nombre reservado con SOCIEDAD DE COBRANZA EJECUTIVA DE VALORES CEV S.A

3 C.A. de Santiago Santiago, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Don Carlos Fernando Tagle Tasso, abogado, recurre de protección en favor don nombre reservado, en contra de: a) Dicom Equifax S.A., b) Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores S.A. (CEVSA); y c) Cámara de Comercio de Santiago A.G., quienes informan en el boletín, manteniendo informada en sus registros, deuda, morosidad con CEVSA, Cesionario Banco Santander, que de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, (capítulo 18-5 de la recopilación. Actualizada de Normas de la SBIF), y lo dispuesto en la ley 19.628 y 18.092, estas deben ser eliminadas, toda vez que se trata de deudas que no cumplen los requisitos para ser publicadas y dadas a conocer al público, vulnerando lo dispuesto en las leyes y lo dispuesto en el numeral 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto se trata de dos deudas que carecen de título ejecutivo, que se encuentran prescritas y no existe demanda judicial alguna para su cobro.

Que el 07 de febrero de 2019 el recurrente recibió un correo electrónico de aviso de cobranza de unas supuestas deudas con CEV S.A., Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores, Cesionario Banco Santander, cesionaria de créditos, de esta manera, al no entender de qué se trataba, pidió un boletín comercial, donde aparecen publicadas tres morosidades con CEV S.A., Cesionario Banco Santander, acto seguido reviso el portal del poder judicial y se percató que se trata de tres juicios del Banco Santander: a) causa Rol: 23.583-204 y 23.699-2014 por el pagaré de $ 4.635.641.- pesos, (demandaron dos veces); y b) causa Rol.: 23.582-2014 por el pagaré de $ 11.828.513.- pesos, c) causa Rol.: 8.222-2016 por el pagaré de $ 1.280.966.- pesos, Demandas hoy prescritas y abandonadas procesalmente, careciendo de un título ejecutivo por el estado procesal de los mismos juicios, sin embargo CEVSA, Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores, Cesionario Banco Santander, Dicom Equifax y la Cámara de Comercio de Santiago A.G., han publicado o mantenido una publicación de deuda que las no cumplen con los requisitos para permanecer informadas, en efecto y de acuerdo a lo ordenando por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, (Capitulo 18-5), y lo dispuesto en los artículos 6, 12 y siguientes de la ley 19.628, y 98 y siguientes de la ley 18.092.- deberán ser excluidas del estado de deudores, las deudas vencidas o castigadas respecto de las personas que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos: 1.- deudores contra quienes la institución financiera acreedora carece de título ejecutivo. Es decir, no existe una letra de cambio, pagaré o sentencia anterior u otro antecedente que la ley califique como título ejecutivo; y 2.- deudores contra quienes existan títulos ejecutivos cuando: a) No hayan sido demandados durante el transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas; b) Hayan sido demandados, pero cuyas ejecuciones hayan sido rechazadas o abandonadas por resolución judicial ejecutoriada, asimismo en los casos en los que no se haya notificado la demanda antes del vencimiento del plazo estipulado en las leyes para la prescripción de las respectivas acciones." Es del caso que Dicom Equifax y la Cámara de Comercio de Santiago A.G. mantienen publicada esta deuda, la que carece de título ejecutivo, pues se encuentran prescritas, y las demandas se encuentra archivadas y abandonadas procesalmente, en consecuencia, prescritas, careciendo de título ejecutivo dichos títulos, como se podrá comprobar a través de la Oficina de Distribución de demandas de esta Corte.

La mantención de la publicación de los antecedentes comerciales del recurrente es ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho a la honra (articulo 19 N° 4 de la CPR) pues la imputación de un hecho falso, como es la publicación de un morosidad que a la luz de la legislación señalada no es tal y no debe ser publicada, afecta gravemente su honra, afectando gravemente su crédito y constituyendo un descrédito. El respeto que todos deben a la vida privada de las personas es un derecho de la personalidad que no puede ser vulnerada en caso alguno o por persona o autoridad alguna, y es del caso que la recurrida al mantener una publicación que es ilegal, así como lo ha estimado la Cámara De Comercio, en su certificado oficial de antecedentes comerciales, donde da cuenta que no existen antecedentes comerciales de mi representado, y sin embargo esta empresa privada recolectora de datos, informa una morosidad que no puede ni debe publicar.

