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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 112-202327 jul 2023

Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Fecha
27 de julio de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Cuarta
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 112-2023, sentencia de 27 de julio de 2023

Resumen

Se acoge la protección y se deja sin efecto la resolución que confirmó el rechazo de las licencias médicas, por ser arbitraria al carecer de fundamento y discriminar, ordenándose un nuevo informe médico sobre la capacidad residual de la recurrente.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado e interpone acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta R-01-UNAAD-175115-2022, de fecha 22 de diciembre del año 2022, que confirmó el rechazo de las licencias médicas otorgadas a la recurrente N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 80 días a contar del 19 de julio del año 2022, emanado del Fondo Nacional de Salud, por reposo no justificado, lo que vulneraría la garantía reconocida en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que las licencias médicas previamente indicadas fueron rechazadas por Resolución de la Subcomisión de Medicina Preventiva Santiago -COMPIN REGIÓN DE SANTIAGO- referente a las que fueren otorgadas, por cuanto no se encontraba justificado. Esa conclusión se basa en que el diagnóstico emitido por el profesional, con certificados emitidos y sicoterapias en proceso, siendo rechazadas por reposo injustificado.

Funda su recurso en que la recurrente es ejecutiva de atención a clientes, sin embargo, desde hace aproximadamente 6 meses sufre de trastorno ansioso depresivo, trastorno adaptativo. Como consecuencia de esto tuvo que someterme a un tratamiento médico en centro psiquiátrico Resiliencia, lo que está avalado por el informe médico que acompaña.

Señala se dirigió a COMPIN para dar solución a su situación, y dicha entidad resolvió que el reposo es injustificado, en consecuencia; no ha recibido el pago de dichas licencias, lo que le ocasiona un perjuicio económico considerable y afecta su normal recuperación, siendo además cuidadora de su madre enferma y de un adolescente de 14 años.

Precisa que en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-175115-2022 no cumple con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que permite a dichos organismos disponer una serie de diligencias para un mejor estudio y acierto en la resolución de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados, sin embargo, en su caso, ni la COMPIN ni la SUSESO solicitaron mayores antecedentes para rechazar las licencias médicas objeto del recurso.

Sostiene que la recurrente padece de las patologías que fueron diagnosticadas por especialistas, mediante informes que se tuvieron a la vista por la COMPIN, los que fueron elaborados bajo su protocolo, en que se efectúa una breve historia con fundamentos clínicos y/o de laboratorio y/o de imagenología en que se basa el diagnóstico, establecen, además, la evolución, tratamientos médicos efectuados y resultados obtenidos. Indican el pronóstico de la enfermedad desde el punto de vista laboral y fecha probable de alta.

Acusa que, en las condiciones precedentemente descritas el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado -mediante los mecanismos legales correspondientes- por la reevaluación de la situación médica actual de la recurrente a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico de recuperabilidad.

Solicita se acoja el recurso y se deja sin efecto la Resolución recurrida, debiendo en consecuencia ordenar a la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez - Región Metropolitana, cursar y pagar tales Licencias Médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, rechazadas en beneficio de doña nombre reservado, con costas.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), evacuando informe requerido.

Sostiene que, analizada la base del sistema Fonasa, se desprende que COMPIN R.M., resolvió rechazar la Licencia Médica Nºs RUT reservado, toda vez que la recurrente no adjunta estudios, informe médico protocolizado ni exámenes que justifique reposo médico.

Señala que en cuanto a la Licencia Médica Nº RUT reservado, se rechazó, toda vez que no cuenta con antecedentes médicos que justifiquen la prolongación de este reposo.

Precisa que respecto al recurso de reposición de las licencias médicas Nºs RUT reservado y RUT reservado, se presentó sin antecedentes que justifiquen seguir manteniendo la prolongación del reposo, no cumple un rol terapéutico.

Explica que en cuanto a la licencia médica Nº RUT reservado, se rechazó, toda vez que el periodo de reposo es prolongado sin aportar antecedentes médicos suficientes y actualizados que permitan justificarlo.

Respecto al recurso de reposición de la Licencia Nº RUT reservado y N° RUT reservado se mantiene el rechazo, dado que la recurrente adjunta informe médico tratante muy general, sin carnet de control de psicóloga o informe de psicóloga, sin objetivación de derivación al Programa de Salud Mental-APS. Afirma que los antecedentes no resultan suficientes para justificar que la prolongación del reposo y que este cumpla un rol terapéutico.

Precisa que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Concluye que tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcaron dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto, a fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumplan verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales Finalmente acota que el objeto del presente recurso ya fue analizado por la Superintendencia de Seguridad Social quien, en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas.

TERCERO: Que, comparece para evacuar informe la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a través de su abogado doña Andrea Cisternas Tiemann, solicitando el rechazo de la acción intentada, al no existir actuación ilegal o arbitraria que hubiera causado la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza, por cuanto en el caso de la Sra. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Alega, de manera preliminar, la extemporaneidad de la acción cautelar toda vez que la recurrente por presentación de fecha 21 de octubre de 2022, reclamó ante este Servicio por cuanto la COMPIN Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 19 de julio de 2022, por reposo no justificado.

