Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, trece de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de nombre reservado, ciudadano venezolano, y de nombre reservado, también de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por la falta de respuesta a la solicitud de regularización presentada por los recurrentes mediante carta certificada el 2 de mayo de 2025, así como por no haber remitido sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Expone que los recurrentes se vieron forzados a abandonar Venezuela e ingresar a Chile por un paso no habilitado, debido a la situación de violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos y grave alteración del orden público existente en su país de origen.

Señala que, una vez en territorio nacional, procuraron regularizar su situación migratoria ante el Servicio Nacional de Migraciones, procedimiento que habría concluido desfavorablemente. Por esta razón, el 2 de mayo de 2025 enviaron una carta certificada a la Oficina de Partes de la Subsecretaría del Interior, acompañando los respectivos antecedentes y solicitando su regularización al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325.

Añade que, a la fecha de interposición del recurso, los interesados no habían sido contactados por la autoridad, no habían recibido respuesta a su presentación y tampoco se les había concedido una residencia temporal, ya sea conforme al artículo 32 de la Ley N°20.430 o al artículo 155 de la Ley N°21.325.

En cuanto al derecho, sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo constituye un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparado por el artículo 5° de la Constitución Política de la República.

Invoca, asimismo, el principio de no devolución, consagrado en el artículo 4° de la Ley N°20.430, el cual se aplicaría desde que el extranjero manifiesta, oralmente o por escrito, su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad competente. Cita, además, los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, relativos a la expulsión y a la prohibición de devolución hacia territorios en los que peligren la vida o libertad del solicitante.

Afirma que, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley N°20.430, los funcionarios de la Administración que tomen conocimiento de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deben comunicarla, a la brevedad, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. En consecuencia, sostiene que no corresponde a los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones evaluar previamente la legitimidad o suficiencia de los antecedentes, sino únicamente facilitar y formalizar la solicitud, correspondiendo a la Secretaría Técnica ponderar el cumplimiento de los requisitos legales.

Menciona también la Resolución Exenta N°21.726, de 11 de mayo de 2023, que aprobó un manual de procedimiento administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones, destinado a orientar la atención de las personas que soliciten el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

En el caso concreto, sostiene que la voluntad de los recurrentes de solicitar refugio y regularizar su situación fue manifestada por escrito y recibida por la autoridad, sin que posteriormente hayan sido contactados ni se les haya concedido la residencia temporal correspondiente. Considera que dicha omisión vulnera la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al dispensárseles un trato distinto del otorgado a otros extranjeros que se encuentran en situaciones semejantes.

Solicita, en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso, se declare que la Subsecretaría del Interior ha actuado de manera ilegal y arbitraria, y se le ordene concluir y dar curso al procedimiento solicitado por los recurrentes, disponiendo la concesión de la correspondiente residencia temporal mientras su situación es evaluada por la comisión competente.

SEGUNDO: Que comparece Pedro Vidal Matus, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, y evacúa informe solicitando el rechazo íntegro de la acción interpuesta, con expresa condena en costas.

Expone que el recurso fue deducido el 16 de abril de 2026 y que se funda en una supuesta omisión ilegal y arbitraria de la Subsecretaría del Interior, consistente en no haber dictado aún el acto administrativo terminal que resuelva la solicitud presentada por el recurrente para obtener un permiso excepcional de residencia temporal por caso calificado o motivos humanitarios.

La recurrida informa que dicha solicitud se encuentra actualmente en tramitación, en una etapa previa a la suscripción del acto administrativo que deberá resolverla. Añade que, una vez concluido el procedimiento, la decisión será debidamente notificada al interesado conforme a las reglas y competencias establecidas en la legislación migratoria.

Precisa que la solicitud del recurrente debe entenderse formulada al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, disposición que entrega al Subsecretario del Interior la potestad indelegable de otorgar, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, cuando concurran casos calificados o motivos humanitarios, con independencia de su situación migratoria.

Señala que el otorgamiento de este permiso constituye una facultad excepcional de la autoridad y no una obligación, por lo que su sola solicitud no genera un derecho adquirido a obtener la residencia. Explica, además, que actualmente no existe un procedimiento general de regularización migratoria vigente, de modo que las peticiones de esta naturaleza únicamente pueden tramitarse como solicitudes excepcionales conforme al artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Sostiene que no ha incurrido en una omisión ilegal o arbitraria, pues las solicitudes de residencia por casos calificados o razones humanitarias deben someterse a un análisis particularmente exhaustivo. Indica que esta revisión se justifica por la relevancia jurídica y práctica de conceder residencia a una persona que se encuentra en situación migratoria irregular y que solicita que la autoridad, excepcionalmente, subsane dicha condición.

Agrega que la extensión de la tramitación también se explica por el considerable incremento de solicitudes de esta clase. Refiere que entre enero y mayo de 2024 se presentaron más de 4.500 requerimientos, mientras que en 2023 se habrían registrado más de 10.000 solicitudes, circunstancia que habría aumentado significativamente la carga administrativa y los tiempos necesarios para su estudio.

Asimismo, sostiene que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 para la conclusión de los procedimientos administrativos no tiene carácter fatal. En consecuencia, el solo transcurso de dicho término no implicaría la caducidad del procedimiento ni transformaría automáticamente la demora en una actuación ilegal.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, afirma que la sola circunstancia de que la solicitud continúe pendiente no configura, por sí misma, una privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales. Señala que correspondía al recurrente acreditar concretamente la existencia de una omisión antijurídica, identificar la garantía afectada y demostrar la relación causal entre la demora y el agravio denunciado.

