nombre reservado con LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio N°13: téngase presente.

Al folio N° 14: a lo principal, segundo y tercer otrosíes, téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, amparándose en la Ley N° 18.156.

Expresa que, en su calidad de profesional extranjero, cumple íntegramente los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, siendo procedente la devolución de sus fondos.

Señala que AFP Modelo S.A. ha obstaculizado este proceso, negando la entrega de los fondos bajo el argumento de que ya realizó un retiro anterior por el mismo empleador, MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A., a través de otra Administradora de Fondos de Pensiones.

Afirma que esta razón implica que la recurrida reconoce el cumplimiento de la normativa especial para la solicitud de retiro de fondos, pero que, sin embargo, deniega la actual solicitud.

Sostiene que los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 no establecen limitación alguna a los técnicos profesionales extranjeros para efectuar solicitudes de retiro de fondos de pensión por esta vía, ni restringen su derecho a disponer de sus fondos, pues de haber sido la intención del legislador, así lo habría establecido expresamente.

Alega que las recurridas incorporan requisitos que no se encuentran expresamente establecidos en la ley, lo que constituye un actuar arbitrario e ilegal. Concluye que la conducta ilegal y arbitraria de las recurridas vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y su derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta Fundamental, en relación con el artículo 19 N° 26.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se restablezca el imperio del derecho, y se ordene a las recurridas la devolución de los fondos previsionales o, en su defecto, que emitan un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP MODELO S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas.

Señala que, con fecha 11 de abril de 2025, el recurrente acompañó documentos para obtener la devolución de sus fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, incluyendo: Título Profesional, Constancia Electrónica de Cotizaciones, Declaración Jurada, Contrato de Trabajo y anexo con MAPFRE Compañía de Seguros.

Indica que el 14 de abril de 2025, comunicó al recurrente el rechazo de su solicitud N° 2608801 por dos motivos principales:

1. Al revisar en su sistema, se verificó que el recurrente ya había realizado un retiro de fondos como técnico extranjero bajo la Ley N° 18.156 a través de otra Administradora de Fondos de Pensiones por el mismo empleador (MAPFRE). Cita el Oficio Ordinario N° 24.472 de 26 de octubre de 2015 y el Oficio Ordinario N° 31.833 de 21 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, que establecen que si un trabajador extranjero obtiene la devolución de sus cotizaciones y posteriormente admite el entero de nuevas cotizaciones en el sistema chileno, se entiende que se ha "reafiliado" y no puede acceder a nuevas devoluciones, independiente de si el empleador es el mismo o distinto.

2. El documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos normativos. No especifica las prestaciones por las cuales el afiliado se encuentra cubierto de forma individualizada, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano. Además, no se encuentra firmado por la persona que lo emite y no está debidamente legalizado o apostillado. La recurrida cita el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI, N° 1 letra B) y diversos Oficios de la Superintendencia de Pensiones (N° 3141, N° 21480, N° 4277) que exigen que la certificación de afiliación extranjera sea específica, legalizada/apostillada y vigente. La declaración jurada aportada tampoco cumple con estos requisitos al no ser emitida por una institución de seguridad social ni por la embajada o consulado.

Finalmente señala que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, y que la normativa prohíbe dar curso a solicitudes de devolución sin la documentación pertinente y debidamente legalizada.

Tercero: Que, evacuando informe, la Superintendencia de Pensiones solicita que se declare improcedente el recurso de protección de autos.

Como cuestión previa, opone la excepción de que la situación reclamada excede el ámbito de un recurso de protección. Argumenta que la acción cautelar de protección tiene por finalidad salvaguardar derechos indubitados y preexistentes de manera directa e inmediata, y no es la vía idónea para debatir, probar y declarar derechos controvertidos. En el presente caso, lo que el recurrente pretende es que se declare un eventual derecho a retirar sus fondos, lo que se encuentra en controversia debido a la falta de acreditación de los requisitos normativos. Cita fallos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción (Rol N° 5868-2016) y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 19583-2024) en apoyo de su postura.

Adicionalmente, informa que el señor nombre reservado no registra ante dicho Organismo Fiscalizador reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, y que la parte recurrente no individualiza el acto que ataca respecto de la Superintendencia.

Sobre el fondo, reitera que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos para la exención de cotizar o la devolución de fondos. Enfatiza que esta ley debe interpretarse de forma restrictiva y aplicarse solo si se cumplen todas las exigencias del artículo 1°, incluyendo que la cobertura de salud sea integral (prestaciones médicas y pecuniarias) y que la certificación de afiliación se encuentre vigente y debidamente legalizada/apostillada.

Ratifica la validez y el carácter vinculante de los Oficios Ordinarios N° 24.472 de 2015, N° 31.833 de 2016, N° 3141 de 2024, N° 21.480 de 2017 y N° 4277 de 2025, mediante los cuales ha impartido instrucciones a las AFPs, incluyendo lo relativo a la "reafiliación" al sistema chileno una vez obtenida una devolución de fondos.

Confirma que el "certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales" aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, ya que no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado ni legalizado, lo cual impide que dicho documento produzca efectos en Chile, de acuerdo con el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Apostilla. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 239.773-2023) y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° 522-2025) que respaldan la exigencia de la apostilla o legalización.

