Protección contra Instituto nombre reservado y de sus directivos responsables

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 31: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece a través de formulario, don nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, de actuales 15 años, alumno regular de segundo año medio del Instituto nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto nombre reservado y de sus directivos responsables, por no haber dado curso a las denuncias de acoso formuladas en favor de su hijo y por haber comunicado la activación de un procedimiento sancionatorio que nunca se habría iniciado, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19, numerales 1, 2, 4 y 12 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como presidente del Centro de Padres y Apoderados Movilizados del Instituto nombre reservado (nombre reservado) y que su hijo mayor, nombre reservado, se retiró del establecimiento en junio de 2025 a raíz de un cuadro depresivo. Añade que, tiempo después, tomó conocimiento de que este último había sido acusado de acoso sin prueba alguna, en el marco de una estrategia dirigida a menoscabar su figura como dirigente estudiantil, motivo por el cual, en octubre de 2025, denunció los hechos a la directora nombre reservado, a la jefatura de convivencia escolar y al inspector nombre reservado, haciendo presente además que esos mismos alumnos acosaban entonces a su hijo menor nombre reservado.

Sostiene que, pese a haberse comprometido la dirección a investigar y a activar un protocolo de sanciones en noviembre de 2025, ello nunca ocurrió, quedando impunes los acosadores. Agrega que, al iniciarse el año escolar 2026, la recurrida desconoció su denuncia y dio cabida a la formulada en contra de su hijo mayor, suspendiéndolo el 5 de marzo de 2026 en virtud de la Ley Aula Segura. Expresa que, ese mismo día, los acosadores volvieron a hostigar a nombre reservado y que información reservada de dicho procedimiento fue filtrada al medio El Líbero, que la difundió en publicaciones de 5 de marzo y 4 de abril de 2026, exponiendo datos y antecedentes de sus hijos. Manifiesta, asimismo, que la dirección no respondió los correos remitidos a partir del 5 de marzo, dejando desprotegido a su hijo, y que existiría un plan para removerlo de la dirigencia de apoderados en razón de su rol crítico frente a la gestión del establecimiento.

Imputa a la recurrida un actuar constitutivo de abandono de deberes proteccionales respecto de un niño, niña o adolescente, así como de encubrimiento, ensañamiento y persecución, atribuyendo responsabilidad a la rectora nombre reservado, al inspector nombre reservado, a la profesora nombre reservado, a la directora de convivencia nombre reservado, a doña nombre reservado y a la dupla psicosocial del establecimiento, denunciando, además, la filtración a la prensa de un proceso reservado de aula segura que afecta a menores de edad.

Alega que lo obrado vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su hijo, al exponerlo a un acoso persistente y a secuelas emocionales; la igualdad ante la ley, por el trato dispar dispensado a sus denuncias; el derecho a la protección de la vida privada, la honra y los datos personales, a consecuencia de la filtración de información reservada; y la libertad de opinión e información, en relación con dicha divulgación.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se le autorice a ingresar libremente al Instituto nombre reservado para velar por la integridad de su hijo, efectuando las consultas pertinentes a inspectores y profesores, y se adopten las demás medidas que la Corte estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro en el siguiente tenor.

Refiere que la denuncia por hostigamiento a través de redes sociales en perjuicio del estudiante nombre reservado fue formulada el 19 de noviembre de 2025, tras lo cual el establecimiento activó de inmediato el procedimiento contemplado en el artículo 47 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Señala que mediante comunicación de 10 de diciembre de 2025 la Coordinación de Convivencia Escolar informó formalmente al apoderado el inicio del procedimiento investigativo y la adopción de medidas preventivas y de acompañamiento; que el 15 de diciembre de 2025 se dispuso el inicio formal de la investigación interna, instruida por Inspectoría General y liderada por el Inspector General don nombre reservado; y que durante su sustanciación se notificó a los estudiantes individualizados, se les otorgó el plazo reglamentario para formular descargos y se recibieron y ponderaron declaraciones, antecedentes y prueba, además de información recabada de funcionarios del establecimiento.

Explica que del análisis integral de tales antecedentes no fue posible acreditar, con el estándar exigido por la normativa interna, conductas reiteradas o intencionales de hostigamiento, intimidación o ciberacoso, razón por la cual, mediante resolución fundada de 29 de diciembre de 2025, la Rectoría dispuso el término y archivo del procedimiento sin aplicación de medidas disciplinarias, decisión oportunamente notificada al recurrente.

Precisa que dicha resolución no obedeció a una desestimación formal ni a inactividad institucional, sino al resultado de la investigación, agregando que la imposición de sanciones habría carecido de sustento fáctico y se habría apartado de los principios de objetividad, proporcionalidad y racionalidad.

