nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por haber ejecutado descuentos en sus remuneraciones mediante el sistema denominado “Intercajas”. Actuación que estima ilegal y arbitraria, ya que importa un cobro intempestivo, carente de oportunidad y sin notificación previa, vulnerando con ello las garantías constitucionales del artículo 19 N°24, sobre el derecho de propiedad, y del artículo 19 N°2, sobre igualdad ante la ley, de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese de tales descuentos, la restitución de las sumas retenidas y la condena en costas de las recurridas.

Expone que con fecha 13 de septiembre de 2018 suscribió pagaré N°0640000372 en favor de la Caja de Compensación 18 de Septiembre por la suma de $2.146.472, pagadero en 24 cuotas mensuales, constituyéndose en mora desde la primera cuota debido a problemas financieros. Con ocasión de dicha mora, la recurrida dedujo demanda ejecutiva con fecha 27 de febrero de 2021, tramitada bajo ROL C-994-2021 ante el 2° Juzgado Civil de Rancagua, en la cual fue notificado y requerido de pago el 24 de septiembre de 2021, quedando en rebeldía. Sin embargo, la causa fue archivada por falta de gestión útil con fecha 4 de mayo de 2022, y posteriormente, el actor dedujo incidente de abandono del procedimiento el 9 de abril de 2025, que actualmente se tramita en cuaderno separado.

No obstante ello, y transcurridos más de cuatro años desde que la obligación se hizo exigible, señala que, al revisar sus liquidaciones de sueldo de marzo y abril de 2025, advirtió descuentos aplicados por la Caja de Compensación de Los Andes, ascendentes a $118.559 mensuales, bajo el ítem “Crédito Los Andes”. Dichos descuentos fueron practicados a través del sistema Intercajas, sin previa comunicación, generando un detrimento patrimonial en sus remuneraciones y afectando la expectativa legítima de recibir íntegramente su sueldo.

Sostiene que el actuar de las recurridas constituye un abuso del sistema de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que regula las Cajas de Compensación, puesto que este beneficio legal está concebido para el cobro oportuno de créditos sociales, lo que no ocurrió en la especie, ya que las recurridas habían optado previamente por judicializar la deuda. Así, reactivar los descuentos extrajudiciales luego de iniciado un proceso ejecutivo constituye un ejercicio abusivo y extemporáneo, impropio de la finalidad de la norma y contrario a reiterada jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema.

En consecuencia, afirma que las garantías constitucionales conculcadas son: el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones (artículo 19 N°24), al privársele de una parte de estas sin causa legal suficiente; y la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), por el uso arbitrario y discriminatorio del sistema de descuentos, desconociendo la vía judicial iniciada y vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones; restituir los descuentos ya practicados y aquellos que pudieren efectuarse durante la tramitación del recurso o con posterioridad a la sentencia;

SEGUNDO: Que, evacuando su informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicita el rechazo del recurso de protección, fundando dicha petición, en primer lugar, reconociendo la existencia del crédito social contraído por el señor nombre reservado el 13 de septiembre de 2018, por la suma de $2.100.000, pagadero en 24 cuotas mensuales, el cual fue oportunamente servido solo durante las tres primeras cuotas, constituyéndose luego el deudor en mora. Frente a tal incumplimiento, se activaron mecanismos extrajudiciales de cobro, incluyendo la incorporación de la deuda al sistema de descuentos de remuneraciones que permite el denominado “Intercajas”, todo ello en estricto apego a la normativa que rige a estas entidades. Al fracasar tales gestiones, se dedujo la respectiva demanda ejecutiva, Rol C-994-2021, ante el 2° Juzgado Civil de Rancagua.

Destaca que, con posterioridad a la notificación de la demanda, se produjeron reprogramaciones del crédito, celebradas libre y expresamente por el propio recurrente: la primera de fecha 10 de febrero de 2023, pactándose 28 cuotas entre mayo de 2023 y agosto de 2025, de las cuales solo se pagaron dos; y la segunda, de 10 de octubre de 2023, que redibujó la deuda en 28 cuotas con vencimiento entre mayo de 2024 y agosto de 2026.

Sostiene que los descuentos impugnados en el recurso no son intempestivos ni sorpresivos, sino consecuencia directa de dichos acuerdos válidamente celebrados, amparados en el principio de fuerza obligatoria de los contratos consagrado en el artículo 1545 del Código Civil.

Expone que el abandono del procedimiento en la causa ejecutiva no extingue la obligación principal, pues conforme al artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, subsisten plenamente las acciones y contratos que generan derechos. Asimismo, enfatiza que no existe prescripción de la deuda, toda vez que esta solo opera previa declaración judicial y no de pleno derecho. Añade que el cobro se ha realizado con pleno respaldo normativo, citando los artículos 1° y 22 de la Ley N° 18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N° 17.322, que autorizan expresamente la deducción de cuotas de crédito social desde las remuneraciones. Reafirma además que el propio pagaré suscrito por el recurrente contenía mandato para que sus empleadores, presentes y futuros, efectuaran tales descuentos.

Por estas consideraciones, la recurrida sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que la ley y los contratos le confieren para cautelar el fondo social y recuperar las sumas adeudadas. En consecuencia, solicita a esta Corte rechazar el recurso de protección deducido en su contra, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, resultan hechos no controvertidos del recurso, de conformidad a los antecedentes agregados y por haberlo ratificado la propia entidad recurrida, que el crédito cuyo cobro se impetra por vía de descuentos en las remuneraciones del actor, corresponde a un pagaré suscrito el 13 de septiembre de 2018, mediante el cual se otorgó al recurrente un crédito, por un capital inicial de $2.146.472.-, pagadero en plazo de 24 meses, con una cuota mensual de $118.034, cuyo primer vencimiento correspondió octubre 2018.

Resulta pacífico, además, que la institución recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la actora -al efecto la causa 2° Juzgado Civil de Rancagua, Rol C-994-2021, caratulados “nombre reservado con nombre reservado” en la que se acogió incidente de abandono del procedimiento, manifestando con ello su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciéndose con ello el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes.

Por otro lado, la recurrida incorpora como antecedente adicional, la reprogramación del crédito en cuestión en dos oportunidades -10 de febrero de 2023 y en 10 de octubre de 2023-, esta última con vencimientos entre mayo de 2024 y agosto de 2026.

QUINTO: Que, de los antecedentes reunidos se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N° 18.833 pues no está discutido que el recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida, producto de un préstamo que esa institución concedió al compareciente.

SEXTO: Que, en armonía con lo anterior, consta de la revisión de los hechos que la recurrente arribó a un convenio de pago con la recurrida el 10 de octubre de 2023, con el objeto de sanear lo adeudado, acuerdo que es posterior a la presentación de la acción civil que hizo presente la actora, entendiéndose con ello que se ha renovado la obligación y, consecuencialmente, los pagos efectuados, dicen relación con dicho convenio y, por lo mismo, no se ve la ilegalidad o arbitrariedad en sus descuentos, más aun cuando ha ejercido una facultad legal.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie, la existencia de un acto ilegal y/o arbitrario que infrinja alguna garantía constitucional protegida en la Carta Fundamental, motivo suficiente para desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11299-2025.