nombre reservado con BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE - FISCO

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 10: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Biblioteca del Congreso Nacional, por haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, por haber emitido la Resolución N° 249, de 15 de mayo de 2023, por la que se declaró vacante el cargo que sirve por salud incompatible, lo que infringe las garantías fundamentales contenidas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por lo que solicita disponer que el acto es arbitrario e ilegal, ordenando su reincorporación con el pago de todas las prestaciones devengadas en el tiempo intermedio entre su desvinculación y la reincorporación.

Expone que la recurrida se encuentra regida por la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, respecto del que rigen las disposiciones aplicables al personal de la Administración Pública y en específico, para la cesación de funciones y vacancia, se rige por los artículos 150 y 151 del estatuto administrativo.

Manifiesta que en la resolución por la que se declaró la vacancia del cargo, se incurrió en ilegalidades. La primera, consistente en que el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez no certifica que su salud no le permitiera desempeñar el cargo. La segunda, en tanto se prescindió de la declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, lo que devino en que la facultad discrecional conferida al jefe de servicio se ejerciera de forma arbitraria, respecto de la que no se indicaron las razones por las que se adoptó la decisión, lo que vulnera lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

En cuanto a la infracción a las garantías fundamentales, sostiene que esta se produce debido a que se hace una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe darse a un funcionario. Además, estima afectada su libertad de trabajo, al impedírsele continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata. Por último, indica que la resolución impugnada infringe el dominio sobre sus remuneraciones que le correspondía percibir hasta el término de su contrata por el año 2023.

Concluye solicitando el acogimiento del recurso en el modo que ha sido reseñado.

Segundo: Que, comparece don nombre reservado, Fiscal de la recurrida Biblioteca del Congreso Nacional, quien informando al tenor del recurso, solicita su rechazo, con costas.

Expresa que la recurrente fue funcionaria de la Biblioteca del Congreso Nacional en el cargo de Técnico 2°, a contrata, asimilada a la categoría L de la Planta de Persona de la Biblioteca y desde mayo del año 2011 se encontraba destinada a prestar servicios en el Área de Arquitectura de la Información, dependiente de Sistemas y Servicios de Información en Red (Sisred), prestando servicios de arquitecta de información y aseguramiento de la calidad (QA).

Manifiesta que ante las reiteradas ausencias presentadas por la recurrente desde el año 2021 que correspondían a un total de 296 días de licencia médica tipo 1, en un período superior a seis meses, se remitió oficio a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, para efectos de determinar si la salud de la exfuncionaria era recuperable o no, la que determinó que esta presentaba un estado de salud recuperable.

Precisa que se recabaron los antecedentes y se determinó que durante el lapso que sirvió de base para el cómputo de las licencias médicas, no existieron licencias por accidentes del trabajo o enfermedad de origen laboral, ni tampoco licencias médicas derivadas de las normas de protección a la maternidad, paternidad y vida familiar. Asimismo, se constató que la prolongada ausencia de la exfuncionaria significó una alteración de funciones para el equipo de trabajo al que pertenecía. En razón de lo anterior, se determinó poner término a su contrata por salud incompatible con el cargo.

Afirma que al momento de su desvinculación, la recurrente acumulaba 367 días de ausencia y ausencias injustificadas.

Argumenta que en el presente caso se cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 151 del Estatuto Administrativo para declarar la vacancia del cargo y sostiene que es en el caso de la figura asociada a salud irrecuperable, en que para proceder a la declaración de salud incompatible con el cargo, deberá necesariamente y en forma previa, procederse a la declaración de salud recuperable o irrecuperable, mediante requerimiento dirigido a la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez Refiere que no concurre ilegalidad en la actuación, y que las alegaciones de la recurrente carecen de fundamento, por cuanto la facultad fue ejercida con estricta sujeción de los requisitos en materia de declaración de vacancia por salud incompatible, mediante acto administrativo debidamente fundado Indica que no se han vulnerado las garantías fundamentales de la protegida, por cuanto el ejercicio de la facultad están basadas en la falta de desempeño del cargo, en un desempeño deficiente del mismo en los períodos en que esta no estuvo con licencia médica y lo que se tradujo en el incumplimiento de las obligaciones asociadas al cargo y en la pérdida de uno de los requisitos para ejercer la función, cual es contar con salud compatible con la misma.

Concluye solicitando el rechazo del recurso por no concurrir la ilegalidad o arbitrariedad denunciadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se debe tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es la Resolución N° 249, de 15 de mayo de 2023, por la que se declaró vacante el cargo que sirve la recurrente, de Técnico 2°, a contrata, asimilada a la categoría L de la Planta de Personal de la Biblioteca y que, desde mayo del año 2011, se tradujo en la prestación de servicios en el Área de Arquitectura de la Información, dependiente de Sistemas y Servicios de Información en Red (Sisred), por salud incompatible.

Previo a la dictación del acto recurrido, se solicitó pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidad que declaró que la salud de la recurrente era recuperable.

