Protección contra DIRECTOR DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE por haber dictado resolución de destit

Santiago, tres de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, quién interpone Recurso de Protección en contra del DIRECTOR DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE por haber dictado resolución de destitución en su contra, lo que sostiene vulnera sus garantías constitucionales de los numerales 1, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que posee la profesión de enfermero y que a contar del 19 de octubre de 2015 mantiene contrato con Carabineros de Chile prestando servicios de enfermería primaria en el Centro de Salud Familiar Santiago Occidente, dependiente del Hospital de Carabineros.

Relata que por problemas de sobrecarga laboral y personal comenzó a sufrir un cuadro de angustia, siendo diagnosticado con “insomnio crónico de mantención”, para cuyo tratamiento un profesional médico le recetó zopiclona, y ante una mala respuesta, fue reemplazado por clonazepam, el cual tampoco era bien tolerado, pues le causaba letargo y cansancio extremo, afectando su desempeño laboral.

Hace presente que, buscando terapias alternativas, encontró la FUNDACIÓN DAYA, y en octubre de 2018 el doctor Luckas Ursic le prescribió THC en vaporización de hasta 0,5 gramos al día y uso macerado de hasta 15 gotas sublinguales en las noches por seis meses.

Refiere que el 20 de marzo de 2019 se dispuso de sorpresa el examen de detección de drogas mediante examen de orina a la totalidad del personal médico del Centro de Salud Familiar en el cual se desempeñaba, donde se le consultó si había consumido medicamentos durante los últimos días, señalándole al tecnólogo médico que se encontraba en tratamiento con gotas de THC, ante lo cual se le indicó que no resultaba relevante, pues solo requería información de medicamentos consumidos durante las últimas 24 horas.

Prosigue señalando que con fecha 9 de abril de 2019 la Subdirección de Salud confeccionó el Documento Electrónico 94007402, por medio del cual informó al Hospital de Carabineros el resultado de la contramuestra perteneciente al C.P.R. grado 9 nombre reservado, la cual resultó positiva a THC (marihuana), confirmado por el Laboratorio Toxicología Corthorn Quality S.A.

Agrega que producto de lo anterior, el 10 de abril de 2019, el Director del Hospital de Carabineros dictó la Orden de Sumario 12099/1, designándose a la Capitán nombre reservado como fiscal instructora, quien tras tomar declaración y recibir los certificados médicos que acreditaban su condición, le notificó con fecha 18 de abril de 2019 su “liberación del servicio”.

Señala que el 3 de enero de 2020 la fiscal cerró el sumario y propuso en su contra la sanción de “destitución”, resolución que, una vez notificada, permitió que pudiera efectuar sus descargos y presentar una serie de antecedentes y documentos que, a su juicio, desvirtuarían los cargos que se le formularon, fundado principalmente en la prescripción médica que lo amparaba para el consumo de subproductos de cannabis. Indica que entre los antecedentes que acompañó se encontraban: la receta médica y tratamiento médico en los términos descritos en el artículo 14 de la Ley N°20.000; sentido y alcance de la Circular 1784; concepto de droga descrito en la citada Circular; ejercicio de la potestad disciplinaria, considerando lo descrito en la Circular 1.784, artículo 36 de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, y artículo 87 del Reglamento de Sumarios Administrativos 15; contextualización del consumo de vaporizaciones nocturnas con cannabis, previa prescripción médica y en actos fuera del servicio; ausencia de presupuestos relacionados con la falta imputada y aplicación de una circunstancia que atenúa la responsabilidad.

Reseña que, a pesar de todos los descargos y antecedes que presentó, el 23 de septiembre del año 2020 fue notificado del Dictamen 12099/1, que concluyó proponiendo en su contra la medida disciplinaria de destitución, la que principalmente se fundaba en infracciones a la Ley N°18.575 y a la Circular 784 de 2 de octubre de 2019, la que, señala, es inexistente en el ordenamiento interno de Carabineros de Chile.

Luego, en cuanto a la aplicación de circunstancias agravantes y atenuantes, indica que en el documento no se describieron cuáles fueron las faltas en que incurrió, las cuales habrían infringido el artículo 22 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile.

Hace presente que presentó recurso jerárquico ante el Director de Salud de Carabineros, el cual fue desestimado mediante Resolución Exenta N°1160, de 23 de octubre del año 2020, siendo notificado de aquello con fecha 2 de noviembre de 2020.

