nombre reservado con JEFE DE LA INSPECCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE, DOÑA nombre reservado

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

A fs.6 don Danny Cristian López Chávez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de Protección a favor de doña nombre reservado, peluquera, domiciliada en domicilio reservado, contra la Inspección del Trabajo Santiago Oriente, cuya Jefe Comunal es doña nombre reservado por la multa administrativa de 25 y 10 UTM que le fuera impuesta por resolución Nº 1176/2013/27-1y2 de fecha 28 de Mayo de 2013, confirmada por Resolución Nº 312, de 16 de Agosto de 2013, que rechazó la solicitud de dejar sin efecto o rebajar la referida multa.- En el recurso reitera los argumentos que había dado al solicitar la reconsideración por vía administrativa haciendo presente que las peluqueras que trabajan en el local que arrienda doña nombre reservado no están vinculadas con ella por un contrato de trabajo sino que tienen plena libertad para atender a su clientela y le pagan, a modo de renta, por el uso del sillón, un porcentaje de lo que obtienen.- Agrega que tal situación ha sido aceptada por el Servicio de Impuestos Internos que grava la actividad de peluqueros independientes, sean propietarios de salones de belleza o arrendatarios de sillón en locales que presten tales servicios.- Manifiesta que es errónea la calificación que hace la Inspección del Trabajo al considerar laborales sus relaciones con quienes se desempeñan en el salón que arrienda.-Alega que las obligaciones incumplidas establecidas en la fiscalización consistentes en no escriturar los contratos de trabajo y no llevar control de asistencia de horas ordinarias y extraordinarias, ni registro de asistencia del personal, vulnerando así las disposiciones de los artículos 9 inciso 1º y 2º, 33 y 506,todos del Código del Trabajo, son obligaciones que se aplican en el caso de las relaciones laborales, más no cuando se trata de relaciones civiles contractuales, como son las del caso de autos.- Sostiene el recurrente que en la especie, la Inspección del Trabajo se ha atribuido facultades jurisdiccionales al calificar de laboral una relación contractual transgrediendo la garantía prevista en el artículo 19 Nº 3º inciso 4º de nuestra Constitución Política que dispone que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, y el derecho de propiedad garantizado en el Nº 24 del mismo artículo 19 al imponer nuevos requisitos que limitan el derecho de propiedad.- Argumenta que la característica de los contratos de trabajo es la prestación de servicios personales bajo subordinación y dependencia, servicios que debe pagar el empleador, lo que no ocurre en la especie .- Solicita en definitiva acoger el recurso de Protección y dejar sin efecto las multas aplicadas.- A fs.42 y siguientes rola informe de la Inspección del Trabajo recurrida que en primer término alega la improcedencia del recurso atendida la naturaleza del acto recurrido, pues, la legislación contempla expresamente la reclamación judicial prevista en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo en relación con el artículo 512 del mismo cuerpo legal como medio para impugnarla, y cita diversos fallos de nuestros tribunales que se han pronunciado en tal sentido.- En razón de ello pide declarar la improcedencia del recurso.- En subsidio de la alegación anterior refiere los hechos que determinaron la aplicación de la multa precisando que el 24 de Mayo de 2013 el fiscalizador, don nombre reservado, se constituyó en la peluquería de doña nombre reservado y entrevistó a ésta y a las trabajadoras, constatando que se encontraban en informalidad laboral.- En esa oportunidad le concedió a la señora nombre reservado un plazo de cuatro días para formalizar a las dependientes, al que ésta se allanó, pero no cumplió dentro de ese plazo por lo que se le cursó la multa por no escriturar los contratos de las trabajadoras y no llevar un registro de asistencia y control de horas ordinarias y extraordinarias.- Expresa también que el fiscalizador constató que las trabajadoras prestaban servicio de peluqueras en las fechas que indica, que cumplían funciones en jornadas de Lunes a Viernes de 10,30 a 20,30 hrs., que la organización y dirección del trabajo lo realiza la dueña del local, que las trabajadoras recibían una renta que fluctuaba entre los $ 250.000.- y $ 400.000.-,que las trabajadoras no habían suscrito contrato de prestación de servicios y que no se acreditó la existencia de un contrato de arrendamiento de sillón entre las trabajadoras y la dueña de la peluquería.- Presentada reconsideración por la sancionada, por Resolución de 16 de Agosto de 2013 se mantuvo la multa aplicada.- En esta ocasión alegó que los contratos de arriendo de sillón le fueron sustraídos a raíz de un robo, pero no acreditó el latrocinio ni que hubiera efectuado una denuncia ante la policía.- Sostiene la Inspección del Trabajo que su actuación se ajusta a las facultades legales y que en la especie ha actuado a requerimiento de la propia recurrente de Protección que solicitó su intervención de acuerdo al procedimiento administrativo establecido para la revisión de las multas.- Hace presente que doña nombre reservado admitió las infracciones y que concedido un plazo para corregirlas, no lo hizo, lo que determinó la imposición de la sanción.- Por lo mismo sostiene que respecto de la mencionada nombre reservado no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que la multa se aplicó constatada que fue la transgresión a la legislación laboral haciendo uso de la facultad que la ley confiere a la Inspección del Trabajo y que la reconsideración pedida fue resuelta conforme a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo mediante Resolución N° 312 de 16 de Agosto de 2013.- Recuerda que el artículo 1° del DFL N° 2, de 29 de septiembre de 1967, establece que la Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que le corresponde, sin perjuicio de otras facultades legales, la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y cita también el artículo 23 del mismo cuerpo legal que dispone que los inspectores del trabajo tienen el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones y que en consecuencia, los hechos constatados por dichos funcionarios y de los cuales deben informar de oficio o a requerimiento constituirán presunciones de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Argumenta que la acción planteada se hace valer como un mero sustituto del procedimiento que específicamente contempla la ley para cautelar los derechos de la recurrente.-, y en definitiva solicita el rechazo del recurso por no haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario que atente contra las garantías constitucionales aducidas por la recurrente de protección, doña nombre reservado: Precisa que en ningún caso se ha juzgado a la recién nombrada por una comisión especial, sino que por el tribunal que señala la ley y establecido con anterioridad a esta, pues, el acto administrativo que motiva la acción se enmarca dentro de la competencia que la ley otorga a la Inspección del Trabajo.

