Protección contra cual se recurre no adolece de la ilegalidad ni arbitrariedad que se le reprochan

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 19; téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 18 de junio de 2023, comparece nombre reservado, Cabo 1° de Carabineros de Chile, e interpone acción de protección en contra de (1) la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, y en contra de (2) la Prefectura Radiopatrulla e Intervención Policial Este, representada por el Teniente Coronel nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en Resolución Exenta N°106 de fecha 19 de mayo de 2023, de la Prefectura Radiopatrulla e Intervención Policial Este, por medio de la cual se dispone la Baja de las Filas de la Institución por conducta mala y con efectos inmediatos.

Expone que ingresó a la Institución el 1 de junio de 2009, contando a la fecha de la baja de las filas de la Institución con 13 años y 11 meses de servicios efectivos, donde siempre ha dado cumplimiento con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda, manteniendo siempre un irrestricto apego al régimen disciplinario que rige a la Institución; como también, a los principios éticos, morales y valóricos que deben adornar a cada Carabinero.

Indica que la resolución recurrida carece tanto de sustento como de mínimo mérito probatorio, toda vez que el Prefecto de la Prefectura Radiopatrulla e Intervención Policial Este, nombre reservado, no fue quien presenció u observó la supuesta falta al régimen disciplinario que se le atribuye, así como tampoco existió por parte del actor alguna confesión o reconocimiento culpable del hecho, tal como lo dispone el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, sino que, únicamente, se basó para disponer su baja inmediata en los documentos (a) “El documento Electrónico N.C.U 183102121 de fecha 18.05.2023 y N.C.U 183506958 de fecha 19.05.2023, ambos de la 60° Comisaría de Carabineros Metro Santiago, a través del cual pone en conocimiento y eleva antecedentes al Prefecto, y (b) Parte Policial Nro. 01, de fecha 19.05.2023, de la 60° Comisaría de Carabineros Metro Santiago, direccionado a la Primera Fiscalía Militar de Santiago; así como en las declaraciones del personal policial, sin recibir audiencia del recurrente, privándole del derecho a defensa y notificándole la Baja de las Filas de la Institución en su domicilio, por intermedio de personal de la unidad.

Alega que no existe fundamento alguno, sea fáctico y/o jurídico para disponer la citada medida disciplinaria en su contra, considerándose ésta por ahora improcedente o, a lo menos, desproporcionada, mientras no se cuente con una conclusión fundada y contundente sobre la participación y responsabilidad disciplinaria del recurrente, arribada al término de un proceso investigativo debidamente reglado, como debería ser un “Sumario Administrativo”, tal cual lo exige el artículo 5, letras c) y d) del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15. Igualmente denuncia que el recurrido no ha dado cumplimiento a la actuación establecida en el inciso 2° del artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, que impone la obligación de instruir una investigación “antes” de sancionar, cuando las faltas que se imputan no se adviertan de manera indubitada, o bien, cuando el inculpado no confiese su responsabilidad. Hace presente que si bien el procedimiento que se aplicó en el presente caso se encuentra establecido genéricamente en el artículo 127 N°4 penúltimo inciso, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, claramente es contrario a la norma constitucional sobre el debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República de Chile.

Sostiene que se observa una desproporción en la medida disciplinaria adoptada por la recurrida, porque: 1) ha tomado en cuenta para aplicarla una calificación jurídica de delito aún inexistente; 2) no consta sentencia condenatoria alguna hasta la fecha que se refiera a los hechos, materia de la medida expulsiva, no obstante existir una denuncia previa a la fecha de dictación de la resolución de baja, lo que no es suficiente para tener por verificado un delito, por cuanto el artículo 76 de la Constitución Política de la República proscribe la intromisión de la administración del Estado y de cualquier otro órgano en el conocimiento de los asuntos civiles o penales.

Denuncia como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 4 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental. En cuanto a la igualdad ante la ley, señala que una destitución debe ser independiente y objetiva, similar a otros procesos de remoción que existen para otros miembros de organismos estatales independientes, pero en este caso el recurrente ha recibido un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria, así como falta de fundamentación de la resolución, infringiendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880. Respecto al derecho a la honra, alega que la resolución impugnada mantendría en la incertidumbre al recurrente, sin poder rehacer su vida laboral, familiar y personal, porque todo su grupo de cercanos y redes de amigos y conocidos, saben que fue dado de baja por conducta mala, sin poder aportar aún antecedentes en el sumario que puedan probar lo contrario. Finalmente sobre el derecho al trabajo, el acto impugnado truncó la carrera profesional del actor como Carabinero y afectó, por tanto, su derecho a la libre elección del trabajo, que años atrás ejerció al ingresar libre y voluntariamente a las filas de Carabineros de Chile.

Solicita se acoja el recurso, ordenando se deje sin efecto la Resolución Exenta N°106 de fecha 19 de mayo de 2023.

Segundo: Que, con fecha 21 de agosto de 2023, evacúa informe la Prefectura Radiopatrullas e Intervención Policial Este.

Indica que tras una revisión aleatoria al “libro de registro control y entrega de evidencia, el día 31 de marzo de 2023 se detectó que el recurrente mantenía una inobservancia referente a la Cadena de Custodia N.U.E. N°4090019, correspondiente a un CD para envío a la Fiscalía Local de Ñuñoa de 25 de agosto de 2022 con el Oficio N°393, especie que no se encontraba bajo resguardo de la oficina de custodia de evidencias, así como tampoco aparecía como entregada al respectivo Tribunal, por lo anterior es que se le concedió un plazo para subsanar sus errores, sin embargo en el mes de mayo pasado se efectuó una nueva revisión a los libros, donde se constataron otras inconsistencias, incluso se percataron de la existencia de un parte policial con especies (dinero) el cual nunca fue entregado y recepcionado al Tribunal respectivo.

