nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Proveyendo a fojas 72: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 13, comparece nombre reservado, dibujante técnico, australiano, soltero, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección contra el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por el Subsecretario del Interior señor nombre reservado y nombre reservado, domiciliado, para estos efectos, en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, al disponer la autoridad el archivo de los antecedentes en relación a la Carta de Nacionalización solicitada por el recurrente, indicando como razones “no acreditar ingresos propios los últimos 8 meses del último año y 16 meses en total contando dos años”, lo que afecta, en su concepto, las garantías de los numerales 3°, inciso quinto, y 2° de la Carta Fundamental.

Indica, en síntesis, que llegó a Chile en el año 1997, obtenido visa sujeta a contrato, permaneciendo en el país hasta fines del año 2000; regresó en el año 2002 y goza de permanencia definitiva desde el año 2004, realizando labores como dibujante técnico entre los años 2002 y 2015, con distintos empleadores, además, de haber sido inversionista entre los años 2003 y 2005. Por motivos personales en julio de 2015 decide viajar a distintos países de Sudamérica, donde estuvo por espacio de 4 meses, retornando a Chile en el mes de noviembre del mismo año.

Expone que en 11 de diciembre de 2015 solicitó carta de Nacionalización, bajo la modalidad rentistas, dado que a esa fecha no se encontraba realizando trabajos en forma remunerada, y contaba con un depósito en fondos mutuos. Por Oficio Ordinario N° 1000585, de 9 de marzo de 2016, del Jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, le respondió que necesitaba acreditar “sustento económico según requisitos adjuntos”, indicándosele en forma genérica que debía demostrar “depósitos o valores mobiliarios” y “fotocopias de contratos de arriendo y escritura (s) de propiedad (es)”. Refiere que concurrió al Servicio a fin de requerir mayores antecedentes, pero nada le fue aclarado, motivo por el cual concurrió a hablar con el Jefe de la Sección de Permanencia Definitiva y Nacionalización, respondiéndole éste que debía hacer lo que se le indicaba en el oficio. Por lo anterior presentó nuevamente el certificado de valores mobiliarios junto a una Certificación del Servicio de Impuestos Internos a partir de su declaración del año anterior y una copia legalizada de su título profesional para acreditar con ello que la persona no solo posee recursos que le permiten mantenerse por un buen espacio de tiempo, sino que, además, posee una calidad profesional con la cual se ha ganado y se gana actualmente la vida, concepto que se corresponde con la Ley de Nacionalización.

Agrega que mediante Oficio Ordinario N° 30254, de 7 de julio de 2016, se le solicita “que acredite la actividad económica que efectivamente realiza o ejerce en el país” así como “antecedentes que acrediten ingresos mensuales y periódicos”. Lo exigido excede los términos de la ley por cuanto únicamente requiere estar capacitado para ganarse la vida y no sustento económico, como erróneamente sostiene el Oficio, además, expone que desde el 1° de agosto de 2016 se encuentra trabajando como dibujante técnico en una oficina de arquitectos, antecedente nuevo que se adicionó a los ya presentados a la recurrida. Sin embargo, por Oficio Ordinario N° 4845, de 27 de septiembre de 2016, la recurrida le comunica que su solicitud fue archivada por “no contar con ingresos mensuales en los últimos 8 meses del último año y 16 meses en total, contando dos años”. A continuación se le indica que, no obstante eso, una vez que cumpla con los requisitos descritos -que no se indican- podrá solicitar nuevamente Carta de Nacionalización.

Añade que el artículo 7° del decreto Ley N° 5142, de 1960, Ley de Nacionalidad dispone: “el Decreto que deniegue la Carta de Nacionalidad será siempre fundado y firmado por el Presidente de la República” y en la especie, no existe pronunciamiento sobre el fondo de su petición por cuanto tampoco fue rechazada, sino de facto desestimada sin fundamento legal alguno, incumpliendo con ello lo previsto en la Ley N° 19.880 en sus artículos 3, 18 y 41. Existe falta total de claridad de la administración respecto de lo solicitado, no identifica al funcionario responsable de la actuación, ni los fundamentos tenidos en consideración, como exige expresamente el artículo 17 letras b) y h).