Destaca que, con ocasión de lo anterior, interpuso ante esta misma Corte de Apelaciones Recurso de Protección, Rol N°96.240-2020, en cuya tramitación se requirió informe a Carabineros de Chile, quienes, al evacuarlo, expusieron que “a raíz de las instancias recursivas ejercidas por el afectado, la Dirección Nacional del Personal de Carabineros ha dispuesto que se dicte una resolución exenta con el objeto de invalidar el Dictamen y sus actos sucesivos, con el objeto de subsanar vicios relacionados con la “falta de tipicidad”, descargos que, atendido su contenido, generó que el recurso fuera rechazado por pérdida de oportunidad.

Relata que, una vez que fue notificado el fallo de la Corte de Apelaciones, se presentó a trabajar al Centro de Salud Familiar de Carabineros de la comuna de Estación Central, oportunidad en que no se le permitió el ingreso, pues se le informó que, a pesar de que Carabineros había invalidado el Dictamen que lo destituía, el proceso por lo cual se le había suspendido de sus funciones se mantenía vigente, lo cual se mantendría hasta que fuera requerido en la instancia administrativa respectiva.

Para concluir respecto a los hechos, señala que el 3 de enero de 2023, esto es, habiendo transcurrido casi 4 años desde que se había iniciado el procedimiento sancionatorio, fue notificado por el Subdirector del Hospital de Carabineros de que el actual Director de Salud había tomado la decisión de aplicarle nuevamente la medida disciplinaria de “destitución”, sin realizar ningún tipo de nueva diligencia o de abrir un término probatorio especial, fundamentando su decisión en “el incumplimiento de órdenes”, “actos contra el buen servicio”, “agravante de haber importado un descredito y un desprestigio a la institución de Carabineros”, “que el tipo de THC que se le suministra por receta médica retenida no posee registro del ISP, por lo cual es Ilegal” y, finalmente, porque señala que era su obligación poner al tanto a sus superiores de su condición médica y tratamiento.

En cuanto al derecho, sostiene que su segunda “destitución” es ilegal, en cuanto no existe descripción de la conducta reprochada como delito o falta administrativa, sino que, todo lo contrario, a su favor existe una eximente de responsabilidad administrativa y penal.

Destaca que el artículo 2° del “Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile” define como falta toda acción u omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del cumplimiento de sus deberes profesionales o morales, y que conforme Circular 1732, de la Subdirección General de Carabineros, a través de la cual impartió instrucciones sobre sumarios administrativos e investigaciones, se establece que la formulación de cargos debe contener el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le atribuye al inculpado y la forma como ellos han vulnerado sus deberes. Señala que, de este modo, se le permite al imputado asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, la autoridad puede fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la sanción que amerite la falta.

Alega que la resolución de la autoridad no reúne los requisitos mínimos exigidos por el elemento tipicidad o descripción de la conducta que afecta la norma, debiendo ser considerado como un acto administrativo contrario a derecho que no puede ser subsanado, pues la conducta establecida en el procedimiento administrativo no es considerada falta en el ordenamiento jurídico y reglamentario.

Hace presente que, de remitirse a la posible tipificación legal de una infracción, seria obligatorio remitirse en primer lugar a lo señalado en el artículo 4 de la Ley N°20.000, que sanciona el consumo de drogas, pero que exime a quién justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico. Así mismo, en materia especial, el artículo 14 de la misma norma legal señala que el personal militar a que se refiere el artículo 6 del Código de Justicia Militar también se encuentra sometido a la sanción de consumo, pero nuevamente ratifica que esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico.

Concluye que, si la ley no sanciona dicha circunstancia, un organismo público no podría en su esfera de atribuciones disponer algo contrario a la ley, puesto que la conducta no es motivo de reproche legal.

Hace presente que Carabineros de Chile dictó la Circular 1784, de 2 de febrero de 2015, la cual establece en el numeral III cuáles son las conductas contrarias al régimen disciplinario institucional, señalando que constituyen contravenciones graves, la acción de cualquier funcionario de Carabineros quien, sometido al test de drogas, y de resultado positivo definitivo, no pueda justificar medicamente su consumo, coligiendo que la misma institución reconoce la existencia de la excepción de falta administrativa de los hechos que han sido producto de su sumario.

