nombre reservado con nombre reservado

Santiago, siete de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que, a fojas 10 comparece don BRAULIO SANDOVAL TRUJILLO, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien actuando en nombre de nombre reservado, RUN N° RUT reservado, médico cirujano, domiciliado en domicilio reservado de esa misma ciudad, deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Ministro Consejero, Director General de Asuntos nombre reservado (S) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por cuanto dicho funcionario, a través de comunicación de fecha 5 de septiembre de 2016, procedió a rechazar la solicitud del recurrente en orden a inscribir su título de “Psiquiatra” en el Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el Extranjero que al efecto lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que constituiría una arbitrariedad e ilegalidad, al vulnerar los derechos y garantías constitucionales de los números 16, 17 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, con el objeto que se ordene al mencionado funcionario proceda a inscribir el título ya referido en el libro pertinente.

2°.- Que, más adelante, refiere que con fecha 17 de diciembre de 1917, los Gobiernos del Ecuador y Chile suscribieron un Convenio sobre Mutuo Reconocimiento de Exámenes y de Títulos Profesionales entre ambos países, acuerdo que según indica, tiene valor de ley.

Agrega que el doctor nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana y actualmente nacionalizado chileno, se tituló como Doctor en Medicina y Cirugía con fecha 25 de mayo de 1990, título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, el cual, de acuerdo al referido convenio, fue inscrito a fojas 585/00 del Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el extranjero que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, otorgándose el correspondiente Certificado de Reconocimiento por el señor Director General de Asuntos nombre reservado don nombre reservado, con fecha 12 de julio de 2000, quedando autorizado para ejercer la medicina en Chile.

Añade que, además, con fecha 16 de octubre de 1996 le fue otorgado el título de Psiquiatra por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, respecto del cual, con fecha 22 de agosto de 2016, solicitó su inscripción en el Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el Extranjero que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañando la documentación pertinente, que es el asunto que motiva el presente libelo.

A su respecto, manifiesta que la respuesta contenida en el Oficio N° 010116, de fecha 05 de septiembre de 2016, en que se rechaza su solicitud, basándose esa Secretaría de Estado en carecer de competencia para acceder a lo solicitado, debiendo, si lo estima procedente, acogerse al procedimiento que la citada institución establece para la certificación de la especialidad de Psiquiatría.

Precisa que lo anterior constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto la aludida Convención dispone que serán válidos en Chile los exámenes rendidos y los grados que se obtengan por ecuatorianos o chilenos en el Ecuador, por lo que no hace distinción alguna, y se refiere a todos los grados que se obtengan. Asimismo destaca que el oficio recurrido señala que el convenio, cuando menciona que son válidos los grados que se obtengan por los nacionales antes referidos, se referiría a los títulos de pregrado, esto es, a los otorgados por las entidades a que se refiere el instrumento luego de estudios de formación universitaria no conducentes a una especialización u otros grados académicos superiores, lo que a juicio del recurrente no es efectivo, por cuanto el Convenio no hace distinción alguna. Además, estima que el acto es arbitrario, pues carece de fundamentación e interpreta erradamente el Convenio referido.

3°.- Que, finalmente, en cuanto a los restantes argumentos, que dicen relación con la existencia de una corporación de derecho privado, CONACEM, la que tiene como objeto efectuar el reconocimiento de especialidades, reconocida por el Ministerio de Salud mediante Decreto Exento N° 399, de 11 de febrero de 2014, arguye que el contenido de un decreto supremo no puede primar sobre el de una ley, siendo que tampoco puede derogar un tratado internacional.

Menciona que el funcionario recurrido, mediante su negativa, ha coartado la libertad de trabajo del recurrente, pese a que reúne todos los requisitos para optar a un empleo público; manifestando que se lesiona también su derecho de propiedad, por cuanto se le priva, o al menos se limita ilegalmente su derecho a ejercer su especialidad, lo que afecta su patrimonio, ya que limita su expectativa de ingresos económicos.

