nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 11, téngase presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Comparece doña María Angélica Brown Oropeza, abogada, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, presentada bajo el procedimiento regulado por la Ley N°18.156. Actuación que se estima ilegal y arbitraria, por cuanto desconoce la documentación válida acompañada y aplica una interpretación restrictiva de la normativa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto la decisión recurrida y se ordene emitir un nuevo pronunciamiento sobre la devolución de sus fondos.

Expone ser técnico superior universitario en turismo, y que solicitó el 5 de mayo de 2025 a la AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales, solicitud registrada bajo el N°42335. Para ello acompañó contratos de trabajo, anexos, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y título profesional apostillado. No obstante, mediante comunicación electrónica de 6 de mayo, la administradora informó el rechazo de la solicitud, señalando que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Afirma que sí cumple cabalmente con las exigencias de los artículos 1° y 7° de la referida ley, que permiten a los técnicos extranjeros solicitar la devolución de sus fondos siempre que acrediten afiliación a un sistema previsional en su país de origen. Afirma que la AFP desconoció injustificadamente la validez del certificado de afiliación al IVSS, emitido por la embajada venezolana en Chile y autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a constituir documento suficiente conforme al artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, explica que, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, existe una imposibilidad material de obtener certificaciones actualizadas, configurándose una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que, pese a ello, se acompañó declaración jurada notarial en Chile que acredita su afiliación, documento con valor probatorio suficiente, reforzado además con antecedentes de otros casos en que la AFP Cuprum aprobó devoluciones bajo condiciones idénticas.

Argumenta que la actuación de la recurrida constituye un trato desigual frente a otros solicitantes en similares circunstancias, generando discriminación arbitraria. De igual modo, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, al impedírsele disponer de ellos a pesar de cumplir con los requisitos legales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo emitido por AFP Provida, ordenando a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento dentro de plazo prudente, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección de la recurrente.

SEGUNDO: Que, evacuando su informe, comparece el abogado don Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando desde ya el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas. Fundamenta tal solicitud, en primer lugar, en la improcedencia de la acción cautelar de protección como vía idónea para resolver controversias de lato conocimiento y, en subsidio, en la ausencia de actos ilegales o arbitrarios por parte de la recurrida.

Sostiene que el recurso de protección constituye un mecanismo de carácter excepcional, destinado únicamente a otorgar amparo inmediato frente a la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Explica que la materia discutida excede el marco de esta acción, pues la recurrente busca en realidad modificar la interpretación y aplicación de normas previsionales, particularmente la Ley N° 18.156 y el Decreto Ley N° 3.500, lo que corresponde a un análisis de lato conocimiento, contradictorio y no susceptible de ser resuelto en sede cautelar.

Reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos de la actora, presentada bajo la Ley N°18.156, por cuanto el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencido, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Destaca que, como entidad administradora, tiene el deber de observar estrictamente la normativa aplicable, debiendo verificar que se cumplan copulativamente todos los requisitos exigidos por la ley y las normas complementarias antes de autorizar la devolución.

Anota que el DL N°3.500 establece que las AFP tienen como objeto exclusivo administrar fondos previsionales para financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, quedando impedidas de destinar dichos recursos a fines distintos, salvo las excepciones expresamente contempladas en la ley. En tal sentido, la devolución de fondos a técnicos extranjeros constituye una hipótesis excepcional que solo procede cuando se acreditan íntegramente los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Explica que estos son: acreditar la calidad de técnico mediante documentación legalizada; demostrar afiliación a un régimen previsional en el país de origen con anterioridad al contrato en Chile, mediante certificación vigente y debidamente legalizada; y declarar en el contrato de trabajo la voluntad expresa de mantener dicha afiliación.

Que, en consecuencia, concluye que la negativa de Provida no constituye acto ilegal ni arbitrario, sino cumplimiento estricto de la normativa, por lo que no existe agravio ni privación de garantías constitucionales de la recurrente.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condenación en costas, atendido que la acción intentada no cumple con los requisitos del artículo 20 de la Constitución, y porque la recurrida se ha limitado a cumplir con lo dispuesto por la ley y la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO. Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por el actor junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en lo que se refiere a la vigencia del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

SEXTO: Que, pues bien, conforme los antecedentes que obran en el proceso, aportados por la propia recurrente, el documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, fue emitido el 23 de julio de 2024 y tenía una vigencia de 120 días, por lo que, al momento de presentarse la solicitud de devolución de fondos (14 de mayo de 2025), dicho instrumento se encontraba vencido. En este sentido, la exigencia de vigencia del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntado los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Provida S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11054-2025.

En Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.