Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintitrés.

Proveyendo al escrito folio 29, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Arturo Yuseff Rivers, abogado, en representación de Inversiones Don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero Nacional nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que ambos incurrirían al imputar y cobrar contribuciones por el año 2022 y no aplicar la exención de impuesto territorial contemplada en el artículo 13 del D.L. 2565, respecto del predio denominado “Hacienda Polcura Lote Uno”, rol 270-2010 (sic) de la comuna de Tucapel, Región del Bío Bio, lo que constituiría una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la Republica le reconoce en sus numerales 2, 22 y 24.

Expone que con fecha 24 de diciembre de 2021, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) dictó la Resolución N°666/35-5/21, Ley 20.283 – materia: solicitud N°666/35-5/21 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la que aprobó la solicitud de declaración de bosque nativo presentada por el recurrente respecto del predio antes especificado. En base a dicho certificado y conforme lo prevé el artículo 13 del D.L. 2565 que transcribe, indica que con fecha 27 de diciembre de 2021 realizó la petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos a fin de que ordenara la inmediata exención del impuesto territorial, dictándose con fecha 25 de marzo de 2022 el Oficio Ordinario N°492022OFI73766 por la VIII Dirección Regional Concepción, Departamento Regional de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, que resuelve acceder a lo solicitado, aplicando el código de exención forestal por concepto de bosque nativo.

No obstante, advierte que con fecha 21 de septiembre de 2022 concurrió a las oficinas de Tesorería General de la República a fin de consultar la actualización de los datos de exención de pago de contribuciones en la referida propiedad, oportunidad en que verificó que en el certificado de deuda entregado seguía figurando deuda por concepto de contribuciones del año 2022, en circunstancias que el inmueble se encontraba exento del pago de estas. Precisa que el referido certificado establece: a. Deuda morosa: i. 30-abril-2022; $16.646.452 (total), ii. 30-jun-2022: $15.667.228 (total); b. Deuda no vencida: i. 30-sep-2022: $498.731 (total), ii. 30-nov-2022: $498-731 (total).

En ese escenario, aduce que la deuda informada por el Servicio de Impuestos Internos y que intenta cobrar Tesorería General de la República son ilegales y arbitrarias, y vulneran las garantías constitucionales expresadas, en síntesis, al desconocer la exención de que goza el inmueble conforme al artículo 13 referido.

Solicita se acoja la acción de protección deducida, ordenando a las recurridas dejar sin efecto la imputación y cobro de contribuciones para el año 2022 y siguientes, respecto del inmueble aludido, aplicando la exención de impuesto territorial por contar con la declaración de bosque nativo, y se ordene la restitución de los fondos cobrados y percibidos por concepto de contribuciones improcedentes, con los debidos reajustes, intereses y costas.

Segundo: Que evacúa informe nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

Como antecedentes de hecho, expone que con fecha 25 de marzo de 2022 el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la VIII Dirección Regional Concepción emitió el Oficio Ordinario N°492022OFI73766, otorgando la exención del inciso octavo del artículo 35 de la Ley N°20.283, consignándose en dicho acto administrativo que la modificación definitiva del avalúo y/o contribución se efectuaría a través de una resolución posterior.

En efecto, relata que con fecha 17 de junio de 2022, se dictó la Resolución Exenta SII N°A08.2022.00016711 que modificó a partir del 1 de enero de 2021 el avalúo del bien raíz de autos, de $11.299.566.969.- a $4.852.077.905.-, consignando además que el nuevo monto de giro por impuesto territorial sería de $931.336.- semestral. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 23 de la Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial, se comunicó expresamente al recurrente que “La modificación de las contribuciones mencionadas se verán reflejadas en los roles de reemplazo/suplementario a publicarse el segundo semestre del año 2022 y en los correspondientes roles semestrales de contribuciones”, resolución que le fue notificada el 4 de julio de 2022 y no fue impugnada.