Finalmente, la Superintendencia sostiene que no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, ya que no ha intervenido directamente en los hechos ni ha emitido pronunciamiento de rechazo a la solicitud del recurrente, y sus instrucciones se ajustan a las facultades legales. Aclara que el hecho de no cumplir con los requisitos excepcionales de la Ley N° 18.156 no implica la pérdida de los fondos, sino únicamente que el trabajador no tiene derecho a un beneficio excepcional, conservando plenamente sus derechos previsionales generales bajo el D.L. N° 3.500.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar de protección a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que taxativamente señala la misma norma, a fin de impetrar del órgano jurisdiccional que se adopten de inmediato las medidas o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad o de fundamento.

Quinto: Que lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida AFP Modelo S.A. de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, decisión que se encuentra respaldada en la interpretación y normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley N° 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la Ley N° 16.744”.

De lo anterior se colige que la Ley N° 18.156 configura un régimen excepcional que exige el cumplimiento de requisitos copulativos para que un trabajador extranjero pueda acogerse a la exención de cotizar en Chile o solicitar la devolución de sus fondos.

Séptimo: Que, en primer lugar, esta Corte estima pertinente abordar la excepción de improcedencia opuesta por la recurrida Superintendencia de Pensiones. Tal como ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el recurso de protección es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no controvertidos. En el presente caso, la pretensión del recurrente no se refiere a un derecho de ejercicio inmediato y sin discusión, sino a la declaración de un derecho a la devolución de fondos previsionales excepcionales cuya procedencia se encuentra en entredicho por la recurrida AFP Modelo S.A., bajo la aplicación de normativas e interpretaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones. La controversia gira en torno a la interpretación de si el recurrente, al haber realizado un retiro previo y eventualmente admitido cotizaciones en Chile, se encuentra "reafiliado", y sobre la suficiencia y validez formal (legalización/apostilla) de los documentos que acreditan la afiliación a un régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas. Estos extremos requieren un análisis de hecho y de derecho que excede la naturaleza sumaria y cautelar del recurso de protección, el cual no constituye una instancia para declarar derechos o sustituir procedimientos administrativos o judiciales de lato conocimiento. La naturaleza misma de la disputa, centrada en la interpretación y aplicación estricta de una norma de excepción y la verificación de cumplimiento de requisitos formales, hace que el derecho reclamado no pueda considerarse indubitado, lo que impide su tutela por esta vía.

Octavo: Que, a mayor abundamiento y aún prescindiendo de la improcedencia formal de la acción, el análisis de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional no permite observar ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna.

1. Respecto de la "reafiliación": Consta que el recurrente ya realizó un retiro de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156 por el mismo empleador (MAPFRE) a través de otra Administradora de Fondos de Pensiones. Las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, en particular los Oficios Ordinarios N° 24.472 de 2015 y N° 31.833 de 2016, que son de carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, establecen que una vez que un trabajador extranjero ha obtenido la devolución de sus cotizaciones y posteriormente admite el entero de cotizaciones previsionales en el sistema chileno, se entiende que se ha "reafiliado" a este último, perdiendo el derecho a acogerse nuevamente a la exención de la Ley N° 18.156. El actuar de AFP Modelo S.A. al aplicar estas instrucciones vinculantes no puede calificarse de arbitrario ni ilegal, sino que responde a una interpretación administrativa establecida por el órgano fiscalizador del sistema previsional.

2. Respecto de la documentación: La letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige que el trabajador acredite su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y diversos Oficios de la Superintendencia de Pensiones (N° 3141 de 2024, N° 21.480 de 2017 y N° 4277 de 2025) instruyen que esta acreditación debe hacerse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, especificando de forma clara y no genérica las coberturas, incluyendo que la de enfermedad sea integral (pecuniaria y médica). En este caso, la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" aportada por el recurrente fue objetada por no ser específica en las coberturas, por no estar firmada por quien la emite, y por no encontrarse apostillada ni legalizada, lo cual, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Apostilla, impide que produzca plenos efectos en Chile. La declaración jurada, por su parte, no emana de la institución de seguridad social respectiva. Ante el incumplimiento de estos requisitos formales y sustantivos que son de carácter legal y reglamentario, la AFP Modelo S.A. estaba impedida de dar curso a la solicitud, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Noveno: Que, de las consideraciones precedentes, resulta evidente que la decisión de la recurrida AFP Modelo S.A. no fue adoptada de forma arbitraria o ilegal, sino en estricto apego a la normativa aplicable y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, organismo que tiene la facultad legal de interpretar administrativamente las normas del sistema previsional. El recurrente no logró acreditar de forma indubitada el cumplimiento de los requisitos copulativos y de la forma exigida para acceder al beneficio excepcional que contempla la Ley N° 18.156. La discusión sobre la pertinencia de las exigencias, la interpretación de la normativa sobre "reafiliación" o la validez de los documentos presentados no puede ser resuelta mediante esta vía cautelar.

Décimo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, en contra de AFP MODELO S.A. y de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-11126-2025.