Afecta además el derecho al trabajo, contemplada en el numeral 16 del mismo artículo, pues con la publicación es ilegal y arbitraria, limitando al recurrente de poder obtener un trabajo digno, excluyéndolo en la práctica del mundo laboral y afecta su derecho de desarrollar cualquier actividad económica, pues con antecedentes comerciales publicados, le será imposible desarrollar cualquier actividad comercial, pues por dicha publicación, no se le otorgara créditos ni se le permitirá iniciar una actividad licita. Lo que afecta el derecho de propiedad, pues no podrá hacer un libre uso de los atributos y derechos que goza en su patrimonio, es más se verá imposibilitado de hacer uso de su patrimonio, afectándolo en las capacidades de desarrollarlo y acrecentarlo.

En lo referente a los pagaré y letras de cambio el plazo de prescripción es de un año de su vencimiento como lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, que señala: "Este tiempo es en general de tres años para la acción ejecutiva y de cinco para las ordinarias.", y lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré, a saber: "El Plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento", es del caso que los títulos esgrimidos por CEV S.A., Cesionario Banco Santander se encuentran prescritos, con procesos archivados y abandonados a la fecha.

Finalmente solicita que previo los trámites legales se acoja el presente recurso, deducido en contra de Dicom Equifax S.A, Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores S.A. (CEV S.A.) y Cámara de Comercio de Santiago A.G., ordenando la eliminación de los antecedentes comerciales de sus publicaciones de DICOM y de la base de datos del boletín comercial dependiente de la Cámara de Comercio de Santiago dependiente, todo con expresa condenación en costas.

Evacuado el informe por Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores S.A. (CEVSA), esta indico que sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante, cabe hacer presente que el recurrente no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de haber tomado contacto con Dicom Equifax, ni con CEV S.A., para aclarar su situación, por lo que en ningún sentido ha agotado las vías normales para la solución de su problema. Tampoco existen antecedentes que acrediten haber ejercido las acciones ordinarias establecidas por la ley para lograr los efectos esperados, instrumentalizando la presente acción para lograr por una vía más expedita un resultado que dista de una real vulneración de garantías constitucionales.

A mayor abundamiento, el correo que acompaña la recurrente es un correo reenviado a su abogado con la fecha que el indica, mas no figura la fecha exacta en que recibió dicho correo; en ese correo tampoco media la respuesta del recurrente a la empresa recurrida, manifestando su inquietud.

Cita además, al final del relato de sus hechos, a la eliminación de antecedentes comerciales correspondientes a una letra de INDALMO S.A., que no tiene relación alguna con esta parte.

Que el Fondo de Inversión Privado Cartera Catorce, representada por Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores S.A., para estos efectos, CEV S.A., adquirió por medio de cesión de créditos realizada por el Banco Santander Chile, las obligación que hoy se encuentras cuestionadas, a saber, las operaciones N°650022023211, 650022053846 y 650022033543, todas ellas contenidas en pagarés, según indicó la institución bancaria, la primera relacionada a una tarjeta de crédito Mastercard Dorada, la segunda a una tarjeta de crédito Visa Dorada y la última a una tarjeta Worldmember.

Que el recurrente figura con obligaciones adeudadas al Banco Santander que fueron válidamente cedidas a CEV S.A., y dado que dichas obligaciones se encuentran impagas, el cesionario y actual acreedor, en el uso de sus facultades publicó la suma total a la que ascienden dichas obligaciones.

Si el recurrente estima, en atención a los motivos expuestos, que dicha obligación se encuentra prescrita y que no cumple con los requisitos para ser publicada, deberá ejercer las acciones legales correspondientes para determinar lo anterior, en un juicio declarativo por la vía ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que el recurrente manifestó expresamente que las obligaciones se encontrarían prescritas o abandonadas procesalmente, por lo que no existiría mérito alguno para que se mantuviese la alegada publicación de morosidad, debiese haber requerido en la institución correspondiente a cargo del registro, la eliminación de la publicación. Por lo que debiera de haber utilizado el procedimiento que la ley le franquea para la eliminación de la duda o su registro y no utilizar al efecto este recurso constitucional.

