nombre reservado con DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

14 Santiago, trece de enero del año dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°112.131-2016 comparece, a fs.34, don Felipe Ignacio Hazbún Marín, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Américo nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Jannina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que cumplen funciones en el Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, y para estos efectos del mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en favor de los 23 funcionarios individualizados, contra la Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Público representado por su Director General Sr. Víctor Villalobos Collao, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el traslado que de estos funcionarios ha ordenado dicha autoridad, acto que se ha materializado en las Resoluciones Exentas N°4934 y N°4936, ambas de fecha 22 de septiembre de 2016.

Afirma que el traslado de los funcionarios, dispuesto por la señalada autoridad es arbitrario, porque no se sustenta en razones de buen servicio y obedece a una motivación política, accediendo a la solicitud que en tal sentido formulara la nombre reservado de Pascua Sra. Melania Carolina HotuHey, como represalia y sanción ante las legítimas movilizaciones llevadas a cabo por los funcionarios en el mes de diciembre de 2015, oportunidad en que los funcionarios del Aeropuerto Mataveri paralizaron totalmente sus actividades en demanda de las peticiones formuladas a nivel nacional por la generalidad de los funcionarios civiles del Servicio. Además, no existe razón técnica ni presupuestaria que avale la determinación, y se trata de una decisión drástica, que altera de manera sustancial la vida personal y familiar de los funcionarios. El actuar de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales, en particular la de Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, por el hecho de ser víctimas de un trato discriminatorio y contrario a derecho por parte de la autoridad. De igual forma, se vulnera su garantía constitucional de integridad psíquica, pues la decisión perturba su tranquilidad emocional y psicológica a partir de las gravosas consecuencias que el traslado les genera, al tener que modificar en forma drástica y onerosa su actual situación familiar, pues se trata de funcionarios con arraigo cultural en la zona, habiendo otros que se han establecido junto a sus grupos familiares, adquiriendo inmuebles y enseres, por lo que verse enfrentados a un traslado contrario a su voluntad, les afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución.

Por lo anterior, solicita la intervención del Poder Judicial para que estos derechos sean restablecidos.

2°) Que, en cuanto a los hechos, explica que en diciembre del año 2015 hubo una paralización de actividades de los funcionarios civiles de la Dirección General de Aeronáutica Civil, medida que se adoptó ante la negativa de las autoridades gubernamentales de responder los requerimientos de los funcionarios civiles del Servicio, que durante años han sido postergados en la solución de sus problemas previsionales. Entre las unidades que se plegaron a la movilización estuvo el Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, que paralizó totalmente sus actividades por aproximadamente 48 horas. Dentro de los funcionarios de esta unidad, se encuentra el Sr. nombre reservado, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC.

Terminado el conflicto, la nombre reservado de Pascua, Sra. Melania Carolina HotuHey, envió el Ord N°734 de 23 de diciembre de 2015 al Ministro de Defensa Nacional, en el que pide que, ante lo ocurrido, se adopten las siguientes medidas para el personal de la DGAC en Isla de Pascua:

-Destinación de los funcionarios por un lapso no superior a dos años; y -Que se destine personal que no tenga la calidad de dirigente sindical.

La misma autoridad solicita que en forma inmediata se traslade a los funcionarios que se desempeñan en el Aeropuerto Mataveri, con excepción de quienes tengan arraigo en la provincia por pertenecer a la etnia o porque tienen vínculos legales, de tipo familiar, con la etnia pascuense. En su oficio, la Gobernadora cuestiona la designación como Jefe Subrogante del Aeropuerto del funcionario que tiene calidad de dirigente sindical y que lideró la movilización.

