Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 15: téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 16: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto arbitrario e ilegal de 21 de abril de 2025, que declara la anulación del trámite para el retiro de fondos para extranjeros.

Señala que el recurrente hizo la solicitud de devolución conforme a la Ley N° 18.156, por medio de la página web de la recurrida, recibiendo respuesta el 21 de abril de 2025, en donde se informa que el requerimiento fue rechazado, porque el certificado de afiliación de seguro social del país de origen estaba al momento de ingresar la solicitud, teniendo este una vigencia de 120 días.

Argumenta que la recurrente cumple con todos los requisitos para acceder a la devolución de los fondos de pensiones, lo que es obstaculizado por la recurrida de forma arbitraria e ilegal, siendo imposible en la actualidad acceder a una legalización de los documentos, dado el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, no existiendo representación consular en el país, por tanto el recurrente se enfrenta a un caso fortuito o fuerza mayor que le impide entregar el documento que la recurrida requiere, de la forma en que es pedido.

Se argumenta que, además de haberse acompañado el certificado debidamente legalizado, este puede ser verificado y validado por medio de la página web de la institución venezolana, por lo que existen diferentes medios para comprobar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social de Venezuela.

Así las cosas, considera que la decisión de la recurrida afecta sus derechos establecidos en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución, actuando de una forma caprichosa que impide al actor acceder a su propiedad.

Pide en definitiva que se ordene a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho, dentro del plazo de 5 días, o bien las medidas que se estimen conducentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrida evacua informe del recurso, pidiendo que sea rechazado. Explica que con fecha 16 de abril de 2025 el recurrente hizo su solicitud por medio de la página web, adjuntando copias de su cédula de identidad, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 8 de julio de 2024, constancia electrónica de cotizaciones de 31 de julio de 2025, copia de título universitario, contrato de trabajo de 1 de abril de 2021 y anexo de contrato de 3 de abril de 2025.

Con estos antecedentes, existen dos situaciones que impide acceder a lo pedido; en primer lugar, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los seguros Sociales, emitida el 8 de julio de 2024, tiene un plazo de vigencia de 120 días, por lo que a la fecha de su presentación estaba vencido; en segundo término, la Superintendencia de Pensiones, expresamente ha establecido, que para dar cumplimiento al requisito en la letra a del artículo 1 de la Ley N° 18.156, es necesario que se consigna de forma específica en la documental que el trabajador se encuentra cubierto, al menos, de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que no se cumple con el señalado documento.

Que conforme al procedimiento de la Superintendencia de Pensiones, obligatorio para las administradoras, se debe exigir al afiliado la presentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos de la ley N° 18.156, ello por cuanto dichas normas alteran la regla general del sistema previsional chileno, que es la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes, y en tanto régimen de excepción, debe ser interpretado de forma restrictiva.

Argumenta que, en estas circunstancias, otorgar la devolución de fondos al actor constituiría un incumplimiento normativo de parte de la recurrida, ignorando los requisitos establecidos en las normas que rigen la materia. Por tanto, en el caso no se ha incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por el actor junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en lo que se refiere a la vigencia de la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero, y la falta de especificidad en las coberturas otorgadas al recurrente en el sistema previsional de Venezuela.

Quinto: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Sexto: Que, respecto de los antecedentes que obran en el proceso, aportados por el propia recurrente, el documento denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”, fue emitido el 08 de julio de 2024, y tenía una vigencia de 120 días, conforme a lo que el mismo documento establece, por lo que, al momento de presentarse la solicitud de devolución de fondos (16 de abril de 2025), dicho instrumento se encontraba vencido. De igual modo, la Constancia Electrónica de Cotizaciones, efectivamente no señala los riesgos cubiertos, pero además fue emitida el 5 de julio de 2024, con una vigencia hasta el 31 de julio de 2024, por lo que a la fecha de la solicitud estaba igualmente vencida.

Luego, la exigencia de vigencia del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntados los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

Séptimo: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud del actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Vital S.A., al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo, con los antecedentes que le fueron presentados en su oportunidad, sin que le corresponda a esta Corte, en sede de recurso de protección, analizar la procedencia de lo pedido con documentos diferentes a los presentados ante la recurrida.

En razón de lo expuesto, se rechazará la presente acción constitucional, sin perjuicio de hacer valer antecedentes ante la Administradora de Fondos de Pensiones que demuestren el cumplimiento de los requisitos legales.

Octavo: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 11320-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.