Junto con invocar jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República, alega que el acto es arbitrario, por cuanto el recurrido no consideró los certificados ni informes médicos en los cuales se acredita su consumo medicinal de THC con anterioridad a la fecha del examen de drogas.

Igualmente, arguye que el acto es ilegal, por cuanto erróneamente se le atribuye ser infractor de ley, específicamente autor del delito previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 14 de la Ley N°20.000, el cual dispone que “el personal militar a que se refiere el artículo 6 del Código de Justicia Militar, con excepción de los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones de Chile, el de Gendarmería de Chile y el de aeronáutica a que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio”, vulnerando el inciso quinto de la misma norma que dispone que “esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico”, en concordancia con el inciso final del artículo 50, según el cual “se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico”.

En razón de lo expuesto, alega vulneración de su garantía constitucional del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por cuanto al haber sido apartado de su trabajo se le ha perturbado su estabilidad emocional; su derecho al debido proceso y su derecho de propiedad como funcionario público respecto de su empleo; y, finalmente, la libertad de trabajo y su protección, ya que se le está impidiendo desarrollar el trabajo que el libremente eligió servir.

Conforme a lo expuesto, pide que se ordene a los recurridos que se abstengan de coaccionar ilegalmente y se deje sin efecto la aludida actuación por ilegal y arbitraria y toda otra correlacionada con esta última y, en su lugar, disponer que se ordene el reintegro a sus labores profesionales, siguiendo el tratamiento médico al cual se encuentra sometido, bajo la supervisión de los profesionales de la salud respectivos, con costas.

SEGUNDO: Que, informando del recurso, comparece don nombre reservado, Director de Salud de Carabineros, quien expuso que el 20 de marzo de 2019, funcionarios del Departamento de Control y Prevención de Consumo de Drogas, dependiente de la Subdirección de Salud de Carabineros, se constituyeron en el Centro de Salud Familiar del Hospital de Carabineros Santiago Occidente, requiriendo al personal someterse a un examen de orina con el propósito de detectar o descartar consumo de drogas.

Indica que, analizadas las pruebas, la muestra y contramuestra del funcionario nombre reservado, resultaron positivas para THC.

Agrega que, conforme a lo anterior, se dispuso la apertura de un sumario administrativo para establecer las circunstancias en que el examen antidrogas resultó positivo para THC, permaneciendo el inculpado separado de sus funciones hasta la terminación del sumario por dictamen firme.

Refiere que, en dicho sumario, escuchado el inculpado e incorporada su prueba de descargo, la fiscal a cargo propuso su destitución, y el director del Hospital de Carabineros decidió, por Dictamen 12.099/1, de 10 de abril de 2019, aprobar la vista fiscal y aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Hace presente que dicho dictamen fue invalidado por Resolución Exenta N°15.356, de 16 de diciembre de 2020, fundado en la falta de tipificación administrativa de la conducta, para que pudiera ser sancionada, retrotrayéndose el procedimiento al estado de emitir un nuevo pronunciamiento, el que se materializó a través del Dictamen N°12099-1, de 5 de abril de 2022, por el cual nuevamente fue destituido.

Señala que, notificado del dictamen, el inculpado interpuso recursos de reposición y jerárquico en subsidio, discutiendo su destitución por falta de motivación, por falta de fundamentación en la tipificación de faltas y pidiendo la invalidación del Dictamen, acompañando dictámenes de la Contraloría General de la República que refrendarían su impugnación, siendo rechazada la reposición por el Hospital de Carabineros y el jerárquico por la Dirección de Salud, mediante Resolución Exenta 1797, de 23 de diciembre de 2022.

Precisa que la Dirección General de Carabineros puede contratar profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato para cumplir funciones transitorias por el lapso o periodo que la resolución respectiva determine, el que se incorpora a Carabineros como personal civil a contrata, sin integrar la planta institucional, y se rige por la Directiva del Personal Contratado por Resolución (CPR), aprobada por Orden General N°1.957, de 18 de agosto de 2010, y supletoriamente por el DFL N°2, de 1968, del Ministerio del Interior, que establece el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, que en lo disciplinario contempla la destitución del funcionario como sanción administrativa máxima en caso de falta grave acreditada por sumario administrativo legalmente tramitado (Directiva, artículo 59 N°2).