Que el capítulo 18-5 sobre Información Sobre Deudores de las Instituciones Financieras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras establece en su número 1, párrafo final, letra b), que deben dejar de informarse cuando hayan trascurrido cinco años a contar de la fecha en que el pago del crédito se hizo exigible (desde que se exigió el pago en su totalidad, cuando corresponda a créditos pagaderos en cuotas o parcialidades). Sin perjuicio de lo que establece en el numeral 2 respecto de los créditos que deben dejar de informarse.

Que las tres operaciones publicadas se hicieron exigibles desde que cayeron en mora, a saber, 16 de septiembre de 2014, 11 de marzo de 2016 y 23 de septiembre de 2014, no habiendo transcurrido a esta fecha el plazo de cinco años desde que el pago de los créditos se hizo exigible. Los protestos publicados, derivados de créditos cedidos, morosos a la fecha, no se encuentran en dichos supuestos dado que todos ellos derivan de un pagaré legalmente extendido siendo éste el título ejecutivo requerido. Cumple entonces el requisito de la letra a) del compendio de normas del capítulo 18-5 de la SBIF. Todas las operaciones se encuentran con demanda judicial, al menos, presentada. Cumple entonces el requisito de la letra b) del compendio de normas del capítulo 18-5 de la SBIF. No se han declarado ni la prescripción ni el abandono de procedimiento, en las causas que corresponde:

Las tres operaciones antes indicadas se encuentran demandadas en las causas C- 23699-2014, C- 8222-2016 y C- 23582-2014, todas del Decimo Juzgado Civil de Santiago. Respecto de las dos primeras si bien ha transcurrido plazo de prescripción según la ley 18.092 y el artículo 2515 del Código Civil, la prescripción no ha sido alegada, como lo establece el artículo 2493 del Código Civil. Respecto de la ultima causa indicada esta se encuentra notificada, sin excepciones, sin haberse alegado ni la prescripción ni abandono de procedimiento de acuerdo al artículo 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que se encuentra con los plazos de prescripción interrumpidos y plenamente vigente su cobro judicial.

No corresponde utilizar la acción de protección para perseguir el incumplimiento de una ley, en particular, la Ley 19.628.- La Ley 19.628.- establece un adecuado procedimiento para la exclusión de la deuda (artículo 12), y en el artículo 23 regula la infracción a las normas de dicha ley, y establece el procedimiento judicial mediante el cual se debe perseguir no solamente la infracción, sino las eventuales indemnizaciones que procedan. Por lo tanto, queda en evidencia que la acción de protección dista de ser la vía idónea para perseguir la des publicación de una deuda, como pretende el recurren te, disfrazando la situación de hecho con una vulneración como la expuesta.

Que no ha existido por parte del Fondo de Inversión Privado Cartera Catorce ni su administradora CEV S.A., vulneración alguna de la garantía contemplada en el artículo 19 números 4 de la Constitución Política de la República. La vulneración a la infracción al respeto y protección a la vida privada no ha podido tener lugar, ya que no se funda en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las libertades del recurrente, ya que están clara y legalmente fundados.

Sin perjuicio de la suspensión que se realizara respecto de la publicación de dos de las tres morosidades publicadas, no se ha infringido entonces por el Fondo de Inversión Privado ni por su administradora CEV S.A., ninguna norma al respecto, ni menos ha actuado de manera arbitraria, ya que cumple al momento de su publicación con todos los requisitos legales para su procedencia, no pudiendo imputársele a ninguna parte, la infracción de la garantía constitucional aludida por don nombre reservado.

Que evacua informe Dcom Equifax S.A, esta señalo que El registro o banco de datos responsable del tratamiento de los datos personales del recurrente, en los términos de la Ley N° 19.628, es la Cámara De Comercio de Santiago A.G.

Equifax presta servicios de información comercial, financiera, tributaria, laboral, jurídica y previsional por vía computacional, tanto al sector público como al privado y opera bases de datos que procesan información provenientes de fuentes abiertas, de carácter públicas o accesibles al público, entre las que cabe citar el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.; Diario Oficial; Revista de Derecho y Jurisprudencia; Diarios de Circulación Nacional e Internacional, entre otros. La información de índole mercantil sobre morosidad no tiene el carácter de dato personal íntimo o sensible, sino que es de relevancia social o supraindividual.

El Boletín Comercial (BIC), es el banco de datos oficial de protestos y morosidades del sistema financiero y comercial. El Boletín Comercial recopila, procesa, edita y publica protestos, morosidades a nivel nacional, información que tiene el carácter de accesible al público. Asimismo, registra y publica las aclaraciones de los referidos incumplimientos comerciales.

