Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, impugnando la Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de marzo de 2026, notificada el 17 del mismo mes y año, mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización migratoria extraordinaria y de otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional.

Expone que la recurrente abandonó Venezuela debido a la crisis política, económica y social que afecta a dicho país e ingresó a Chile eludiendo el control migratorio, efectuando posteriormente una declaración voluntaria de ingreso clandestino y solicitando el reconocimiento de la condición de refugiada, petición que fue rechazada.

Señala que, con el propósito de regularizar su situación y continuar desarrollando su proyecto de vida en Chile, solicitó a la Subsecretaría del Interior el ejercicio de las facultades contempladas en los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley N° 21.325; sin embargo, la autoridad desestimó su requerimiento, por estimar que los antecedentes aportados no permitían calificar su situación como excepcional o humanitaria y que las circunstancias invocadas eran genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas.

Sostiene que, si la autoridad consideraba insuficiente la documentación presentada, debió requerirle antecedentes adicionales conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, en lugar de rechazar anticipadamente su solicitud.

Afirma que la decisión no ponderó adecuadamente que carece de antecedentes penales, posee antecedentes laborales y cotizaciones previsionales y de salud, ha manifestado permanentemente su voluntad de regularizarse y mantiene vínculos familiares en Chile, particularmente con su hijo nombre reservado, su hermano nombre reservado y su padre nombre reservado.

Alega que la discrecionalidad administrativa no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los márgenes de la legalidad, racionalidad, proporcionalidad y debida motivación, quedando sujeta al control jurisdiccional.

En este sentido, sostiene que la resolución impugnada carece de fundamentos fácticos suficientes y contiene una mera afirmación de autoridad, contraviniendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, así como los principios de escrituración, contradictoriedad, imparcialidad y transparencia que rigen el procedimiento administrativo.

Agrega que los artículos 3° y 7° de la Ley N° 21.325 obligan al Estado a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, cualquiera sea su condición migratoria, asegurarles un procedimiento racional y justo y promover una migración segura, ordenada y regular. Invoca, además, la protección de la familia y el principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 19 de la Ley N° 21.325, así como jurisprudencia que exige considerar el arraigo familiar y laboral, el tiempo de permanencia, la ausencia de antecedentes penales y la situación humanitaria del país de origen al resolver solicitudes migratorias.

Concluye que la decisión resulta ilegal y arbitraria y vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 y ordenar a la autoridad efectuar un nuevo estudio documental y resolver conforme a derecho su solicitud de regularización.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Katherina Fuentes Lazo, solicita el rechazo de la acción en cuanto se dirige en su contra, por no existir un acto u omisión ilegal o arbitrario que le sea imputable.

Expone que no consta un ingreso regular de doña nombre reservado al territorio nacional, por lo que se presume que ingresó por un paso no habilitado, circunstancia por la cual fue denunciada mediante Parte Policial N° NUM001, de 10 de octubre de 2023, de la Policía de Investigaciones de Chile.

Señala que el 28 de marzo de 2025 la recurrente remitió una carta solicitando la regularización de su situación migratoria con fundamento en el artículo 155 de la Ley N° 21.325 y que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior, por medio de la Subsecretaría del Interior, rechazó el otorgamiento del permiso de residencia temporal excepcional.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones no posee competencia para resolver esa solicitud ni fue el órgano que dictó el acto administrativo impugnado, puesto que el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 atribuye de manera indelegable al Subsecretario del Interior la facultad de otorgar, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal por motivos calificados o humanitarios. Añade que los mecanismos generales de regularización previstos en el numeral 8 de la misma disposición también deben ser establecidos por la Subsecretaría del Interior.

Hace presente que, desde el 12 de febrero de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto de la Subsecretaría del Interior, de manera que no puede responder por una resolución dictada por esta última autoridad.

En consecuencia, afirma que carece de legitimación pasiva respecto del acto reclamado y que su intervención no produjo privación, perturbación o amenaza alguna a las garantías invocadas, por lo que solicita rechazar íntegramente el recurso en cuanto se dirige contra dicho Servicio.

