ELFA SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

C.A. de Santiago Santiago, dos de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto y considerando:

Primero: Que el abogado Alejandro Muñoz Castellón, acciona de protección en favor de la empresa ELFA SpA, representada legalmente por nombre reservado, contra la Tesorería General de la República, por haber compensado $8.182.145 del monto que le correspondía por devolución de impuestos para el año tributario 2022, con parte de una multa ascendente a 300 Unidades Tributarias Mensuales, impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustible -contra la cual también recurre-, sin que ello fuera procedente. Estima transgredidos sus derechos fundamentales protegidos en el artículo 19 Nros. 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que no podía realizar esta compensación porque no se cumplían en la especie los requisitos del artículo 1656 del Código Civil, atendido que la multa impuesta no se encontraba firme ni ejecutoriada, ya que su parte dedujo recursos cuya decisión no había tenido lugar, de consiguiente no era líquida.

Explica que la Tesorería inició el cobro judicial de la multa, mediante el procedimiento administrativo, signado con el rol Nro. 13.370-2022 de Providencia, respecto del cual, el 5 de octubre de 2022, su parte interpuso incidente de nulidad; éste fue desechado el 13 de diciembre de 2022, pero su parte presentó reposición y apelación subsidiaria y esta resolución está pendiente.

Afirma que esta retención y compensación vulnera su derecho de propiedad, las normas del debido proceso y la igualdad ante la ley garantizados por nuestra Constitución Política del Estado, tratándose de actos ilegales y arbitrarios que se traducen en una presión contumaz hacia el contribuyente, que le permite hacerse pago de un crédito que legalmente no cabe satisfacer. Más aun -agrega- el proceder arbitrario que se reprocha, importa a su vez, que la recurrida se atribuya funciones de orden jurisdiccional decidiendo por sí y ante sí, bajo el subterfugio de una legalidad formal, el cobro indebido de una obligación.

Pide se restablezca el imperio del derecho ordenando de inmediato el cese de todos aquellos actos que priven, perturben o amenacen su derecho sobre bienes y que sean consecuencia directa o indirectamente del proceder que se reprocha y se ordene liberar la suma de $8.182.145.- correspondiente a la devolución de impuesto autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, con costas.

Acompaña antecedentes consistentes en los antecedentes de reclamo administrativo y juicio de cobro ejecutivo.

Segundo: Que la Tesorería General de la República, evacua informe indicando que ejerció sus facultades de cobro en el expediente respectivo, cuya nómina es de 5 de septiembre de 2022, constando en éste que la empresa fue notificada y requerida de pago el 23 de septiembre del 2022. Dicha contribuyente presentó el 5 de octubre del 2022, una solicitud de nulidad sobre la base de recursos administrativos, y opuso la excepción de no empecer el título, objetando directamente el cobro. Se pidió a la SEC que informara sobre estas objeciones y paralelamente se recibió comunicación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que daba cuenta de la declaración de inadmisibilidad de la reclamación interpuesta por el contribuyente en contra del Oficio Ordinario Nro. 134307 en el Ingreso Corte Nro. 501-2022.- Adiciona que, en atención al mérito de lo informado por la SEC, lo resuelto por la Corte de Apelaciones y el informe requerido al abogado del Servicio de Tesorería, resultaba que el cobro contaba con un título ejecutivo vigente y actualmente exigible, ya que la excepción de no empecer el título, el legislador ha dispuesto que no podrá discutirse la existencia de la obligación tributaria y para que sea sometida a tramitación, debe fundarse en un antecedente escrito y aparecer revestida de fundamento plausible, por lo tanto, al no concurrir ellos como era el caso, el juez sustanciador debe desecharla de plano, según dispone el artículo 177 Nro.3 del Código Tributario; además, no se registraban solicitudes de suspensión de cobro. Con lo informado por el organismo girador respectivo y las consideraciones indicadas respecto a la excepción de no empecer el título, el juez sustanciador por resolución del 26 de diciembre de 2022 que rola a fojas 41 del expediente administrativo, no acogió a tramitación el incidente de nulidad por extemporáneo y rechazó de plano la excepción por no reunir los requisitos legales.

No obstante lo anterior, el 30 de diciembre de 2022, la recurrente interpuso en contra de lo resuelto en el expediente administrativo de cobro un nuevo recurso de reposición con apelación subsidiaria, sobre los mismos argumentos ya indicados, recurso que previa tramitación legal respectiva, y en base a un nuevo informe de la SEC que ratificó los antecedentes ya indicados, y por no adjuntarse, además, nuevos antecedentes, el juez sustanciador rechazó los recursos presentados.