Por lo anterior, pide que se ordene al recurrido inscribir el título de Psiquiatra del recurrente en el Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el Extranjero que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, con costas.

4°.- Que, a fojas 27, el recurrido Director General de Asuntos nombre reservado nombre reservado, informando, manifiesta que la materia se encuentra regulada en los diversos cuerpos legales que cita, señalando que se argumentó para la negativa a la petición efectuada, que el convenio bilateral cuando menciona que son válidos los grados que se obtengan legalmente por ecuatorianos o chilenos, se refiere a los títulos de pregrado, esto es, a los otorgados por las entidades a que se refiere el instrumento, luego de estudios de formación universitaria no conducentes a una especialización u otros grados académicos superiores, como el caso del recurrente, de grado académico de especialista conducente al título de Psiquiatra, y ello porque el instrumento bilateral data de 1937, fecha en la que no existían las especialidades ni en Chile ni Ecuador, estableciéndose otros medios para acreditar dicha condición, por lo que no puede el Ministerio de Relaciones Exteriores efectuar el reconocimiento de una especialidad, lo que concuerda con lo expresado con la Subsecretaría de Salud y el Ministerio de Educación, y asimismo, el artículo 112 del Código Sanitario.

Agrega que, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el recurrente, aparece que el título de Psiquiatra corresponde a una especialidad médica y no a un título profesional, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha obrado conforme a derecho. Por otra parte, de la normativa que cita, refiere que la Superintendencia de Salud tiene a su cargo el registro de las certificaciones de las especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud, cuyas inscripciones se efectúan sobre la base de la información que proporcionan las entidades certificadoras, repartición que además está obligada a llevar el registro de las entidades certificadoras.

Finalmente, señala que la Corporación Nacional Autónoma de Certificación en Especialidades Médicas (CONACEM) es una institución de derecho privado que tiene por objeto efectuar el reconocimiento de especialistas en determinadas áreas o campos, a los médicos cirujanos que así lo soliciten, institución que fue autorizada para actuar como certificadora de especialidades de prestadores individuales de Salud en el área de la Medicina y ante ella se deben acreditar todos los médicos que quieran ejercer su especialidad en nuestro país, sean chilenos o extranjeros y sin que ello signifique discriminación arbitraria alguna. En fin , manifiesta que al negar esa Secretaría de Estado el registro de la especialidad médica del recurrente se ha ajustado a derecho, toda vez que carece de competencias para ello, ya que el convenio bilateral se refiere a títulos de pregrado y a que el ordenamiento jurídico chileno ha establecido un procedimiento de registro de una especialidad médica a través de una Ley y su respectivo decreto, y a que el reconocimiento del título de Psiquiatra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo pide el recurrente, atentaría contra el principio de igualdad ante la ley respecto de los demás profesionales de la salud, cualquiera sea su nacionalidad.

5°.- Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

6°.- Que, como punto preliminar de análisis, debe tenerse en consideración que el recurrente pretende que se proceda a inscribir en el Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el Extranjero que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores su especialización de “Psiquiatría” cursada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, disciplina obtenida luego de haber cursado los estudios de pregrado que generaron como consecuencia el que se le otorgara el título profesional de Doctor en Medicina y Cirugía, precisándose que éste último título sí se encuentra inscrito, lo que ha sido reconocido por el recurrente, centrándose su reproche en la negativa de la autoridad a inscribir su especialidad en psiquiatría. En relación a esto último, esta Corte, en el caso de autos, no vislumbra una actuación en los términos planteados en el basamento que precede.

7°.- Que, en efecto, despejado lo anterior y al momento de determinar si el Convenio suscrito entre Chile y el Ecuador en 1937 sobre mutuo reconocimiento de exámenes y títulos profesionales, es -como afirma el recurrente- extensible a las especialidades médicas, como la psiquiatría, lo cierto es que la respuesta a tal interrogante resulta ser negativa, particularmente al tenor del texto del mismo.