En cuanto a la multa impuesta expresa que no amenaza el derecho de propiedad de la misma recurrente, pues el derecho de propiedad no puede ejercerse de manera contraria a la ley y la sanción se sustenta en antecedentes de hecho recabados con motivo de la fiscalización efectuada.

En cuanto a la vulneración del derecho de igualdad económica, argumenta que no se da en la especie con la multa aplicada sino que corresponde al efecto previsto por la ley para casos de vulneración de la normativa laboral.

En definitiva solicita el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°.- Que el artículo 20 de nuestra Constitución Política establece que el que a consecuencia de acto u omisión arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías que menciona, podrá ocurrir por su o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

2°.- Que la imposición de la multa impuesta a doña nombre reservado por la Inspección del Trabajo Santiago Oriente, por Resolución N° 312 del 16 de agosto de 2013, se fundamenta en la infracción a las leyes laborales constatadas por el fiscalizador nombre reservado Alejandro nombre reservado, que al constituirse en el domicilio de la recurrente comprobó que los contratos de trabajo con doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, no estaban escriturados y que tampoco llevaba control de asistencia necesario para determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, ni un registro de asistencia del personal.

3°.- Que para dar por establecida tales irregularidades debe tenerse presente que el funcionario fiscalizador es ministro de fe y que los hechos que constató estaban amparados en una presunción legal de veracidad para todos los efectos legales conforme dispone el artículo 23 del DFL N° 2 de 1967, que fija las funciones de la Inspección del Trabajo.

4°.- Que la recurrente de protección no ha desvirtuado los hechos de que da cuenta el fiscalizador de la Inspección del Trabajo. Antes bien, el constituirse dicho funcionario en el local de peluquería, la señora nombre reservado admitió la efectividad de las infracciones constadas y aceptó un plazo de cuatro días para corregirlas sin que lo hiciera.

5°.- Que en el evento referido precedentemente, la imposición de la multa es procedente ya que nuestro Código del Trabajo otorga a la Inspección del Trabajo la facultad de imponer la sanción, que fue lo que ocurrió en el caso de autos. Asimismo, la posterior reconsideración hecha ante la Inspección del Trabajo y desestimada por ésta, se llevó a cabo de conformidad a las normas previstas en los artículos 420 letra e) en relación con el 512 ambos del Código del Trabajo.

6°.- Que la Inspección del Trabajo actuó conforme a los artículos 503, 505 y 506 del Código del Trabajo que contemplan la imposición de multas y establece la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral por dicho organismo y a requerimiento de la propia recurrente de protección de manera que mal puede entenderse entonces que el reclamo haya sido resuelto por un organismo distinto del señalado en la ley.

7°.- Que en razón de lo anteriormente expuesto debe concluirse necesariamente que por parte del organismo recurrido no se ha cometido alguna arbitrariedad o ilegalidad al sancionar a la recurrente de protección, sino que por el contrario la Inspección del Trabajo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones en uso de las facultades que la ley le confiere.

8°.- Que en consecuencia, el recurso de protección planteado por la señora nombre reservado contra el jefe de la Inspección del Trabajo Santiago Oriente, doña nombre reservado, a raíz de la multa administrativa que le impusiere debe rechazarse.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado a fs. 6.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Patricio Villarroel Valdivia.

N° 110245-2013.

No firma el Abogado Integrante señor Cruchaga, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.