nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Se anunció y alegó previa relación pública por el recurso el abogado Iván Araya Morales, durante 10 minutos. Luis Zambra, relator.

Santiago, a trece de octubre dos mil veintiséis.

Al escrito folio 13: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que don nombre reservado, abogado, por sí y en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad dominicana, empleada, interpuso recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando el Decreto Exento N.º 849, de 9 de marzo de 2026, que rechazó su solicitud de carta de nacionalización. Señala que dicho acto le fue notificado por correo electrónico el 6 de abril de 2026, y lo estima ilegal y arbitrario, por vulnerar las garantías que invoca conforme a los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiriéndose especialmente a la igualdad ante la ley.

Expone que la recurrente ingresó a Chile el 5 de abril de 2012, en calidad de turista, según la Tarjeta Internacional de Entrada y Salida que acompaña. Indica que, encontrándose en el país, cambió su condición migratoria y obtuvo una visa sujeta a contrato, otorgada por Resolución N.º 588881/2018, cuya vigencia señala entre el 10 de julio de 2012 y el 10 de julio de 2013, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Agrega que solicitó una prórroga ante el Departamento de Extranjería y Migración, la que se concedió como visa temporaria por un año, mediante Resolución N.º 12618/2013, con vigencia desde el 21 de marzo de 2013 hasta el 21 de marzo de 2014. Antes del vencimiento de esta última, obtuvo permanencia definitiva por Resolución Exenta N.º 88.075, de 1 de agosto de 2014, la que, según afirma, se mantiene vigente.

Añade que cuenta con arraigo familiar, laboral y social en el país. En cuanto al primero, señala que el 7 de mayo de 2013 nació en Chile su hijo, nombre reservado, de nacionalidad chilena y estudiante. Respecto del arraigo laboral, refiere que mantiene vigente un contrato de trabajo con Falabella Retail S.A. En el ámbito social y previsional, manifiesta que está afiliada a AFP Capital y a Fonasa desde el 10 de julio de 2012 y que registra catorce años de cotizaciones pagadas.

En cuanto a la solicitud cuya denegación impugna, indica que el 29 de julio de 2022 ingresó, a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, una solicitud de carta de nacionalización, registrada bajo el N.º 52098070. Expone que el Decreto Exento N.º 849 la rechazó por registrar la causa RUC N.º 1800388932-3, RIT N.º 7118-2018, del 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, seguida por la falta de lesiones leves. Refiere que, según el considerando tercero del decreto, dicha causa terminó el 21 de diciembre de 2018 por sobreseimiento definitivo y total, una vez transcurrido el plazo de suspensión de la imposición de la condena al pago de una multa de un tercio de unidad tributaria mensual.

Sobre el origen de ese procedimiento, relata que, en la fecha de los hechos, se dirigía a su domicilio en Metro y que en las inmediaciones de Plaza Italia se desarrollaba una manifestación masiva, durante la cual intervinieron funcionarios de Carabineros y personal de seguridad privada, produciéndose la detención de diversas personas. Señala que una mujer que previamente había increpado a su hija, entonces de diecisiete años, la denunció por haberla agredido y empujado. Afirma que, debido a la aglomeración y al desorden de los pasajeros que salían a empujones del vagón, fue sometida a un control de identidad y registro de sus datos personales, tras lo cual quedó en libertad.

Sostiene que nunca recibió notificación del inicio ni de la tramitación del proceso penal, pese a haber mantenido ininterrumpidamente el mismo domicilio durante trece años, y que solo tomó conocimiento de esa causa al ser notificada del decreto que rechazó su solicitud de nacionalización. Añade que compareció de inmediato ante el 7.º Juzgado de Garantía, donde obtuvo los antecedentes judiciales respectivos, de los que —según expone— consta que la causa se encontraba afinada y terminada desde el 21 de diciembre de 2018, por sobreseimiento definitivo y total, al haber transcurrido íntegramente el plazo de suspensión de la imposición de la condena. Por ello, sostiene que su responsabilidad penal se encuentra legalmente extinguida y que ese procedimiento no constituye un antecedente penal válido para obstaculizar su nacionalización.

