nombre reservado con COMERCIAL THE CLINIC SA

C.A. Santiago Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Sebastián Antonio Pérez San Martín, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública del Poder Judicial, e interpone recurso de protección en contra de Publimetro S.A. y The Clinic S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario la mantención de publicaciones en sus sitios Web relativas a hechos acontecidos en el año 2015 y la negativa de eliminar dichas publicaciones, con vulneración de las garantías reconocidas en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente es Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y que en el mes de febrero del año 2015, sufrió un accidente de tránsito en la comuna de Providencia, sin que el hecho revistiera interés público. Añade que en causa RUC 1500457953-1, RIT N°5761-2015, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en audiencia celebrada el 12 de agosto de 2015, la recurrente fue formalizada por un cuasidelito de lesiones, resolviéndose suspender condicionalmente el procedimiento por dos años, e imponer las condiciones de fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio de éste, la suspensión de la licencia de conducir, y el pago de una Unidad Tributaria Mensual a la Fundación Coaniquem.

Refiere que al retirarse de la audiencia, la recurrente se percató que se encontraba un periodista de las empresas recurridas, quien la fotografió, exponiéndose la imagen en los medios de comunicación de propiedad de las recurridas, atribuyéndole el hecho de haber sido formalizada por un delito de conducción en estado de ebriedad, y el haber ocasionado el accidente.

Asevera que su representada tiene conocimiento que existen en los sitios Web de las recurridas un par de publicaciones dando cuenta de la audiencia y atribuyéndole participación y características de comisión de hechos que revisten características de infracciones de ley, conculcando su privacidad y honra, pues mancilla de manera permanente y menoscaba el prestigio personal y profesional de la recurrente.

Añade que, finalmente, se dictó sobreseimiento definitivo por la causal contemplada en la letra d) del artículo 250 del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 240 inciso segundo del mismo cuerpo legal, por sentencia dictada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 29 de agosto del año 2017, esto es, por haberse dado cumplimiento a las condiciones señaladas en la respectiva suspensión del procedimiento.

Asevera que a pesar de encontrarse extinguida toda responsabilidad penal de la recurrente, por hechos ocurridos hace casi ocho años, a la fecha se mantienen publicaciones en distintos sitios Web de las recurridas que la denostan intencionalmente, pues no consta en antecedente público alguno que el accidente ocurriera bajo los efectos del alcohol. Hace presente que la formalización ocurrió a los seis meses del hecho, sin que existiera audiencia de control de detención ni situación que hiciera presumir la concurrencia de un interés público.

Precisa que las publicaciones que las recurridas mantienen en sus sitios Web, son las siguientes:

https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2015/08/13/suspenden-licencia-conducir-jueza-choque-ebriedad.html https://www.theclinic.cl/2015/08/13/suspenden-por-dos-anos-licencia-de-conducir-a-jueza-por-manejar-ebria-chocar-a-otro-auto-y-causar-lesiones/ Manifiesta que su parte ha agotado las instancias de solicitar a los recurridos la eliminación de las publicaciones que mantienen en sus sitios Web, y que el 29 de mayo de 2023, dirigieron cartas a las representaciones legales de ambas empresas, sin respuesta a la fecha.

Sostiene que la Ley Nº 19.628 sobre protección a la vida privada, en su artículo 12, incisos segundo y tercero, dispone la facultad inherente de cada persona, de exigir que se eliminen las menciones de sus datos personales, cuando éstos carecen de todo fundamento legal, o “cuando estuvieren caducos”, lo que ocurre en la especie, al haberse dictado el respectivo sobreseimiento definitivo sobre la base de hechos que fueron objeto de una suspensión condicional del procedimiento. Por otra parte, descarta la existencia de un interés público que justifique mantener la publicación, amparado por el derecho a la libertad de información, por lo que estima que la actuación de las recurridas deviene en ilegal y arbitraria, y conculca las garantías previstas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a las recurridas que eliminen el registro informático de la noticia que afecta negativamente a la recurrente, dentro de plazo de tres días, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema para tales desobediencias, con costas.