Dice estar frente a una intromisión de naturaleza política en la Administración Pública, agregando que el 20 de agosto de 2016 se llevó a cabo una reunión entre el Ministro de Defensa, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y la nombre reservado de Pascua, en la que se trató esta materia. Como consecuencia de la reunión, el Director General de la DGAC, acogiendo lo solicitado por la Gobernadora, emite la Resolución Exenta N°4934 de 22 de septiembre de 2016, la que en su parte resolutiva dispone la destinación o reasignación, según sea la naturaleza jurídica de su vínculo estatutario (de planta o a contrata), de los funcionarios que allí se individualizan, a contar del 1 de marzo de 2017. Dentro de los funcionarios contemplados en esta resolución, figuran diez del Aeropuerto Mataveri, ocho de los cuales son recurrentes en la presente acción de protección:

- nombre reservado;

- nombre reservado;

- nombre reservado;

- nombre reservado;

- nombre reservado;

- nombre reservado;

- nombre reservado; y - nombre reservado.

Denuncia que en dicha Resolución no se expresa ninguna fundamentación sustentada en razones de buen servicio que permita entender la motivación de la autoridad para ordenar el traslado de los funcionarios. En concreto, no existe justificación técnica ni lógica en que se sostenga la decisión, por lo que no es posible afirmar que obedece a razones de buen servicio, pues los funcionarios se desempeñan de manera eficiente en la unidad, lo mismo tratándose de los funcionarios de otras unidades cuyo traslado se ha dispuesto. No se está frente a un caso de traslados específicos, que tengan motivos claros, destinados a mejorar las labores que se deben desarrollar o dotar de mayor eficiencia a las mismas, sino frente a traslados dispuestos en forma arbitraria, sin justificación, motivados por razones políticas, cuya causa son las movilizaciones y paralización de actividades desarrolladas en diciembre de 2015.

3°) Que el recurso añade que el Director General de la DGAC emitió también la Resolución Exenta N°4936 de igual fecha, en la que dispone el traslado de otros 36 funcionarios del Aeropuerto Mataveri, a contar del 1° de marzo de los años 2018 y 2019. Dentro de estos funcionarios, figuran los otros 15 recurrentes:

- nombre reservado;

- nombre reservado;

-nombre reservado;

- nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-Jannina nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado;

-nombre reservado; y -nombre reservado.

Recalca que el traslado de los funcionarios no tiene justificación desde la perspectiva del Servicio, de su eficiencia y la calidad de los mismos. La autoridad no busca el interés general o del Servicio, sino que incorpora a estos funcionarios a su plan de destinación ante la solicitud de la autoridad política de la nombre reservado de Pascua. Hace presente que se trata de funcionarios con excelente desempeño, todos bien calificados, y especialistas en los cargos y labores que ejercen. La rotación que pretende implementar la autoridad carece de sustento lógico y se aleja del criterio con que debe actuar todo Jefe de Servicio, en cuanto procurar siempre la mejor prestación de los servicios, gestionando de forma ecuánime, prudente y eficiente los recursos humanos y financieros de que dispone. Y esto es relevante, porque el plan de destinación además de generar consecuencias negativas para los funcionarios, producirá consecuencias negativas para el Servicio, pues se gastará tiempo en la readecuación que cada funcionario deberá asumir en su nueva unidad, la adaptación al nuevo puesto y grupo de trabajo, e implica gastos para la institución por concepto de pasajes, fletes y asignación por cambio de residencia en el caso de los funcionarios de planta. Destaca que en el caso de los funcionarios a contrata, los gastos que implique su traslado los deben solventar ellos, lo que agrava su situación y los deja en un plano más desventajoso.

Para ilustrar la realidad de los recurrentes, incorpora un cuadro con la situación personal y familiar de cada uno, agregando que se trata de funcionarios con diversas realidades, muchos de ellos con varios años en la Isla, con familia de etnia Rapa Nui, desarrollando además otro tipo de actividades laborales, por lo que el traslado les genera un perjuicio no sólo económico, sino también moral, al quebrar, sin justificación su proyecto de vida personal y familiar.

Sería positivo que la autoridad pudiera explicar por qué son necesarios los traslados, cuál es el interés general o particular del Servicio que se busca asegurar y que justifica el daño económico y moral que se genera a los funcionarios con el traslado, considerando que sus puestos de trabajo serán ocupados por funcionarios de idéntica especialidad, y que no hay razones de desempeño para que sean destinados a otras unidades, a lo que se suman los gastos en que deberá incurrir el Servicio para concretar la determinación.

