nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen a esta Corte nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, defensores penales públicos penitenciarios, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado. nombre reservado, nombre reservado, Clemente nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos internos cumpliendo actual condena en el Centro de Detención Preventiva nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra del Alcaide del Centro de Detención Preventiva nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de los derechos fundamentales consagrados en el numeral 2° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la decisión del recurrido, de fecha 29 de enero de 2018, de trasladar a los mencionados internos a dependencias diversas de las que habitaban en el recinto penal, perdiendo sus fuentes de trabajo y acceso a oportunidades laborales y educacionales. Solicitan que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene al recurrido dejar sin efecto las medidas adoptadas, o en subsidio, decretar las medidas que se estimen pertinentes para el cumplimiento de dicho fin. Fundan su presentación en que todos los internos individualizados se desempeñaban como mozos en diversas dependencias del penal o estaban cumpliendo sus condenas en módulos de conducta y, el día 29 de enero del presente año, tomaron conocimiento de la decisión del Alcaide del Centro Penitenciario de trasladar a todos los internos mencionados a otras dependencias del recinto penal, por lo que perdieron sus fuentes de trabajo o el acceso a oportunidades laborales y educacionales de que gozaban en sus respectivos módulos. Señalan que la decisión adoptada por la autoridad atenta contra la labor de reinserción social que la ley encomienda a la institución, no se ha dado a los internos la instancia para formular sus descargos a la decisión tomada ni defenderse de los motivos aducidos para la pérdida de su trabajo. Indican que dicha decisión no solo repercute en la posibilidad de ejercer un oficio dentro del penal, sino que en la generación de ingreso que les permite solventar sus gastos, además de su calificación intrapenitenciaria de conducta, desde que ya no ejercen un trabajo, factor fundamental para dicha calificación, y no por voluntad propia, sino por la decisión arbitraria e ilegal que en este acto se ataca. Refieren finalmente que lo anterior constituye una vulneración al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso el señor Alcaide del Centro de Detención Preventiva nombre reservado, quien, luego de señalar los antecedentes estadísticos de cada uno de los internos recurrentes afirma que en el mes de diciembre de 2017 se produjo un intento de evasión desde el penal por parte de internos, lo que ameritó realizar un acabado estudio del cumplimiento de las medidas de seguridad del recinto y su correspondencia con el plan de segmentación del mismo. El resultado de esta revisión arrojó que se habían producido alteraciones de la segmentación y un déficit administrativo en cuanto a la provisión de internos para tareas menores de mozo y por tal situación se tomó la decisión de evaluar, reclasificar y segmentar a todos los internos que prestaban los mencionados servicios. Añade que no ha habido en los hechos una conculcación al derecho al trabajo como indicarían los actores, desde que los internos, condenados a penas aflictivas, no pueden acceder a cargos públicos, y el desempeño como mozos de los internos no se funda en un contrato laboral sino en una mera manifestación de buena conducta, en cuanto beneficio intrapenitenciario. Indica por otra parte que la segmentación anterior se ha verificado en virtud de las facultades que el D.S. N° 518, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios confiere al Alcaide de la Unidad. No existe por otra parte, conculcación de la igualdad ante la ley, estableciendo tratos diferenciados respecto de los recurrentes, desde que las directrices de segmentación que han sido aplicadas y que han devenido en el traslado de los actores, han sido aplicados igualitariamente a todos los internos del penal, sin distinción, en virtud del plan de segmentación. En este sentido, finaliza, Gendarmería de Chile ha dado cabal cumplimiento a su deber de velar por la vida, salud y seguridad de los internos, así como al ejercicio de las atribuciones del artículo 6° numeral 12 del D.L. N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuanto corresponde a la institución determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo a la reglamentación vigente.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que en cuanto al concepto “ilegal”, como muchas veces ya se ha dicho, éste no sólo comprende la vulneración a una ley formal sino a la juridicidad propia en que se desenvuelve aquel respecto del cual se pide protección, incluyendo por lo tanto las normas jurídicas de rango inferior a la legal, como las administrativas. En este contexto, ciertamente la decisión del señor Alcaide lejos de ser ilegal ha sido adoptada en virtud de disposiciones legales y reglamentarias que la amparan, sin que esta Corte -ni ningún otro tribunal- pueda convertirse, en virtud de la interposición del recurso contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en una suerte de segunda instancia de decisiones que incumben solamente a entes administrativos; es decir, no puede erigirse este tribunal de alzada en administrador de las cárceles y vigía de los reos pues ello incumbe sólo a Gendarmería.