Segundo: Que en representación de la recurrida The Clinic S.A., evacúan informe los abogados don Jorge Meneses Rojas y don Ignacio Arriagada Cáceres, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Luego de expresar algunas consideraciones previas sobre la libertad de expresión y de información, alegan en primer término la extemporaneidad del recurso, teniendo presente que fue interpuesto con fecha 20 de junio de 2023, y se funda en hechos acaecidos hace más de cinco años; concretamente, el 13 de agosto de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, sostienen que la acción de protección de garantías constitucionales no es la vía idónea para satisfacer las pretensiones de la recurrente, puesto que la Ley N°19.733 sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, en su Título V, “De las infracciones, de los delitos, de la responsabilidad y del procedimiento”, especialmente en los artículos 29 y siguientes, establece en qué circunstancias y condiciones, bajo qué procedimientos y ante qué tribunales deben ventilarse las cuestiones relativas a la responsabilidad generada por eventuales abusos cometidos en una publicación.

No obstante, argumentan que la publicación cuestionada ha sido efectuada en el legítimo ejercicio de la garantía fundamental de libertad de expresión y de prensa. En la especie, The Clinic ha obrado en ejercicio de la libertad de informar y, por ende, su actuar no puede ser calificado como arbitrario o ilegal, y no puede tampoco afectar garantías constitucionales.

Añaden que la publicación da cuenta de hechos de interés público, en cuanto dicen relación con la conducta de una jueza de la República, funcionaria del Poder Judicial. En efecto, lo que se relata en la publicación -en términos objetivos y sin efectuar ningún tipo de apreciación o calificación sobre lo narrado-, son hechos en que efectivamente se vio involucrada la Sra. nombre reservado, esto es, que en febrero de 2015 participó en un accidente de tránsito en que otras personas resultaron lesionadas, mientras manejaba en estado de ebriedad, conforme a un examen practicado por el Servicio Médico Legal; y que posterior a ello la recurrente fue formalizada por el cuasidelito de lesiones, acordándose finalmente la suspensión condicional del procedimiento, con suspensión de licencia de conducir por dos años. Aseveran que no hay, como plantea la recurrente, un ánimo de “mancillar la reputación de una funcionaria pública del Poder Judicial”, sino la de exponer hechos de manera objetiva, que son de interés precisamente por la alta función pública que ejerce la Sra. nombre reservado. En este sentido, sostienen que tampoco es cierto que este evento “no fue un hecho noticioso ni de interés público”. Al tratarse de posibles delitos, o a lo menos situaciones reprochables desde el punto de vista de la moral y/o la probidad, y que involucran a un servidor público con investidura legal, y de gran relevancia para el acontecer nacional, como lo es la Juez Titular del 2°Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, argumentan que resultaba absolutamente justificada la cobertura mediática, debido al legítimo interés del público en relación a esta materia.

A mayor abundamiento, sostienen que tal como la misma publicación da cuenta, la misma jueza nombre reservado ha participado en casos de alta connotación pública, como el denominado “Caso Penta”; sin perjuicio de protagonizar otras decisiones relevantes que también han recibido atención de la prensa. Indican que lo anterior confirma que la Sra. nombre reservado es una verdadera “persona pública”, y por ende sus actos están sujetos al escudriño del público, con un estándar incluso más alto que el común, y aun en su conducta fuera de las funciones que ejerce. Por lo anterior, estiman que no puede entenderse que la cobertura mediática de su conducta, realizada de manera fundada y objetiva, pueda considerarse como un acto ilegal o arbitrario. Añaden que dicha justificación no se extingue por el transcurso del tiempo, pues perdura el interés púbico que subyace en relación a estos hechos, teniendo presente que la recurrente mantiene el mismo cargo que detentaba al momento de los mismos, y teniendo este medio el rol de servir como repositorio de la memoria sobre hechos noticiosos.