Asimismo, indica que para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la recurrida, del cual se siga inmediata y directamente una privación, perturbación o amenaza de sus derechos constitucionales; y que la falta de legitimación activa o pasiva en la causa debe declararse de oficio por el tribunal en la sentencia de fondo y en caso de existir dicha falta, la sentencia debe declarar la existencia de ella y omitir el pronunciamiento sobre el conflicto promovido. Por lo que solicita tener en cuenta lo señalado en el numeral 4 del artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, donde se indica que corresponde a esta institución efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del sector público que las leyes le encomienden; contando además, con la facultad de compensar deudas de los contribuyentes, en los términos dispuestos en el artículo 6° de dicho cuerpo normativo que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. Tesorería en cumplimiento de este deber legal (y por el sólo ministerio de la ley), procedió al cobro de la multa girada por la SEC (que se encontraba en condiciones de ser exigida), de lo cual se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario, a saber, el cobro de multa que tendría una reclamación administrativa pendiente, no es imputable a la Tesorería General de la República, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

De acuerdo a lo señalado, dice, el recurso interpuesto respecto de éste Servicio, adolece del requisito fundamental de la legitimación pasiva y se hace jurídicamente imposible que esta Corte restablezca el imperio del derecho a través de la Tesorería General de la República, recurrida que no ha hecho más que atenerse al mismo. El Servicio de Tesorerías a la fecha de la compensación, no ha tenido la injerencia, para el cargo y/o descargo de la misma dado que el organismo competente para ello es la SEC, quien puede cargar, eliminar o modificar el registro en el Sistema de Cuenta única Tributaria del crédito a favor del Fisco.

Sin perjuicio de la improcedencia invocada -por falta de legitimación pasiva-, entiende que el recurso debe desestimarse porque no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías, reiterando lo esbozado en el punto anterior, a propósito de sus facultades para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco. Así, una vez que la SEC emite una Resolución cursando una multa administrativa, y sólo cuando ésta se encuentra ejecutoriada, dicho organismo fiscalizador registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria el crédito a favor del Fisco, siendo por ende la SEC la facultada para cargar, eliminar o modificar el cargo previamente efectuado. Y según el certificado de cuenta obtenidos desde la Cuenta Única Tributaria de la recurrente se registra, a través de movimientos de 20 de junio de 2022, que se cargó el formulario 44, folio Nro. 38057 derivado de la multa cursadas por la SEC en la Resolución Nro.11311, de 16 de marzo de 2022.

En cuanto a las garantías constitucionales estima que no se ha acreditado su transgresión. Todos los contribuyentes son sometidos al mismo tratamiento que está en las normas indicadas que autorizan la compensación y que, además, están socializadas en las propias instrucciones de renta de cada proceso. No es efectivo que el contribuyente tenga un derecho absoluto al pago de una devolución, sino que ella está sujeta a que se den todas las condiciones para el pago siendo una de ellas que no tenga obligaciones fiscales pendientes. Por ello, la actuación del Servicio de Tesorerías no puede ser considerada ilegal o arbitraria, toda vez que ésta se efectuó dentro del ámbito de su competencia, sin que se advierta una conculcación de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas por la recurrente y la acción cautelar intentada contra ese servicio debe ser rechazada al no existir medida que adoptar.

Tercero: Que, a su vez, la Superintendencia de Electricidad y Combustible informa que con fecha 16 de marzo de 2022, se dictó la Resolución Exenta Nro. 11311 que sancionó con multa equivalente a 300 UTM a ELFA SpA, por comercializar artefactos eléctricos peligrosos valorizados en US$491.247 sin previa certificación de seguridad, según la misma pacíficamente reconoció en sus descargos de 1 de septiembre de 2021.- En efecto, añade, el 13 de abril de 2022, la recurrente presentó impugnación administrativa en contra del acto terminal sancionatorio, el que fue rechazado el 16 de junio de 2022, mediante la Resolución Exenta Nro.35.331; finalmente el 11 de agosto de 2022, la empresa dedujo un incidente de nulidad de la notificación de esta última resolución alegando que la carta certificada habría llegado a un domicilio incorrecto y se habría recibido por personas no vinculadas a la empresa. Sin embargo, mediante Oficio Ordinario Nro. 134307, de 29 de agosto de 2022, la Superintendencia verificó que la carta fue efectivamente recibida en el domicilio del administrado y no advirtió vicios de ilicitud por recibirse por persona no vinculada laboralmente a la empresa por lo que la petición fue rechazada.