Acto seguido, hace presente que el proceso de emisión de roles de reemplazo y giros suplementarios se encuentra actualmente en curso, por lo que las contribuciones correspondientes al primer y segundo semestre del 2021 y las del primer semestre del año 2022, serán modificadas por los roles que se emitirán el mes de diciembre del año 2022, fecha que, a nivel central, se efectúa la actualización del sistema. Así las cosas, en el mes de diciembre 2022 serán eliminados los giros de contribuciones que figuran como “deuda morosa” en el certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República, y reemplazados por los roles de reemplazo que se emitirán en conformidad con lo señalado en la Resolución Exenta SII N°A08.2022.00016711. Respecto de la “deuda no vencida” que da cuenta el certificado de Tesorería General de la República, correspondiente a los giros de contribuciones rol semestral del segundo semestre, expresa que no será eliminada debido a que el giro del impuesto territorial se encuentra emitido conforme a la exención concedida por el Servicio.

Acto seguido, alega la extemporaneidad del recurso, la que funda en que el acto que se califica de ilegal y arbitrario sería “la no aplicación de la exención del artículo 13 del Decreto Ley N° 2.565 que sustituye el Decreto Ley N° 701 de 1974”. Sin embargo, asevera que la recurrente tomó conocimiento de la exención otorgada conforme a la ley N°20.283, aun cuando se solicitó formalmente acorde lo previsto en el artículo 13 del D.L. N°2.565, al ser notificada de la resolución dictada el 25 de marzo de 2022, y luego, a través de la notificación de la resolución emitida el 17 de junio de ese año, que modificó el avalúo y giro del impuesto territorial del inmueble materia del recurso, practicada el 4 de julio de ese año.

En consecuencia, estima que, a la fecha de interposición del recurso, esto es, al 19 de octubre de 2022, había transcurrido el plazo de 30 días previsto en el artículo 1 del Auto Acordado de la E. Corte Suprema del año 2015.

Luego, arguye que la acción cautelar no es la vía idónea para conocer el asunto sometido a conocimiento del tribunal, pues, en su opinión, lo solicitado por el recurrente constituye una materia que dice relación con la determinación y cobro del impuesto territorial, que en el presente caso se relaciona con el otorgamiento de la exención solicitada por el recurrente, habiendo previsto el legislador diversos procedimientos declarativos especiales para dichos fines, regulados en el Código Tributario y en la ley N°17.235, los que son declarativos y de lato conocimiento.

Previa relación de las normas que regulan las exenciones contenidas en el artículo 13 del D.L. 2.565 y aquélla del artículo 35 de la ley n°20.283, afirma que el Servicio no ha actuado en forma ilegal o arbitraria, puesto que conforme los antecedentes aportados por el recurrente, entendió que el beneficio solicitado era el de este último cuerpo legal, razón por la cual procedió a otorgar la exención respectiva mediante el Oficio referido, lo que no obsta a que pueda presentarse una nueva solicitud pidiendo el beneficio del artículo 13 del Decreto Ley n° 2.565, acompañando la resolución de la CONAF que certifique la superficie correspondiente a terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal, según ordena la Resolución N° 325/2020 emitida por dicho órgano.

Puntualiza respecto a los roles o cuotas de reemplazo, que éstos se emiten en procesos semestrales (los meses de junio y diciembre de cada año), y suponen modificaciones retroactivas de los avalúos fiscales que implican una disminución en las contribuciones sea por rebaja del avalúo, otorgamiento de exenciones u otras causas. Estas cuotas o giros de reemplazo eliminan el giro original y se convierten en cuotas definitivas, y en el evento que exista diferencias con las cuotas originales, el contribuyente debe concurrir a las oficinas de Tesorería General de la República a solicitar dicha devolución, generada por la diferencia entre las cuotas de remplazo y las cuotas normales, anteriormente giradas y pagadas.