4°) Que, en cuanto al derecho, expresa que la decisión de la autoridad de la DGAC configura el típico caso de desviación de poder, en que una autoridad pública ejerce sus facultades discrecionales referentes a la organización y buena marcha del Servicio, con un fin distinto al previsto por el legislador. La autoridad no pretende generar una mejor prestación de los Servicios de los funcionarios civiles de la DGAC, ni tampoco una mejor organización de sus recursos humanos, sino que lo que hace es acceder a la petición de la nombre reservado de Pascua, a modo de represalia y sanción, remover de sus funciones en la Isla a los funcionarios que participaron de las citadas movilizaciones.

Luego explica el concepto de desviación de poder, agregando que en el presente caso no existe fundamentación de por qué es positivo para los fines del Servicio trasladar a estos funcionarios, menos si se trata de funcionarios con buen desempeño, que cumplen a cabalidad sus labores, que son especialistas en su área de trabajo, y que serían reemplazados por otros funcionarios que cumplirían las mismas funciones, que deberán pasar por un proceso de adaptación a la nueva Unidad, lo que trastoca la prestación de aquella. Ni siquiera es un proceso de reestructuración, en que sean necesarios nuevos funcionarios, con otras competencias o especialidades, sino que se trata de sacar funcionarios de determinada Unidad para ubicarlos en otras, pero sin fundamento técnico.

A ello se suma el hecho que para ejecutar los traslados, el Servicio debe incurrir en gastos innecesarios, alejándose de la política de austeridad que se aplica en los servicios públicos.

5°) Que el recurrente explica que siendo cinco los elementos que conforman un acto administrativo, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad del acto administrativo en relación a cualquiera de ellos.

En este caso, la ilegalidad se configura en relación al fin del acto, lo que constituye un vicio que lo hace susceptible de anulación, siendo además un acto arbitrario. Igualmente es posible cuestionar la razonabilidad del acto, pues no existe motivo lógico y razonable que justifique la adopción de la medida, no siendo el simple capricho de la autoridad una razón que el ordenamiento jurídico tolere.

Denuncia que las resoluciones no satisfacen las exigencias del artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880, ni el artículo 41 del mismo cuerpo normativo, en cuanto las resoluciones deben ser fundadas, ya que las resoluciones no indican cuáles son los hechos en que se sustentan, y lo único que se señala es que “la destinación de los funcionarios obedece a razones de interés institucional, y tiene como propósito fundamental, la distribución de los funcionarios de acuerdo a las necesidades que presenta la organización.” Es una consideración genérica que no satisface la exigencia de la norma, pues no queda claro cuáles son las razones de interés institucional, ni cuál es el interés institucional que se busca resguardar, ni se expresan las necesidades que presenta la organización que justifican la medida.

6°) Que el recurso añade que el actuar de la autoridad implica para los recurrentes un trato discriminatorio, pues han sido objeto de una diferenciación o distinción contraria a un proceso normal de análisis intelectual, carente de justificación racional o razonable, siendo víctimas de un acto administrativo contrario a derecho, con lo que se les ha lesionado su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Afirma que la decisión ha implicado una perturbación mental para los funcionarios y sus grupos familiares, que ven amenazada su estabilidad y sus proyectos de vida, con lo que también se ve conculcada, o al menos amenazada, su integridad psíquica, derecho consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental.

Pide, por último, acoger el recurso de protección y declarar:

-Que la decisión de la autoridad de la Dirección General de Aero náutica Civil de trasladar a los funcionarios constituye un acto arbitrario e ilegal, que ha vulnerados las garantías constitucionales de los números 1 y 2 de la Constitución Política.

-Que procede dejar sin efecto las resoluciones exentas números 4934 y 4936 de 22 de septiembre de 2016.

-Que los traslados dispuestos por autoridad no surtirán efecto. Y -Que se condena en costas al recurrido.

7°) Que, mediante la presentación de fs.87, don Víctor Villalobos Collao, General de Brigada Aérea (A), Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil evacua el informe requerido, solicitando que se rechace el recurso, con costas.

