nombre reservado con DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, dos de junio de dos mil veintitrés.

A los folios 17 y 18: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero de ejecución en computación e informática, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección de Educación Pública, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en no renovar su contrata para el año 2023, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 2, 16 y 24.

Funda el recurso expresando que, ingresó a prestar servicios en calidad de contrata para la recurrida con fecha 23 de agosto de 2021, como profesional asimilado a grado 7° de la Escala Única de Sueldos. Luego, fue renovada su contrata a contar del 1 de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Indica que, se desempeñaba como Jefe de Sección de Tecnología e Información, dando cuenta de sus principales funciones. Adiciona, que previamente, prestó servicios ininterrumpidamente para CENABAST, en razón de la contrata que se extendió desde el 01 de septiembre de 2012 hasta 23 de agosto de 2021, oportunidad en que renunció, “para reincorporarse como funcionario público en la Dirección de Educación Pública”. Refiere que toda su carrera la ha desempeñado en organismos públicos, dando cuenta de las funciones que cumplía en CENABAST. En este contexto, refiere que “teniendo la plena convicción que como profesional técnico podía ser un aporte en otra institución pública, es que decidí postular al concurso para ser profesional en calidad de contrata grado 7° en la Dirección de Educación Pública pues, cumplía con todos los requisitos requeridos para dichas funciones.” Indica que, tras haber sido seleccionado, renunció a CENABAST.

Añade que, durante el tiempo que prestó funciones para la recurrida, cumplió sus deberes y obligaciones con total esmero, dedicación y según lo ordenado y encomendado por las jefaturas, desempeñando funciones como funcionario público sin inconvenientes, siendo calificado en Lista 1 de Distinción. Refiere que, aduce que, “de manera sorprendente y contrario a lo informado por mis jefaturas, no fue renovada mi contratación para el año 2023.” Al efecto, asevera que mantuvo conversaciones con su jefatura, en que se le habría informado que su contrata sería renovada, lo que no ocurrió, desconociendo los motivos y fundamentos de dicha decisión, “lo cual coincide con la llegada del nuevo Director de la recurrida, don nombre reservado, en el mes de octubre de 2022.”

Afirma que “no se entiende el obrar de la recurrida al no renovar mi contrata, en circunstancias que previamente se había conversado la renovación de la misma. Es más, ni siquiera fui notificado formalmente de la no renovación de mi contratación, ya que frente a mis reiteradas consultas, nunca se me informó nada, por el contrario, siempre creí que esta sería renovada. En consecuencia, me he visto marginado arbitrariamente de mi comprometido trabajo. Fui marginado y despedido de manera arbitraria e ilegal sin respeto a un procedimiento regular ni a mis garantías constitucionales y dignidad como persona.” Complementa lo anterior aseverando que “no fui informado de mi no renovación, ni notificado formalmente, es más, siempre creí que sería renovado por el año 2023, y así se había conversado previamente, por lo tanto, no hubo un procedimiento regular. No hay una razón plausible ni existe una verdadera fundamentación de mi no renovación.”

En cuanto al fondo, cita lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2 de la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, así como lo previsto en los artículos 11, 16 y 41 inciso 4 de la Ley N° 19.880. En este contexto, arguye que se ha incumplido el deber de motivación de la decisión administrativa, mientras que no fue notificado formalmente del acto cuestionado, que considera arbitario e ilegal.

Seguidamente, cita lo previsto en el artículo 19 N° 2 del texto constitucional y arguye que “resulta ser atentatorio y discriminatorio que no se haya renovado mi contrata por la recurrida, como si se hizo con el resto de los funcionarios, sin dar un motivo o argumento para ello. No se me dio un trato digno ni igualitario. Fui sometido a un trato discriminatorio, desigual, carente de justificación y racionalidad, basado en diferencias arbitrarias y ausencia de proporcionalidad”. A su vez, respecto de la garantía asegurada en su N° 16, expresa que “la no renovación de mi contrata se efectuó sin fundamento alguno, y ese solo hecho vuelve arbitraria y discriminatoria dicha actuación, contraviniendo toda la normativa vigente. Así, el acto por el cual se recurre de protección vulnera mi libertad de trabajo entendiéndola como la posibilidad de continuar ejerciendo mis funciones como personal a contrata por el año 2023 al menos, ya que desde el año 2021 que venía desempeñando mis funciones en la Dirección de Educación Pública y desde el 2012 como funcionario público en otro organismo, de manera continua e ininterrumpida.”

