Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 14 y 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, representado por el abogado don Raúl Escalona Orellana, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 5 de mayo de 2025, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N° NUM001, NUM002 y NUM003, por estimar que el reposo no se encontraba justificado. Lo anterior vulneraría los derechos reconocidos en los números 24 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al carecer de motivaciones técnicas que le sirven de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa, por lo que solicita se acojan y validen las referidas licencias médicas.

Explica que se desempeña como supervisor en terreno en la empresa I- Nova Import-Export SPA. Respecto de las condiciones de salud que fundamentan las licencias médicas rechazadas, el recurrente expone que desde el año 2024 se ha visto imposibilitado de cumplir normalmente sus labores contractuales debido a graves y crónicos problemas de salud de diversa índole. Entre las patologías físicas que le aquejan se encuentran: rotura compleja de menisco interno rodilla bilateral, edema óseo de platillo tibial medial, diabetes mellitus tipo 2 descompensada con cifras de glicemia anormalmente elevadas en ayunas, e hipertensión arterial. En cuanto al tratamiento de sus problemas ortopédicos, señala que inicialmente se intentó tratamiento conservador con kinesioterapia e infiltración sin éxito, requiriendo posteriormente una meniscectomía parcial artroscópica de rodilla izquierda en marzo de 2025, encontrándose su rodilla derecha en evaluación para eventual resolución quirúrgica.

Adicionalmente, padece un episodio depresivo mayor con características melancólicas y marcada sintomatología ansiosa, caracterizado por baja de ánimo importante, anhedonia, desinterés, importantes alteraciones del sueño, lenguaje enlentecido, junto a componentes somáticos tales como sensación de falta de aire, taquicardia, dolores lumbares y cefaleas. Para el tratamiento de estas afecciones psiquiátricas, ha sido medicado con antidepresivos por sus médicos psiquiatras tratantes, específicamente: escitalopram, clotiazepam, quetiapina, clonazepam y sertralina, además de encontrarse en psicoterapia. Originalmente se le concedió reposo hasta por doscientos diez días en total por incapacidad laboral, sin embargo, tanto la COMPIN Región Metropolitana como posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social han rechazado concederle nuevos períodos de reposo médico.

En relación con los fundamentos del rechazo, la Superintendencia de Seguridad Social mediante la resolución impugnada confirmó el rechazo dado por el COMPIN a las tres licencias médicas referidas, señalando como razones que el médico psiquiatra tratante no habría expuesto elementos psicopatológicos de gravedad durante el período de reposo citado que requieran la extensión de éste, como tampoco detallaría un plan de tratamiento farmacológico concordante.

Asimismo, se argumentó que el recurrente no habría realizado un proceso terapéutico con un psicólogo ni, en su defecto, un tratamiento en el sistema público para atención de salud mental.

Estima que dicha decisión es arbitraria e ilegal, pues los informes médicos particulares hechos valer en su oportunidad sí detallan sus múltiples padecimientos médicos, el tratamiento que ha debido afrontar y el pronóstico de los mismos, señalando la medicación recibida en cuanto a sus componentes y dosis, lo cual se ve complementado con certificados médicos del Hospital del Trabajador. Sostiene además que si no ha recibido terapia psicológica es porque se ha encontrado todo el tiempo recibiendo terapia psiquiátrica con la medicación correspondiente, siendo facultativo de sus médicos tratantes el disponer además de una terapia psicológica, cuestión que hasta el momento no han considerado necesario. Agrega que intentó retornar a sus labores entre el 25 de febrero y el 12 de marzo de 2025, pero le fue imposible sostener el ritmo requerido debido al dolor en sus rodillas, considerando que sus funciones demandan trabajar en terreno.

Acusa vulneración del derecho de propiedad debido a que ha sufrido una merma en sus ingresos económicos debido al rechazo de las licencias médicas, viéndose obligado a endeudarse. En relación con el derecho a la protección de la salud, sostiene que esta garantía no distingue la clase de afecciones, enfermedades o patologías que la persona pueda sufrir, ni tampoco si son de naturaleza física o mental, ya que su finalidad es otorgar una cobertura global a la salud considerada como un derecho inalienable del individuo. Argumenta que es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sin importar si se prestan a través de instituciones públicas o privadas, y que precisamente una entidad estatal, mandatada expresamente para fomentar la protección de la salud, se ha comportado arbitrariamente en su contra.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se autoricen las licencias rechazadas.

Segundo: Que, comparece el abogado don Francisco Ortega Bello, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que el señor nombre reservado reclamó mediante presentación de fecha 3 de abril de 2025, apelando contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003, extendidas por un total de 45 días a contar del 26 de diciembre de 2024, por reposo no justificado. Tras el estudio de los antecedentes, la Superintendencia concluyó que el reposo prescrito no se encontró justificado, basándose en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitieron establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 210 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Indica que la COMPIN en justificación del rechazo de las licencias médicas, registro en la cartola médica del paciente que: “Antecedente adjuntado no es suficientes para establecer o justificar la prolongación del reposo otorgado por el diagnostico anunciado más allá del periodo que ya ha sido autorizado. IM de especialista, no protocolizado, sin plan terapéutico, sin exámenes, sin carnet psicoterapia, sin GAF, sin fecha de recuperabilidad laboral. Se rechaza”

Indica que la resolución impugnada señala específicamente que: "los informes emitidos por el tratante psiquiatra emisor de las licencias médicas reclamadas, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad durante el periodo de reposo citado que requieran la extensión de éste, así como tampoco detallan un plan de tratamiento farmacológico concordante con la extensión del periodo de reposo". Agregó además que el reclamante no acreditó haber realizado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo, ni tratamiento en sistema público para atención integral de salud mental, según constó en la resolución recurrida.

Fundamentó jurídicamente su actuación invocando sus facultades legales establecidas en el artículo 3° de la Ley N°16.395, que la designa como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, comprendiendo su supervigilancia los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo. Asimismo, invocó el artículo 38 letra d) de la misma ley, que le otorga competencia para emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios. Sostiene que su actuación se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente al DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y al DS N°3 de 1984 del mismo ministerio, que regularon el derecho a licencia médica y establecieron los requisitos para su autorización.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, aseverando que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Sexto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 5 de mayo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por el recurrente.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por el actor, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 210 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes emitidos por el tratante psiquiatra emisor de las licencias médicas reclamadas, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad durante el periodo de reposo citado que requieran la extensión de éste, así como tampoco detallan un plan de tratamiento farmacológico concordante con la extensión del periodo de reposo. Sumado a lo anterior, el reclamante no acredita haber realizado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo, ni en su defecto, tratamiento en sistema público para atención integral de salud mental”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 11247-2025-Protección