Renglón seguido, concluye enfatizando que el Servicio no ha vulnerado los derechos constitucionales del actor consagrados en los números 2, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Respecto al primero, toda vez que se ha actuado de la misma forma en que se procedería en relación a otros contribuyentes que se pudieran encontrar en su misma situación; respecto al segundo, por cuanto no existen actos que restrinjan o perturben el derecho de la recurrente a desarrollar su actividad económica; y en cuanto al último, dado que no puede existir derecho de propiedad, respecto de beneficios tributarios, como lo es la exención, y además porque no se encuentra beneficiado con la exención del artículo 13 mencionado.

Tercero: Que, informando nombre reservado, en representación de Tesorería General de la República, solicita el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Refiere que el recurso es improcedente - respecto del Servicio de Tesorerías- por falta de legitimación pasiva, en atención a que el supuesto acto ilegal o arbitrario se relaciona con el artículo 13 del D.L. 2565, inciso 5°, precepto que establece expresamente que es el Servicio de Impuestos Internos el organismo encargado “con el sólo mérito del certificado que otorgue la Corporación”, de ordenar la inmediata exención del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas; norma que concuerda plenamente con lo previsto en el artículo 5 de la ley N°17.235. Añade que el propio informe del Servicio de Impuestos Internos señala que no corresponde eliminar las cuotas correspondientes al rol semestral del segundo semestre, debido a que el giro del impuesto territorial se encuentra conforme a la exención concedida por éste.

Asimismo, sostiene la improcedencia de la acción, por no ser la vía idónea, toda vez que el legislador estableció procedimientos especiales para el conocimiento y juzgamiento de tales materias, los que se encuentran regulados en el Código Tributario.

Finalmente, concluye señalando que, en su opinión, no existen elementos de convicción que permitan tener por acreditado la existencia de un acto arbitrario e ilegal que amague, altere o prive al recurrente del legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumeradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, en primer término, acerca de la extemporaneidad del recurso alegado el Servicio de Impuestos Internos, sostiene que la resolución que dio respuesta a la petición del contribuyente fue dictada el 25 de marzo de 2022, luego, la resolución recaída en esta comunicación fue emitida el 17 de junio de ese año, que modificó el avalúo y giro del impuesto territorial del inmueble materia del recurso, fue notificada el 4 de julio de ese año, por lo que el recurso fue interpuesto en forma extemporánea.

El recurrente sostuvo que tomó conocimiento de la actuación que impugna por esta vía, al solicitar y obtener el respectivo certificado de deuda, que acompaña a los autos, de fecha 21 de septiembre de 2022, en que figura una deuda por impuesto territorial, no obstante que dicho cobro no procede por encontrarse amparado por exención forestal.

Consta de la tramitación del presente recurso que fue presentado a esta corte con fecha 18 de octubre de 2022, es decir dentro de los treinta días siguientes a la fecha del certificado aludido. Sin que, por otro lado, se haya acompañado por el Servicio de Impuestos Internos antecedente que refrendare la notificación de la actuación aludida.

De esta manera, habiéndose presentado el recurso dentro de los treinta días de haber tomado conocimiento de la actuación que estima ilegal y arbitraria, se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por el Servicio de Impuestos Internos.

Sexto: El recurrente sostiene que el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República actúa en forma ilegal y arbitraria al efectuar el cobro de impuesto territorial del predio correspondiente a la Hacienda Polcura Lote Uno rol de avalúo 270-210, -que erróneamente identifica en algunas partes del recurso con rol 270-2010, no obstante que había obtenido certificado de CONAF que aprobó su solicitud sobre declaración de bosque nativo de dicho predio, y luego solicitado, conforme a este certificado, al Servicio de Impuestos Internos la exención de impuesto territorial, accediendo este servicio a la solicitud de la exención del mencionado impuesto.