Concluye que, desde el inicio del sumario el recurrente ha insistido en que desde octubre de 2018 sufre de insomnio que el profesional médico de la Fundación Daya, Dr. nombre reservado, le prescribió consumir cannabis sativa en gotas y vaporizador hasta 0,5 gramos al día o hasta 15 gotas por la noche, por un periodo de 6 meses, circunstancia que habría informado al personal a cargo de practicar el examen de orina al cual fue sometido.

Refiere que si bien el inculpado acompaña documentación médica referida al tratamiento cannábico que informa, no hay antecedentes de que lo haya informado al momento de someterse al examen de orina en que resultó positivo para THC.

Arguye que, en ese contexto, y aunque no hubiera dudas sobre la efectividad de encontrarse el inculpado en tratamiento médico cannábico al momento de someterse al examen de orina en la institución, la Dirección de Salud estimó crucial lo informado por la médico C.P.R. nombre reservado, la cual, mediante Oficio N°40, de 4 de septiembre de 2019, informó que, en cuanto a que si bien las penas establecidas en el artículo 14 de la Ley N°20.000 no aplican al personal de las FF.AA. y OO.SS. que justifique el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico, el Instituto de Salud Pública autoriza solo dos productos cannábicos para esos fines, específicamente SATIVEX y TILRAY, a los que se accede solo con receta médica retenida, por lo cual el uso consumo, porte o tenencia de cualquier otro medicamento que contenga THC no tiene registro sanitario del ISP y es ilegal.

Finalmente, sostiene que, a partir de la declaración del propio inculpado, se verificó que éste no dio cuenta oportuna a su jefatura de la existencia de dicho tratamiento, por lo que no resultó plausible dar crédito a su testimonio, en cuanto a que no podía imaginar que dicho consumo de cannabis podría acarrearle problemas en el trabajo, máxime, teniendo en consideración lo que dispone la Circular 1784, de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General, que imparte instrucciones sobre examen de drogas de personal de Carabineros, estableciendo que el resultado positivo de consumo de droga constituye un antecedente objetivo que afecta a su desempeño profesional y evidencia una inhabilidad legal y reglamentaria, ética y moral de funcionario, que hace insostenible su permanencia en la institución.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que, de conformidad a los antecedentes del proceso, a través de la presente acción de protección se imputa una actuación ilegal y arbitraria al Director de Salud de Carabineros de Chile, consistente en haber resuelto aplicar la medida disciplinaria de “destitución” en contra de un profesional CPR (contratado por resolución), que se desempeña como “enfermero” en el Centro de Salud Familiar del Hospital de Carabineros Santiago Occidente, teniendo como fundamento para ello el resultado positivo al consumo de THC que arrojó el examen de drogas sorpresa que se le practicó, mismo resultado de su contramuestra, consumo que fue justificado por el funcionario como parte de una prescripción médica dispuesta en el contexto de un tratamiento por diagnóstico de “insomnio crónico de mantención”.

QUINTO: Que, para la resolución de esta causa resulta necesario dar cuenta del contexto normativo aplicable a la situación en estudio, el cual tiene como antecedente marco inmediato a la Ley N°20.000, que “Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”.

La Ley N°20.000, en el inciso primero de su artículo 1° castiga a: “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, …”.

A su vez, el inciso primero del artículo 4° de la misma ley sanciona: “El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.”.

Por su parte, el artículo 6° dispone: “El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

A su turno, el artículo 8° de la ley en comento señala: “El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.

Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado…”.

Adicionalmente, el inciso primero del artículo 14 de la normativa en comento establece: “El personal militar a que se refiere el artículo 6º del Código de Justicia Militar, con excepción de los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones de Chile, el de Gendarmería de Chile y el de aeronáutica a que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

A su vez, los incisos quinto y sexto del mismo artículo 14 dispone: “Esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico.

Corresponderá a la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, debiendo ordenar la realización periódica de controles de consumo conforme a las normas contenidas en un reglamento que se dictará al efecto”.