Indica que al exigir cantidades de ingresos en el tiempo, ni dar ningún tipo de fundamentación de por qué los valores mobiliarios acompañados son insuficientes, supone una evidente vulneración del principio de igualdad ante la ley. En ninguna norma la ley que regula la materia señala que el solicitante debe acreditar rentas de algún monto ni mucho menos haberse encontrado trabajando un tiempo determinado, solo señala que no podrá otorgarse a quien no esté capacitado para ganarse la vida, lo que en el caso del recurrente se cumple pues se trata de un profesional, que cuenta en la actualidad con un contrato de trabajo.

Segundo: Que, informando la recurrida a fojas 60, sostiene que efectivamente el recurrente solicitó Carta de Nacionalización el 11 de diciembre de 2015; que mediante Oficio Ord. N° 1000585 de 9 de marzo de 2016, se solicitó al recurrente acompañar antecedentes que dieran cuenta de su sustento económico en el país; que el 29 de abril de 2016, el recurrente acompaña Certificado de Declaración de Renta de 14 de abril del año en curso, finiquito laboral en el que consta como fecha de término del contrato de trabajo el 20 de septiembre de 2014; Certificado de Pago de Cotizaciones Previsionales de 2014 y copia traducida de su título profesional; que mediante Oficio Ord. N° 30254 de 7 de julio de 2016, la recurrida solicitó al extranjero acompañar los documentos solicitados mediante Oficio Ordinario 1000585, los que son: antecedentes que acrediten la actividad económica que efectivamente realiza o ejerce en el país y antecedentes que acrediten ingresos mensuales periódicos. El 10 de agosto de 2016 el Departamento recurrido recibió carta del representante del recurrente por medio de la cual acompaña contrato de trabajo autorizado ante notario, celebrado el 1° de agosto de 2016 con la sociedad Arquitectura y Diseño RM SpA.

Agrega que revisados los antecedentes éstos dieron cuenta que la última actividad remunerada del extranjero era hace dos años, además de un contrato de trabajo celebrado con 10 días de antelación a la presentación, por lo que resultaron ser insuficientes para acreditar lo solicitado.

En cuanto a las normas legales aplicables cita los artículos 1° y 4° del Decreto Ley N° 5142, de 1960 del Ministerio del Interior y que el artículo 2° del mismo texto, modificado por la Ley N° 20.888, dispone “podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la república y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva”. El artículo 3° establece las causales por las cuales los extranjeros no podrán obtener la nacionalización, entre otras, “Los que no estén capacitados para ganarse la vida”. El recurrido afirma que la ausencia de documentos que diera cuenta de actividad económica remunerada, llevó a requerir que acreditara antecedentes que dieren cuenta de su sustento económico en el país, los que no resultan suficientes por cuanto los documentos acompañados daban cuenta que el extranjero no percibía ingresos regulares desde el mes de septiembre de 2014, es decir, casi dos años anteriores a la presentación. Por lo anterior, dado que los documentos no dieron cuenta de manera completa, suficiente y actual del sustento económico del recurrente en el país, se reiteró el requerimiento de antecedentes.

Ante lo solicitado -continúa- el recurrente acompañó el 10 de agosto de 2016 un contrato de trabajo celebrado el 1 de agosto del año en curso, por lo que estimando que no se trataba de nuevos antecedentes que informaran el cumplimiento cabal de los requisitos establecidos por el Decreto Ley N° 5142, de 1960 del Ministerio del Interior, efectivamente se despachó el Oficio que se ataca.