QUINTO: Que, en efecto, el artículo 6° N° 12 del D.L. 2.859, establece que son obligaciones y atribuciones del Director Nacional de Gendarmería “Determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente”, norma que si bien es amplia y referida al Director Nacional –delegable, en todo caso, en los funcionarios que se mencionan en la citada legislación-, hace alusión a la “reglamentación vigente” y, precisamente, el Decreto Supremo N° 943 de 2010 del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, refiere en su artículo 61 que “El apoyo a las necesidades de los servicios de aseo, alimentación y mantención de los establecimientos penitenciarios podrá ser entregado a internos condenados que tendrán la calidad de Maestros o de Ayudantes”.

“La selección de los condenados que sirvan de Maestros o Ayudantes será de cargo del respectivo Jefe de Establecimiento, a propuesta del Consejo Técnico del establecimiento, quién otorgará esta calidad en virtud de los méritos propios del proceso de intervención individual que se lleve a efecto”.

La norma anterior debe concordarse con lo que dispone el inciso tercero del artículo 6° del D.S. 518 de 1998 del Ministerio de Justicia, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a saber: “La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”.

SEXTO: Que en la especie, teniendo el señor Alcaide la facultad de hacer la selección de Maestros o Ayudantes (mozos) y habiéndose oído al Consejo Técnico en sesión de 27 de febrero pasado, como da cuenta la documentación acompañada por la parte recurrida, ninguna ilegalidad puede haber. El que la data de la mencionada sesión sea posterior al recurso sólo da cuenta del hecho que se trata de la decisión definitiva adoptada por la autoridad carcelaria, que es lo que en definitiva se entiende como ilegal o arbitrario.

SÉPTIMO: Que ciertamente el trabajo desarrollado por los reos en una cárcel no es asimilable de ninguna manera a un contrato de trabajo en los términos del artículo 7° del Código Laboral: se trata de un beneficio a los internos regulado en el citado D.S. 943 de 2010 del Ministerio de Justicia, de modo que no puede argüirse, como lo han hecho los recurrentes, que se les ha puesto término a una relación laboral. Por lo demás, si ese es su predicamento, han debido demandar ante los Juzgados del Trabajo lo que crean convenir a sus intereses, pues como se sabe, el despido de los trabajadores, justificado o injustificado, es siempre válido, con excepción de aquellos que gozan del fuero laboral.

OCTAVO: Que tampoco hay arbitrariedad en la decisión de la autoridad. Por de pronto habrá que concluir que si la Administración ha obrado dentro de sus facultades, nunca ello podrá ser arbitrario, es decir, jamás su actuar podrá ser tildado de caprichoso o infundado. Pero sea como fuere, la conducta de Gendarmería, amparada en el ordenamiento jurídico, fue tomada debido a la revisión de protocolos de seguridad por un intento de fuga y afectó a los “mozos” condenados a determinadas penas, a todos los que estaban en la misma situación, razón por la cual no ha sido el mero capricho lo que ha gobernado la decisión impugnada y tampoco existe una discriminación arbitraria como se denuncia.

NOVENO: Que por todo lo anterior, el recurso no puede prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional presentada en estos antecedentes.

Acordada contra el voto de la Ministro (S) señora Riesco, quien estuvo por acoger el recurso y dejar sin efecto la decisión del señor Alcaide, restableciendo a los recurrentes sus labores de “mozo” al interior del penal nombre reservado. Tuvo presente para ello:

1.- Que es cierto que Gendarmería tiene facultades legales y reglamentarias en el sentido indicado por la mayoría, las que, empero, deben ser ejercidas bajo el gobierno de la racionalidad y no del mero capricho o sin una base fáctica en que se sustente.

2.- Que se ha dicho por la autoridad que se revisaron determinados protocolos por un intento de fuga en diciembre de 2017 pero no se ha imputado a ninguno de los recurrentes el haber participado en tal hecho; tampoco se tienen noticias que aquellos hayan tenido mala conducta o que hayan incurrido en actos que merecen sanción disciplinaria.

3.- Que, entonces, si bien la labor de “mozo” efectivamente no constituye una relación regida por el Código del Trabajo, sí importa un beneficio a internos que han desplegado una conducta determinada y frente a ello, sólo por razones relativas a su indisciplina podrían ser relevados de sus funciones, nada de lo cual ha sucedido en la especie.

4.- Que, en consecuencia, ha podido el señor Alcaide establecer nuevos protocolos, ciertamente, mas no pueden afectar a quienes han estado desempeñando las labores de “mozos” sin reproche de ninguna naturaleza. Al hacerlo, se ha obrado en forma arbitraria y procede el acogimiento de la acción constitucional entablada al afectarse la garantía del N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República pues la autoridad ha hecho con los recurrentes diferencias arbitrarias.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y notifíquese.

N° 11248-2018.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por la Ministra (S) señora María Luisa Riesco Larraín.