Agregan que no resulta de relevancia, para estos efectos, que posteriormente se haya decretado el sobreseimiento respecto de la Sra. nombre reservado, pues aun cuando con ello se extinguiere su responsabilidad penal, no es esto lo que concita el interés público, sino el hecho real y objetivo de que la Sra. nombre reservado fue aprehendida por manejar en estado de ebriedad, siendo imputada de delitos vinculados a dicho hecho.

Por otra parte, manifiestan que no es efectivo que en nuestro ordenamiento se consagre un supuesto “derecho al olvido”, menos aún tratándose de casos de interés público, y que tampoco resulta atingente la referencia a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues dicha normativa regula la situación de utilización de datos personales por parte de bancos de datos y organismos públicos, no estando The Clinic S.A. en ninguna de dichas categorías, y no siendo por ende sujeto pasivo de dicha norma legal.

En virtud de lo expuesto, estiman que no puede sostenerse que exista una vulneración a derechos fundamentales de la recurrente, y ciertamente no hay afectación posible de su honra; pero aun de considerarse que la hay, no puede menos que estimarse que dicha afectación cede ante la mayor entidad de los bienes jurídicos que protege la libertad de prensa y de expresión, especialmente al tratarse de un caso de claro interés público, por lo que solicitan el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, atendido el tiempo transcurrido, y no habiendo emitido el correspondiente informe, se prescindió de este respecto al recurrido Publimetro S.A.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por el recurrido, ha de tenerse en cuenta que la recurrente envió una comunicación formal y expresa con fecha 29 de mayo del año en curso, a Comercial The Clinic S.A. mediante la cual se le solicita eliminar o cancelar de su portal The Clinic, toda información en los distintos motores de búsqueda, a la noticia referida a los hechos acaecidos el 13 de agosto de 2015, en los que ella participó, data desde la cual debe computarse el plazo para la interposición de la presente acción y no desde la fecha de la publicación esto es agosto de 2015, lo que determina que el recurso al presentarse el 20 de junio del año en curos, lo ha sido dentro del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado. Sumado al hecho que la publicación que por esta vía se pide sea eliminada continúa vigente.

Sexto: Que en mérito de los antecedentes de convicción aportados a la causa y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica son hechos establecidos los siguientes:

a.- Que la recurrente fue formalizada, el 12 de agosto de 2015, en causa RUC 1500457953, seguida ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, por el cuasidelito de lesiones contemplado en los artículos 490, 491 inciso 2° y 492 del Código Penal. Oportunidad en que se decretó la suspensión condicional del procedimiento por el lapso de dos años.

b.- Que los hechos materia de la formalización acaecieron el 19 de febrero de 2015.

c.- Que una vez finalizada la referida audiencia la recurrente se percata de la presencia de un periodista de las empresas recurridas, quien la fotografió y fue publicada al día siguiente en medios de comunicación, que la Sra. nombre reservado había sido formalizada por conducción en estado de ebriedad y haber perpetrado un accidente vehicular.

d.- Que con fecha 29 de agosto de 2017 se dictó sobreseimiento definitivo por la causal establecida en la letra d) del artículo 250 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 240 inciso segundo del mismo cuerpo normativo.

e.- Que la noticia publicada por las recurridas señala: “Suspenden por dos años licencia de conducir a jueza por manejar ebria, chocar a otro auto y causar lesiones.

La resolución fue adoptada ayer por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Marcelo Rojas, luego de que la fiscal oriente nombre reservado formalizara por ambos hechos a la magistrada laboral nombre reservado y revelara que el informe de alcoholemia emitido por el Servicio Médico Legal acreditó la presencia de un 0,98 por ciento de copete en la sangre. La fiscalía le propuso la suspensión condicional del procedimiento, dos años sin manejar ni ser imputada por otro hecho y el pago de 2 UTM a Coaniquem. nombre reservado fue quien tomó audiencias del juicio laboral que enfrentó al ex gerente de Penta, nombre reservado, con los controladores del mismo, nombre reservado y nombre reservado”.