Agrega que, de acuerdo con el artículo 3° Nro. 14 de la Ley Nro. 18.410 en Chile no se puede comercializar artefactos sometidos al sistema de certificación sin previa evaluación de su conformidad con los estándares mínimos reconocidos en los protocolos que fijan el proceso de certificación del producto, aplicados por las entidades autorizadas por esta Superintendencia, siendo una infracción su incumplimiento de acuerdo al complementario artículo 27 del DS N°298/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley Nro. 18.410 establece que las notificaciones de los actos emitidos por esa institución serán mediante carta certificada, teniéndose por notificado el destinatario al tercero día de recibida la carta en Correos de Chile.

Observa además que la Resolución Exenta Nro. 11.311, de 16 de marzo de 2022, se encuentra firme desde el día 12 de julio de 2022, último día para impugnar la Resolución Exenta Nro. 35.331, en consecuencia, desde esa fecha la multa era exigible.

Por último, refiere que no resulta posible discutir la multa aplicada mediante un recurso de protección, toda vez que existe un dispositivo específico para reclamar judicialmente los actos de esta Superintendencia dentro de 10 días, según el artículo 19 de la Ley Nro. 18.410 y, además, el régimen de la acción constitucional otorga 30 días para entablarse en la Corte de Apelaciones respectiva. En este sentido, como lo indicó la Ilustrísima Corte de Apelaciones en resolución de 16 de noviembre de 2022, en causa Rol Nro. 501-2022, el Oficio Ordinario Nro. 134.307, de 29 de agosto de 2022, es un acto trámite, sin que proceda recursos en su contra, confirmando su calidad de acto trámite, lo que no provoca indefensión o imposibilidad de continuar un procedimiento.

Cuarto: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24° y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nro. 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Quinto: Que esta acción es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

Sexto: Que, para dilucidar si alguna de las garantías denunciadas se han infringido es menester dejar establecido, primeramente, que de acuerdo a lo expresado por el recurrente, los informes recibidos y los antecedentes acompañados, aquella contribuyente fue multada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Resolución Nro. 11.311, el 16 de marzo de 2022, luego de un proceso en el cual fue oída ya que presentó descargos.

Así, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 18 y 19 de la Ley Nro. 18.410, la infractora disponía de un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación para pagar la multa en el servicio de Tesorería. Si optare por impugnarla disponía de 5 días para el recurso de reposición ante la Superintendencia y de 10 días ante la Corte de Apelaciones que correspondiere, en este caso, Santiago.

Séptimo: Que la contribuyente optó por presentar reposición, lo que fue decidido el 16 de junio de 2022, rechazándose. Y no reclamó ante esta Corte de dicha multa.

Así las cosas, la nómina de deudores morosos de 5 de septiembre de 2022, que constituye el título ejecutivo para el cobro por parte de Tesorería, era exigible a la época del requerimiento de pago efectuado el 23 de septiembre de 2022 y era aplicable lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, de 1994, del Ministerio de Hacienda que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que “[…] autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”, esto constituye incluso un beneficio para el obligado porque de acuerdo al artículo 7 siguiente, en estos casos la Tesorería no aplica intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sea igual al monto adeudado por el Fisco.

Octavo: Que la circunstancia de haberse incoado un juicio ejecutivo de cobro no modifica esta facultad ni la difiere en el tiempo sino que solamente le otorga al ejecutado la posibilidad de oponerse conforme al artículo 177 del Código Tributario, es decir, esgrimir la circunstancia de haber pagado la deuda, haber prescrito el lapso para su cobro o no empecerle el título, excepción esta última que intentó y perdió el ejecutado, pues se la descartó de plano el 26 de diciembre de 2022.

Noveno: Que nada contribuyeron los incidentes de nulidad que en carácter de extraordinario fueron deducidos paralelamente respecto de distintas decisiones tanto ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como ante el juez tributario, todos desechados que no suspendían el giro de la multa, particularmente el reclamo ante la Corte de Apelaciones que no lo fue contra la imposición de la multa sino respecto de la notificación.

Debe tenerse también en cuenta que la compensación operó materialmente en la operación renta del año 2023.

Décimo: Que, en definitiva, no ha existido ningún acto ilegal de parte de alguna de las recurridas, las que obraron dentro del ámbito de su competencia en materias que la ley le asigna y conforme a los procedimientos que eran aplicables, respetando en todo momento el derecho a defensa del recurrente.

Undécimo: Que debe descartarse también la alegación de arbitrariedad, dado que todos los contribuyentes se encuentran sujetos a la normativa aplicada en este caso, lo que impide que pueda considerarse afectada la igualdad ante la ley o el debido proceso y menos el derecho de propiedad sobre la devolución de impuestos, que no constituye sino una expectativa, según se cumplan o no los requisitos legales para ello, lo que no ocurrió en la especie por adeudar el contribuyente el pago de una multa impuesta en un procedimiento regular.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de ELFA SpA contra la Tesorería General de la República y la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra (S) señora Poza.

Rol Protección N°11.049-2023.-