Protección contra Servicio de Tesorería Regional Metropolitano Santiago-Oriente y en contra del Se

Foja: 48 Cuarenta y Ocho C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil dieciséis.

Al escrito folio 47: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que a fojas 1 comparece el abogado Rodrigo Bravo Vallejos, en representación de la sociedad “Transportes y Servicios B. nombre reservado Limitada”, persona jurídica del giro de su denominación, cuyo representante legal es don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra del Servicio de Tesorería Regional Metropolitano Santiago-Oriente y en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los actos ilegales y arbitrarios que refiere y por lo que solicita se ordene la devolución en dinero en efectivo del IVA acumulado al 30 de septiembre de 2014 involucrado en las facturas de venta emitidas por la recurrente a la empresa deudora reorganizada Constructora Pehuenche Limitada, correspondiente a $40.569.917, equivalentes a 1.678,66 unidades tributarias mensuales a la época de su pago efectivo, con los reajustes e intereses que correspondan, con expresa condena en costas, ya que de no haber mediado una omisión ilegal y arbitraria no hubiese sido necesario impetrar esta acción judicial.

En cuanto a los hechos que motivan la presentación de la recurrente, señala que por resolución de 27 de febrero de 2015 del 5º Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre procedimiento concursal de reorganización, se dio por aprobado el acuerdo de reorganización concursal de la empresa deudora, Constructora Pehuenche Limitada.

En dicho procedimiento la recurrente tiene la calidad de acreedora según consta de nómina de créditos reconocidos.

El artículo 27 ter del Decreto Ley 825 de 1974, modificado en lo pertinente por la Ley 20.720, permite a los acreedores de un procedimiento de reorganización, recuperar el IVA soportado en las facturas emitidas en virtud de ventas o servicios realizados a deudores sometidos a un acuerdo judicial de reorganización concursal, a través de la imputación de dichos tributos a cualquier clase de impuestos fiscales u optando directamente por su devolución por la Tesorería General de la República.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento mediante Oficio SIR Nº3247 de 14 de octubre de 2015 impartió instrucciones a efectos de facilitar a los acreedores el acceso a los beneficios tributarios contemplados en el citado artículo.

Las instrucciones impartidas por la Superintendencia son coherentes con los fundamentos del legislador para instaurar el referido artículo 27 ter, a efectos de “incentivar la participación de los acreedores en la suscripción de convenios y salvaguardar un problema histórico de los convenios preventivos”.

De conformidad con lo indicado, el recurrente solicitó a la Dirección Regional Santiago Oriente Unidad Ñuñoa del Servicio de Impuesto Internos que verificase y certificase que los respectivos tributos fueron declarados y enterados en arcas fiscales oportunamente y que éste se encontraba al día en el pago de sus obligaciones tributarias, declarando la procedencia de la devolución.

Mediante Ord. Nº77316226475 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, se concluyó que procedía la devolución del IVA acumulado al 30 de septiembre de 2014, lo que correspondía a $40.569.917, lo que representa 1.678,66 unidades tributarias mensuales.

El 14 de septiembre pasado se presentó copia del aludido ordinario a la Tesorería Provincial de Ñuñoa de la Tesorería General de la República, para que se girara la devolución por el monto referido, sin embargo, la recurrida informó por correo electrónico, a través de la Jefa Sección Operaciones, doña nombre reservado, que se requería una resolución del Servicio de Impuestos Internos que expresamente le ordene a la Tesorería efectuar la devolución y mientras dicha resolución no exista, no se podría pagar.

De acuerdo a la ley, la Tesorería disponía de 5 días para efectuar la devolución solicitada y dicho plazo venció sin que se cumpliera con ello.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente se refiere al derecho adquirido al acceso al beneficio tributario del artículo 27 ter del Decreto Ley 825 de 1974 y con ello la vulneración a su derecho de propiedad sobre el remanente del crédito fiscal por la suma ya indicada.

Finaliza reclamando respecto de los principios de celeridad y de unidad de acción y coordinación de los órganos del Estado, además del principio de legalidad.

2º) Que a fojas 28, el abogado Paulo Cerpa Opazo por la Tesorería Regional Santiago Oriente, informó el recurso señalando que con fecha 26 de octubre de 2016 se efectuó depósito a la recurrente por devolución proveniente de su calidad de acreedora en procedimiento concursal de reorganización por el IVA recargado en facturas pendientes de pago emitidas a la deudora Constructora Pehuenche Limitada.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que el Oficio del Servicio de Impuestos Internos dispuso que procedía la devolución del IVA y que correspondía al monto de $40.569.917, lo que representaría 1.678,66 unidades tributarias mensuales, determinando que existía un error en el oficio porque las 1.678,66 unidades tributarias mensuales no eran concordantes con el monto en pesos indicado por lo que se efectuaron las consultas pertinentes informando la Unidad de Ñuñoa del Servicio de Impuestos Internos, donde se informó que efectivamente el monto a devolver correspondía a 959,02 unidades tributarias mensuales.