Tercero: Que comparece Vicente Ferretti Villar, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, quien evacuando el informe de fondo solicita el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Expone que la legislación actualmente aplicable es la Ley N° 21.325, cuyo artículo 24 exige que el ingreso y salida de personas del territorio nacional se efectúe por pasos habilitados y con los respectivos documentos de viaje, mandato concordante con el deber estatal de promover una migración regular y ordenada.

Señala que dicho cuerpo normativo contempla dos mecanismos distintos de regularización: uno general, previsto en los artículos 69, inciso segundo, y 155 N° 8, cuyos requisitos son establecidos por la Subsecretaría del Interior y ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otro particular y excepcional, contemplado en el artículo 155 N° 9, que faculta indelegablemente al Subsecretario del Interior para otorgar permisos de residencia temporal en casos calificados o por motivos humanitarios.

Precisa que actualmente no existe un proceso general de regularización vigente y que la concesión contemplada en el numeral 9 constituye una facultad excepcional de la autoridad y no una obligación ni un derecho adquirido por quien la solicita.

Sostiene, como cuestión previa, que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de un arbitrio cautelar, breve y excepcional, destinado a tutelar derechos preexistentes e indubitados, y no a declarar derechos nuevos o proteger meras expectativas relacionadas con el otorgamiento de una concesión migratoria.

Afirma que la recurrente disponía de los recursos administrativos contemplados en los artículos 139 y 140 de la Ley N° 21.325, en relación con la Ley N° 19.880, cuya interposición suspende los efectos del acto reclamado. Añade que mediante esta acción se pretende que la judicatura sustituya a la Administración en la valoración de los antecedentes y determine cómo debe ejercerse una potestad entregada privativamente a la Subsecretaría del Interior, lo que excedería el ámbito del recurso y contravendría los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al fondo, afirma que la Resolución Exenta N° NUM000 fue dictada por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y con fundamentos suficientes.

Explica que la recurrente fundó su solicitud en la crisis económica, social y política de Venezuela y en su arraigo laboral, acreditado mediante un contrato de trabajo de 1 de julio de 2024, certificado de antigüedad y cotizaciones; antecedentes que fueron expresamente examinados, pero considerados insuficientes para configurar un caso excepcional, calificado o humanitario.

Agrega que el arraigo laboral no exime de responsabilidad por el ingreso irregular ni obliga a la autoridad a calificar la situación como excepcional, particularmente cuando la propia recurrente acompañó un finiquito y no acreditó una nueva relación laboral posterior.

Respecto del arraigo familiar invocado en la acción, señala que la solicitud administrativa original no mencionó al hijo de la recurrente, nombre reservado, ni a su hermano nombre reservado, ni acompañó antecedentes que acreditaran su existencia, residencia actual en Chile, convivencia o vínculo efectivo con la solicitante.

Por ello, sostiene que tales circunstancias no pudieron ser ponderadas al dictarse la resolución y que resulta improcedente incorporarlas por primera vez en sede jurisdiccional, pretendiendo que sea la Corte quien realice una valoración que correspondía solicitar oportunamente a la autoridad administrativa.

Añade que, aun si dichos vínculos se encontraran acreditados, el arraigo familiar, social o laboral no resulta suficiente por sí solo para configurar la hipótesis excepcional del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325.

Descarta, asimismo, que la autoridad debiera haber requerido antecedentes adicionales conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, pues dicha disposición solo resulta aplicable cuando la solicitud no cumple los requisitos formales mínimos establecidos en su artículo 30.

En este caso, la presentación reunía esos requisitos y fue resuelta en cuanto al fondo, sin que correspondiera a la Administración suplir la carga de la solicitante de aportar los elementos necesarios para demostrar el carácter calificado o humanitario de su caso. Precisa que el rechazo no obedeció a que se desconocieran las circunstancias alegadas, sino a que, aun teniéndolas por efectivas, no alcanzaban el estándar excepcional exigido por la ley.