SEXTO: Que, en el contexto de la Ley N°20.000, Carabineros de Chile, a través de la Circular N°1784, de fecha 2 de octubre del año 2015, “reiteró instrucciones” a su personal sobre la “Política de Control del Consumo de Drogas al Interior de la Institución”, instrucciones originalmente impartidas mediante la Circular N°1645, de 24 de agosto de 2005, esto es, expedidas el mismo año en que entró en vigencia la antigua Ley de Drogas (N°19.366), instrucciones que, conforme a su capítulo final, se entienden y asumen conocidas por todos los integrantes de la institución.

A su vez, la institución cuenta con el “Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11”, el cual, en su artículo 22 clasifica las faltas en que puede incurrir su personal de acuerdo al bien jurídico protegido, entre los cuales se encuentran: la integridad moral del funcionario; el prestigio de la institución; la subordinación; el compañerismo; el buen servicio, entre otros.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la Circular N°1784, de 2015, vigente a la fecha en que el examen de orina del recurrente dio positivo a THC, se puede constatar que en ella se hace referencia a la Ley N°20.000, al Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11 y al Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8.

A su vez, entre las regulaciones contenidas en la Circular N°1784, se destacan las siguientes:

1) Respecto a la Ley N°20.000: La Circular cita el artículo 14 de la mencionada ley, en cuanto regula y sanciona expresamente el consumo de drogas del personal militar al que se refiere el artículo 6° del Código de Justicia Militar, entre los cuales se encuentra el personal de Carabineros de Chile: “Para los efectos de este Código y de las demás leyes procesales y penales pertinentes, se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio y el personal de reserva llamado al servicio activo”.

2) Respecto al Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11: La Circular cita su artículo 22, el cual, como se indicó en el considerando anterior, clasifica las faltas en que puede incurrir el personal de Carabineros de acuerdo al bien jurídico protegido, entre los cuales se encuentran: la integridad moral del funcionario; el prestigio de la institución; la subordinación; el compañerismo; el buen servicio, entre otros.

Adicionalmente, este Reglamento menciona el dictamen N°8.885, de 2014, de la Contraloría General de la República, en cuanto reconoce que las conductas ilícitas que pueden ser consideradas como faltas administrativas pueden no estar necesariamente contenidas en un listado taxativo de éstas, sino que también pueden estar expresadas como incumplimientos generales a un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones.

3) Respecto al Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8: La Circular menciona sus artículos 65 letra b) y 127 N°4, en cuanto se permite que durante el curso de un procedimiento administrativo el personal institucional pueda ser eliminado de las filas si se configuran las hipótesis en ellos indicadas.

OCTAVO: Que, además de lo indicado en el motivo anterior, la Circular N°1784 invoca el dictamen N°19.599, de 2002, del Órgano Contralor, referido a la eliminación de un funcionario de Carabineros de Chile por consumo de psicotrópicos. En dicho dictamen se establece que “en el caso del peticionario, el examen practicado tuvo un resultado positivo para el consumo de cocaína y marihuana, lo que constituye un antecedente objetivo que el afectado no ha podido desvirtuar en el curso de las distintas instancias de reclamo que contempla la legislación vigente, quedando en evidencia, en consecuencia, que la situación acaecida lo inhabilitaba reglamentaria, ética y moralmente, pues transgredió el reglamento, la doctrina institucional y el código de ética”.

NOVENO: Que, la Circular de la que se viene hablando ejemplifica para fines ilustrativos del personal institucional lo que “se considera droga”, señalando que se trata de: “cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo tiene la capacidad de provocar cambios en el funcionamiento físico y psicológico de quien la consume”.

En cuanto a la Marihuana, la Circular N°1784 establece que: “En el caso de la Marihuana, se está presentando una situación similar, porque cada vez es más frecuente encontrar productos que ocupan las hojas de la Cannabis Sativa para su elaboración, presentándose como jugos, muffins, queques, entre otros, aun cuando puedan ser etiquetados como libres de TCH (principio activo de la droga)”. (sic)

Por último, el instrumento en comento hace una mención en cuanto al cuidado que deben tener los funcionarios con la “automedicación”, disponiendo: “A similar riesgo se expone aquel funcionario que ha hecho de la “automedicación” un comportamiento habitual, toda vez que puede estar consumiendo medicamentos que contienen sustancias prohibidas, motivo por el cual, todo consumo de medicamentos que se declare al momento del control deberá estar debidamente respaldado por la receta médica correspondiente”.