Séptimo: Que la recurrente denuncia como arbitrario e ilegal, la referida noticia que se encuentra publicada en distintos sitios electrónicos de las recurridas, que hacen referencia a los hechos citados de una forma que la denostan, en circunstancias que el hecho no tuvo ningún interés público -el accidente ocurrió en febrero de 2015- y la audiencia de formalización a que hace referencia la publicación en agosto de 2015, esto es la audiencia se llevó a cabo seis meses después de ocurrido el hecho, no habiendo control de detención, ni ninguna circunstancia que hiciera presumir que exista un interés público que debía ser comunicado a través de los medios.

Octavo: Que es necesario hacer mención a las normas que deben tenerse en consideración para resolver el presente recurso de protección.

Así, el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley…..”.

El artículo 1° de la Ley N° 19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, establece: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas.

Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social sin otras condiciones que las señaladas en la ley”.

Por su parte, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

A su vez, el artículo 1° de la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, establece que: “El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de los datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19 N° 12, de la Carta Fundamental. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce”.

Luego, el artículo 2° de la citada ley contiene algunas definiciones legales, entre las cuales, cabe enfatizar sus literales f), g) y ñ) que disponen respectivamente que, para los efectos de dicha ley, se entenderá por “Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”; por “Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”; y, por “Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

En tanto, el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, establece que “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios”.

Y en la especie el artículo 6° de la citada ley, previene que “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado. Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respeto de los cuales no corresponda la cancelación.

El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular”.

Noveno: Que, en la especie debe dilucidarse si la publicación de la información realizadas por las recurridas, efectivamente afecta las garantías constitucionales denunciadas como infringidas por la recurrente, y en consecuencia si procede la adopción de las medidas cautelares solicitadas.

A este respecto, ha de preguntarse si el derecho a la libertad de expresión, en tanto libertad de emitir opinión e informar, al entrar en coalición con el derecho a la honra, cuál de ellas debiese primar por sobre la otra.

En doctrina, don nombre reservado, en su publicación “Derecho al Olvido: La Protección de datos personales como límites a las libertades informativas” Editorial Der Ediciones Limitada 2018, señala: “Los tratadistas y también la jurisprudencia nacional e internacional nos advierten, como ya se mencionó, que el derecho a la honra tiene una doble faz, y una es de carácter subjetivo, que comprende el respeto al sentimiento de propia dignidad o de propia estimación de una persona (también denominado honor), y la otra es de carácter objetivo, que lo entiende como la fama, reputación y buen nombre público (honra propiamente tal), y entienden que cada faz tiene un tratamiento diferenciado, aunque solo una de ellas interesa al derecho.

En Chile, dilucidando este asunto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que está “amparando la Constitución este segundo aspecto, pues el primero queda en el fuero interno de la persona, en cambio, el objetivo forma parte de la convivencia social y ésta es la que regula el derecho, toda vez que constituye la proyección de la dignidad del ser humano, criterio que comparten también tribunales nacionales y extranjeros. Ahora, desde la teoría de los derechos fundamentales, lo menos que podemos hacer es realizar ciertas precisiones, como es determinar si se trata de un derecho o de una libertad, saber quiénes son los titulares del derecho a la honra, cuál es el contenido normativo del precepto iusfundamental y, desde luego, quienes son los destinatarios u obligados por la misma.

Diremos en primer lugar, respecto de si el derecho a la honra es un derecho o una libertad, que nos inclinamos por lo primero, pues su respeto requiere de una intensa actividad estatal que se traduce, entre otros, en el desarrollo normativo de las consecuencias de la vulneración de este derecho en los más diversos ámbitos, como por ejemplo en materia procesal penal, donde existe un mandato al juez de garantía de velar por la dignidad y derechos del imputado mientras no se dicte la sentencia de condena o el establecimiento por el legislador del delito de injurias y calumnias en el Código Penal. O el derecho de rectificación del que son titulares quienes han sido ofendidos o injustamente aludidos a través de un medio de comunicación para aclarar o rectificar los hechos. En estos ámbitos y otros, el Estado y sus organismos no pueden “dejar hacer”, sino que precisamente deben precaver, advertir, tipificar y sancionar las conductas que puedan vulnerar la honra.”

