Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hija menor de edad nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, establecimiento educacional particular subvencionado con financiamiento compartido, sostenido por la Corporación Educacional nombre reservado, fundado en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la negativa del establecimiento a permitir la matrícula de su hija para el año escolar 2026, debido a la existencia de una deuda por concepto de colegiaturas correspondientes a los años 2024 y 2025.

Expone que el día 15 de diciembre de 2025 concurrió al establecimiento con el objeto de matricular a su hija, quien es alumna antigua del colegio, ocasión en que se le informó que no podría formalizar la matrícula por mantener una deuda pendiente, particularmente del año 2024, cuya existencia -según sostiene- desconocía, por cuanto habría sido pagada por el abuelo paterno de la menor. Señala que durante el año escolar 2025 no fue notificada de dicha morosidad. Indica que solicitó cancelar lo adeudado mediante tarjeta de crédito, modalidad que no fue aceptada, exigiéndosele el pago anticipado de aproximadamente $800.000. Añade que se encuentra en una situación económica compleja, que es madre soltera y que jamás ha sido su intención incumplir sus obligaciones.

Refiere haber concurrido a la Superintendencia de Educación, donde se le indicó que enviara correos electrónicos al sostenedor, los cuales -según afirma- no habrían sido debidamente considerados.

Agrega que, finalmente, el establecimiento le comunicó que debía inscribirse en el sistema “Anótate en la Lista” para optar a una vacante, quedando su hija sin matrícula para cursar 6° año básico.

Sostiene que la actuación del establecimiento vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°22 de la Constitución Política de la República, estimando que la negativa constituye una discriminación arbitraria basada en su situación económica y una afectación al derecho a continuar el proceso educativo.

Solicita se acoja el recurso, declarando ilegal y arbitraria la conducta del establecimiento, ordenando se permita la matrícula inmediata de su hija para el año escolar 2026. Acompaña comprobante de atención de denuncia ante la Superintendencia de Educación SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, comparece don Ismael Olivares Swett, abogado, en representación de la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer término, opone como alegación previa la improcedencia formal de la acción, sosteniendo que la recurrente no ha acreditado su calidad de representante legal de la menor nombre reservado, al no acompañar certificado de nacimiento ni antecedente alguno que permita determinar quién ejerce la patria potestad conforme a los artículos 244 y 264 del Código Civil.

En cuanto al fondo, expone que el establecimiento educacional es un colegio particular subvencionado adscrito al régimen de financiamiento compartido, sujeto, entre otras normas, a la Ley N°20.370 (Ley General de Educación), Ley N°20.845 (Ley de Inclusión Escolar), DFL N°2 de 1996 sobre Subvenciones, y a la fiscalización de la Superintendencia de Educación.

Explica que el régimen de financiamiento compartido implica que una parte del arancel es financiada por el Estado mediante subvención y otra por el copago mensual de los apoderados, obligación que éstos aceptan al suscribir el contrato educacional y compromiso de pago correspondiente.

Afirma que la apoderada mantiene deudas por concepto de colegiaturas correspondientes a los años 2024 y 2025, las cuales fueron oportunamente informadas mediante comunicación formal de fecha 20 de octubre de 2025, en que se detalló el monto adeudado y se indicaron las alternativas para acreditar eventuales cambios en la situación socioeconómica.

Añade que la recurrente no acreditó desmedro económico ni presentó antecedentes conforme al procedimiento establecido por el establecimiento.

En relación con el procedimiento de matrícula, señala que cada año se difunden circulares informativas relativas al proceso de renovación y a los requisitos para formalizar la matrícula, incluidas las condiciones de pago, conforme a los plazos del Sistema de Admisión Escolar. Indica que el contrato educacional constituye un acuerdo bilateral que genera obligaciones recíprocas, siendo esencial, para efectos de renovar la matrícula, el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos.