Por último, en cuanto a las garantías invocadas, transcribe el texto del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de República, cita lo dispuesto en el artículo 582 y 583 del Código Civil, y asevera que “el arbitrario e ilegal actuar de la recurrida me ha impedido ejercer mi función laboral con los derechos y beneficios que ello conlleva afectando, además, el dominio sobre las remuneraciones que dicha función me otorgaba en mi condición de trabajador y funcionario público, las cuales solicito a S.S.I sean pagadas a mi persona durante todo el periodo que he sido marginándome mis funciones de la manera irregular y arbitraria”.

Posteriormente, transcribe el texto del artículo 72 de DFL N° 29, que fija texto refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, y citas de los dictámenes N° 96494 de 2015 y N° 23168 de 2018 de la Contraloría General de la República, para luego transcribir el texto del artículo 20 del texto constitucional, y afirma que “me he visto privado y perturbado en el legítimo ejercicio de mi derecho a la igualdad ante la ley, de mi derecho a la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, importando una disminución concreta y efectiva a mi patrimonio, impidiéndome percibir las remuneraciones a las que tenía derecho como funcionario público con desempeño a contrata en la Dirección de Educación Pública”.

Finalmente, solicita acoger el recurso y declarar:

“1.- Que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política de la República ni a la ley; y vulnera mis garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y del derecho de propiedad.

2.- Que proceda poner término a las actuaciones de la recurrida, ordenando a la recurrida renovar mi contrata para el año 2023.

3.- Ordene, además, el pago de mis remuneraciones adeudadas desde mi injusta separación y, asimismo, el reintegro inmediato a mis funciones con expresa continuidad y pago de mis remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la arbitraria separación de mis funciones hasta mi efectiva reincorporación, reintegro que solicito se realice en las mismas condiciones en las me desempeñaba al momento de ser desvinculado, más intereses legales, o conforme S.S. estime en derecho.

4.- Que, además, este ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL en uso de sus facultades, disponga de todas aquellas medidas que juzgue necesarias para el restablecer el imperio del derecho.

5.- Se condene en costas a la recurrida”.

Segundo: Que, informando, comparece doña nombre reservado, Directora Subrogante de Educación Pública.

Expresa que, tal señala el recurrente, el primer acto que vincula al protegido con la Dirección de Educación Pública es la Resolución Exenta N° 122.568/780/2021 de 30 de agosto de 2021, la que ordenó contratarlo a contar del día 23 de agosto de 2021, hasta el día 31 de diciembre de 2021, como profesional asimilado al grado 7º de la planta de profesionales de la Dirección de Educación Pública. Luego, mediante Resolución Exenta N° 122568/27/2022 de 5 de enero de 2022, se prorrogó la contrata en las mismas condiciones, hasta el día 31 de diciembre de 2022. Así las cosas, una vez prorrogada su contrata para todo el año 2022, la Dirección de Educación Pública encomendó al Sr. nombre reservado, mediante la Resolución Exenta N° 122568/145/2022, “(... ) los funciones directivas de Jefe del Subdepartamento de Coordinación y Tecnología, para atender las necesidades tecnológicas del servicio a través de políticas y proyectos que faciliten la transformación digital, y dará soporte a los sistemas y equipos que utiliza la Dirección para su operación, y cuando sea requerido también a los Servicios Locales de Educación Pública y en general, realizar todas las demás funciones que le encomiende el Jefe de Servicio, a contar del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022”.