La recurrente estima que la autoridad actuó ilegal y arbitrariamente al fundar el rechazo en una causa sobreseída, pese a que, según afirma, no registra condenas ni antecedentes penales negativos en Chile o en su país de origen. Invoca, además, el artículo 4.º del Código Procesal Penal y el principio de presunción de inocencia, sosteniendo que nadie puede ser considerado culpable ni tratado como tal sin una sentencia firme condenatoria. Alega que cumplió los requisitos exigidos por el Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, y que, al denegarse su solicitud por un antecedente que estima improcedente, se le dio un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, cuyas solicitudes habrían sido acogidas. Agrega que no mantiene deudas por obligaciones tributarias y que, desde su llegada al país, ha observado una conducta intachable.

Refiere que, en cuanto a la admisibilidad de la acción, sostiene que fue interpuesta dentro del plazo de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, contado desde la notificación del acto impugnado. Finalmente, solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que se ordene una nueva revisión documental, retrotrayendo la solicitud a la etapa de análisis anterior a su rechazo. Pide que se dé continuidad a la tramitación de la solicitud N.º 52098070, se libere la orden de giro correspondiente y se ordene a la autoridad pronunciarse dentro del plazo de sesenta días, o del que se estime conforme al mérito de los antecedentes.

Segundo: Que nombre reservado y Sarai Estrada González, abogados del Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar el informe solicitado, piden el rechazo del recurso en todas sus partes respecto de dicho organismo, por estimar que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías invocadas.

Exponen que, el 29 de julio de 2022, nombre reservado, de nacionalidad dominicana, ingresó por plataforma web una solicitud de carta de nacionalización, registrada con el ID N.º 52098070. Señalan que, concluido el análisis administrativo, el Servicio remitió el expediente al Ministerio del Interior mediante Oficio Ordinario N.º 43359, de 2 de septiembre de 2025. Añaden que, el 9 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior, como autoridad competente para dictar el acto conclusivo del procedimiento, rechazó la solicitud mediante Decreto Exento N.º 849.

Sostienen que el Servicio carece de legitimación pasiva, pues no está facultado para resolver las solicitudes de carta de nacionalización ni dictó el acto impugnado. Indican que sus funciones consisten en recibir y tramitar las solicitudes, analizar sus antecedentes y remitirlos, junto con el correspondiente proyecto de resolución, al Ministerio del Interior, autoridad a quien compete adoptar la decisión final. Agregan que, desde el 12 de febrero de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones es un servicio descentralizado, con patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República por medio del Ministerio del Interior, por lo que constituye una autoridad administrativa distinta de dicha cartera.

En cuanto a la normativa aplicable, invocan el artículo 84 de la Ley N.º 21.325, que remite al Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior. Citan el artículo 1.º de este último cuerpo normativo, conforme al cual la nacionalización se otorga por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y el artículo 1.º, título IV, número 4, de la Ley N.º 16.436, que contempla la facultad del Ministro para otorgar o denegar cartas de nacionalización mediante decreto o resolución expedidos con su sola firma.

Añaden que el Servicio ya remitió los antecedentes necesarios para que la autoridad competente emitiera su decisión, por lo que no existe una actuación propia que pueda calificarse de arbitraria o ilegal. Afirman, además, que son incompetentes para informar sobre los hechos relativos al rechazo de la solicitud, cuyo mérito corresponde explicar al Ministerio del Interior. En consecuencia, solicitan que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso respecto del Servicio Nacional de Migraciones, por falta de legitimación pasiva y por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a dicho organismo.

Tercero: Que Vicente Ferretti Villar, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, al evacuar el informe solicitado, pide el rechazo de la acción. Como antecedentes, señala que el recurso fue interpuesto el 14 de abril de 2026 en favor de nombre reservado, contra el Decreto Exento N.º 849, de 9 de marzo de 2026, que rechazó su solicitud de nacionalización; y que el Ministerio fue notificado para informar el 20 de abril de 2026, oportunidad en que solicitó una prórroga del plazo, cuya resolución se encontraba pendiente, según indica, a folio 6.