Expone, además, que la actuación del colegio se ajustó al Dictamen N°75, de 21 de julio de 2025, de la Superintendencia de Educación, y a la Circular N°580, que regulan la situación de morosidades en establecimientos subvencionados con financiamiento compartido. Precisa que, conforme a dicho dictamen, el establecimiento no puede condicionar la renovación de matrícula por deudas si el grupo familiar acredita una situación socioeconómica sobreviniente que justifique el incumplimiento; sin embargo, la carga de acreditar tal circunstancia recae en el apoderado. En cumplimiento de esa normativa, el colegio habría difundido una circular interna fijando el procedimiento para la acreditación socioeconómica y la eventual suscripción de planes especiales de pago, mecanismo al cual -según afirma- la recurrente no se acogió ni presentó antecedentes dentro de los plazos establecidos.

Agrega que, aun así, en diciembre de 2025 se ofreció a la apoderada un compromiso de pago que contemplaba el abono del 70% de la deuda del año 2025 antes del cierre del proceso, manteniendo en revisión la situación del año 2024, condicionada a la presentación de cartola bancaria que acreditara el pago alegado, lo que no ocurrió, por cuanto el comprobante acompañado daba cuenta de una transacción “cancelada por usuario”.

Niega que exista discriminación arbitraria, sosteniendo que todos los apoderados se encuentran sometidos a las mismas reglas y protocolos, y que otras familias que acreditaron desmedro económico accedieron a facilidades de pago. Afirma que no concurre acto ilegal ni arbitrario, pues la actuación del establecimiento se ajustó a la normativa vigente, a su Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a las instrucciones de la autoridad administrativa. Añade que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley ni el derecho a no discriminación, y que el derecho a la educación no resulta conculcado, en cuanto el Estado garantiza educación obligatoria y gratuita en otros establecimientos.

Por todo lo anterior, solicita que se rechace, con costas, el recurso de protección intentado, por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegada falta de legitimación activa, fundada en que doña nombre reservado no habría acreditado su calidad de representante legal exclusiva de la menor nombre reservado, dicha alegación debe ser desestimada.

En efecto, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción de protección puede ser ejercida por la persona afectada “por sí o por cualquiera a su nombre”, expresión que consagra una legitimación amplia y desformalizada, propia de una acción cautelar destinada al amparo urgente de garantías fundamentales. En consecuencia, no resulta exigible acreditar representación legal o judicial en los términos del derecho común, bastando la invocación de la afectación de derechos fundamentales en favor de quien se dice amparado.

QUINTO: Que en relación al fondo de lo discutido mediante el presente arbitrio, resulta pertinente indicar que lo fundamentalmente alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la negativa del establecimiento recurrido a permitir la matrícula de la menor para el año escolar 2026, debido a la existencia de una deuda por concepto de colegiaturas correspondientes a los años 2024 y 2025.

SEXTO: Que de los antecedentes acompañados y de lo expuesto por las partes se desprende que la menor nombre reservado fue alumna regular durante los años académicos 2024 y 2025 del Colegio nombre reservado, establecimiento particular subvencionado con financiamiento compartido, y que dicho establecimiento no renovó su matrícula para cursar el año académico 2026.

Asimismo, no es controvertido -y se acreditó con el Reglamento Interno del colegio- que constituye deber de los padres y apoderados cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. Además, durante el período de matrícula correspondiente al proceso 2026, desarrollado durante el mes de diciembre de 2025, se registraban deudas por concepto de mensualidades correspondientes a los años 2024 y 2025 respecto de la menor amparada.

Consta igualmente que el establecimiento informó a los apoderados, mediante circulares difundidas en octubre y noviembre de 2025, tanto el período oficial de matrícula como el procedimiento aplicable en caso de existir deudas y la posibilidad de acreditar una situación socioeconómica sobreviniente, antecedentes puestos en conocimiento general de la comunidad educativa. Sin embargo, la recurrente no efectuó el pago de las mensualidades pendientes ni acompañó antecedentes destinados a justificar un cambio en su situación socioeconómica.

SÉPTIMO: Que, el artículo 11 de la Ley 20.370 dispone, en cuanto al pago de los aranceles que “… durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”.