Atendido lo anterior es que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Fiscal Militar Capitán de Ejército Alfredo Villagrán Godoy, quien dispuso se diera cuenta por el delito de “hurto agravado”, concurrencia del personal del Departamento de Asuntos Internos, tomar declaración a los involucrados y mantener espera de citación por parte de dicha Fiscalía Militar, conforme al Parte Denuncia N°01 de 19 de mayo de 2023 de la 60° Comisaría de Carabineros Metro Santiago, direccionado a la Primera Fiscalía Militar de Santiago. Agrega que el Comisario de la 60° Comisaría Metro Santiago, a la luz que no podía prestar declaración el actor por encontrarse con licencia médica, procedió a elevar los antecedentes, con la finalidad de que se adopten los cursos administrativos correspondientes.

Indica que mediante Resolución N°106 de 19 de mayo de 2023 el Prefecto de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial Este dispuso la medida disciplinaria consistente en la “baja por conducta mala con efectos inmediatos” del actor, siendo notificada el 22 de mayo pasado, por intermedio del mando de la 60° Comisaría Metro de Santiago.

Sostiene que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de una falta que origina la aplicación de una medida disciplinaria, queda entregada a la autoridad competente, es decir, es la autoridad institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar. Respecto a la alegación de no haber sido escuchado o recibido en audiencia, hace presente que no se pudo llevar a cabo ya que el actor se encontraba con licencia médica. Además señala que el en razón de lo expuesto en el artículo 12 del Reglamento de Disciplina para Carabineros de Chile N°11 se dio inicio a la tramitación de un procedimiento administrativo, en donde podrá el recurrente la oportunidad de ejercer su derecho a defensa; en relación a ello refiere igualmente al artículo 127 N°4 inciso 5° del Reglamento N°8 el cual permite eliminar al funcionario de manera inmediata por mala conducta. Cita jurisprudencia judicial y administrativa.

Tercero: Que, con fecha 22 de agosto de 2023, evacúa informe la Dirección de Justicia de Carabineros.

En primer término refiere a los antecedentes que se tuvieron en vista para sancionar al recurrente con “baja de las filas de la institución por conducta mala y con efectos inmediatos”.

A continuación analiza el marco normativo aplicable al caso de autos, a saber Ley 18.961, Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11. Conforme a las disposiciones de las citadas normativas, es posible concluir que la medida no es absoluta sino que condicional, quedando supeditada al resultado del procedimiento administrativo, y una vez firma, se consolidan los efectos que ya produjo desde la notificación de esta baja con efectos inmediatos; en otras palabras, la baja se encuentra supeditada al término del sumario administrativo que se ha instruido por los hechos investigados, por lo cual su resultado esta circunscrito al término de dicho proceso administrativo; y, por otro lado, su reincorporación a la institución corresponde con todos sus derechos y beneficios reglamentarios, incluyendo la remuneración, todo de forma retroactiva, a fin de dejar al afectado indemne.

Referente a la falta del debido proceso, indica que mediante la instrucción de un sumario administrativo, se da la oportunidad al actor para que realice su adecuada defensa.

Finaliza señalando que el sumario administrativo instruido se encuentra en curso, por lo que la hipótesis del recurrente resulta errónea y, además, permite concluir que la verdadera intención es crear una nueva instancia dentro del proceso, siendo que no corresponde, ya que estamos frente a un proceso de lato conocimiento. En el mismo orden de ideas niega la existencia de vulneración a garantías constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que, el acto impugnado dice relación con la dictación de la Resolución Exenta N°106 de fecha 19 de mayo de 2023, de la Prefectura Radiopatrulla e Intervención Policial Este, que en lo que interesa, dispuso la baja por conducta mala con efectos inmediatos respecto del recurrente.

Sexto: Que en cuanto al marco normativo aplicable al presente caso, corresponde citar el inciso 1° del artículo 2° de la Ley N° 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 1990, dispone que: “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

Por su parte el artículo 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8 faculta a dicha institución para disponer la baja de las filas con efectos inmediatos, “cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución”. Dicha norma, si bien resulta inusual en el ámbito público, tiene asidero en la importancia que la buena conducta de los integrantes de Carabineros de Chile reviste, en consideración a la naturaleza y objetivo de sus particulares funciones.

Séptimo: Que, como se advierte, de concurrir los supuestos indicados en la disposición antes transcrita, la respectiva autoridad policial puede disponer la baja inmediata de un funcionario, medida que reviste el carácter de condicional, pues se encuentra supeditada al resultado del sumario o investigación incoado junto con su adopción y en el cual el afectado podrá ejercer los derechos de defensa en un proceso legalmente tramitado que le garantiza la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, tratándose de la manifestación de una potestad disciplinaria de que goza la autoridad policial, la que está jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva el recurso, y la misma, según se lee del texto de la Resolución Exenta N°106 de fecha 19 de mayo de 2023, aparece suficientemente fundada en los términos requeridos por la norma habilitante, por concurrir en los hechos que detalla la gravedad y grado de comprobación que justifica el ejercicio de la facultad.

El acto en contra del cual se recurre no adolece de la ilegalidad ni arbitrariedad que se le reprochan y, así, tampoco podría conculcar los derechos fundamentales señalados en el libelo, pues la decisión está condicionada a los resultados de un proceso administrativo en actual tramitación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

N° Amparo N°11.156-2023.