En definitiva, se reitera que en la fecha indicada y mediante depósito en cuanta bancaria de la recurrente el Servicio de Tesorerías materializó el egreso ordenado por el Servicio de Impuestos Internos por el monto de 959,02 unidades tributarias mensuales, equivalente a la suma de $44.113.961, para acreditar este pago.

Por lo expuesto queda de manifiesto que el acto que motivó la presente acción cautelar cualquier sea la calificación jurídica que se tenga del mismo ha desaparecido por lo que carece de razón de ser el presente recurso, pidiendo negar lugar a la acción cautelar por haber dejado de existir los hechos que le sirvieron de fundamento.

3º) Que, a fojas 34 la abogada del Servicio de Impuestos Internos informa el recurso solicitando su rechazo, indicando que dentro del plazo legal y previa certificación que los tributos cuya devolución fue solicitada se encontraban declarados y enterados en arcas fiscales oportunamente y que el contribuyente se encontraba al día en el pago de sus obligaciones tributarias, el Servicio emitió Ord. Nº77316226475, dirigido al recurrente y con copia a la Tesorería Provincial de Ñuñoa informándole la procedencia de la devolución del IVA acumulado al 30 de septiembre de 2014 involucrado en las facturas de ventas emitidas a la deudora, ascendente a la suma de $40.569.917.-, lo que ha sido reconocido por el recurrente y acreditado mediante documentación que se acompaña.

Constatando el Servicio que existía un error numérico al tiempo de dictar el ordinario referido, por un error en la conversión a unidades tributarias mensuales, se dictó una resolución rectificatoria, acto administrativo que fue también informado a Tesorería, servicio que materializó el egreso ordenado con fecha 25 de octubre de 2016.

Las impugnaciones que se formulan al recurso son que éste sería extemporáneo, respecto del Servicio de Impuestos Internos, porque la resolución emitida por este organismo fue dictada el 11 de agosto de 2016 y el recurso se interpuso el 14 de octubre de 2016, por lo que el plazo de 30 días que establece el auto acordado, se encontraría latamente vencido.

Se estima igualmente improcedente la acción porque se intenta aplicar erróneamente el recurso de protección no a derechos ni a garantías constitucionales sino que a determinados principios establecidos en la legislación nacional; existe ausencia de acción u omisión impugnable, ya que no es el Servicio de Impuestos Internos el que debe encargarse de la devolución solicitada por el recurrente; se reclama la legalidad de la actuación del Servicio de Impuestos Internos, existencia de una actuación razonada y la inexistencia de vulneración al derecho de propiedad; finalmente queda de manifiesto que el acto que motivó el presente recurso de protección ha desaparecido no existiendo imperio del derecho a restablecer, debiendo rechazar la acción cautelar de autos.

4°) Que, primero debe analizarse la alegación de extemporaneidad formulada por la abogada del Servicio de Impuestos Internos y referido específicamente al ordinario dictado por dicha repartición con fecha 11 de agosto de 2016.

El recurso de protección fue interpuesto el 14 de octubre de 2016, luego que a partir del 14 de septiembre se remitieron las solicitudes a Tesorería para que se procediere a la devolución.

Por lo indicado, la alegación de extemporaneidad debe desecharse desde que el acto reclamado dice relación con la negativa a efectuar la devolución y no con la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

5º) Que, de acuerdo al mérito de los informes evacuados en la causa y el documento de fojas 25 “comprobante de egreso” emanado de la Tesorería General de la República, lo cierto es que el recurso ha perdido oportunidad desde que el petitorio del mismo decía relación con obtener la devolución solicitada a Tesorería, lo que en los hechos se concretó con fecha 26 de octubre pasado. Así las cosas, esta Corte omite pronunciamiento en relación a este recurso.

6°) Que, sin perjuicio de lo anterior y atendido que efectivamente la devolución se materializó luego que se interpusiera esta acción de protección, corresponde imponer las costas a la Tesorería Regional Santiago Oriente, recurrida en autos.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se omite pronunciamiento del recurso de protección deducido a fojas 1 a favor de “Transportes y Servicios B. nombre reservado Limitada”, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 112613-2016.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega y la Ministra señora Patricia Liliana González Quiroz.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a quince de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.