DÉCIMO: Que, adicionalmente a todo lo indicado, la Circular N°1784 imparte directrices que deben observarse durante el procedimiento administrativo sancionatorio que pudiere iniciarse cuando se constate la comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley N°20.000 o implique una falta a la disciplina institucional, indicando que en determinados casos adicionalmente se deberá cumplir con la obligación legal de presentar denuncias penales atendida la calidad de funcionarios públicos que detenta el personal institucional.

UNDÉCIMO: Que, de la normativa legal y reglamentaria citada queda evidenciado que el consumo de drogas al interior de Carabineros de Chile está expresamente prohibido, existiendo instrucciones específicas desde el año 2005, datadas las últimas desde el año 2015, que se refieren al comportamiento que debe observar el personal institucional dada la especial “función policial” que ejecutan, la cual resulta incompatible con el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

Asimismo, se evidencia que la prohibición de consumo de drogas al interior de la institución encuentra sustento en el rol que le compete como parte integrante de la estructura estatal a cargo del combate al narcotráfico, evitando que sus funcionarios deterioren su capacidad física y mental, y consecuencialmente, queden expuestos y vulnerables a ser corruptibles por las organizaciones criminales, con el consecuente daño a la misión e imagen institucional.

DUODÉCIMO: Que, en la línea de lo que se ha venido razonando, existen razones de “interés nacional” para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de Carabineros de Chile, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley N°20.000 y las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como le ocurrió al recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, como consta en el proceso administrativo, una vez que se le notificó al enfermero recurrente el resultado positivo de THC, éste justificó dicho resultado en la utilización de un medicamento prescrito por un médico cirujano, el cual le fue recetado en el contexto de un tratamiento por “insomnio crónico de mantención” que padecía.

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como se indicó en los considerandos “undécimo” y “duodécimo”, esta Corte entiende y confirma que el consumo de drogas de carácter voluntario, recreativo o sin prescripción médica está expresamente prohibido en Carabineros de Chile.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendida la regulación marco que otorga la Ley N°20.000, dicha prohibición no alcanza ni comprende el consumo o utilización de drogas prohibidas que hayan sido prescritas por un médico cirujano en el contexto de un tratamiento médico, por cuanto es la propia Ley de Drogas la que establece de manera clara que aquella circunstancia constituye una eximente de responsabilidad penal, tornando su empleo en lícito, tal como se puede constatar de sus artículos 4°, 6°, 8°,14°, 15 y 50:

a) Artículo 4º.- “El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”.

b) Artículo 6º.- “El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

c) Artículo 8º.- inciso segundo: “Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión”.

d) Artículo 14.- “El personal militar a que se refiere el artículo 6º del Código de Justicia Militar, con excepción de los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones de Chile, el de Gendarmería de Chile y el de aeronáutica a que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

No obstante, si consumieren tales sustancias en los lugares o situaciones mencionados en el artículo 5º, Nº 3º, del Código de Justicia Militar, la sanción será presidio menor en sus grados medio a máximo.

Los conscriptos que consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, en los lugares o situaciones indicados en el artículo 5º, N° 3º, del Código de Justicia Militar, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Las mismas penas expresadas en los incisos anteriores se aplicará al respectivo personal si guarda o porta consigo dichas sustancias, aun cuando sean para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

Esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico.

Corresponderá a la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, debiendo ordenar la realización periódica de controles de consumo conforme a las normas contenidas en un reglamento que se dictará al efecto”.

e) Artículo 15.- “Los oficiales y el personal de Gente de Mar de dotación de buques de la marina mercante, de naves especiales y de artefactos navales que, a bordo o en el cumplimiento de sus funciones, porten para su exclusivo uso personal y próximo en el tiempo o consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5°, serán sancionados con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa de diez a cien unidades tributarias mensuales.

Dichas penas no se aplicarán a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico”.

f) Artículo 50.- inciso final “Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitación, serán sancionados con alguna de las siguientes penas: … Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico.”

DÉCIMO QUINTO: Que, lo reseñado en el párrafo anterior es confirmado por la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual también contempla como eximente de responsabilidad administrativa la utilización o consumo de drogas prescritas por un médico en el contexto de un tratamiento de salud, tornando su consumo en lícito, lo cual se puede constatar de sus artículos 40, 55 bis y 61.

a) Artículo 40.- “Los Ministros de Ley 18.575 Estado y los Subsecretarios serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y requerirán, para su designación, ser chilenos, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública. No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad”.

b) Artículo 55 bis.- “No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”.

c) Artículo 61 inciso 3°: “Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento”.

