nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 10 y 11: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en representación de doña nombre reservado, licenciada en Educación, de nacionalidad venezolana, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por su presidente don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, con lo que se ha vulnerado sus derechos de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad reconocidos en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando el contrato de trabajo, anexo laboral, título profesional y constancia de cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con declaración jurada notarial. Sin embargo, mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2025, la AFP Modelo comunicó el rechazo, señalando que la documentación no cumplía con lo exigido por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en particular la falta de certificación específica emitida por institución de seguridad social extranjera o por autoridad consular, indicando que la constancia electrónica del IVSS carecía de firma, apostilla y detalle de coberturas. Se agregó que la declaración jurada tampoco cumplía con la normativa vigente.

Sostiene que este rechazo configura una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, desatendiendo la finalidad de la Ley N°18.156 y el derecho de los trabajadores extranjeros a disponer de sus ahorros.

Argumenta que la imposibilidad de obtener certificación consular en Venezuela constituye un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide acceder a la legalización consular exigida.

Añade que declaraciones juradas similares han sido aceptadas por otras administradoras, como AFP Cuprum, lo que revela trato desigual y arbitrario en la aplicación de los requisitos.

Indica que la constancia electrónica del IVSS contiene un código de verificación en el portal oficial, lo que permite comprobar la autenticidad del documento.

Sostiene que exigir requisitos adicionales no previstos por la ley vulnera el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución, afectando la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Señala además que la recurrente cumplió íntegramente con lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, lo que habilita a solicitar la devolución de los fondos.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción, que han resuelto en casos análogos que los documentos presentados por los solicitantes son prueba suficiente para acreditar afiliación previsional en el extranjero, rechazando interpretaciones restrictivas de la norma y reconociendo la arbitrariedad en la negativa de las AFP.

Solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento en el plazo de cinco días, disponiendo lo necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (en adelante, “AFP Modelo” o la “Administradora”), quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Expone que la recurrente presentó la solicitud N°23871 con fecha 2 de mayo de 2025, relativa a cotizaciones registradas entre julio de 2021 y marzo de 2025 por el empleador Administradora de Supermercados Hiper Ltda., y que para acreditar los requisitos de la Ley N°18.156, acompañó título profesional apostillado, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada notarial, contrato de trabajo de 27 de octubre de 2021 y anexo de contrato de 3 de junio de 2024.

Sin embargo, tras el análisis realizado, la Administradora resolvió rechazar la solicitud mediante Memorándum N°12789, por cuanto la documentación no cumplía con los requisitos legales y reglamentarios.

Señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no constituye certificado de afiliación válido, pues carece de firma, apostilla o legalización, y no especifica prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y que tampoco la declaración jurada notarial cumple, ya que no emana de la institución extranjera ni de autoridad consular.

Añade que la Superintendencia de Pensiones, en Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha exigido que el trabajador aporte documento específico y debidamente legalizado que acredite cobertura en todos los riesgos señalados en el artículo 1 de la Ley N°18.156. Asimismo, mediante Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, estableció que la acreditación debe realizarse con documento legalizado o apostillado, condición que en este caso no se cumplió.

Precisa que la Administradora actuó conforme a la normativa vigente, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, la cual fija la interpretación obligatoria para las AFP en virtud del artículo 94 del D.L. N°3.500. Destaca además que, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos extranjeros deben ser debidamente legalizados o apostillados, exigencia que la constancia electrónica no satisface. Cita al respecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Protección N°22142-2024) y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N°522-2025), que han rechazado acciones similares por incumplimiento de tales exigencias.

Añade que el recurso de protección no procede en este caso, ya que el derecho reclamado no es indubitado sino discutido, existiendo controversia respecto del cumplimiento de los requisitos legales y que, conforme a reiterada jurisprudencia, la acción cautelar de protección no puede sustituir procedimientos de lato conocimiento destinados a resolver controversias complejas. Cita al efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Protección N°19845-2024 y de la Corte de Apelaciones de Concepción en Rol N°1179-2025, que han desestimado recursos por la existencia de cuestiones debatidas sobre el derecho a la devolución de fondos.

Tercero: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Cuarto: Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Quinto: Que el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Sexto: Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra (S) Sra. Rodríguez Fondón, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que no se pudo verificar la vigencia del aludido documento toda vez que el link de verificación de este no es válido.

Regístrese y archívese.

N°Protección-11108-2025.