Luego, bajo el acápite “la acción de protección fue deducida fuera de plazo”, expresa que, con fecha 01 de diciembre de 2022, el recurrente remitió un correo a las casillas de correo electrónico del Jefe de Gabinete de la Subdirección de la Dirección de Educación Pública, nombre reservado, y de la jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, nombre reservado, señalando lo que sigue: “Junto con saludar, y según lo comunicado de su parte verbalmente, y que refiere a la no renovación de mi contratación para el periodo 2023, quedando establecida mi pertenencia a III DEP hasta el 31 de diciembre de 2022, quisiera consultar lo siguiente: 1) No se me ha notificado por escrito lo planteado; 2) Favor les agradecería indicarme motivos o fundamentos de la decisión, o señalar el documento que los ampara en derecho de no comunicar lo que se solicita”.

A partir de lo expuesto, considera manifiesto que, al día 01 de diciembre de 2022, el protegido ya había tomado conocimiento de la decisión de la Dirección de Educación Pública de no dar continuidad su contrata para el año 2023, lo cual, en los hechos, tomó lugar el día 30 de noviembre de 2022, oportunidad en que el Jefe de Gabinete de la Subdirección de la Dirección de Educación Pública y la jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas se reunieron con el personal a contrata que no había sido considerado en la Resolución Exenta N° 1845, de 30 de noviembre de 2022, que dispuso la prórroga de las contratas que indica para el año 2023, a fin de informarles verbalmente de la decisión adoptada por la Dirección de Educación Pública. Así entonces, advierte que la acción de protección se dedujo una vez vencido el plazo de 30 días fatales que señala el Auto Acordado aplicable, toda vez que lo hizo el día 30 de enero de 2023, en circunstancias en que la precitada Resolución Exenta N° 1845, que dispuso las prórrogas de las contratas de los funcionarios de la Dirección de Educación Pública para el año 2023, fue dictada el día 30 de noviembre de 2022, mismo día en que el Sr. nombre reservado tomó noticia de la decisión de la autoridad de no prorrogar su contrata.

Seguidamente, señala que la decisión adoptada por la Dirección de Educación Pública en orden a no prorrogar la contrata del recurrente responde, exclusivamente, a una decisión de gestión interna del servicio y que, el término de la misma operó por el solo ministerio de la ley, toda vez que, de conformidad a lo que señala la Resolución Exenta N° 122568/27/2022, el vínculo contractual que ligaba al recurrente con el servicio se extendía solo hasta el día 31 de diciembre del año 2022. En virtud de que el vínculo que ligó al recurrente con el servicio se extendió por un plazo no superior a dos años, y que en el transcurso del mismo se renovó su contrata en solo una oportunidad, no es posible sostener que a su respecto concurrieron los presupuestos que la Contraloría General de la República y la Excma. Corte Suprema han considerado como condición necesaria para que respecto al funcionario opere la confianza legítima.

Complementa lo anterior señalando que no obsta a lo anterior el hecho de que el recurrente haya tenido desempeños previos en otros órganos de la Administración del Estado, toda vez que las tareas que en aquellos desempeñó no guardaban relación con las funciones que cumplió en la Sección de Tecnología e Información de la Dirección de Educación Pública, y que la decisión de migrar desde un servicio a otro se produjo a partir de una decisión del funcionario y no como consecuencia de un acto de autoridad que dispusiera su traspaso sin solución de continuidad, condición necesaria para generar confianza legítima según lo expuesto por la Contraloría General de la República en el dictamen N° E173171, de 2022.

Afirma que lo señalado es relevante a la luz de lo expuesto por la Contraloría General de la República mediante su dictamen N° E156.769-2021. Sostiene que estas instrucciones resultan relevantes en orden a explicar por qué la Dirección de Educación Pública prescindió de la dictación de un acto administrativo que dispusiera la no renovación de la contrata del actor, las que resultan vinculantes para el Servicio.