El artículo 46 establece que: “El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener un sostenedor. Serán sostenedores las personas jurídicas de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas o reconocidas por ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional. Todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos. Asimismo, deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de la Superintendencia de Educación”.

Por su parte, la resolución 580 de 22 de septiembre de 2025 de la Superintendencia de Educación, aprobó la circular que imparte instrucciones a los establecimientos educacionales subvencionados que continúan sujetos al régimen de financiamiento compartido, para la acreditación socioeconómica de estudiantes en caso de no pago de compromisos económicos, estableciendo, en lo pertinente, lo siguiente: “Respecto de aquellos párvulos y estudiantes que no estén exentos de cobro de aranceles u otros cobros permitidos por la normativa vigente, el incumplimiento de estas obligaciones por parte de los padres, apoderados o tutores legales (apoderado económico o persona responsable del pago) conlleva los efectos civiles previstos en el contrato de prestación de servicios educacionales. Ante dicha situación, la entidad sostenedora está legitimada para ejercer las acciones que estime convenientes para la protección de sus derechos patrimoniales. Esto incluye la comunicación directa con el responsable del pago, a quien puede recordar los mecanismos de regularización disponibles e informar que la morosidad injustificada, esto es, aquella que no se sustente en un cambio en la condición socioeconómica, no cuenta con amparo en la normativa educacional y, por lo tanto, puede ser causal de no renovación de matrícula para el siguiente año escolar”.

Además, establece un procedimiento para acreditar y evaluar cambios sobrevinientes en la situación socioeconómica del apoderado.

OCTAVO: Que, en el contexto normativo descrito, solo cabe concluir que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales invocadas.

En efecto, considerando la naturaleza del establecimiento educacional recurrido -particular subvencionado con financiamiento compartido- que se financia con recursos propios y con subvención del Estado, sujeto a fiscalización y auditoría de la Superintendencia del ramo, resulta indispensable la adecuada administración de los recursos que percibe, tanto los provenientes del pago de aranceles por parte de los apoderados como aquellos provenientes de la subvención estatal, pues el incumplimiento de dicha obligación puede acarrear la pérdida del reconocimiento oficial.

En este contexto, adquiere especial relevancia la Resolución Exenta N°580, de 22 de septiembre de 2025, de la Superintendencia de Educación, que, si bien reitera la prohibición de cancelar la matrícula durante el año escolar por causales derivadas del no pago, impone al apoderado la carga de acreditar un cambio sobreviniente en su situación socioeconómica para que la morosidad pueda estimarse justificada. De ello se sigue que, ante una morosidad no respaldada por antecedentes que acrediten dicho desmedro, ésta no cuenta con amparo en la normativa educacional y puede constituir causal de no renovación de matrícula para el año escolar siguiente.

Tal es la situación de autos, en que, habiendo sido informada la recurrente de su obligación de regularizar el pago del arancel adeudado, respecto de un sostenedor que se financia en parte con tales recursos y en parte con subvención estatal, no se verificó el pago ni se acreditó un cambio en la situación económica del apoderado. En consecuencia, la decisión de la recurrida de no renovar la matrícula no puede estimarse ilegal, por cuanto se encuentra expresamente prevista y autorizada por la normativa legal y reglamentaria vigente, que permite la no renovación en caso de morosidad no justificada.

Tampoco puede calificarse de arbitraria, desde que no obedece al mero capricho de la autoridad educacional, sino que se sustenta en antecedentes objetivos, previamente informados a la apoderada, y en la falta de acreditación de un cambio sobreviniente en su situación socioeconómica.

NOVENO: Que, en estas circunstancias, no cabe sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por el ministro (s) Daniel Aravena Pérez.

N°Protección-11-2026.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra (S) señora Laura Assef Monsalve y el ministro (S) señor Daniel Aravena Pérez. No firman los ministros (S) señora Laura Assef Monsalve y el señor Daniel Aravena Pérez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.