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme a lo desarrollado en los dos motivos anteriores, resulta incuestionable, claro y evidente que la utilización de drogas para el tratamiento de alguna enfermedad dispuesta por un médico cirujano se encuentra autorizado y tolerado por el ordenamiento jurídico, cumpliéndose las exigencias establecidas en las normas legales, motivo por el cual toda la restante normativa de carácter reglamentaria o infra legal debe estar supeditada a lo dispuesto en la ley.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en la presente acción de protección resulta un hecho pacífico y no controvertido que al funcionario recurrente le había sido prescrito el consumo de “cannabis” por un médico cirujano en el contexto de un tratamiento médico por “insomnio crónico de mantención”, recetándosele por el Doctor nombre reservado el uso de THC por dos vías de administración: en vaporización de hasta 0,5 gramos al día (que no implica combustión) y uso macerado de hasta 15 gotas sublinguales en las noches, por un plazo de 6 meses.

Asimismo, resulta no controvertido que al momento en que el funcionario fue sometido al examen de drogas llevaba 3 años en la institución, y que el tratamiento lo llevaba aplicando desde el mes de diciembre del año 2018, por lo que, habiéndose practicado la prueba de drogas con fecha 20 de marzo de 2019, la utilización médica de cannabis era desde hace aproximadamente 4 meses.

DÉCIMO OCTAVO: Que, durante la tramitación del sumario el funcionario acompañó como prueba o descargo el correspondiente certificado de tratamiento médico y las recetas expedidas por el médico cirujano tratante, donde constaba el diagnóstico, el tratamiento y la prescripción de uso de cannabis, de lo cual se constata que el consumo se encontraba autorizado de conformidad a la normativa legal vigente, debiéndose haber considerado dicha circunstancia al momento en que se formularon los cargos y en definitiva se resolvió el sumario, lo que en los hechos no fue atendido, sino que por el contrario, se obvió casi por completo y se resolvió contra ley, pasando por alto la normativa legal de carácter penal y administrativa que contemplan como “causal de exoneración de responsabilidad” el uso medicinal de cannabis dispuesto por un médico cirujano en el contexto de un tratamiento de salud.

DÉCIMO NOVENO: Que, entre los fundamentos del acto administrativo impugnado, Resolución Exenta N°1747, de 23 de diciembre de 2022, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el funcionario destituido, se esgrime por la autoridad de Carabineros el Oficio N°40, de 4 de septiembre de 2019, emitido por la médico institucional nombre reservado, la cual, informado en el contexto del artículo 14 de la Ley N°20.000, señaló que en Chile solo existirían 2 medicamentos derivados de cannabis con autorización y certificación del Instituto de Salud Pública – ISP-, Sativex y Tilray, ninguno de los cuales era el que estaba utilizando el funcionario, por lo que concluyó que al emplear “gotas sublinguales de cannabis” aquello resultaba ilegal, lo que a juicio de esta Corte no resulta ser efectivo, careciendo de sustento tal aseveración de conformidad al Decreto N°84, de 2015, del Ministerio de Salud.

VIGÉSIMO: Que, el Decreto N°84, de 2015, del Ministerio de Salud, facilitó el acceso a tratamientos y medicamentos derivados de la especie vegetal “cannabis sativa”, modificando normativa del año 1983, para lo cual tuvo en consideración el Oficio N°1014, de 1 de julio de 2015, del ISP, que propuso adecuaciones a la normativa vigente con el objeto de permitir el uso de cannabis y sus derivados para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos.

El mencionado decreto permite que el ISP autorice la importación de cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano con THC o CBD, lo que comúnmente se conoce como “recetario magistral”, disponiendo que estos podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia. La fórmula magistral consiste en la elaboración, de acuerdo a una prescripción médica, de un medicamento a la medida del paciente para uso y duración limitada, el cual, si bien no cuenta con registro del ISP, su elaboración y venta está autorizada al amparo de la normativa legal vigente.

