Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y de don [no

C.A. de Santiago.

Santiago, quince de junio de dos mil veintitrés.

Al folio N° 38: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 15 de octubre de 2022 comparece don Alex Valladares Pérez, abogado, en representación de RAÚL, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y de don nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por la dictación del acto que estima ilegal y arbitrario contenido en la Resolución Exenta N° NUM000 de 21 de septiembre de 2022, que rechaza el recurso de reposición administrativo y ratifica la Resolución Exenta N° NUM001 de 19 de mayo de 2022, dictada por la misma autoridad, y que aplica al recurrente una sanción administrativa consistente de 25 U.T.M. por una serie de infracciones constatadas por el Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, lo cual vulneraría las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política.

Contextualiza que el 26 de mayo de 2022, la Oficina de Correos de Melipilla recibió copia de la Resolución Exenta N°NUM001, de 19 de mayo de 2022, de expediente N°NUM002. En ella se señaló que el 28 de febrero de 2020, una funcionaria de la recurrida, del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, se constituyó en visita en el “Taller de fabricación de estructuras Metálicas y Reparación de Camiones”, ubicado en DIRECCION000, comuna de Melipilla, de propiedad de RAÚL y constató: “la actividad se encuentra funcionando normalmente con el dueño que trabaja solo en este lugar y sin afiliación por la Ley 16744/68 con las siguientes deficiencias: 1) el lugar se encuentra desordenado y falto de aseo, hay muchas piezas de arreglos que fueron dejadas en lugares, arriba del furgón, arriba de la bodega que es un contenedor metálico y de madera en la que guarda sus herramientas; 2) hay sector al fondo del sitio contiguo a muro de placas, cierre perimetral el cual no permite acceso en caso de emergencia; 3) el taladro de pedestal no se encuentra fijo al piso; 4) la instalación eléctrica no es reglamentaria; 5) hay cables por piso que son alargadores; 6) hay muchas manchas de aceite en piso; 7) el baño y la cámara de alcantarillado despide un olor a alcantarillado: 8) el extintor para incendio se encuentra vencido; 9) el material almacenado arriba de la bodega con riesgo de caer sobre la persona; 10) hay ratones que salen por el alcantarillado, se debe efectuar desratización. Se cita a representante legal a formular descargos”. Además, la resolución consigna que “la parte sumariada, compareció a formular descargos con fecha 6 de marzo de 2020, declarando en síntesis que procedió a subsanar cada una de las deficiencias detectadas, realizando retiro de materiales existente, realizando anclaje de taladro de pedestal, realizando cambios en instalación eléctrica, eliminando alargadores, realizando limpieza en el piso, realizando limpieza en baño, realizando mantención a extintor, realizando retiro de material arriba de la bodega y realizando desratización en todo el perímetro del taller.” Y concluye el acto reclamado “analizados debidamente los descargos realizados por la sumariada éstos en relación a la normativa sanitaria vigente, esta Autoridad Sanitaria concluye que no eximen su responsabilidad en los hechos constatados por el ministro de fe en el acta de inspección que rola a foja 1, considerando el valor probatorio que le otorga a ese documento el artículo 166 del Código Sanitario”. Por otra parte, en virtud de tales observaciones, dicho acto administrativo ordena la aplicación de una multa de 25 UTM.

Precisa que respecto del acto anterior, el 2 de junio de 2022 interpuso un recurso de reposición administrativo con jerárquico en subsidio, solicitando, dejar sin efecto la sanción dispuesta o bien, en subsidio aplicar el mínimo de la multa contemplado en el artículo 174 del Código Sanitario.

Finalmente, el 23 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico, se notificó la Resolución N°NUM000, la que rechazó el recurso de reposición en todas sus partes, no dio lugar al recurso jerárquico, ratificó la resolución y mantuvo la multa.

Señala, por otra parte, que el recurrente tiene 62 años y trabaja como mecánico de estructuras metálicas desde hace más de 40 años, prácticamente desde su egreso de la enseñanza media. Además, que desde hace 20 años trabaja en el taller que fue objeto de fiscalización, que se encuentra contiguo a la casa familiar. Agrega que siempre ha trabajado solo, y que nunca ha sido sancionado por alguna infracción.