“En cuanto al contenido normativo del precepto iusfundamental, debemos atender a su naturaleza jurídica y los elementos que posibilitan la efectiva protección de los bienes jurídicos que se resguardan, lo que me lleva a coincidir con Fuentes en que el contenido esencial del derecho a la honra está determinado por la buena fama o imagen ante terceros, lo que dicho de otra forma, también significa tener el derecho a que un tercero no me deshonre o desprestigie”.

10°) Que por su parte como lo ha sostenido la Corte Suprema (Rol N° 5.489-2019), relevante es ponderar en esta situación, la materia de la información, su interés público o privado de la persona objeto de la información, así como el medio a través del cual se ha transmitido la información. Así entonces este derecho no es absoluto, su protección admite límites que dicen relación con la libertad de expresión y de informar, es decir el interés público en que la ciudadanía acceda a una determinada información.

De esta forma entonces, debe realizarse un ejercicio de ponderación de derechos, en el que han de utilizarse criterios relacionados con la relevancia pública de los intervinientes en cada caso, el cumplimiento de las condenas judiciales, el tiempo transcurrido desde la publicación de las noticias, la veracidad y la exactitud de las mismas, y la vida social y laboral de los afectados con un enfoque de reinserción social efectiva, todo ello sin dejar de tener presente el criterio transversal y fundamento último que permitirá dilucidar el triunfo de la memoria o del olvido: el interés público, tal como lo propone el autor citado.

Undécimo: Que el derecho al olvido se ha definido como el justo interés de cada persona de no quedar expuesta en forma indeterminada al daño que impone a su honra y a su reputación la reiterada publicación de una noticia legítimamente divulgada en el pasado.

No existe controversia que los hechos que motivaron las publicaciones que esta acción constitucional reclama se produjeron el 13 de agosto de 2015, que la causa seguida ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, fue sobreseída definitivamente, el 29 de agosto de 2017; en consecuencia han transcurrido ocho años desde la ocurrencia de estos, lapso de tiempo que determina que la información publicada por las recurridas no reviste a esta fecha interés alguno, no tiene relevancia ni significación pública para que sea de conocimiento de la ciudadanía, no reporta utilidad ni tampoco interés social, solamente la mantención de la información provoca una afectación del derecho de la honra de la recurrente, pues hasta hoy día se le provoca una vulneración a su nombre y fama. Precisamente, una de las finalidades del derecho al olvido, consiste en lograr se elimine de la red información que haya sido publicada sin el consentimiento de su titular, garantizándose, de esa manera, que éste retome el control de aquélla, o bien porque aun difundida con su anuencia, ha transcurrido cierto plazo desde la publicación original, el que hace razonable su cancelación o eliminación, como ocurre en este caso, pues los hechos objeto de formalización -cuasidelito de lesiones- y sus efectos jurídicos luego de la suspensión del procedimiento, fueron acatados por la recurrente como cualquier ciudadano, sin que a esta fecha la información noticiosa sea relevante desde el punto de vista del interés público asociado a su cargo.

Duodécimo: Que en estas circunstancias, la mantención de la información que mantienen las recurridas resulta ser un acto arbitrario, pues carece de justificación, en atención al largo transcurso de tiempo que ésta ha sido mantenida en la red; lo que conculca el derecho a la honra de la recurrente, por lo que la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones y visto, además lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de Publimetro S.A. y The Clinic S.A., debiendo las recurridas eliminar el registro informático de la noticia que afecta a doña nombre reservado, dentro del plazo de tres días.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol Protección N° 11.242 – 2023.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por el abogado integrante señor Joel González Castillo.

No firman no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Book, por encontrarse en comisión de servicios y el abogado integrante señor González, por no encontrarse integrando salas el día de hoy.