Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra de la Policía de Investi

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 22: a lo principal, primer, segundo y tercer otrosí, téngase presente. Al cuarto otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

A los folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, Inspector en retiro, de la Policía de Investigaciones de Chile, interpone acción constitucional de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por la dictación del Decreto Exento RA N° 280/1604/2023, RM Región Metropolitana, de 07 de junio de 2023, de la Subsecretaría del Interior del Gobierno de Chile, notificado el 02 de junio pasado, que dispuso su retiro temporal al cargo de Inspector grado 11º, 44 horas, escala Policía de Investigaciones de Chile, de la Planta de Oficiales Policiales de Línea, a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, por la causal de: Disponerlo el Presidente de la República a proposición del Comandante en Jefe, General Director o Director General, acto que considera es ilegal y arbitrario, lo que vulnera los derechos del recurrente consagrados en el artículo 19º N° 2, Nº 3 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Expone que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 02 de febrero de 2015 y egresó en el mes de diciembre de 2017, cumpliendo funciones en las brigadas investigadoras que detalla.

Refiere con detalles el hecho que le afectó mientras estaba trabajando en la comuna de Viña del Mar, en cometido funcionario, en horas de la madrugada del día 12 de abril del presente año y salió del edificio donde pernoctaba con un compañero de trabajo de nombre nombre reservado, dirigiéndose a un local cercano donde consumió bebidas alcohólicas y donde presume le vertieron alguna sustancias a sus bebidas sin percatarse, pues sintió fuertes mareos de manera repentina y rápida, para posteriormente carecer de recuerdos de lo que sucedió posteriormente, siendo involucrado en un confuso incidente, donde se enfrentó en una pelea con su compañero de trabajo, el cual sufrió lesiones, motivo por el cual debió ser hospitalizado.

Continúa refiriendo que en la mañana siendo las 08:30 horas recuperó su conciencia y percatándose que se encontraba en la 1ª Comisaría de Viña del Mar, detenido por haber mantenido una riña con su compañero, luego ser formalizado por el delito de Lesiones Graves en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. En la audiencia se encontraban otros dos sujetos, quienes fueron formalizados por el delito de robo por sorpresa, enterándose que ellos vieron la riña que sostuvo con su compañero y procedieron a sustraerles especies, siendo detenidos posteriormente por funcionarios de Carabineros.

Afirma que decreto impugnado se dicta al margen de la ley y es arbitrario, debido que no cumple los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la Ley N° 19.880, observando a que a su sola lectura no existe la claridad para comprender la decisión de Policía de Investigaciones de Chile, pues en los hechos él se vio involucrado en calidad de víctima, se basa única y exclusivamente en lo expuesto por la Policía de Investigaciones de Chile, sin un sumario administrativo o sentencia judicial que determine como ocurrieron los hechos.

Agrega que estos mismos hechos los está investigando el Ministerio Público, donde hay una causa radicada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en la que tiene calidad de imputado, sin perjuicio hizo la denuncia en la Fiscalía de Viña del Mar por el robo de sus especies personales el día del incidente, originándose el RUC No 2300457344. Además, se inició una Sumario Administrativo, mediante la Orden Nº 286, de 13 de abril de 2023, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, para investigar administrativamente los mismos hechos. Al no haber una sentencia firme o una resolución de término en el Sumario Administrativo, el suscrito goza de la presunción de inocencia en materia penal y administrativa.

Alega el actuar de las recurridas vulnera la igualdad ante la ley, pues puede haber otros casos de funcionarios que pudieron haber sido detenidos o formalizados por algún hecho que importe delito, y no se dispuso su retiro temporal.

Sostiene que no tuvo conocimiento del contenido de los actos administrativos que sirvieron de fundamento al acto impugnado mediante la presente acción, ni el procedimiento seguido en su formulación, constituyéndose la autoridad administrativa una comisión especial.

Finalmente, estima se ha vulnerado su derecho de propiedad, pues ya no recibe sus remuneraciones al perder su fuente de trabajo.

Solicita se deje sin efecto el llamado a retiro temporal de las filas de la institución y se disponga su reintegro.

Segundo: Que, Felipe Cerda Sepúlveda, abogado, informando por la recurrida Subsecretaría del Interior, señaló que el retiro temporal del recurrente se dispuso por medio del acto administrativo impugnado, el que se ajustó a las facultades privativas del director general de la Policía de Investigaciones, establecidas en el artículo 90° letra b) del Estatuto del Personal de esa institución, y en cuya virtud su parte, por delegación de facultades prevista en el DS N° 19 de 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ejerció una atribución, lo que impide concluir que ha habido ilegalidad o arbitrariedad.