Expone que el libelo ha sido deducido contra la Dirección General de Aeronáutica Civil, representada por el informante, por 23 funcionarios que prestan servicios en el Aeropuerto Mataveri de la Isla de Pascua, por haber emitido dos resoluciones que disponen la destinación o reasignación, según sea la condición contractual del personal -planta o contrata-, a un total de 76 funcionarios desde la unidad actual a otra de destino.

El primer acto administrativo es la Resolución Exenta N°04934, de 22 de septiembre de 2016, que dispuso la destinación o reasignación de distintas unidades del país de 40 funcionarios, a contar del 1 de marzo de 2017, a las unidades de destino que en cada caso se señala, 10 de los cuales prestan servicios actualmente en Isla de Pascua; contra este acto recurren 8 de ellos.

El segundo acto administrativo es la Resolución Exenta N°04936 de igual fecha, que comprende la destinación o reasignación de 36 empleados desde el Ap. Mataveri, a contar del 1 de marzo de 2018 (17 casos) y 1 de marzo de 2019 (19 casos), a unidades de destino por definir. De esta medida recurren 15 funcionarios.

Luego, sintetiza los argumentos de la parte recurrente.

8°) Que el informe formula las siguientes precisiones en cuanto al fondo del problema planteado.

Para claridad del asunto hace una relación cronológica de los hechos, que permitan situarse en el contexto en que se emitieron los actos recurridos.

En primer término, señala que la elaboración del Plan de Destinaciones para el año 2017, al igual que los años anteriores, ha tenido como propósito hacer uso eficiente de los recursos humanos y financieros de la institución.

El Plan de Destinaciones se inserta en una Política de Recursos Humanos dispuesta en diciembre de 2015, a poco de asumir como Director General, que reitera los lineamientos en materia de destinaciones de administraciones anteriores, y que fuera difundida como idea en todas y cada una de las unidades del país que visitara, no encontrando crítica alguna a su formulación (Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas, Isla de Pascua, Santiago, Asociaciones y los diferentes Colegios Técnicos y Profesionales).

El primer producto emanado de esta política fue un instructivo que entregó las disposiciones para la formulación y ejecución del Plan de Destinaciones 2017, consultado en Of. (O) N°12/456/2389, emitido el 2 de mayo de 2016, de cuya lectura se desprende como una aplicación y mejora de los instructivos de años anteriores (Of. (O) N°12/0/PL/53/0241 de 11 de enero de 2013; Of. (O) N°12/0/PL/378/1507 de 7 de marzo de 2014, y Of. N°12/233/0485 de 26 de enero de 2015), publicado en la Intranet institucional. Este documento contiene las consideraciones, instrucciones y plazos definidos para la formulación y materialización del Plan en comento para el personal de planta de la Institución.

Puntualiza que para el Plan de Destinaciones 2016, formulado en enero de 2015, se concibió que los funcionarios que tuvieren 5 o más años de permanencia en unidades como el Aeropuerto Mateveri, serían evaluados para un eventual traslado futuro, agregándose en el siguiente Plan de Destinaciones 2017, difundido en el mes de mayo de 2016, que los movimientos de funcionarios hacia la Isla de Pascua se materializarían a través de procesos de selección, como medida de transparencia y sana administración de personal, determinaciones publicitadas en el sistema intranet institucional.

Destaca que los criterios de selección objetivos se encuentran enunciados y desarrollados, al igual que en años anteriores, en el Instructivo sobre consideraciones y plazos definidos para la formulación y materialización del Plan de Destinaciones del año 2017. En el análisis de las solicitudes de traslado recibidas por el Departamento de Recursos Humanos, también se consideró la situación actual de cada unidad en términos de dotación, jerarquía de los funcionarios propuestos, complejidad y áreas críticas, entre otros factores, en conjunto con las directrices que imparte la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Añade que para comprometer la participación de diversos canales institucionales y la difusión de este trabajo, en reunión sostenida con la Asociación Nacional de Funcionarios D.G.A.C. el día 1 de septiembre de 2016, el informante dio a conocer los antecedentes y lineamientos generales del Plan de Destinaciones 2017, en especial el Plan específico para el Aeropuerto de Mataveri, en que se consideró que los movimientos que involucraran traslados de funcionarios se efectuarían a través de procesos de selección, los que se impulsaron, hallándose ya concluidos.