Señala que la actuación de cobro en que incurre tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Tesorería, desde que esta última los está realizando, que dicha actuación es ilegal y arbitraria toda vez que la exención referida la realizó en conformidad al artículo 13 del D.L. 2565, afectando los derechos que menciona, los que se encuentran protegidos por esta acción constitucional, por lo que pide se dejen sin efecto el cobro de impuesto territorial del predio individualizado.

El Servicio de Impuestos Internos afirma que no ha actuado en forma ilegal o arbitraria, puesto que conforme los antecedentes aportados por el recurrente, entendió que el beneficio solicitado era el previsto en el artículo 35 de la Ley de este último cuerpo legal, razón por la cual procedió a otorgar la exención respectiva mediante el Oficio referido, Así las cosas, en el mes de diciembre 2022 serán eliminados los giros de contribuciones que figuran como “deuda morosa” en el certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República, y reemplazados por los roles de reemplazo que se emitirán en conformidad con lo señalado en la Resolución Exenta SII N° A08.2022.00016714. Respecto de la “deuda no vencida” que da cuenta el certificado de Tesorería General de la República, correspondiente a los giros de contribuciones del segundo semestre, expresa que no será eliminada debido a que el giro del impuesto territorial se encuentra emitido conforme a la exención concedida por el Servicio.

La Tesorería General de la República sostuvo la falta de legitimidad pasiva toda vez que, según previene el artículo 13 del D.L. 2565, inciso 5°, es el Servicio de Impuestos Internos el organismo encargado de ordenar la inmediata exención del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas; norma que concuerda plenamente con lo previsto en el artículo 5 de la ley N°17.235. Añade que el propio informe del Servicio de Impuestos Internos señala que no corresponde eliminar las cuotas correspondientes al segundo semestre. Así las cosas, no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de Tesorería que lesione los derechos del recurrente.

En cuanto a esta alegación, de los antecedentes de estos autos queda esclarecido que la actuación realizada por Tesorería General de la República en estos autos se acota a efectuar el cobro de impuestos, a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, sin mayor injerencia en la determinación del impuesto territorial que se reclama, limitándose a cumplir con su función propia de recaudadora, de tal manera que se acoge la alegación de carecer de legitimación pasiva.

Séptimo: Que la norma invocada por el recurrente como infringida es aquella prevista en el artículo 13 del DL 2565 del Ministerio de Agricultura, publicada en el diario oficial el 3 de abril de 1979, con sus modificaciones, la última mediante Ley 21210 publicada en el diario oficial el 24 de febrero de 2020, establece lo siguiente:

“Artículo 13.- Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal cuya superficie esté cubierta en a lo menos un 30% por bosque nativo, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas.

Asimismo, estarán exentos del impuesto los terrenos cubiertos con bosques de protección, entendiéndose por tales los ubicados en suelos frágiles con pendientes iguales o superiores a 45% y los próximos a fuentes, cursos o masas de agua destinados al resguardo de tales recursos hídricos. Estos últimos, podrán cubrir una franja equivalente al ancho máximo del cauce natural, la que no podrá exceder de 400 metros medidos desde el borde mismo.

Para hacer efectiva esta exención los propietarios de estos terrenos deberán solicitar la correspondiente declaración de bosque de protección, fundada en un estudio técnico elaborado por un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo, de acuerdo con las normas generales que establezca el reglamento. La corporación deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de 60 días contado desde su presentación. Si ésta no se pronunciare dentro del término indicado, la solicitud se entenderá aprobada.

Los terrenos, plantaciones y bosques a que se refieren los incisos anteriores son se considerarán para los efectos de la aplicación de la ley de Impuesto a la Herencias, asignaciones y Donaciones.

El Servicio de Impuestos Internos, con el sólo mérito del certificado que otorgue la Corporación, ordenará la inmediata exención de los impuestos señalados en este artículo, las que comenzarán a regir a contar de la fecha del respectivo certificado, salvo la exención del impuesto territorial, que regirá a contar del 1° de enero del año siguiente al de la certificación.