Indica que se dio respuesta, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-166413-2022, de fecha 05 de diciembre de 2022, en la que esa Superintendencia dictaminó que el estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, y no emitió pronunciamiento respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado (al no haberse acompañado resoluciones de los recurso de reposición realizados ante Compin).

Expresa que contra dicha resolución se presentó un recurso de reposición, la cual fue resuelta mediante Resolución Exenta Nº R-01-UNAAD-175115-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, de esa Superintendencia, no acogiendo la solicitud de reconsideración, confirmando el rechazo por no encontrarse justificado el reposo de las licencias reclamadas.

Subraya que la acción constitucional fue presentada con fecha 05 de enero de 2023, habiendo transcurrido, entonces, más de 30 días desde que la recurrente tomó conocimiento del rechazo de las licencias médicas de fecha 5 de diciembre de 2022, asevera que las solicitudes de reconsideración ante la Superintendencia no puede hacer computar un nuevo plazo.

En subsidio, reclama la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social, derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, refiere que de acuerdo con las normas pertinentes de los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y artículos 1º y 21° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados.

Afirma que, en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente.

Explicita que, con la finalidad de resolver la presentación de la recurrente, se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de las licencias médicas (FONASA) y la cartola medica del Servicio de Salud. En este último documento se señala que la Sra. nombre reservado: “…09/09/2022 08:43:34 > LM 4473 Se rechaza. Periodo de reposo prolongado sin aportar antecedentes médicos suficientes y analizados que permitan justificarlo.”. “…17/10/2022 13:19:42 > RR.LM# 097--11487303 Sin antecedentes que justifiquen seguir manteniendo la prolongación del reposo, no cumple un rol terapéutico, con nuevos antecedentes puede apelar a SUSESO. ULME.”. “…03/11/2022 16:48:11 > RR LME 4473, se mantiene rechazo, adjunta IMT muy general de med. del extrasistema, sin carnet control de psicóloga o informe de psicóloga, sin objetivación de derivación al Programa de SaluMental-APS. Los antecedentes no resultan suficientes para justificar que la prolongación cumpla un rol terapéutico. Bc.”

Sustenta que dicha Superintendencia, previo estudio de los antecedentes que acompañó el recurrente, formularios de las licencias médicas reclamadas, Cartola Médica de Compin, Listado Histórico de las Licencias Médicas, y otros antecedentes, fueron considerados como elementos suficientes de convicción por los profesionales a cargo del estudio del caso, y llevo a dictar la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-166413-2022, de fecha 05 de diciembre de 2022, que resolvió confirmar lo obrado por la Compin Región Metropolitana, en cuanto rechazó las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, fundado en que, como se señala en el dictamen en comento: “(…) Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Que, la parte reclamante si bien acompaña informe de psicóloga, éste es de carácter general y no da cuenta pormenorizadamente del tratamiento psicoterapéutico aplicado y medidas pendientes. Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 34 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada…”.

Argumenta que de acuerdo con las normas pertinentes de los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y artículos 1º y 21° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Cita el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto de las patologías mentales, que en su artículo 4° número II establece, que el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal y se debe contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días.

Observa que la Sra. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por 34 días autorizados, por el Diagnóstico: “F43. – Reacción al estrés grave”, no acredita evaluación por psiquiatra, no cuenta con informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica durante toda la extensión de su reposo.

Agrega que el médico tratante de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, quien ha emitido las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, por tanto, la recurrente, ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el Decreto Nº 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Remarca que por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-175115-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, se rechazó la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-166413-2022, de fecha 05/12/2022, que resolvió confirmar lo obrado por la COMPIN Región Metropolitana, en cuanto rechazó las licencias médicas reclamadas, fundado en que la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio.

Aprecia que los dictámenes impugnados por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas resoluciones, en orden a rechazar las licencias indicadas, en forma fundada en motivos técnicos, propios del área de la medicina.

Finalmente, destaca que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes. En efecto, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-175115-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 5 de enero de 2023, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.

En cuanto al fondo:

SEXTO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

SÉPTIMO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, en que se rechazaron las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, a contar del 19 de Julio del año 2022.

En efecto, la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-175115-2022 señala: “Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador. RESUELVO: Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-166413-2022, de fecha 05/12/2022, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 34 días, con ya también comenzando en dicho periodo la misma patología. Además, el informe médico adjunto se plantea en términos generales, y sin derivación a salud mental. Por otra parte, señala que no acredita asistencia a psicoterapia y no ha sido emitido por médico de la especialidad.

OCTAVO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

NOVENO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

UNDÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DUODÉCIMO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, a lo que se añade la existencia de otros informes médicos incorporados por el paciente que mantiene el diagnóstico del médico tratante y, solo hay dos informes de profesionales de la Superintendencia que provienen de revisión de ficha médica de la paciente, a pesar de los reiterados informes de trastorno de ansiedad del recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado al historial clínico del recurrente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO OCTAVO: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DÉCIMO NOVENO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción constitucional interpuesta a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta R-01-UNAAD-175115-2022, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintidós, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo de las N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-112-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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