Finalmente, sostiene que la recurrente no acreditó que la resolución le hubiera ocasionado una privación, perturbación o amenaza concreta de alguna garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución y que acoger su pretensión podría afectar la igualdad ante la ley, al otorgarle un tratamiento privilegiado respecto de otras personas extranjeras cuyas solicitudes fueron rechazadas por fundamentos semejantes. Por estas razones, solicita rechazar la acción con expresa condena en costas, por no existir motivo plausible para litigar; acompaña el expediente electrónico de la solicitud de regularización y pide que se aplique reserva a sus antecedentes, atendido que contienen datos personales y sensibles de la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley — o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes referidos por el recurrente, se colige que éste, tras ingresar a Chile, realizó una solicitud de regularización de su situación migratoria. Sin embargo, aquella fue rechazada de conformidad al artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Los motivos del rechazo constan en el acto administrativo impugnado, al indicar, en primer lugar, que la normativa establece mecanismos de regulación migratoria, cuya facultad corresponde a la Subsecretaría del Interior.

Luego, se argumenta que la petición administrativa fue analizada a la luz del artículo previamente citado, pero que no se acompañaron antecedentes suficientes para permitir considerar que se configura un caso humanitario o calificado, pues únicamente se habría aludido a situaciones genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que pudieran encontrarse en situaciones similares. En consecuencia, se concluyó que el caso del recurrente no es susceptible de una consideración especial que permita otorgar el permiso requerido.

Sexto: Que, para resolver, debe analizar la normativa aplicable. Al respecto, el artículo 155 previamente citado indica en sus números 8 y 9 lo siguiente: “Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado. 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria.

Esta potestad será indelegable”.

Séptimo: Que, en consecuencia, atendido el tenor de la normativa aplicable y los fundamentos del acto impugnado no cabe si no concluir que la decisión se adoptó conforme a las atribuciones de la autoridad y contiene los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, en mérito de las cuales se concluyó que la parte recurrente no está en ninguna de las situaciones excepcionales del artículo 155 de la Ley N°21.325.

Así las cosas, en el caso de marras no se vislumbra infracción alguna al deber de motivación de los actos administrativos, contemplado en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 ni un uso arbitrario de las facultades otorgadas en la normativa.

Octavo: Que, en virtud de lo razonado, la acción no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones y derechos que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que rige la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra de la ministra Vásquez Acevedo, quien estuvo por acoger el recurso promovido, pero para el solo efecto de que la autoridad reconduzca la petición de residencia de la compareciente a una de carácter ordinaria temporal, debiendo requerir los antecedentes necesarios para su tramitación.

Para decidir así, tiene en consideración que la falta de un auténtico procedimiento de aplicación general es una dificultad puesta por la administración a los extranjeros que habitan en el país, advirtiendo que, si bien la administración pudo considerar insuficientes las alegaciones de la recurrente para asilarla en una autorización de carácter extraordinario, en cumplimiento al deber de información que recae sobre la autoridad migratoria respecto de todos los derechos que amparan a los extranjeros -atenta su precaria situación en un país que no es el suyo- desechada la situación humanitaria, debió dar tramitación a la petición conforme al procedimiento de general aplicación, requiriendo a la ciudadana extranjera, la aportación de todos los antecedentes que fueren conducentes a tal pretensión, todo ello, con miras a promover y facilitar la regularización migratoria que es uno de los objetivos declarados por la política estatal sobre la materia, máxime si se tiene en consideración la dilatada tramitación que se dio a la petición original.

Entiende la disidente que, al omitir la satisfacción de su deber de informar, así como de ponderar en su integridad la situación de la recurrida y su familia ha incurrido en una arbitrariedad, infringiendo el derecho establecido en el ordinal tercero del artículo 19 de la Constitución Política, desde que ha impedido a la extranjera el ejercicio de todos sus derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°11114-2026 Protección.