Tal como planteara en su visita a las unidades del país -incluida la Isla de Pascua-, se elaboró un Plan específico para renovar al personal de esa unidad en un plazo de tres años. En este documento se plasmó la voluntad de actuar en términos transparentes frente al personal, formulando un mecanismo abierto amplio, justo y equitativo, conforme al cual el mayor número de funcionarios pudieran acceder a la oportunidad de servir en algún momento de su carrera y trayectoria funcionaria en la Isla de Pascua. En este sentido, se determinó una cantidad de funcionarios no etnia Rapanui, a destinar desde ese territorio insular por los años 2017, 2018 y 2019, clasificándolos en forma estricta y objetiva por su tiempo de permanencia en la Isla de Pascua, lo que ha sido apoyado a nivel nacional.

9°) Que el informe agrega que para el año 2017 fueron diez los funcionarios nominados para ser destinados al continente, de los cuales uno es dirigente sindical (nombre reservado), quien fue reelegido en la última elección llevada a cabo, calidad y fuero sindical que será respetado como corresponde. Reflejo de ello lo constituye la decisión de dejar sin efecto su destinación desde el Ap. Mataveri, voluntad que se contiene en Resolución N°5373 de 17 de octubre de 2016. De igual forma se dejó sin efecto la destinación desde el Ap. Mataveri para el período 2018 del señor nombre reservado, dada su pertenencia a la etnia Rapa Nui, según consta en Resolución N°5372 de 17 de octubre de 2016.

Atendidos los puestos vacantes a generarse a contar del 2017 y no obstante no exigirlo el Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), la DGAC dispuso, como buena práctica, la realización de un concurso, proceso de selección que dados los importantes ingresos que significa para los empleados su traslado a la Isla de Pascua, solo permitió la participación de personal con remuneración equivalente al estamento saliente, situación que no implica un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, o dictado sólo por la voluntad o el capricho de la autoridad, sino que se encuentra fundado en la necesidad de no aumentar el gasto en este mismo rubro, criterio que guarda armonía con la jurisprudencia administrativa existente.

Con el propósito que los funcionarios puedan organizar y preparar con una antelación razonable su salida de la Isla de Pascua, se siguió con el orden de precedencia para los años 2018 y 2019, habiéndose programado la destinación o reasignación desde la Isla de Pascua de 17 funcionarios durante la primera anualidad y de 19 empleados para el segundo período.

10°) Que el informe rechaza la acusación de que las medidas vinculadas a las destinaciones del personal habrían obedecido a presiones políticas, toda vez que de la relación cronológica hecha queda de manifiesto que el Plan de Destinaciones de la DGAC constituye una materia que se ha ido diseñando con antelación por varias administraciones, aportando cada una de ellas diversos criterios conforme a su sano juicio, correspondiendo al Director General la materialización de esta política. Ejemplo de lo anterior lo representa uno de los acápites del Plan de Destinaciones 2016 (Of. N°12/233/0485 de 26 de enero de 2015), que consulta evaluación para traslado de aquel personal destacado, entre otras unidades en el Ap. Mataveri, y que registren 5 o más años de permanencia, documento conocido por todos los funcionarios DGAC, siendo fácil entender que la destinación tiene un inicio y término, lo cual compete evaluar a la autoridad aeronáutica.

Precisa que los recurrentes olvidan la invariable y recurrente jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que reconoce a los Jefes de Servicio la atribución privativa de ordenar las destinaciones del personal de su dependencia, decidiendo discrecionalmente cómo distribuir y ubicar a los servidores de su dependencia, según lo requieran las necesidades del órgano público de que se trate, con la limitación que las nuevas funciones que deba cumplir el empleado sean las propias del cargo para el cual fue nombrado y sin que ello signifique arbitrariedad.