Por otro lado, en cuanto a la fundamentación del acto, refiere que está suficientemente motivado y, agrega, el retiro temporal no puede asimilarse a una sanción disciplinaria y es independiente de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de un sumario o de un proceso penal.

Tercero: Que Omar Alonso Castro Torres, abogado, informa por la Policía de Investigaciones y hace presente la falta de legitimación pasiva de su parte pues lo que en realidad impugna el recurrente es el Decreto Exento (por orden del Presidente de la República) RA N° 280/1604/2023, de 07 de junio de 2023, de la Subsecretaría del Interior, que dispuso su retiro temporal de la institución. Si bien es cierto, uno de los fundamentos del decreto mencionado es el Oficio (R) Nº 327, de 24 de abril del presente año, emitido por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que dispuso el acto que afecta al recurrido.

En relación a los fundamentos del acto impugnado y los hechos que motivan la presente acción, refiere que mediante el Oficio (R) N° 327, del 24 de abril de 2023, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile solicitó a S.E. el Presidente de la República, la dictación de un decreto que dispusiera el retiro temporal de la institución del recurrente de autos.

Mediante el Oficio (R) N° 180, de 14 de abril pasado, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, se informaron a la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, los hechos en los que se vio involucrado el mencionado oficial policial, los que afectan gravemente la probidad administrativa, ética y prestigio institucional.

En efecto, en horas de la madrugada del 13 de abril de 2023, el Inspector Brandon nombre reservado, perteneciente a la brigada especializada ya citada, fue detenido por personal de Carabineros de Chile de la Tenencia Recreo de Viña del Mar, luego de que agrediera en la intersección de las avenidas Ecuador y Valparaíso de la ciudad de Viña del Mar, con golpes de pies y puño, al Subinspector nombre reservado, hechos que ocurrieron una vez que ambos funcionarios consumieran alcohol en un pub ubicado en las inmediaciones del departamento en que se encontraban alojados en esa ciudad, producto del cumplimiento de un cometido funcionario (cumplimiento de decretos ordenados por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel).

Así las cosas, nombre reservado fue conducido hasta el Hospital Naval de Viña del Mar, donde fueron constatadas sus lesiones, siendo diagnosticado con “fractura al maléolo medial del miembro inferior derecho”, razón por la que nombre reservado fue formalizado el 13 de abril del presente año, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por el delito de lesiones graves, otorgándose un plazo de investigación de 90 días, junto a la imposición de las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acerarse a la víctima.

Es pertinente señalar que, ante el referido tribunal, y en el marco del mismo procedimiento policial al que dieron origen los hechos, se realizó el control de detención de otros dos sujetos por el delito de robo por sorpresa, quienes fueron sorprendidos con la cédula de identidad, tarjeta bancaria y reloj de nombre reservado.

Ahora bien, a las 14:10 horas del día 13 de abril de la presente anualidad, se le efectuó un Sumario Breve al recurrente de autos, el que arrojó como resultado, “Estado Temperante: hálito etílico, pero mantiene su temperancia”. Asimismo, consta el resultado negativo del examen de Detección de Drogas en el Orina practicado por la Sección Química del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile.

Con todo, señalar que los hechos descritos fueron dados a conocer a la opinión pública a través de una amplia difusión efectuada en los medios de comunicación social, lo que generó un notorio desmedro al prestigio institucional.

Por otro lado, hechos descritos dieron origen a un Sumario Administrativo, dispuesto a través de la Orden N° 286, de 13 de abril de 23, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos.

Que conocidos, analizados y ponderados estos antecedentes, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile se formó la convicción de que el referido oficial policial tuvo una conducta inaceptable y contraria a la doctrina institucional, vulnerando con ello el principio de probidad administrativa contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República de Chile, y en el artículo 136 bis del D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de la Investigaciones de Chile, como también los principios y normas consagradas en el Código de Ética de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General N° 2186, de 28.MAY.008, inhabilitándolo para seguir perteneciendo a la institución, especialmente en lo relativo a la “Lealtad con la Misión Institucional”, “Honor y Responsabilidad Profesional”, y el “Principio de Honestidad”.

En razón de lo anterior y, en concordancia con su facultad de disponer del Personal Institucional, contenida en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 2.460, Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitó a S.E. el Presidente de la República, tener a bien dictar el decreto que disponga el retiro temporal de la institución del mencionado funcionario institucional, de conformidad a la potestad que le confiere el artículo 90, letra b), del D.F.L. N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el que finalmente fue dictado en la forma en que ya ha sido señalada.