El Boletín Comercial está normado por el D.S. N° 950, modificado por el D.S N° 998, ambos del Ministerio de Hacienda, Ley N° 19.628, modificada por la, Ley N° 19.812. Al efecto, el artículo 1° del referido decreto establece con toda claridad quién tiene la obligación de informar y en qué condiciones se informa a la Cámara de Comercio.

En definitiva, como podrá apreciar, quién está a cargo del Boletín Comercial es la Cámara de Comercio de Santiago A.G., institución que por expreso mandato del Decreto Supremo N° 950 tiene la obligación a este respecto, debiendo confeccionar y publicar un Boletín semanal con dicha información bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia.

La causa de que los datos del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., sean incluidos en los informes Equifax es el contrato suscrito entre mi representada y la Cámara de Comercio de Santiago A.G., de fecha 11 de abril de 2000.

El recurso de protección deberá ser rechazado, pues Equifax ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales.

Equifax se limitó en su proceder a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el contrato suscrito con la Cámara de Comercio de Santiago A.G. y a la ley aplicable a la materia, no habiendo cometido infracción alguna. De momento que el artículo 17 de la Ley N° 19.628 permite la publicación de la morosidad cuestionada a través de la presente acción, a contrario sensu, no existe ninguna ley o norma que prohíba a Equifax actuar en la forma que lo hace, y no puede ser alegada arbitrariedad alguna.

El recurso de protección deberá ser rechazado, por cuanto no existen garantías constitucionales conculcadas. El recurrente cita como garantías vulneradas aquellas establecidas en el numeral 4, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución, sin desarrollar mayormente cómo dichas garantías habrían sido afectadas. Sólo cabe concluir que no existe accionar ilegal ni arbitrario alguno atribuible a mí representada, por lo que las garantías constitucionales mencionadas no se han visto vulneradas.

Solicita finalmente, tener por evacuado el informe solicitado y por las razones expuestas, rechazar recurso el recurso de protección, con costas.

Evacuado el informe Cámara de Comercio de Santiago A.G.se señala como cuestión previa, preciso resulta señalar que las anotaciones que originan esta acción de protección, corresponden a diversas morosidades de distintos créditos contraídos por el recurrente a favor del Banco Santander-Chile y que son informados por el Boletín de Informaciones Comerciales, banco de datos de carácter personal que administra la Cámara de Comercio de Santiago A.G y que Servicios Equifax Chile Limitada también informa en razón de un contrato de licencia de uso existente entre ambos.

Respecto de las anotaciones que informa el Boletín de Informaciones Comerciales y que se funda el presente recurso de protección, cabe señalar que dicha base de datos informa la morosidad de tres créditos contraídos por el recurrente a favor del Banco Santander-Chile por la suma de $ 1.280.966,-, $ 4.635.641.- Y $ 11.828,513.-, todos ellos con vencimiento al día 29 de Agosto de 2014.- Créditos que fueron cedidos por el Banco Santander-Chile a la Sociedad Cobranza Ejecutiva de Valores S.A., Que para la procedencia de la acción de protección, se requiere la existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que priven, perturben o amenacen en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que contempla la norma.

Inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria (estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.628)

La publicación de las morosidades en cuestión, y que constituyen el fundamento del presente recurso de protección, es evidente que no constituye un acto ilegal y tampoco arbitrario. En efecto, mediante Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, se impuso a la Cámara de Comercio de Santiago la obligación de publicar semanalmente el Boletín de Informaciones Comerciales, estableciéndose asimismo respecto de distintas entidades, la obligación de proporcionar diversos antecedentes para la elaboración del mismo, conforme se señala en el Decreto Supremo N° 950, artículos, 1, 2 y 3 respectivamente.

De tal manera, la obligación impuesta a los bancos de enviar semanalmente la nómina de las letras de cambio y pagarés que no le hayan sido pagados a su vencimiento, y a la Cámara de Comercio de Santiago de publicar el Boletín de Informaciones Comerciales, es una obligación legal. Es en cumplimiento a esta obligación legal, que el Banco Santander-Chile comunicó a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. las morosidades en que incurrió el recurrente, y ésta procedió a incorporarlas en el Boletín de Informaciones Comerciales.

De tal manera, que el obrar de la Cámara de Comercio, al dar estricto cumplimiento a una obligación legal, hace que desaparezca uno de los supuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, cual es, la conducta ilegal o arbitraria exigida por el texto constitucional.