Asimismo, sostiene haber desplegado medidas continuas de acompañamiento respecto del estudiante, consistentes en su derivación preventiva al área de Convivencia Escolar el 10 de diciembre de 2025 y su atención en dependencias de orientación el 2 de abril de 2026 por la profesional doña nombre reservado, con el objeto de monitorear su estado socioemocional; añadiendo que, con motivo de un ingreso de urgencia a la enfermería del establecimiento el 18 de diciembre de 2025 y evaluado el entorno familiar, la dupla psicosocial gestionó el 5 de enero de 2026 la derivación del caso al "Programa Lazos", dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Plantea la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitraria, toda vez que el establecimiento recibió la denuncia, activó los protocolos, instruyó investigación formal, adoptó medidas de acompañamiento y dictó resolución fundada dentro de los plazos reglamentarios, actuando en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de los deberes que le impone la Ley N°20.370, General de Educación, y su Reglamento Interno de Convivencia Escolar, con observancia de las garantías del debido proceso que consagra el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental y de los principios de objetividad, imparcialidad, contradictoriedad y proporcionalidad.

En segundo término, alega la improcedencia absoluta de la pretensión del recurrente, pues autorizar el ingreso libre de un particular al establecimiento para interrogar o fiscalizar a inspectores y profesores quebrantaría la gobernanza institucional y el orden público que rige los establecimientos educacionales del Estado, exponiendo al personal a hostigamiento laboral y perturbando la normal prestación del servicio educativo, con afectación del derecho a la educación de los demás estudiantes, siendo además una medida que excede el ámbito cautelar propio de esta acción.

TERCERO: Que, a petición de esta Tercera Sala, se solicitó a la Superintendencia de Educación, informe sobre los hechos que motivan el presente recurso, especialmente lo relativo a haberse presentado denuncia por la recurrente, indicando en su caso, el estado de tramitación de la misma.

Previa exposición sobre la normativa pertinente en cuanto sus facultades legales conforme a la Ley N°20.529, identificó tres denuncias realizadas por el Sr. nombre reservado, a saber: 1. NUM000, la cual se encuentra en estado Resuelto/cerrada 2. NUM001, la cual se encuentra en estado de Fiscalización en proceso/Pendiente. 3. NUM002, la cual se encuentra en estado Resuelto/cerrada.

Explica que el objetivo de la fiscalización de la denuncia NUM001 por maltrato entre estudiantes será constatar que el establecimiento educacional denunciado cumplió con la normativa educacional en la aplicación de la medida disciplinaria al apoderado, la cual, por la fecha de la derivación, se encuentra pendiente.

Precisa que esta derivación no implica que el resultado de la fiscalización deba confirmar lo determinado en el periodo de información previo por parte de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales, ya que es, en la instancia de fiscalización, en la que se determina la existencia o no de "hechos" que podrían configurar "presuntas" infracciones a la normativa educacional e iniciar un proceso administrativo sancionatorio al sostenedor denunciado, o realizar alguna otra acción de fiscalización alternativa, conforme al interés público involucrado.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, desde luego, no existe ilegalidad —en los términos señalados en el motivo anterior—ni arbitrariedad en el obrar del Instituto nombre reservado.

De los antecedentes que obran en la presente causa, se acompañó por parte de la recurrida la Gestión de Protocolos y Medidas Institucionales, respecto del reclamo NUM001 -el cual se encuentra pendiente ante la Superintendencia de Educación- en el que se resaltó, en cuanto a los resultado de la investigación, que tras el análisis de descargos y testimonios, se determinó que la falta no fue comprobada, pues las acciones de los estudiantes denunciados no constituyeron hostigamiento, sino que se enmarcaron en un conflicto ético, procediéndose al cierre del caso por parte del Instituto nombre reservado el 29 de diciembre de 2025, sin medidas disciplinarias para los denunciados, al establecerse que el relato del apoderado recurrente carecía de sustento probatorio.

SEXTO: Que cabe consignar que esta Corte no constituye una segunda instancia de la decisión adoptada soberanamente por el Instituto nombre reservado, sino que es, a través del medio de impugnación empleado por la parte recurrente, una revisora del apego a la juridicidad de lo obrado y, como se dijo, ninguna falta puede advertirse en el procedimiento empleado respecto de la denuncia, institución educacional que activó los protocolos de acuerdo al reglamento interno al tenor de las faltas gravísimas invocadas por el actor relativas al presunto acoso escolar y difamación.

A mayor abundamiento, tal como señaló la Superintendencia de Educación, el objetivo de la fiscalización respecto de la denuncia NUM001 se encuentra aun pendiente, lo que no implica que el resultado de la fiscalización deba confirmar lo determinado en el periodo de información previo por parte de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales, ya que es la instancia de fiscalización la que determinará la existencia o no de los hechos que podrían configurar las presuntas infracciones a la normativa educacional que pueda conllevar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio al sostenedor.

SÉPTIMO: Que asimismo, se debe considerar que la petición concreta realizada por el actor excede con creces el ámbito cautelar que esta Corte pueda adoptar, al no ser dicha parte la llamada para realizar actuaciones propias de un procedimiento reglado que se encuentra debidamente estatuido en el reglamento interno del establecimiento educacional, por lo que el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-10953-2026 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral y el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno.