nombre reservado con AFP HABITAT S.A

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a reconocer como válida la documentación acompañada en la solicitud de la recurrente, y realizar un nuevo pronunciamiento, en un plazo de cinco días, o el que determine esta magistratura.

Relata que el actor es de nacionalidad venezolana y mediante el portal web respectivo, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Refiere que el 30 de abril de 2025, mediante correo electrónico, fue informada por la Administradora de Fondos del rechazo de su solicitud, lo que se fundó en que la constancia de afiliación emitida el 14 de febrero del año 2024 se encuentra vencido y no cuenta con apostilla, lo que deviene en una conducta arbitraria e ilegal, por cuanto se debe a una mala interpretación legal que desatiende su finalidad, para que los extranjeros puedan disponer de sus fondos de previsión.

Manifiesta que frente al rechazo de la recurrida, la actora se encuentra en una imposibilidad técnica y material de adquirir dicho certificado actualizado, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos, lo que constituye una causal de fuerza mayor, y un hecho público y notorio.

Hace presente que, sin perjuicio de lo anterior, el documento presentado fue emitido en su momento por la representación consular venezolana, y a pesar de no encontrarse vigente, lo que otorga plena validez al documento acompañado en los términos señalados por el articulo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

Precisa que la actuación de la recurrida deviene en arbitraria por ser exceso formalista, máxime cuando la recurrente ya había realizado retiros de fondos previos con dicha documentación y su afiliación en sistema previsional de origen ya había sido verificada.

Detalla que el documento obtenido en su oportunidad cuenta con un código único que puede ser verificado en línea, accediendo al portal web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pudiendo la recurrida constatar de este modo la real afiliación y cobertura de la actora en un sistema previsional extranjero, siendo un sitio oficial, bastando con ingresar el código de verificación en la plataforma informática para constatarlo.

Arguye que si se tiene presente lo dispuesto en el artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en relación con los documentos requeridos para que se dé curso a la solicitud de retiro de fondos, la recurrente acompañó su contrato de trabajo, anexo respectivo, su título profesional y el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dando íntegro cumplimiento a los requisitos legales, por lo que no se justifica la obstaculización al proceso que realiza la recurrida, especialmente considerando que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, además, de desatender lo señalado por la Superintendencia de Pensiones quien ha dado instrucción de tener como validado el documento presentado.

Por estas consideraciones, pide en definitiva a esta Corte que se ordene a la recurrida a reconocer como válida la documentación acompañada en la solicitud de la recurrente, y realizar un nuevo pronunciamiento, en un plazo de cinco días, o el que determine esta magistratura;

SEGUNDO: Que, informa doña Jimena Holtheuer Vergara, abogada, en representación de AFP HÁBITAT S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Sostiene, en primer término, que el recurso de protección de autos debe ser rechazado, por cuanto, además de no cumplir con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, el recurrente no ha sufrido un acto arbitrario o ilegal que vulnere sus derechos, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar.

Refiere que el actor se afilió al sistema de pensiones el 1 de marzo de 2018, y a AFP Hábitat S.A. el 1 de marzo de 2025, y que el 21 de abril de 2025 solicitó, cumpliendo con los requisitos legales, la devolución de las cotizaciones efectuadas por su empleador, lo que no fue autorizado.

Precisa que ante el rechazo de su petición, se basó en que “… el Certificado emitido por la Embajada de Venezuela en Chile presentado para acreditar la cobertura previsional en el IVSS, se encuentra vencido, han transcurrido más de 120 días entre su emisión en febrero de 2024 y la fecha en que se hace valer en esta Administradora. También se acompaña constancia electrónica obtenida de la pagina web del Instituto de los Seguros Sociales de Venezuela - IVSS – sin apostillar. Debe acompañarse documentación original a esta fecha debidamente apostillada.”

Detalla que posteriormente, acompañó documentos nuevos, siendo rechazada por los mismos fundamentos, en tanto no se acreditó la doble cobertura previsional mediante documentación vigente, fehaciente y coetánea a las cotizaciones que solicita le sean devueltas.

Fundamenta finalmente que la Ley N°18.156 constituye una norma especial y de excepción, por lo que debe ser interpretada restrictivamente, aplicándose de manera estricta a los casos descritos y en los supuestos de hecho establecidos en la ley, por lo que afirma la recurrida que no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, sino que ha dado cumplimiento a la ley, y por estas consideraciones, solicita en definitiva el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjero de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la afiliada no acreditó documentalmente que se encuentra afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En efecto, la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1 de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) Que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte. b) Que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, la norma específica que esta exención no incluye los riesgos cubiertos por la Ley N° 16.744. Por otro lado, el artículo 7 de la misma legislación permite a los trabajadores extranjeros que hayan realizado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos acumulados, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1, ya mencionado;

SEXTO: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, debe considerarse que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, a través del Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones a reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por los oficios números 24.272, 28.458 y 1.610, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156. Dicha normativa prevé la devolución de fondos en caso de que el trabajador haya cotizado tanto en Chile como en su país de origen, evitando así una doble cotización. Sin embargo, para acceder a este beneficio, se exige el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la ley;

SÉPTIMO: Que, lo anterior no supone que la negativa de devolución de fondos previsionales en aquellos casos en que no se cumpla con los requisitos legales implique la pérdida de estos fondos, ya que tal como expresaron ambas partes y no resultó controvertido, la actora pudo realizar retiros de fondos previsionales al haber cumplido con las exigencias y documentación respectiva.

Luego, y teniendo presente esta situación, lo que debe determinar esta magistratura es si la recurrente ha cumplido o no con los requisitos para que se dé curso a su solicitud, concluyendo esta Corte que con el mérito de los antecedentes puestos en conocimiento de esta magistratura, es posible concluir que la documentación aportada por la recurrente no cumple con las exigencias para que se apruebe su solicitud, ya que la existencia de un documento no vigente o la posibilidad de que la actora pueda contar con un instrumento vía web, no la eximen del cumplimiento de la normativa vigente para que su pretensión resulte satisfecha;

Luego, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de la recurrida, quien ha ajustado su conducta a la normativa que regula la materia;

OCTAVO: Que, en otro orden de ideas, es menester también señalar que como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que pretende la actora es que se establezca a su favor un derecho a retirar nuevamente otra parte de sus fondos de pensión, lo que no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional -cumplimiento o no de las exigencias del artículo 1 de la referida ley-, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -administrativo o judicial-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Con todo, el objeto de la ley es el retiro de fondos para que el afiliado pueda complementar sus fondos en el país en dónde está afiliado, pero en este caso, la recurrente no ha regresado a su país de origen, alejándose de la razón para tal retiro.

NOVENO: Que, conforme con lo razonado precedentemente, y no advirtiéndose en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, la presente acción cautelar será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad.

Protección 11.224-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.