El Servicio de Impuestos internos estará facultado para dividir el rol de avalúo respectivo, si ello fuere procedente y necesario para el ordenamiento tributario”.

También se alude como norma aplicada al caso el artículo 35 de la Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008, en su inciso octavo y siguiente establece:

“Los bosques nativos de que trata esta ley estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no deberán ser considerados para efectos de la aplicación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones. Para hacer efectiva esta exención los propietarios de estos bosques nativos deberán solicitar la correspondiente declaración de bosque nativo, fundada en un estudio técnico elaborado por uno de los profesionales a que se refiere el inciso 7 de esta ley, de acuerdo con las normas que establezca el reglamento. La Corporación deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de sesenta días contado desde su presentación. Si ésta no se pronunciare dentro del término indicado, la solicitud se entenderá aprobada.

El Servicio de Impuestos Internos con el sólo mérito del certificado que otorgue la Corporación, ordenará la inmediata exención de los impuestos señalados en este artículo, la que comenzará a regir a contar de la fecha del respectivo certificado, salvo la exención del impuesto territorial, que regirá a contar del 1 de enero de año siguiente al de la certificación.

El servicio de Impuestos Internos estará facultado para dividir el rol de avalúo respectivo, si ello fuere procedente para el ordenamiento tributario.”

Relacionado a esta norma el artículo 2 de esta misma ley en el 3) define el Bosque nativo como aquél “formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que puedan tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”.

Del examen de la norma prevista en el artículo 13 del D.L. 2565, recién transcrita se advierte que efectivamente prevé la exención de impuesto territorial para predios que se encuentre en alguna de las dos hipótesis que detalla, aquellos que calificados con aptitud forestal y cuya superficie esté cubierta con al menos un 30% de bosque nativo, y, la segunda, en beneficio de bosques de protección, entendiendo por tales aquellos ubicados en suelos frágiles y con una pendiente igual o superior a 45% y próximos a fuentes o cursos de agua, entre otras características.

Esta misma ley establece de manera imperativa que el Servicio de Impuestos Internos con el sólo mérito del certificado que otorgue CONAF que constate que se trata de bosque de protección, ordenará la exención inmediata de impuestos que indica, salvo la exención de impuesto territorial que regirá a contar del 1° de enero de año siguiente de la certificación.

Por su parte la ley 20.283 también establece una exención tributaria en un procedimiento en que se requiere la declaración de bosque nativo por CONAF, que si bien se asemejan una y otra en cuanto a los fines de protección al bosque, no obstante difieren en cuanto al presupuesto sobre el cual discurren, así el D.L. 2565, en su texto vigente a la época de tramitación de la solicitud, la exención recae sobre un predio de aptitud forestal con una superficie cubierta con bosque nativo en a lo menos en un 30% de su superficie, mientras que la exención prevista en la Ley 20.283 recae en un bosque nativo.

Ahora bien, en cuanto a las normas aplicables, el recurrente sostiene que solicitó la exención de impuesto territorial fundado en las normas del DL. 2565, acompañando el respectivo certificado emitido por CONAF.

Sobre este punto coincide el Servicio de Impuestos Internos al indicar que “con fecha 27 de diciembre de 2021, - el contribuyente- solicitó mediante Formulario 2118 sobre “Solicitud de Modificación al catastro de Bienes Raíces Folio N°3386767, que se concediera la exención de impuesto territorial, acorde con lo dispuesto en el artículo 13, del Decreto Ley 2.565 de 1979, que sustituye el Decreto Ley 701 de 1974 (Exención a los predios de aptitud preferentemente forestal”.

De esta manera no cabe dudas que el contribuyente optó por beneficiarse de la exención prevista en la mencionada Ley, en consecuencia, al comunicar el Servicio, que dicha solicitud había sido aceptada no cabe sino entender razonablemente que se está refiriendo a este tipo de exención, por lo que no resulta aceptable que posteriormente, avanzado el proceso, sostenga que se trate de una exención diversa de la impetrada.