Fundamenta, en primer término, que no se verifica el supuesto de hecho “lugar de trabajo” que es un requisito para la aplicación del Decreto N° 594 -artículos 11, 22, 36, 37 y 39-, que regula condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo. Por lo mismo no procedía fiscalización, ni sanción. Arguye que el decreto tiene por finalidad proteger a los trabajadores, imponiendo una serie de obligaciones al empleador. Pero en el caso particular, no hay empresa, ni trabajador, ni empleador. Se trata del recurrente, persona que desarrolla unipersonalmente un oficio liberal.

Siendo él dueño del taller.

Indica, que los hechos, a la vez, constituirían una infracción a los principios de debido proceso y a las reglas de un procedimiento racional y justo, al no haber habilitación legal para el procedimiento que se desarrolló.

Y esto sin perjuicio de la poca precisión de los cargos, y su no referencia a los estándares que se evaluaron.

Alega, en tercer término, y en conexión con lo descrito, la infracción al artículo 41 de la Ley N° 19.880, al carecer de fundamento la decisión sancionatoria.

Justifica, sobre los hechos objeto de acción constitucional, que estos contrarían las garantías del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, por el seguimiento de un proceso sin habilitación legal y por la falta de tipicidad, sin perjuicio de infringirse la presunción de inocencia, ante la valoración únicamente del acta de inspección que sustento la sanción. Y sobre esta misma infracción, aduce el decaimiento o caducidad del acto administrativo, esto ante que el inicio del procedimiento es de 28 de febrero de 2020. Por otra parte, refiere la infracción de la garantía de igualdad ante la ley por lo ya referido. Finalmente, indica la infracción del derecho de propiedad, ante la sanción pecuniaria impuesta.

Pide, dejar sin efecto los actos recurridos, y en subsidio, ordenar dejar sin efecto la sanción, aplicando el mínimo de la multa, además, ordenar cualquier medida que la Corte estime pertinente y la condena en costas a la recurrida.

Segundo: Que, el 15 de marzo de 2023, evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Dice que mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 09 de mayo de 2023, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, se dejó sin efecto la resolución N° NUM000, y en consecuencia se resolvió sobreseer al recurrente, considerando el análisis de los antecedentes, y teniendo presente lo dispuesto los artículos 5, 9 y 161 del Código Sanitario, y los preceptos de la Ley N° 19.880, además de la Resolución N° 7 de la Contraloría General de la República. Por, ende, refiere la falta de oportunidad.

Tercero: Que respecto del informe evacuado, se ordenó dar traslado a la recurrente, la cual lo evacuó el 25 de marzo del presente, señalando que la dictación del acto señalado en el informe solo corrobora las ilegalidades y arbitrariedades de la recurrida, además, que lo que estima procedente no es la revocación, sino la invalidación al no tener sustento fáctico. Finalmente, que en todo evento sería procedente la condena en costas pedida.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que el conflicto sometido ante esta Corte es la eventual ilegalidad y/o arbitrariedad de las dos Resoluciones Exentas emanadas por la recurrida, la cual en primer lugar impuso una sanción de 25 U.T.M. por la infracción constatada por el Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos y, la segunda, que rechazó el recurso impetrado en contra de la primera. Y solicitó el recurrente, ordenar dejar sin efecto la sanción individualizada o su rebaja al mínimo.

Séptimo: Que solicitando rechazar la acción constitucional, la recurrida informó que se dejó sin efecto la Resolución N° NUM000, por medio de la Resolución Exenta N° NUM003 de 09 de mayo de 2023, y conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis. Lo anterior por lo informado por la recurrida y en relación con la solicitud del recurso de protección señalado en la parte expositiva y en el fundamento Sexto.

Noveno: Que, en cuanto a la solicitud de la actora de condenar en costas a la recurrida, esta no se impondrá en atención al rechazo del recurso de protección.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por RAÚL en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y de don nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 110.559-2022.-