Así, añade, los movimientos de personal desde el Ap. Mataveri no corresponden a presiones políticas de las autoridades de esa localidad, sino al propósito de ser coherente con las políticas de Estado respecto a las etnias originarias y, en aras de la equidad, permitir la renovación del personal con una permanencia prolongada (de 8 a 28 años de estadía), dando la oportunidad a otros funcionarios de la misma especialidad para desempeñarse en esa Unidad para enfrentar un excepcional desafío técnico y profesional, conciliando la optimización de los recursos humanos, el bienestar de los funcionarios y el buen funcionamiento del servicio.

En consecuencia, el actuar del Director General ha sido autónomo y transparente, persiguiendo conciliar la optimización de los recursos humanos con el bienestar de todos los funcionarios de la DGAC y sus familias.

11°) Que, en relación con las garantías constitucionales que los recurrentes estiman vulneradas, manifiesta que según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, quien recurre de protección debe proporcionar pormenorizadamente los elementos de juicio y antecedentes que demuestren cómo se ha producido la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que estima vulneradas.

No obstante, de la lectura del recurso no se advierte cómo la actuación de la Superioridad, al emitir las Resoluciones N°s. 04934 y 04936, podría significar privación, perturbación o amenaza de las garantías consagradas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Carta Política, por cuanto los recurrente se limitan a afirmar, sin fundamento ni explicación, que los actos impugnados les habrían perturbado esas garantías.

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la garantía contemplada en el número 1 (integridad psíquica), indica que no se aprecia de qué forma el pronunciamiento impugnado pudo haberla transgredido, por cuanto la Dirección General se limitó, en el marco de sus prerrogativas, a ejercer una atribución que el ordenamiento legal reconoce a todos los jefes de servicio en el ámbito de la gestión y administración del organismo público de que se trate, misma facultad que se ejerció a su turno para disponer la destinación o traslado de los recurrentes a la Isla de Pascua, sin que se recuerde que tal decisión les hubiere causado en ese preciso instante trastornos mayores.

12°) Que, en cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, indica que la aplicación de la preceptiva legal que se ha ejercido persigue, entre otros, asegurar a la generalidad del funcionario aeronáutico la posibilidad de acceder en algún momento de su carrera y trayectoria funcionaria a desempeñar funciones en dicho territorio insular, generando con el Plan de Destinaciones en curso -que según se ha relatado en párrafos anteriores consulta para el Ap. Mataveri un tiempo máximo de permanencia de 5 años-, un marco y ambiente laboral que tienda a la igualdad de trato del personal, no perpetúe diferencias arbitrarias en pro de unos y en desmedro de otros y despeje toda duda acerca de la existencia de grupos privilegiados al interior de la organización. En este orden de consideraciones la Contraloría General de la República (Dictamen N°12627/2010) ha puntualizado que el hecho de prestar funciones en una zona específica no puede considerarse una situación definitiva dentro de la carrera de un servidor público. De consiguiente, el no haber intervenido la Política de Recursos Humanos a través de la implementación del Plan de Destinaciones, cuyas resoluciones ejecutoras se han impugnado, creaba las condiciones propicias para que se alegara por el resto de la comunidad funcionaria la vulneración a su respecto de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental.

13°) Que, en relación a las demás alegaciones de los recurrentes y que se traducen en desconocer las facultades legales que el ordenamiento jurídico confiere a los jefes de los servicios públicos y al informante en particular, precisa que el artículo 24 de la Ley N°16.752 (Orgánica y de Funcionamiento de la D.G.A.C.), en relación con los artículos 46, inciso 3°, de la ley N°18.575 Y 73 de la ley N°18.834, prescriben, en lo que interesa, que la destinación constituye una facultad privativa del jefe del servicio, quien decide discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición, con la limitación de que las labores que deba cumplir el servidor sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado y que el empleo sea de la misma institución y jerarquía, lo que guarda armonía con lo manifestado, entre otros tantos, en el dictamen N°36.150, de 2015, de la Contraloría.