Por último, manifiesta que la decisión de no prorrogar la contrata del actor se enmarca en el ejercicio de las facultades que le asisten a la Dirección de Educación Pública, toda vez que el artículo N° 10 de la Ley N° 18.834 dispone que los empleos a contrata, salvo que el servicio público contratante decida lo contrario, durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año, criterio que ha sido reconocido por la Corte Suprema, sin perjuicio de la observancia del principio de confianza legítima, cuyos requisitos no se verifican en el presente caso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposicióń se enuncian, mediante la adopcióń de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la accióń de proteccióń la existencia, por un lado, de un acto u omisión ́ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el-́ y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que no existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a la no renovación de la contrata del actor para el año 2023.

En cuanto a la extemporaneidad:

Quinto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Sexto: Basta para acoger la extemporaneidad reclamada, considerar que el acto recurrido corresponde a la no renovación de la contrata del recurrente, situación de la cual tomó conocimiento al menos con fecha 1 de diciembre de 2022, oportunidad en que el actor remitió un correo electrónico al Jefe de Gabinete de la Subdirección de la Dirección de Educación Pública y a la jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, señalando: “Junto con saludar, y según lo comunicado de su parte verbalmente, y que refiere a la no renovación de mi contratación para el periodo 2023, quedando establecida mi pertenencia a III DEP hasta el 31 de diciembre de 2022, quisiera consultar lo siguiente: 1) No se me ha notificado por escrito lo planteado; 2) Favor les agradecería indicarme motivos o fundamentos de la decisión, o señalar el documento que los ampara en derecho de no comunicar lo que se solicita”.

Así entonces, se advierte que la acción de protección se dedujo una vez vencido el plazo de 30 días fatales que señala el Auto Acordado aplicable en la materia, toda vez que lo hizo el día 30 de enero de 2023, en circunstancias en que al menos se verifica que tomó conocimiento del acto que denuncia el 1 de diciembre del año recién pasado.

En cuanto al fondo:

Séptimo: Que de acuerdo a lo expuesto por las partes y los antecedentes allegados al proceso resulta posible establecer para los efectos de la presente acción cautelar, los siguientes hechos de relevancia fáctica jurídica:

1. En virtud de la Resolución Exenta N° 122.568/780/2021 de 30 de agosto de 2021, la autoridad recurrida contrató al actor a contar del día 23 de agosto de 2021, hasta el día 31 de diciembre de 2021, como profesional asimilado al grado 7º de la planta de profesionales de la Dirección de Educación Pública.

2. Luego, mediante Resolución Exenta N° 122568/27/2022 de 5 de enero de 2022, se prorrogó la contrata del recurrente, en las mismas condiciones, hasta el día 31 de diciembre de 2022.

3. En la Resolución Exenta N° 1845, de 30 de noviembre de 2022, que dispuso la prórroga de las contratas que indica para el año 2023, en la que no fue incluido el actor.

Octavo: Que, para los efectos de analizar la legalidad de los actos denunciados, es del caso precisar, en primer término, que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, de duración limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna. En efecto, la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Noveno: Que al respecto es dable señalar que, el principio de la “confianza legítima”, en la actualidad, constituye una verdadera máxima, ya que si una relación laboral a contrata se renueva reiteradamente, genera en el funcionario la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración, en indefinido un vínculo que en abstracto debía ser transitorio, situación que ha dado origen a la elaboración del principio de "confianza legítima" que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar a partir del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016 y que ha sido recogido por los Tribunales Superiores de Justicia.

Décimo: Que como se ha dicho por esta Corte en reiteradas oportunidades desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N° 22.766 de la Contraloría General de la República, se encuentra asentado que la decisión de no renovar una contrata violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas mayores a dos o cinco años de dichas contratas (de acuerdo a los criterios asentados por la Contraloría General de la República y la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, respectivamente).

Undécimo: Que la Corte Suprema con fecha 31 de marzo de 2023, en causa Rol N° 26.301-2023:

“Décimo: Que, entonces, resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado. Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración. Lo anterior es coherente, además, con la política de renovación de contratas del personal del poder judicial, que es un criterio que ha sido sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, que tiene su sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo.