Octavo: Que los antecedentes presentados por la recurrente fueron:

a.- Resolución de CONAF de 24 de diciembre de 2021 Resol N°666/35-5/21 Ley 20.283 Sobre recuperación de bosque nativo y Fomento Forestal. Aprueba solicitud del predio Hacienda Polcura Lote Uno, rol de avalúo 270-210, comuna de Tucapel.

b.- Oficio del SII, de fecha 25 de marzo de 2022. Ordinario de VIII de la Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos Ord 492022 Ofi 73766 Ant F2118 N° 3386748 de fecha 27 de diciembre de 2021, Materia Revisión y solicitud de exención impuesto territorial inmueble rol avalúo 270-210, comuna de Tucapel.

Revisados los antecedentes tenidos a la vista se verificó que corresponde acceder a la solicitud respecto de aplicar código de exención de bosque nativo.

c.- Certificado de deuda de 21 de septiembre de 2022 emitido por Tesorería General de la República. A) morosa 30 de abril de 2022 $16.646.452, 30 de junio de 2022 $15.667228. B) No vencida 30 de septiembre de 2022 $498.731, 30 de noviembre de 2022 $498.731.

Documentos acompañados por Tesorería General de la República d.- Certificado de deuda actualizada del inmueble al 14-2-2023, indica que el inmueble registra: Total Deuda Liquidada Morosa CLP RUT reservado

Total, Deuda No vencida Liquidada Acogidos ART 196 Y 197 DEL C.T.

Deuda Morosa (CLP)

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interes Multa Total 30 30 2090270322 30-sep-2022 449.946 17.548 35.062 0 502.556 30 30 2090270422 30-nov-2022 449.946 8.099 20.612 0 478.657 30 30 2090270621 31-dic-2022 899.891 11.699 27.348 0 938.938 30 30 2090270622 31-dic-2022 899.891 11.699 27.348 0 938.938 30 30 2090270721 31-dic-2022 899.891 11.699 27.348 0 938.938 Total Deuda Morosa (CLP) RUT reservado 60.744 137.718 0 RUT reservado

El Servicio de Impuestos internos acompañó:

e.- Certificado de deuda de Tesorería General de la República de fecha 21/09/2022, indica deuda morosa, cuotas abril, junio septiembre, noviembre 2021, abril y junio 2022 morosa, y no moroso septiembre y noviembre de 2022.

f.- Solicitud de Modificación de catastro de bienes raíces g.- Resolución Exenta A08.2022.00016711 de fecha 17 de junio de 2022. Que modificó el avalúo del bien raíz de $11.299.566.969 a $4.852.077.905. La emisión de los giros de reemplazo $931.336 semestral. (ii) columna descargo de los giros efectuados en cumplimiento de la Resolución h.- página que indica Rol semestral de contribuciones de bienes raíces correspondiente al segundo semestre del año 2022, para el lote, avalúo total, avalúo exento y determina una cuota trimestral de $449946.- Noveno: Que conforme a los consta antecedentes reseñados son hechos asentados los siguientes:

a.- Que la recurrente, con fecha 21 de diciembre de 2021 solicitó y obtuvo la aprobación de CONAF según la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y forestales del predio Hacienda Polcura Lote Uno, rol de valúo 270-210, comuna de Tucapel.

b.- Que con fecha 25 de marzo de 2022 el Servicio de Impuestos Internos accedió a la solicitud de exención de impuesto territorial del inmueble individualizado rol de avalúo 270-210, respecto de aplicar código de exención forestal por concepto de bosque nativo.

c.- Que posteriormente, 21 de septiembre de 2022 el contribuyente obtuvo un certificado de deuda emanado de Tesorería General de la República donde registra deuda por contribuciones en relación con el predio indicado, una deuda morosa de abril y junio de 2022 por las sumas de $16.646.452 y $15.667.228, y deuda no vencida al 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2022, por las sumas de $498.731 cada una de éstas.