Agrega que a la fecha no se ha dictado Decreto alguno que se pronuncie acerca del fondo de la solicitud de nacionalización, por carecer de antecedentes que debe aportar el extranjero. En consecuencia, el recurrido estima que no se ha rechazado la solicitud de que se trata, sino que solo la archiva, a la espera de que se completen los requisitos actualizados que se exigen ser acompañados a toda solicitud sobre esta materia, lo que en manera alguna vulnera las garantías que se denuncian.

Tercero: Que el acto que por esta vía se impugna corresponde al Oficio ORD. N° 48405, de 27 de septiembre de 2016, emanado del Jefe Departamento Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el citado instrumento se le comunica al recurrente que “con relación a su solicitud de CARTA DE NACIONALIZACIÓN, me permito informar a Ud. que se ha procedido a ARCHIVARLA, por las razones que se indican a continuación: POR NO ACREDITAR INGRESOS PROPIOS LOS ÚLTIMOS 8 MESES DEL ÚLTIMO AÑO Y 16 MESES EN TOTAL CONTANDO DOS AÑOS. Por lo anteriormente expuesto, se hace presente a Ud. que podrá solicitar nuevamente Carta de Nacionalización, una vez que cumpla con los requisitos y actualizados”.

Cuarto: Que el artículo 3° del Decreto Ley N° 5142, de 1960, del Ministerio del Interior, dispone que “No podrán obtener esta gracia: 2.- Los que no estén capacitados para ganarse la vida”.

Asimismo, el artículo 4° del mismo texto prevé: “La petición de nacionalización se presentará en la Intendencia Regional o Gobernación Provincial del lugar de residencia del solicitante. Los residentes en la Región Metropolitana de Santiago la presentarán directamente en el Ministerio del Interior”.

“La solicitud deberá contener, a lo menos, los siguientes datos:

1) Nombres y apellidos paterno y materno;

2) Lugar de nacimiento;

3) Edad;

4) Estado civil, con indicación de la nacionalidad del cónyuge si el solicitante es casado;

5) Número de hijos, con especificación de los nacidos en Chile;

6) Profesión u oficio;

7) Bienes raíces que posee el solicitante, y 8) Si se ha naturalizado en otro país.

A la solicitud de carta de nacionalización deberán acompañarse los siguientes documentos:

1) Certificado del Cónsul o Agente Diplomático de su país, acreditado en Chile, que certifique la nacionalidad e identidad del solicitante, o en su defecto, el último pasaporte extranjero o los documentos de identidad personal que hubieren otorgado las autoridades de su país de origen o las del país de su última residencia antes de venir a Chile;

2) Certificado de antecedentes expedido por el Gabinete Central de Identificación, que deberá ser considerado entre aquellos que el Servicio otorga para fines especiales, y 3) Certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite, según el caso, que el solicitante está al día en el pago de las obligaciones tributarias o que está legalmente exento de ellas”.

Quinto: Que de la prueba documental acompañada a la causa se tiene por establecido que el recurrente presentó solicitud de Carta de Nacionalización el 3 de diciembre de 2015, individualizándose como “Dibujante” y que goza de residencia definitiva en el país según Resolución N° 246.555 de 14 de junio de 2005, la que se encuentra vigente. Asimismo, consta de los antecedentes que el recurrente mantiene Cuenta Corriente en el Banco BICE y una inversión –fondos mutuos- en la señala institución financiera por $16.435.081, documentos extendidos el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2015, respectivamente. También consta de autos que el recurrente hizo declaración de renta en el periodo tributario 2015 y que registra cotizaciones de seguridad social en Chile desde el año 1998 a septiembre de 2014, lo cual se ratifica con el finiquito del contrato de trabajo, por renuncia voluntaria, que se agrega a fojas 40, documento con el cual se tiene por establecido que el señor nombre reservado, trabajó para la empresa Planea Arquitectura Ltda. desde el 1° de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2014. Con el documento de fojas 46 se acredita que el recurrente cuenta con un título profesional “Diploma de Bachiller en Ciencias Aplicadas-Tecnología Arquitectónica”. Se tiene por cierto también, que en respuesta a lo requerido por Oficio Ordinario N° 30254, de 7 de julio de 2016, el recurrente acompañó ante la autoridad copia del contrato de trabajo de 1° de agosto de 2016, para desempeñarse como dibujante técnico, con una renta bruta de $780.130 mensuales.

