Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado

Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados, en beneficio de don nombre reservado y doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de los recurrentes, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430, actuación que consideran ilegal y arbitraria, ya que la circunstancia referida vulnera la garantía constitucional establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber, la igualdad ante la ley, al constituir un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de los recurrentes; se concluya el procedimiento de solicitud de refugio, dándole curso; y se ordene la concesión de las correspondientes visas temporarias de refugio, prescritas bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

Exponen que, los recurrentes son un matrimonio de ciudadanos venezolanos que se vieron forzados a escapar de Venezuela e ingresar por pasos inhabilitados a nuestro país, el 18 de diciembre de 2020, debido a que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen.

Señalan que su intención en Chile no es solo encontrar estabilidad económica, sino también contribuir positivamente a la sociedad chilena. Asimismo, los recurrentes se encuentran en el país con un sólido arraigo familiar, viviendo en compañía de sus dos hijos, don nombre reservado y don nombre reservado, ambos ciudadanos venezolanos que residen en Chile desde hace un tiempo y ya han obtenido su permanencia definitiva.

Enfatizan que los recurrentes también están insertos de manera efectiva en el contexto laboral, con un emprendimiento comercial propio denominado nombre reservado, dedicado a la importación y comercialización de artículos de peluquería, barbería y maquillaje, que han desarrollado desde agosto de 2021, constituyendo una fuente productiva para la economía del país.

Argumentan que, luego de recabar información, con fecha 7 de enero de 2025, acudieron a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad, fueron atendidos, se les facilitó el formulario correspondiente, procediendo a su llenado y entrega, y se recibieron sus declaraciones sobre los hechos materia de su solicitud. Sin embargo, manifiestan que, hasta la fecha de la interposición del recurso, no han vuelto a ser contactados por la autoridad migratoria recurrida, no han recibido una respuesta satisfactoria sobre la solicitud ingresada y tampoco les ha sido otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430.

Sostienen que, el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio no puede limitarse de forma arbitraria, conforme al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Además, invoca el artículo 4° de la Ley N°20.430, que establece el principio de No Devolución, aplicable desde la manifestación de la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Cita también los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, que prohíben la expulsión y devolución de refugiados.

Afirma que, la omisión por parte del Servicio Nacional de Migraciones al no contactar a los recurrentes, no otorgar una respuesta satisfactoria a su solicitud de refugio y no concederles la visación de residente temporario conforme al artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, constituye una acción u omisión arbitraria e ilegal, lo cual priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, configurando una discriminación en el trato dispensado en comparación con otros extranjeros, y vulnerando su derecho a la seguridad jurídica y debido proceso en la tramitación de su solicitud de refugio.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de los recurrentes; se concluya el procedimiento de solicitud de refugio, dándole curso; y se ordene la concesión de las correspondientes visas temporarias de refugio, prescritas bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, ni que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo veinte de la Constitución Política de la República.

Expone que, los recurrentes no registran fecha de ingreso al país, de lo que se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo los controles migratorios fronterizos. Con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, se inscribieron en el Proceso de Empadronamiento Biométrico del año dos mil veintitrés, empadronándose el día cuatro de agosto de dos mil veintitrés, aclarando que dicho proceso no constituye una regularización.

Añade que, con fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, los recurrentes manifestaron ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalando que su ingreso a Chile ocurrió el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por paso fronterizo no habilitado en Colchane.

Sostiene que, verificados los requisitos formales, con fecha siete de enero de dos mil veinticinco, mediante Resolución Exenta N°NUM000 y N°NUM001, del Servicio Nacional de Migraciones, se notificó al extranjero que no fue posible dar curso a su solicitud, por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430, relativos a exceder el plazo de siete días desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones (artículo veintiséis inciso quinto de la ley 20.430) y mantener ingreso al país por paso no habilitado sin presentar antecedentes que acrediten cumplimiento de los plazos (artículo ocho y treinta y cinco del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; numeral cinco del artículo veintiséis de la ley 20.430 de dos mil diez).

Añade que, se les otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento legal de tener por desistida su solicitud, acompañando una carta explicativa, la cual no fue suficiente para subsanar las faltas. Por ello, mediante Resolución Exenta N°NUM002 y N°NUM003, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinticinco, se dispuso el desistimiento de sus solicitudes.

Argumenta que, la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, ya que el Servicio Nacional de Migraciones ya se ha pronunciado sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes. En consecuencia, no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo veinte de la Constitución Política de la República.

Finalmente, hace presente que, la autoridad migratoria ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo diecinueve de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en la conducta, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de omitir pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones a respecto a la solicitud de refugio de los recurrentes, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

QUINTO: Que, conforme consta en los antecedentes allegados al proceso, que con fecha 29 de enero de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones se pronunció respecto a las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, mediante las resoluciones exentas N°NUM002 y N°NUM003 teniendo por desistidos de la solicitud, debido a que no acreditó el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley N°20.430, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N°20.430 de 2010, esto es, mantener ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N°837 del Ministerio del Interior, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N°20.430.

SÉXTO: Que, así las cosas, frente a esta discrepancia fáctica, estos sentenciadores no pueden responsablemente tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-11135-2025.