En cuanto a la normativa aplicable, expone que, conforme al artículo 157 N.º 8 de la Ley N.º 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización y remitirlas al Ministerio del Interior para su resolución. Precisa que la ley entró en vigencia el 12 de febrero de 2022, una vez publicado su reglamento, de acuerdo con el artículo undécimo transitorio. Añade que los artículos 84 y siguientes de esa ley remiten al Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, que regula el procedimiento de nacionalización de extranjeros. Según los artículos 1.º de este último decreto y 1.º, título IV, N.º 4, de la Ley N.º 16.436, la carta es otorgada o denegada por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministerio del Interior, facultad que ejerce esta cartera.

Respecto de las alegaciones de la recurrente, el Ministerio expone que ella atribuye al decreto la vulneración de las garantías previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución, porque se habría fundado en una causa penal terminada por sobreseimiento definitivo y total. Refiere que la recurrente sostiene que no fue notificada de esa causa, pese a que en ella constaría una notificación de 9 de mayo de 2018, y que el procedimiento no constituiría un antecedente penal válido para denegar la nacionalización. La autoridad afirma que el recurso no explicaría suficientemente por qué el acto sería ilegal o arbitrario y que se limitaría a vincular esa calificación con la igualdad ante la ley.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que el decreto fue precedido de un análisis de los antecedentes de la solicitante, sustentado en informes técnicos de la Policía de Investigaciones de Chile y en el estudio del Servicio Nacional de Migraciones. Alega que el acto contiene fundamentos y que la discrepancia de la recurrente con su suficiencia o validez no determina, por sí sola, que sea arbitrario. Sobre la legalidad, afirma que el decreto fue dictado por autoridad competente, con investidura regular y dentro de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N.º 5.142 y la Ley N.º 16.436.

El Ministerio sostiene, además, que el otorgamiento de una carta de nacionalización constituye una gracia del Estado y el ejercicio de una facultad discrecional del Presidente de la República, conforme al artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 5.142. Explica que, en el ejercicio de potestades discrecionales, la Administración dispone de un margen de decisión dentro de los límites establecidos por la ley, y que el cumplimiento de los requisitos mínimos no obliga a conceder la nacionalización. Añade que la solicitud corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N.º 14 de la Constitución, por lo que la autoridad no estaría obligada a acogerla, sino que debe ponderar los antecedentes conforme a los criterios aplicables.

En relación con el antecedente penal, indica que el decreto consideró que la causa por falta de lesiones leves se refería a una conducta que afectaba bienes jurídicos asociados a la seguridad pública, la seguridad individual y la integridad física y psíquica, y que esos antecedentes aconsejaban no conceder la nacionalización por no reunir la solicitante el mérito requerido. Sostiene que, aunque el procedimiento penal concluyó con el sobreseimiento definitivo luego de que transcurriera el plazo de suspensión de la imposición de la multa, ello no impediría que la autoridad administrativa ponderara los hechos y antecedentes reunidos en esa causa al resolver la solicitud. Agrega que la normativa no establece un estándar de convicción penal para denegar la nacionalización y que tal ponderación no afectaría la proporcionalidad ni la fundamentación del acto.

Añade que el rechazo no priva a la recurrente de su nacionalidad dominicana ni afecta su derecho de residencia en Chile. Invoca también los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 4.º del Código Orgánico de Tribunales, sosteniendo que no correspondería que, por medio de la acción de protección, el Poder Judicial reemplace a la autoridad administrativa en el ejercicio de una atribución que califica de privativa.

