nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos desproporcionados e ilegales en su remuneración desde enero de 2026, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se dejen sin efecto dicho descuento y se restituya el monto descontado.

Expresa que recibió su liquidación de enero, febrero y marzo de este año con descuentos de $223.582, $230.220 y $230.220, respectivamente.

Indica que suscribió al pagaré, Nº43.RUT reservado, con fecha 28/10/2026 (sic) por la suma de $4.130.847, la cual debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $146.143 con vencimiento la primera de ella 31 de diciembre de 2016, de las cuales pagó las 4 primeras cuotas, por lo que se constituyó en mora desde el 31 de mayo de 2018.

Explica que por motivos de fuerza mayor y quedar sin trabajo, no pudo seguir pagando, por lo que fue demandado con fecha 30 de enero de 2019, en juicio ejecutivo en causa Rol C-452-2019, ante el 3º Juzgado de Letras de La Serena, por el monto pendiente de $3.786.610, causa en la cual solicitó el abandono del procedimiento el cual fue acogido con fecha 19 de enero de 2026, cuya ejecutoria es de fecha 23 de enero del mismo año.

Expresa que para regularizar su situación financiera, solicitó ante el 14º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-15829-2025, la medida prejudicial de exhibición de documentos, por el mismo pagaré de lo cual la exhibiente con fecha 5 de enero de 2026, dejó copia en la causa, lo que devino en que el 21 de enero del presente año, dedujera demanda en procedimiento ordinario de prescripción extintiva de la acción ejecutiva y de la deuda, la cual se encuentra con fecha para audiencia de conciliación.

En cuanto al derecho, señala que la recurrida vulnera su derecho de propiedad al privársele de su remuneración.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se ordene dejar sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones realizados por el empleador a requerimiento directo de la caja de compensación y se restituyan los montos descontados, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en el siguiente tenor.

Señala que el 28 de octubre de 2016, otorgó al recurrente el crédito código 430128501-4, por la suma de $4.130.847 a una tasa de 2.2%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $146.143 cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2016.

Indica que las primeras 11 cuotas fueron pagadas regularmente en los plazos establecidos, la cuota del mes de noviembre y diciembre de 2017 (12 y 13), se pagaron con fecha 11 de enero de 2018 y 15 de junio de 2018 y el saldo de capital al 31 de diciembre de 2017 por $3.397.636, más los intereses respectivos, fue reprogramado con fecha 13 de febrero de 2019, por la suma de $4.131.941 en un plazo de 60 meses, con una cuota de $130.886, cuyo primer vencimiento fue el 31 de marzo de 2019, donde las 13 primeras cuotas correspondiente al mes de marzo de 2019 a marzo de 2020 , fueron pagadas en efectivo. Indica que el saldo de capital al 31 de marzo de 2020 por $3.636.971, más los intereses devengados al 14 de septiembre de 2020, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.976.555 a una tasa de 1.79%, en un plazo de 47 meses, con una cuota de $131.554, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2020.

Señala que no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna, argumentando que los descuentos efectuados se encuentran plenamente amparados por el artículo 22 de la Ley N°18.833, que expresamente faculta a las cajas de compensación para instruir a los empleadores la deducción de las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social, estableciendo que tales descuentos se regirán por las mismas normas aplicables a las cotizaciones previsionales. En consecuencia, considera que su actuar se encuentra dentro del marco de sus atribuciones legales y no constituye vulneración de garantía constitucional alguna.

Sostiene que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho por lo que mientras no exista pronunciamiento judicial que declare extinguida la obligación por prescripción, la deuda mantiene plena exigibilidad, agregando que la vía procesal idónea para hacer valer la prescripción no corresponde a la acción de protección, sino a un juicio de lato conocimiento ante la sede jurisdiccional correspondiente.

No obstante lo anterior, y sin reconocer extinción alguna de la deuda ni los fundamentos esgrimidos, manifiesta haber dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al demandante, así como la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente a las medidas solicitadas por el recurrente.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección por falta de oportunidad.

TERCERO: Con fecha 12 de mayo del presente año, se otorgó traslado a la recurrente sobre la base del informe de la recurrida, oportunidad en que el actor indicó que la recurrida reconoce expresamente haber efectuado descuentos en sus remuneraciones, pese a encontrarse la deuda en cobranza judicial, configurando un doble cobro que afecta directamente su derecho de propiedad, produciéndose el cese de descuentos y la restitución ofrecida solo después de interpuesto el recurso, lo que confirma la existencia de la vulneración inicial y demuestra que la acción de protección fue necesaria para detener el acto arbitrario.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en atención a lo informado por la recurrida, en cuanto a que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos vinculados al crédito otorgado al recurrente y la restitución de las sumas que hayan sido percibidas desde la reanudación de los cobros, cabe considerar que tales manifestaciones no privan de objeto al presente recurso.

Por el contrario, resultan consistentes con lo solicitado en él, razón por la cual corresponde acogerlo para el solo efecto de declarar expresamente dicha obligación, teniendo en especial consideración que no se ha acreditado la restitución o puesta a disposición de la o las cuotas descontadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, sólo para el efecto de declarar la obligación de la Caja de Compensación de Asignación Los Andes de cesar los descuentos en su remuneración y restituir los montos que hayan sido descontados desde la reanudación de los cobros, así como aquellos que eventualmente se descuenten con posterioridad a esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°11.073-2026.