Estricto cumplimiento de la Ley N° 19.628.- Al respecto es preciso señalar que la Ley N° 19.628 establece en su artículo 4° el principio general que regula el tratamiento de los datos personales, disponiendo que sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, es decir, tiene que existir una autorización de la ley o del titular de los datos, Sin embargo, el mismo precepto legal señala que no requiere autorización del titular, el tratamiento de aquellos datos personales que sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

En definitiva, tratándose de este tipo de datos de carácter personal, es la ley la que autoriza en forma expresa el tratamiento de los mismos.

Ahora bien, el recurrente afirma que las publicaciones de las morosidades tantas veces aludidas sería ilegal, toda vez que contraviene los artículos 6° y 12° de la Ley N° 19.628, sin expresar de qué manera se habría producido tal infracción.

Sin embargo, no se advierte cuál sería la razón para proceder a la eliminación de las respectivas anotaciones, toda vez que no se cumple ninguno de los supuestos previstos por la ley para proceder a la cancelación o eliminación de estos datos, toda vez que dichas publicaciones se encuentran plenamente ajustadas a la ley y ninguna de ellas ha adquirido el carácter de dato caduco.

En cuanto a la aplicación de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se indica que el Registro de Deudores Morosos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Boletín de Informaciones Comerciales que administra la Cámara de Comercio de Santiago, son registros con características y fines completamente distintos. Mientras el primero está destinado al uso de las instituciones financieras sometidas a la fiscalización de dicho organismo, al cual sólo acceden las instituciones financieras conforme a lo Que establece el artículo 14° de la Ley General de Bancos, el segunda es un registro de libre acceso al público, regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y por la Ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal. En consecuencia, no se advierte de qué manera las publicaciones de las citadas obligaciones morosas habría constituido una infracción a esta normativa tal como lo señala la parte recurrente.

Que el recurrente tampoco ha podido acreditar que las obligaciones se encuentran extintas o prescritas. El artículo 18 de la Ley N° 19,628 preceptúa que no pueden comunicarse aquellos datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. En el caso en cuestión, no ha transcurrido el plazo previsto en la ley para eliminar definitivamente dicha información, toda vez que se trata de obligaciones cuyo vencimiento se produjeron el día 29 de agosto de 2014.

Finalmente se señala que el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, no cumple con las exigencias previstas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en consecuencia éste necesariamente deberá ser desestimado en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°.- Que la acción de protección persigue la eliminación de DICOM, de los antecedentes comerciales del recurrente y que se refieren a tres juicios del Banco Santander.

Rol 23.583-2014 y 23.699-2014 por el pagaré de $4.635.641.

Rol 23.582-2014 por el pagaré de $11.828.513 pesos.

Rol 8222-2016 por el pagaré de $1.280.966 pesos.

Se invocan los artículos 6, 12 y siguientes de la Ley n°19.628 y 98 de la Ley N°18.092, para solicitar la exclusión del registro de deudores, al cumplirse uno de los requisitos contemplados en la norma y que consiste en que no se ha notificado durante el plazo de prescripción de las acciones respectivas;

2°.- Que conforme a lo expresado por la recurrida CEVSA, las tres operaciones corresponden a créditos impagos, habiéndose presentado demandas judiciales pero solo en una de ellas se procedió a notificarla. En este caso, por consiguiente, corresponde eliminar del registro de morosidades las operaciones relacionadas con la causa 23.699-2014, 23.583-2014 del 10° Juzgado Civil y la 8222-2016 del mismo tribunal, por no haber sido notificadas las demandas antes del plazo estipulado para la prescripción de las respectivas acciones. Respecto de la deuda materia de la causa 23.582-2014 del mismo Tribunal, aparece notificada la demanda y por lo tanto dicho actuación no está contemplada en el capítulo 18-5 del compendio de normas de la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras en relación a los artículos 6 y 12 de la Ley 19.628, incurriéndose en una ilegalidad en mantener esos registros en el Boletín respectivo;

Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, parcialmente el recurso de protección ya indicado, debiendo eliminarse del registro respectivo las anotaciones relativas solo a las operaciones números 6500220 y 311 (Causas 23.699-2014 y 23.583-2014) y 6500220538, (causa 8222-2016), rechazándose en lo demás.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección 11189-2019.-