Sobre la garantía de igualdad, la autoridad afirma que la recurrente no sería la única solicitante cuya carta de nacionalización se ha rechazado por antecedentes relacionados con procedimientos penales y que otros casos semejantes han recibido igual tratamiento. Cita, entre otros, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, Rol N.º 133-2026, de 9 de abril de 2026; la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N.º 1646-2025; y una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 7 de enero de 2026, confirmada por la Corte Suprema el 6 de abril de 2026. También menciona las causas Roles N.º 14.909-2025, 15.131-2025 y 16.501-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago; N.º 1242-2025 de la Corte de Apelaciones de La Serena; N.º 100-2025 de la Corte de Apelaciones de Iquique; N.º 1.186-2023 de la Corte de Apelaciones de Santiago; N.º 1.631-2024 de la Corte de Apelaciones de La Serena, y N.º 2.068-2024 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Finalmente, sostiene que acoger la solicitud mediante una aplicación excepcional de la normativa, pese a los antecedentes ponderados, generaría una diferencia respecto de otros extranjeros solicitantes. Por estas razones, pide que se rechace íntegramente la acción.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que el acto impugnado es el Decreto Exento N.º 849, de 9 de marzo de 2026, dictado por el Ministerio del Interior, que rechazó la solicitud de carta de nacionalización presentada por doña nombre reservado el 29 de julio de 2022, bajo el ID N.º 52098070. De acuerdo con los antecedentes aportados, la decisión consideró que la solicitante registraba la causa RUC N.º 1800388932-3, RIT N.º 7118-2018, seguida ante el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago por la falta de lesiones leves, terminada el 21 de diciembre de 2018 por sobreseimiento definitivo y total, una vez transcurrido el plazo de suspensión de la imposición de la condena al pago de una multa de un tercio de unidad tributaria mensual. La autoridad estimó que los antecedentes vinculados a esa causa concernían a bienes jurídicos asociados a la seguridad pública, la seguridad individual y la integridad física y psíquica, y que debían ser ponderados al resolver la solicitud.

Séptimo: Que, en lo que respecta al Servicio Nacional de Migraciones, cabe tener presente que, de conformidad con los artículos 84 y 157 N.º 8 de la Ley N.º 21.325, corresponde a dicho organismo tramitar las solicitudes de carta de nacionalización y remitirlas al Ministerio del Interior para su resolución. En la especie, consta que el Servicio dio cumplimiento a dichas funciones, remitiendo los antecedentes mediante Oficio Ordinario N.º 43.359, de 2 de septiembre de 2025, sin que le sea imputable la dictación del Decreto Exento N.º 849, de 9 de marzo de 2026, acto que emana del Ministerio del Interior, autoridad competente para resolver la solicitud, conforme al Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, y a la Ley N.º 16.436. En consecuencia, no advirtiéndose una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a dicho Servicio, se rechazará el recurso a su respecto.

Octavo: Que, en la especie, el Decreto Exento N.º 849 no se observa como una decisión adoptada fuera de las atribuciones de la autoridad. En efecto, conforme a los artículos 1.º y 2.º del Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, la carta de nacionalización se otorga por decreto refrendado por el Ministerio del Interior y puede concederse a los extranjeros que cumplan las condiciones allí previstas. La expresión facultativa empleada por dicha normativa revela que el cumplimiento de esos requisitos habilita para solicitar la nacionalización, pero no obliga por el solo hecho de formular la solicitud a concederla, pues su otorgamiento supone la ponderación de los antecedentes de la persona solicitante por la autoridad competente.

En este caso, el rechazo se fundó en un antecedente individualizado en el acto administrativo: la causa seguida ante el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, relativa a la comisión de lesiones leves. Si bien la causa señalada concluyó por sobreseimiento definitivo y total, la autoridad no fundó el rechazo en la existencia de una condena vigente, sino en los antecedentes de ese procedimiento, que ponderó al evaluar el mérito de la solicitante para acceder a la carta de nacionalización. En ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 5.142, de 1960, estimó que la naturaleza de los hechos vinculados a la causa y los bienes jurídicos comprometidos constituían un fundamento suficiente para denegarla.

Lo anterior no supone desconocer los antecedentes de arraigo familiar, laboral y social invocados por la recurrente, su permanencia definitiva ni la ausencia de antecedentes penales negativos. Sin embargo, tales circunstancias no privan a la autoridad de la facultad de ponderar los antecedentes de la causa penal al resolver la solicitud, ni desvirtúan la suficiencia del motivo que expresó para estimar que la solicitante no reunía el mérito necesario para obtener la nacionalización. Por consiguiente, la decisión aparece fundada en una razón vinculada al ejercicio de dicha atribución, sin que se advierta que haya sido adoptada de manera antojadiza.

Noveno: Que, por lo expuesto, no se advierte que el Decreto Exento N.º 849 haya sido dictado por una autoridad incompetente o fuera de sus atribuciones, ni que carezca de fundamentos que permitan conocer las razones del rechazo. En consecuencia, no se configura, en los términos planteados, una actuación ilegal o arbitraria que justifique adoptar medidas de protección, por lo que se rechazará la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 10.958-2026 Protección