Añade que no bastaría una alegación genérica de vulneración de la igualdad ante la ley, pues sería necesario acreditar que la Subsecretaría ha otorgado al recurrente un trato distinto del dispensado a otras personas que se encuentren en una situación equivalente. A juicio de la recurrida, no se habrían acompañado antecedentes suficientes para demostrar ese trato diferenciado.

Sostiene también que el recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar y de emergencia, no constituye la vía idónea para acelerar la tramitación de una solicitud administrativa ni para obtener judicialmente la concesión de un permiso de residencia. Afirma que una decisión de esa naturaleza corresponde exclusivamente al Subsecretario del Interior, quien debe ponderar los antecedentes del caso y determinar si concurren circunstancias calificadas o humanitarias que justifiquen el beneficio.

Agrega que acoger la acción podría afectar la igualdad ante la ley respecto de otros extranjeros que han presentado solicitudes similares, incluso con anterioridad, y que continúan esperando una decisión administrativa sin haber recurrido judicialmente, pues el recurrente obtendría una tramitación preferente sin una razón que lo justifique.

Finalmente, concluye que la solicitud de nombre reservado se encuentra pendiente y sometida al procedimiento correspondiente, sin que exista una negativa, paralización injustificada o decisión arbitraria atribuible a la Subsecretaría.

TERCERO: Que comparece Katherina Fuentes Lazo, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, y evacúa informe en la acción de protección solicitando el rechazo íntegro del recurso, por estimar que no existe actuación u omisión ilegal o arbitraria que afecte alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución.

Respecto de nombre reservado, informa que no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo que desprende que ingresó clandestinamente al país, eludiendo los controles migratorios. Señala que el 18 de agosto de 2023 se empadronó en el proceso biométrico, actuación que no constituye una gestión de regularización migratoria, y que mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 21 de agosto de 2023, la Policía de Investigaciones lo denunció por ingreso por paso no habilitado.

Añade que el 25 de junio de 2024 solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, pero que mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 2 de octubre de 2024, se tuvo por desistida dicha solicitud. Posteriormente, el 2 de mayo de 2025, el Servicio recibió una carta certificada mediante la cual pidió regularizar su situación migratoria conforme al artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325. Informa que dicha solicitud extraordinaria se encuentra actualmente en tramitación.

En cuanto a nombre reservado, indica igualmente que no registra fecha de ingreso al país, por lo que concluye que ingresó clandestinamente, evitando los controles fronterizos. Expone que también se empadronó biométricamente el 18 de agosto de 2023, sin que ello constituyera regularización, y que fue denunciada por la Policía de Investigaciones por ingreso por paso no habilitado mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de 21 de agosto de 2023.

Señala que la recurrente solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada el 25 de junio de 2024, pero que mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 15 de enero de 2025, se tuvo por desistida su solicitud. Agrega que el 2 de mayo de 2025 presentó, también por carta certificada, una petición de regularización extraordinaria fundada en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, la cual permanece en tramitación.

La recurrida explica que el artículo 155 N°8 de la Ley N°21.325 faculta a la Subsecretaría del Interior para establecer mecanismos generales de regularización de extranjeros en situación irregular, mientras que el N°9 permite conceder, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

En cuanto al tiempo de tramitación, sostiene que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal. Afirma que el aumento exponencial de los flujos migratorios y de las solicitudes recibidas constituye un caso fortuito o fuerza mayor que ha generado retrasos importantes e irresistibles para la autoridad migratoria.

Añade que la jurisprudencia ha reconocido que el transcurso de dicho plazo no produce caducidad ni transforma automáticamente la demora en una ilegalidad. Cita la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 13.364-2023, de 10 de mayo de 2023, en cuanto estableció que el plazo no es fatal, aunque la Administración debe resolver dentro de un término razonable para evitar mantener a los solicitantes en incertidumbre.

Sostiene que, en este caso, las peticiones de ambos recurrentes han sido recibidas y se encuentran sometidas a tramitación, por lo que no existiría inactividad ni negativa de la autoridad. Agrega que tampoco se habría acreditado de qué manera la pendencia de las solicitudes vulnera concretamente la igualdad ante la ley u otra garantía constitucional.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque dichas situaciones.

QUINTO: Que, en lo que atañe a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, los antecedentes allegados al proceso permiten descartar cualquier reproche hacia la administración, toda vez que el Servicio recurrido aclaró expresamente que ambas se tuvieron por desistidas. Ello se formalizó mediante la dictación de la Resolución Exenta N° NUM001, de 2 de octubre de 2024, respecto de don nombre reservado, y la Resolución Exenta N° NUM003, de 15 de enero de 2025, en el caso de doña nombre reservado.

SEXTO: Que, por otra parte, consta que la solicitud pendiente presentada por los actores con fecha 2 de mayo de 2025 se fundamenta en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, la cual se encuentra actualmente en tramitación. Cabe hacer presente que dicha normativa entrega a la Subsecretaría del Interior la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por casos calificados o motivos humanitarios.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al hallarse las solicitudes de regularización en actual tramitación, no existe una omisión ilegal o negativa de la autoridad, de modo que no hay agravio ni afectación a las garantías constitucionales de los recurrentes que deba ser reparado por esta vía de urgencia. Además, resulta menester destacar que la concesión de dicho permiso constituye una facultad excepcional de la autoridad recurrida, siendo del todo razonable que la administración deba analizar en detalle y de forma exhaustiva el mérito de la solicitud y sus antecedentes, ponderando la procedencia del beneficio dadas sus particulares implicancias jurídicas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-11162-2026.