Sexto: Que el recurrido mediante los Oficios Ordinarios a que se ha hecho referencia, ha exigido al recurrente acreditar “sustento económico” y luego “antecedentes que acrediten la actividad económica que efectivamente realiza o ejerce en el país, antecedentes que acrediten ingresos mensuales y periódicos”. Sin embargo, pese a que el recurrente acompañó documentos concretos que demuestran estar en condiciones de ganarse la vida en el país en el ejercicio de su profesión, como por lo demás lo hizo desde el año 1998 hasta 2014, la autoridad simplemente decide archivar los antecedentes, por considerar que no acreditó ingresos propios en los últimos 8 meses del último año y 16 meses en total contados dos años. La decisión que se impugna excede los términos de la legislación aplicable, pues exige requisitos que la ley no contempla, como es una remuneración mensual en un lapso acotado, lo que resulta carente de toda justificación y, por tanto, efectivamente caprichoso.

Séptimo: Que en el caso sub-lite apreciando conforme las reglas de la sana crítica los antecedentes aportados a la causa, es posible arribar a la convicción de que el Oficio Ord. N° 48405, de 27 de septiembre de 2016, no tuvo por causa la norma del artículo 3° del Decreto ley N° 5142, de 1960, antes citado, sino el cumplimiento de requisitos arbitrariamente exigidos, desconociendo con ello la capacidad profesional y económica del recurrente, elementos objetivos que la autoridad no está en condiciones de obviar al tiempo de dar tramitación a la solicitud del recurrente. A lo anterior se agrega que lo informado por el recurrido, en cuanto a que “el archivo de los antecedentes” no afectaría las garantías constitucionales del recurrente, será desestimado por cuanto entrabar o entorpecer el procedimiento administrativo, infringe abiertamente las normas del Decreto Ley N° 5124, de 1960 y de la ley N° 19.880.

Octavo: Que, en consecuencia, el proceder del recurrido se torna ilegal y además resulta arbitrario, pues impone exigencias formales ajenas al texto legal sin esgrimir fundamento razonable, lo que obedece al mero capricho del recurrido, por cuanto su actuar carece de justificación; proceder que perturba la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde que se ha verificado una distinción que la carta Fundamental proscribe, contrariando el proceso normal de análisis, sin argumento que lo explique, contrariándose la finalidad del Decreto tantas veces citado al exigir a un ciudadano extranjero, de nacionalidad australiana, residente en el país, el cumplimiento de requisitos que el orden legal y reglamentario no prevé.

Lo anterior no significa que el recurrente esté exento de dar cumplimiento a las exigencias del Decreto Ley N° 5142, de 1960, del Ministerio del Interior, ni que esté liberado del acatamiento de los requisitos y formalidades de tal normativa, antecedentes que la recurrida debe verificar por la vía administrativa pertinente, sea para aceptar o rechazar la petición, según resolución que fundadamente debe dictar en su oportunidad.

Noveno: Que, por estas consideraciones, no existiendo mérito que justifique el acto recurrido que afecta al recurrente, la acción en estudio debe ser acogida, conforme a lo que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, y quinto del auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida en lo principal de fojas 13 y, en consecuencia, se dispone que la recurrida debe proceder al desarchivo del expediente administrativo sobre solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente -iniciado según presentación de 3 de diciembre de 2015- y continuar su tramitación conforme a la ley.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora González Troncoso.

Rol N° 112.443-2016.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado González Troncoso, e integrada por la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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