Undécimo: Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración puede poner término a su contrata de forma anticipada, esgrimiendo una causal legal que le permita hacer uso de una facultad doblemente excepcional, en tanto aquello implica no sólo no renovar un vínculo que se encuentra indisolublemente ligado al desempeño de un cargo en virtud de necesidades que fueron previamente evaluadas, contrariando el acto administrativo pretérito que generó el legítimo derecho de la persona respectiva a desempeñarse en las funciones para las que fue contratado hasta el término de la anualidad, siendo este el aspecto factual que debe ser analizado en el caso concreto. En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”.

Duodécimo: Que en este orden de ideas se debe indicar que la calidad a contrata del actor, de acuerdo a los antecedentes expuestos precedentemente, no alcanzó a cubrir los cinco años necesarios con lo que no ha devenido el vínculo en indefinido, conforme al principio de confianza legítima que la Corte Suprema comenzó a aplicar en jurisprudencia del año 2023. En tales condiciones, no concurre una legítima expectativa de renovación creada en la recurrente, de la administración la hubiere privado arbitrariamente.

Al efecto, resulta necesario descartar que el recurrente se encuentre amparado en su pretensión por los períodos previos en los que prestó servicios para Cenabast, desde que tal desempeño cesó por renuncia voluntaria, con miras a ingresar al nuevo cargo para el cual concursó, y que desempeñó hasta la no revocación que ahora cuestiona, por lo que mal puede citársele para amparar una expectativa fundada en la continuidad de servicios prestados en un cargo que no sólo era distinto, sino que suponía habilidades y competencias diversas al que ejecutó hasta diciembre 2022, y en una repartición diferente.

Décimo tercero: Que, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, por un período continuo de a lo menos cinco renovaciones, lo que en la especie no aconteció, no siendo óbice para ello la data en que se realizó la no renovación de la contrata antes referida y la ausencia de fundamentación que en dicho acto se reprocha, toda vez que el recurrente no se encuentra amparado por el principio de confianza legítima atendido que no cumple con el requisito mínimo de procedencia, ya que su nombramiento se extendió menos de dos años, por lo que el cese en sus funciones operó por el sólo ministerio de la ley, al verificarse la llegada del plazo de su contratación, no requiriéndose a su respecto el cumplimiento de motivación por parte de la autoridad recurrida, siendo por tanto una deferencia el haberse enviado la comunicación que en esta sede se reprocha.

Décimo cuarto: Que reafirma el razonamiento que precede lo resuelto por la Corte Suprema con fecha 31 de marzo de 2023, en causa Rol N° 26.279-2023: “Undécimo: Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario.

En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”.

Décimo quinto: Que por su parte, la Contraloría General de la República mediante su dictamen N° E156.769-2021, impartió instrucciones relativas a la confianza legítima, al personal a contrata y otras materias afines, donde, en lo pertinente expuso que “(... ) cabe señalar que en los casos en que no aplica la confianza legítima, las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación, tal como lo manifestó el dictamen N° 20.445, de 2019. En efecto, en esta situación la contrata expira, por el solo ministerio de la ley, una vez que se cumple el plazo para el cual fue dispuesta, tal como lo prevén los artículos 10, inciso primero, y 153, inciso primero, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo (aplica dictámenes Nos 18.458 y 27.841, ambos de 2017, de este origen, resultando innecesaria la dictación de un acto administrativo que contenga la decisión y fundamentos para resolver no renovar la contrata”.

Décimo sexto: Que, en cuanto a la alegación de arbitrariedad e ilegalidad, la no renovación de la contrata del recurrente, forma parte del margen de discrecionalidad administrativa del que goza la autoridad recurrida, sujetándose por tanto a la normativa legal vigente y aplicable a la materia.

Décimo séptimo: Que, a mayor abundamiento, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia, aunado a que en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la administración en la gestión de sus recursos.

Décimo octavo: Que, al descartar la ilegalidad o arbitrariedad, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Dirección de Educación Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1104-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Eduardo Nelson Gandulfo Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dos de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.