De los términos establecidos en el Decreto N° 961, de 16 de julio de 1937, que aprobó el Convenio suscrito entre Chile y Ecuador sobre Mutuo Reconocimiento de Exámenes y Títulos Profesionales, en su artículo I se dispone, en lo pertinente, que “serán válidos en el Ecuador los exámenes rendidos y los grados que se obtengan legalmente, por ecuatorianos o chilenos, en los Colegios, Universidades o Corporaciones Científicas de Chile; así como también serán válidos en Chile, los exámenes rendidos y los grados que se obtengan por ecuatorianos o chilenos en el Ecuador”; en su artículo II, hace referencia a “exámenes o grados” y a “títulos” en su artículo III; sin que se efectúe referencia alguna a especialidades como pretende la recurrente, siendo la cita más bien coincidente con el pregrado académico que es el título habilitante que permite el ejercicio profesional de la actividad, esto es, circunscrita solo a los estudios otorgados por las entidades a que se refiere el mismo instrumento luego de cursos de formación universitaria no conducentes a especialización o a grados académicos superiores como magíster o doctor, máxime si a la fecha de suscripción del acuerdo bilateral, el concepto de especialidad médica no se encontraba desarrollado ni tratado como tal en esa ciencia médica.

8°.- Que, como se advierte, el objetivo que ha tenido la Convención es facilitar el ejercicio de profesiones liberales respecto de quienes han obtenido en uno u otro país un certificado o título profesional para cuyo cumplimiento se procede al registro respectivo, cuyo no ha sido el caso de la especialidad invocada por el recurrente, siendo que para los efectos que persigue existe otro mecanismo, como es la “Certificación”, en virtud de la cual el sistema de salud lo reconoce como prestador individual que domina un cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes en un determinado ámbito del trabajo asistencial, otorgando el correspondiente certificado, ello según corresponda a las competencias de la Superintendencia de Salud, en materia de registro y publicidad, en directa relación con lo señalado en el Reglamento de Certificación de Especialidades de los Prestadores Individuales de Salud y de las Entidades que los otorgan, contenido en el DS N° 8 de 2013, del Ministerio de Salud, que entró en vigencia el 1 de enero de 2015, debiendo cumplir con sus exigencias, según el caso, para justificar la posesión de especialidades médicas conforme a las exigencias que allí mismo se contienen, sirviendo para tales efectos las certificaciones que otorgue la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, Conasem.

Misma que, de acuerdo a la resolución exenta N° 399 del Ministerio de Salud de 11 de febrero de 2014, autorizó a esta entidad a actuar como certificadora de especialidades de prestadores individuales de Salud en el área de la medicina y ante ella se deben acreditar todos los médicos que quieran ejercer su especialidad en el país, sean chilenos o extranjeros, aspecto que elimina cualquier atisbo de discriminación arbitraria como advertía el recurrente.

9°.- Que, consecuencialmente, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que el recurrido, nombre reservado, Ministro Consejero, Director General de Asuntos nombre reservado (S) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 16, 17 y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

10°.- Que, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, lo que la parte recurrida ha hecho es actuar en el ejercicio de las prerrogativas legales y reglamentarias con que cuenta, evitando extenderse a aquellas que son de competencia de otros organismos, lo que permite también excluir algún supuesto de carácter antojadizo.

11°.- Que, finalmente, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente el intentado habrá de ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 10 en representación de nombre reservado, y que fuera dirigido en contra de nombre reservado, Ministro Consejero Director General de Asuntos nombre reservado (S) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Rol Protección N° 110.268-2016.

Pronunciado por la Undécima Sala presidida por el Ministro Sr. Hernán Crisosto Greisse y conformada por la Ministro Sra. Mireya López Miranda y el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, siete de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.