Sexto: Que para decidir la controversia planteada en esta acción constitucional deben traerse a colación, las normas jurídicas aplicadas en esta materia, correspondientes al DFL N° 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a saber:

Artículo 150.- “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;”

Artículo 151.- “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Séptimo: Que del análisis de las normas antes particularizadas, se constata que la autoridad administrativa de un servicio tiene la facultad exclusiva para ejercer la facultad conferida en la letra a) del artículo 150 del DFL N° 29, para el evento que se cumplan los presupuestos de hecho, agregándose como obligación para el Jefe del Servicio que, previamente a la declaración de salud incompatible se requiera de la COMPIN, una evaluación del funcionario respecto del estado de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. Así se indica en el artículo 151.

Octavo: Que la circunstancia que la COMPIN haya declarado que el estado de salud del recurrente era recuperable, no impide al Jefe del Servicio- como lo hizo- el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 150 letra a), pues la declaración de salud incompatible atiende a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado, por lo que la ausencia prolongada de un funcionario, justifica plenamente que se declare que su estado de salud resulta incompatible con el cargo.

Por lo demás, el juicio sobre la incompatibilidad es uno de aquellos que puede y debe ser ejercido por quien tiene la supervisión del cumplimiento de los objetivos de la entidad afectada por la ausencia prolongada del funcionario o funcionaria, siendo suficiente para la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio tal prerrogativa, su fundamentación.

Noveno: Que en la especie, tal estándar se satisface, al revisar el tenor del acto reclamado, que consigna no sólo la extensión de la ausencia (367 días), sino la satisfacción del requisito temporal que la norma impone (296 días de licencia en un lapso continuo y discontinuo superior a 6 meses dentro de un periodo de dos años), dando cuenta del impacto en el servicio de tal situación a “la Biblioteca en general, y para el equipo de trabajo al cual pertenece, en particular, -Área de Arquitectura de la Información”, atendida la “alteración de las funciones asignadas a los demás funcionarlos que forman parte de su equipo, quienes han debido asumir las tareas que a la Sra. nombre reservado le corresponde desarrollar. Asimismo, durante los breves períodos en que la funcionarla no se ha encontrado haciendo uso de licencia médica sólo se le han podido encomendar funciones menores y puntuales, que no Impliquen un desmedro en el trabajo continuo del resto de sus colegas (considerando 9° de la resolución recurrida”, agregando en el 10° que “lo anterior, ha provocado una sobrecarga y un desgaste adicional a sus colegas de Área de trabajo, que han debido efectuar, además de sus tareas habituales propias en los proyectos asignados, las tareas que correspondían a la Sra. nombre reservado, debiendo Interiorizarse respecto de el o los proyectos que le habían sido asignados a dicha funcionarla, velando por su desarrollo y puesta en servicio, y tratando de evitar Inconvenientes para todo el equipo de Ingeniería o para el cliente final, lo cual en algunos casos no se ha logrado, derivando ello en retraso en la ejecución de determinados proyectos.”

Asimismo, la citada resolución consigna “Que, la Institución ha agotado diversas instancias de apoyo a la funcionaría, asignándole nuevos proyectos de informática con la esperanza que pueda asumir cierta continuidad en su ejecución, interrumpiéndose nuevamente para atender las sucesivas licencias que ha presentado en el periodo antes consignado. Del mismo modo, se le ha solicitado evalúe el regreso a sus funciones, entregándole facilidades como las antes anotadas, a la espera que su situación de salud se lo permita. Sin embargo, dicha situación a la fecha sigue siendo incompatible con el desempeño de su cargo.

12. - Que, incluso, en los días que no ha contado con licencia médica que ordene reposo para el restablecimiento de su salud, se han consignado en el sistema de control de asistencia ausencias injustificadas a su trabajo, tal como consta en el certificado N° 23 de fecha 11 de mayo de 2023 de la Coordinadora del Área de Gestión de Personas de la Biblioteca, que se acompaña a esta resolución, y que denotan de parte de la funcionaría falta de interés en sus funciones, así como en el cumplimiento de las normas que rigen a los funcionarios y funcionarías de la Biblioteca.

13. - Que, conforme con lo expuesto, resulta evidente el perjuicio que irroga al cumplimiento de las funciones de la Institución, la imposibilidad del ejercicio efectivo de las funciones propias del cargo de la Sra. nombre reservado, derivada de sus prolongadas licencias médicas, afectando con ello el principio de servicialidad que exige, en el marco de la provisión y correcta inversión de recursos públicos, su destinación a personal idóneo para el desempeño de las tareas que se le encomienden, que aseguren la continuidad y pertinencia de sus servicios, asociados al cumplimiento de las funciones propias de su cargo.”

Décimo: Que en consecuencia, y conforme a lo razonado, habiéndose ejercido por parte de la recurrida una facultad legal, cumpliéndose los presupuestos señalados por la ley; acto que se encuentra debidamente motivado, como lo exigen los artículos 11 y 41 de la ley 19.880; y que el Ente Contralor realizó el examen de legalidad, debe concluirse que no se ha configurado el acto arbitrario e ilegal denunciado, de modo que resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre la eventual vulneración de las garantías denunciadas como infringidas.

Undécimo: Que por todo lo antes expuesto, debe con concluirse que la acción constitucional, debe rechazarse.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, en todas sus partes, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-11020-2023.