Es atribución privativa de la autoridad ordenar las destinaciones del personal de su dependencia, decidiendo cómo distribuir y ubicar a los servidores según lo requieran las necesidades de la repartición, con las limitaciones mencionadas. Esta es una medida que tiene por objeto lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, en cuya ejecución siempre están implícitas las necesidades del servicio, primando en caso de conflicto el interés público por sobre el particular de las personas que desempeñan los cargos involucrados, atribución administrativa que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, como se pretende con el recurso planteado.

14°) Que, añade, el artículo 61, letra a) del Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), dispone que son obligaciones de los funcionarios, entre otras, cumplir las destinaciones que la autoridad competente disponga en el ejercicio de sus atribuciones.

Reitera y recalca que las tareas que se pretende desempeñen los recurrentes en las nuevas unidades no difieren de aquellas que actualmente despliegan, satisfaciéndose uno de los presupuestos para que la medida administrativa reprochada se encuadre en la normativa que la regula.

Aclara que según el criterio sostenido en los dictámenes Nos 55.090, de 2012, y 52.511, de 2013, de la Contraloría General de la República, la destinación no constituye una medida disciplinaria, sino que corresponde a una providencia de buena administración, debiendo las autoridades apreciar las circunstancias o razones que justifican la decisión, siempre que ello no signifique alguna arbitrariedad y se respeten los límites establecidos por la ley, criterios presentes en las decisiones que la superioridad ha comunicado.

Se han ejercido las potestades que le han sido asignadas por ley, acorde a un protocolo interno amplia y oportunamente difundido, no existiendo irregularidad en las destinaciones que se objetan, asistiéndole a la Dirección General la convicción de que la medida se ajusta a la preceptiva legal y jurisprudencia administrativa emanada del ente de control en la materia, como a la observancia de principios de igualdad y equidad, cuya aplicación se traduce en posibilitar una renovación periódica de la dotación en el Ap. Mataveri para que pueda acceder a esa destinación y reasignación, un mayor número de funcionarios, acorde a las especialidades aeronáuticas requeridas en el señalado territorio.

En atención a lo expresado, la lectura del recurso permite concluir que los recurrentes discrepan del fondo o sustancia de la decisión adoptada en materia de traslado del personal. Por ello, el recurso es una verdadera impugnación de dicha decisión, pretensión improcedente tratándose de este arbitrio cautelar, que es una garantía cuando un derecho fundamental ha sido amenazado, perturbado o privado. En conclusión, no se está en la especie ante un caso de afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes.

Por último, señala que en atención a los antecedentes y consideraciones anotadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, así como las atribuciones que legalmente le incumben al servicio recurrido, procede desestimar y rechazar el recurso deducido en estos autos por los recurrentes.

Pide tener por evacuado informe solicitado, y rechazar el recurso de protección de autos, con costas.

15°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

16º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

17°) Que, como se ha visto, en el caso de la especie, don Felipe Ignacio Hazbún Marín, abogado, en representación de veintitrés personas ya mencionadas, todos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que cumplen funciones en el Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, ha deducido recurso de protección en favor de éstos, contra la Dirección General de Aeronáutica Civil, representada por su Director General, por lo que consideran acto arbitrario e ilegal consistente en el traslado que respecto de estos funcionarios ha ordenado dicha autoridad, acto que se ha materializado en las Resoluciones Exentas N°4934 y N°4936, ambas de fecha 22 de septiembre de 2016.

Afirma que el traslado dispuesto por la autoridad de la DGAC de los funcionarios es arbitrario, pues no se sustenta en razones de buen servicio, sino que obedece a una motivación política, accediendo a la solicitud que en tal sentido formulara la nombre reservado de Pascua Sra. Melania Carolina HotuHey, como represalia y sanción ante las legítimas movilizaciones llevadas a cabo por los funcionarios en el mes de diciembre de 2015, oportunidad en que los funcionarios del Aeropuerto Mataveri paralizaron totalmente sus actividades en demanda a las peticiones formuladas a nivel nacional por la generalidad de los funcionarios civiles del Servicio. Además, argumenta que no existe razón técnica ni presupuestaria que avale esta determinación, además que se trata de una decisión drástica, que altera de manera sustancial la vida personal y familiar de los funcionarios.