Precisa que la resolución adoptada es absolutamente independiente de la responsabilidad civil, penal y administrativa que pudiera afectarle al recurrente de autos, toda vez que no constituye la aplicación de una medida disciplinaria, las cuales deben ser impuestas siguiendo otros conductos reglamentarios.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en consecuencia, no es el arbitrio constitucional que se comenta una segunda instancia de lo decidido en sede administrativa sino una revisión de la legalidad de lo obrado por la Administración, incluyendo en este concepto —el de “legalidad— la falta de fundamentación de un acto administrativo.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes se sostiene que el acto objeto de la presente acción cautelar, consistente en el Decreto Exento RA N° 280/1604/2023, RM Región Metropolitana, de 07 de junio de 2023, de la Subsecretaría del Interior del Gobierno de Chile, no es ni ilegal ni arbitrario. No es ilegal por cuanto la autoridad administrativa tiene la facultad para dictarlo de acuerdo a lo previsto en la letra b) del artículo 90° del Estatuto del Personal de la PDI, contenido en el DFL 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, que a la letra señala: “Serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y personal de Apoyo Científico - Técnico que se encuentre en algunos de los siguientes casos: b) A quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro”. En la especie, el aludido Decreto ha sido dictado “por orden del Presidente de la República” en virtud del DS 19 de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Luego, si hay una norma legal que autoriza al Poder Ejecutivo a proceder de la forma que se hizo en el caso de autos, por fuerza debe descartarse la ilegalidad que denuncia el recurrente.

Séptimo: Que de igual forma se descarta la arbitrariedad, pues de la lectura del citado decreto excento, se advierte que no ha sido el simple capricho de la autoridad la que la ha llevado a tomar la decisión que reprocha el actor, sino que, precisamente, aquellos fundamentos que se contienen en su parte considerativa y que dicen relación con que el director general de la PDI solicitó la dictación del referido acto administrativo en atención a que en horas de la madrugada del 13 de abril de 2023, el Inspector Brandon nombre reservado, fue detenido por personal de Carabineros, luego de que agrediera con golpes de pies y puño, al Subinspector nombre reservado, quien resultó con fractura, hechos que ocurrieron una vez que ambos funcionarios consumieran alcohol en un pub ubicado en las inmediaciones del departamento en que se encontraban alojados en esa ciudad, producto del cumplimiento de un cometido funcionario.

Así las cosas, nombre reservado fue formalizado el 13 de abril del presente año, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por el delito de lesiones graves, otorgándose un plazo de investigación de 90 días, junto a la imposición de las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acerarse a la víctima. Luego, siendo las 14:10 horas del mismo día se le efectuó un Sumario Breve al recurrente de autos, el que arrojó como resultado, “Estado Temperante: hálito etílico, pero mantiene su temperancia”. Asimismo, consta el resultado negativo del examen de Detección de Drogas en el Orina practicado por la Sección Química del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile. Los hechos descritos fueron dados a conocer a la opinión pública a través de una amplia difusión efectuada en los medios de comunicación social, lo que generó un notorio desmedro al prestigio institucional.

De la forma descrita, no corresponde a esta Corte calificar tales fundamentos, sino constatar su existencia para, necesariamente, descartar la pretendida arbitrariedad.

Octavo: Que, mediante el Oficio (R) N° 327, del 24 de abril de 2023, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y dirigido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ha limitado a hacer una solicitud a la autoridad ejecutiva, en su calidad de jefe superior del servicio y de acuerdo a lo normado en los artículos 9° y 10 del D.L. 2460, de modo que no se trata de un acto que en sí mismo pueda agraviar al recurrente.

Noveno: Que el recurrente cuestiona el procedimiento existente en la Policía de Investigaciones para constatar los hechos y la eventual ebriedad de los funcionarios de esa institución, específicamente lo que se ha venido en denominar el “sumario breve”, alegación que escapa a los límites de este recurso, que se ha dirigido en contra del decreto exento ya referidos. Y sobre este mismo asunto no debe olvidarse que lo impugnado es el “retiro temporal” de la PDI del recurrente, esto es, mientras se instruye el sumario administrativo por esa institución, instancia en que el señor recurrente puede hacer las defensas pertinentes, esto es, que eventualmente se le suministró sin su consentimiento alguna sustancia que le hizo olvidar los hechos, solicitar la suspensión del sumario mientras se resuelve la causa penal y todas aquellas otras que crea corresponderle, incluida su objeción al llamado “sumario breve”.

Décimo: Que, consecuentemente, al no existir ni ilegalidad ni arbitrariedad en el obrar de las autoridades recurridas, no procede analizar la eventual conculcación de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-11124-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señora Marisol Andrea Rojas Moya y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

En Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.