Décimo: Que conforme a los hechos asentados el contribuyente solicitó al Servicio de Impuestos Internos la exención del cobro de impuesto territorial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del DL 2565, acompañando el respectivo certificado de CONAF requerido por esta norma para tener derecho a esta exención, de tal forma que necesariamente el pronunciamiento del Servicio debía recaer respecto de esta solicitud.

Ahora bien, no obstante el oficio de este mismo Servicio accediendo a la mencionada solicitud, con posterioridad la Tesorería General de la República, a instancias del Servicio de Impuestos Internos, efectúa cobro del impuesto territorial, en relación al predio identificado como Hacienda Polcura Lote Uno , comuna de Tucapel, rol de avalúo 270-210, actuación que carece de sustento legal, desde que Inversiones Don nombre reservado se encontraba exento del pago de aquél impuesto por haber obtenido certificado de CONAF de declaración de bosque nativo el año 2021 y presentado la respectiva solicitud de exención al Servicio.

De igual manera, la decisión del Servicio de Impuestos Internos, de inaplicar la exención tributaria, carece de sentido y razón, en tanto la contribuyente había cumplido con el requisito previsto en el artículo 13 del DL 2565, de contar con el certificado de CONAF de tratarse de un bosque nativo, único requisito que lo habilitaba para quedar exento del impuesto territorial, haciéndose más evidente la sinrazón de estos actos, toda vez que el mismo Servicio de Impuestos Internos, teniendo a la vista estos antecedentes, había accedido a la solicitud de aplicar código de exención forestal por concepto de bosque nativo.

Undécimo: Que, establecido la existencia de actos ilegales y arbitrarios imputable al servicio recurrido, corresponde determinar si de aquellos se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por la presente acción.

Duodécimo: Que la constatación de este presupuesto del recurso también resulta evidente y se confirma con el propio razonamiento que hacen las recurridas en sus informes.

En efecto, la conducta del Servicio recurrido claramente conlleva la vulneración o amenaza de los derechos previstos en el artículo 19 n°2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República. Desde luego, el trato igualitario que deben prodigar los órganos del Estado a todas las personas se ve amagado, toda vez que lo razonable es que otras personas que se encuentren en la hipótesis prevista en la norma legal, obtengan la exención del impuesto territorial que se ha venido tratando. Asimismo, se ve amenazada la garantía al ejercicio de una actividad económica, al someterla a una carga mayor a la que le corresponde de acuerdo con la ley, colocándola en una situación de desventaja frente a otras empresas similares. Finalmente, también se ve afectado el derecho de propiedad desde que se la priva del reconocimiento de un derecho a gozar de la exención tributaria que establece la ley.

Décimo Tercero: De esta manera, habiéndose establecido que el Servicio de Impuestos Internos determinó una deuda por concepto de impuesto territorial en relación con el predio ya individualizado en autos, desatendiendo la exención tributaria, a que tenía derecho la recurrente, aquella conducta constituye una actuación ilegal y arbitraria, que ha afectado los derechos de éste, por lo que procede acoger la presente Acción Constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la presente Acción Constitucional de Protección presentado por Arturo Yuseff Rivers, abogado, en representación de Inversiones don nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, dejando sin efecto todos los actos administrativos de cobro de impuesto territorial del inmueble Hacienda Polcura Lote Uno, de la comuna de Tucapel, rol de avalúo 270-210, dictados por este Servicio a contar del 25 de marzo de 2022, retrotrayendo la tramitación al estado que este órgano estatal de curso a la solicitud de exención de impuesto territorial de este predio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del D.L. 2565, produciendo los efectos jurídicos de los actos que se dicten a contar del 1 de enero de 2022.

Redactó el ministro suplente Carlos Escobar Salazar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 112264-2022 Protección No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones como Ministra Suplente.