18°) Que, como es fácil entender, se está tratando de utilizar la presente acción cautelar como si fuera un recurso jurisdiccional de carácter ordinario, para impugnar dos resoluciones que fueron dictadas por la autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, según quedó expuesto en el motivo 13° de esta sentencia, dentro del marco de un Plan de Destinaciones, inserto en una Política de Recursos Humanos dispuesta en diciembre de 2015, a pocos días de asumir en calidad de Director General, según el informe respectivo.

Asimismo, la autoridad recurrida ha explicado que los criterios de selección objetivos se encuentran enunciados y desarrollados, al igual que en años anteriores, en el Instructivo sobre consideraciones y plazos definidos para la formulación y materialización del Plan de Destinaciones del año 2017. En el análisis de las solicitudes de traslado recibidas por el Departamento de Recursos Humanos, también se consideró la situación actual de cada unidad en términos de dotación, jerarquía de los funcionarios propuestos, complejidad y áreas críticas, entre otros factores, en conjunto con las directrices que imparte la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Cabe agregar que la presente, desde luego, no constituye la vía idónea para impugnar dichas resoluciones, puesto que la ley no ha previsto, como medio de impugnación de determinaciones administrativas que disponen traslados.

En efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción cautelar que cumple, como se desprende de la definición del mismo que entrega el ya referido artículo 20 de la Carta Fundamental, un rol muy distinto que el de servir de medio de impugnación general, que se pueda utilizar contra toda clase de determinaciones o decisiones administrativas e incluso jurisdiccionales, que la autoridad dicta en el legítimo ejercicio de las atribuciones que la ley les asigna.

19°) Que se trata, entonces, a juicio de esta Corte y como tantas veces ocurre, de una utilización errónea y abusiva de este recurso, que se interpone en la errada creencia que se encuentra en la cúspide del sistema recursivo procesal y que resulta pertinente para impugnar toda suerte de resoluciones y decisiones, de la más variada índole, expedidas por autoridades administrativas e incluso, como se dijo, de orden jurisdiccional.

Es fácil entender que, de acogerse, implicaría que el Poder Judicial, a través de este medio, vendría a ejercer y orientar las más diversas políticas públicas que, en rigor, corresponden a la autoridad administrativa, y que tienen sus medios de control y de impugnación propios.

El presente constituye un problema que es enteramente ajeno a la administración de justicia, y por lo mismo, la vía utilizada no es, como ya se dijo, la idónea, pues esta Corte no puede intervenir en las políticas de traslado de entidades como la que se ha recurrido en esta ocasión.

20°) Que, por otro lado, como si lo anterior no fuera suficiente, en cuanto se ha expresado que el problema traído ante este tribunal no es propio del Sistema de Administración de Justicia, ocurre que tampoco se ha demostrado, ni remotamente, la procedencia de los requisitos que la Carta Fundamental de la República exige para el acogimiento del recurso de protección.

Esto significa que no se probado, en primer lugar, que exista un acto u omisión arbitrario o ilegal.

En segundo término las personas en cuyo favor se recurre carecen de un derecho indubitado, cuestión esta última que es vital para el acogimiento de un recurso de esta clase, ya que la presente no es una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren amagados o afectados, lo que no es el caso de autos.

Finalmente, no se aprecia tampoco alguna vulneración de garantías constitucionales, sobre lo cual no resulta pertinente extenderse, puesto que lo primeramente expresado es lo más importante en el presente caso.

21°) Que, por lo expuesto, el recurso de autos no puede prosperar, debiendo ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación de acciones como la de la especie, se declara que se rechaza el recurso de protección entablado por el abogado don Felipe Ignacio Hazbún Marín, en favor de las 23 personas individualizadas en lo principal de la presentación de fs.34.

Se declara, asimismo, que se impone a la parte recurrente el pago de las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°112.131-2016.

No firma el Ministro señor Mario Rojas González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministra señora Viviana Toro Ojeda y por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos.