderar tanto la documentación laboral como los antecedentes tributarios y financieros de la empleadora. Tal proceder carece de fundamentación suficiente, lo que lo hace arbitrario, al impedir que la solicitud de la recurrente fuera resuelta considerando íntegramente los antecedentes pertinentes.

Undécimo: Que, respecto de la Superintendencia de Seguridad Social, el recurso será rechazado, toda vez que no se advierte de su parte una actuación ilegal o arbitraria. En efecto, dicho organismo se limitó, en ejercicio de sus facultades, a remitir los antecedentes a la COMPIN para que efectuara la fiscalización correspondiente y, posteriormente, a comunicar a la recurrente sus resultados, sin que haya dictado un acto administrativo que dispusiera el rechazo de los subsidios reclamados. En consecuencia, no resulta posible atribuirle la afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia del recurso de protección.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

III- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, solo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones que rechazaron las licencias objeto del presente recurso, debiendo la COMPIN Región Metropolitana emitir un nuevo pronunciamiento respecto del pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas N°111272874-7 y N°123282839-7, previa valoración íntegra y fundada de los antecedentes administrativos y de la documentación remitida por el empleador mediante los correos electrónicos de 13 de enero de 2026, acompañados por la recurrente en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N.º 11.320-2026 Protección.