En el contexto normativo señalado se puede constatar que en Chile el tratamiento médico con cannabis sativa no se encuentra acotado ni reducido al empleo de los 2 productos autorizados con registro sanitario del ISP, Sativex y Tilray, como erradamente lo sostiene la recurrida, pues el Decreto N°84, de 2015, permite que farmacias y laboratorios nacionales, previamente autorizados, puedan elaborar, vía “Recetario Magistral”, productos farmacéuticos con cannabis prescritos médicamente para el uso humano, como son las “gotas sublinguales”.

Así, es posible constatar que en nuestro país existen a lo menos 5 entidades farmacéuticas autoridades por el ISP para la elaboración de productos farmacéuticos con derivados de cannabis sativa prescritos por médicos cirujanos, a saber: Farmacias Ahumada, Knop, Biofórmula, Narma y Panonia. Adicionalmente, se puede dar cuenta de la existencia de una compañía farmacéutica (LOPAFARMA) autorizada para importar materias primas con grado farmacéutico creadas en base a extractos de cannabis.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a lo que se ha venido razonando, queda en evidencia que los fundamentos tenidos en consideración por la autoridad de Carabineros de Chile para resolver el procedimiento sancionatorio, y disponer la “destitución” del funcionario no se ha ajustado a derecho, resultado ilegal, no solo porque se ha dictado contrariando lo dispuesto en las Leyes N°20.000 y N°18.575, sino que, además, porque no se configuran las infracciones administrativas imputadas y se basa en supuestos errados que evidencian una falta de rigurosidad al invocarlos, lo que no puede ser convalidado por esta Corte.

Uno de los supuestos errados es la afirmación y conclusión de que el empleo de cualquier otro medicamente distinto de aquellos dos que cuentan con registro sanitario del ISP sería ilegal, puesto que, con la simple lectura del Decreto N84, de 2015, del Ministerio de Salud, aquello es desvirtuado.

Este supuesto errado que ha constado esta Corte se reitera en el informe que el Director General de Carabineros evacuó en el contexto del presente recurso de protección, al señalar en su punto III N°3 que: “En este contexto, y aunque no hubiera dudas sobre la efectividad de encontrarse el inculpado en tratamiento médico canábico al momento de someterse al examen de orina en la Institución, esta Dirección estima crucial lo informado por la Médico C.P.R nombre reservado, de esta dotación, mediante Oficio N°40 de 04-09-2019, fs. 102, en cuanto a que si bien las penas establecidas en artículo 14 de la Ley N°20.000 no aplican al personal de las FF.AA y OO.SS que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico, el Instituto de salud Pública (ISP) autoriza solo dos productos cannábicos para esos fines, específicamente SATIVEX y TILRAY, a los que se accede solo con receta médica retenida, por lo cual el so consumo, porte o tenencia de cualquier otro medicamento que contenga THC no tiene registro sanitario del ISP y es ilegal”.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, la institución cuestiona y reprocha que el funcionario sancionado no haya comunicado a sus superiores la enfermedad que le había sido diagnosticada y la prescripción médica que se le había otorgado para utilizar cannabis, catalogando aquello como una “falta grave”.

En este punto en necesario tener en consideración lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre Protección a la Vida Privada, la cual en su artículo 2° letra g) define como datos sensibles a: “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”, otorgándoles un mayor grado de protección.

Así, de los antecedentes tenidos a la vista, y particularmente de la Circular N°1784, de 2015, se ha podido constatar que no existe ningún deber ni obligación institucional de que los funcionarios de Carabineros de Chile comuniquen a los superiores sus enfermades, diagnósticos y prescripciones médicas, entre ellas, algunas tratadas con cannabis.

Esta Corte entiende la preocupación y esfuerzo de la institución para prevenir y evitar el consumo de drogas de sus funcionarios, y a así impedir que potencialmente se vean expuestos y vulnerables a ser corrompidos por las organizaciones criminales, pero de la misma manera entiende que aquello debe efectuarse con apego a la normativa legal.

Si la institución policial considera que aquello resulta necesario, particularmente cuando a sus funcionarios les ha sido prescrito algún medicamento que contiene cannabis, ya sea con registro del ISP o elaborado a través del “recetario magistral”, deberá, conforme a la normativa vigente, proceder a la actualización de la Circular N°1784, de 2015, y así indicarlo expresamente, pues con la regulación interna actual aquello no está dispuesto. Lo mismo si se dispone que frente a patologías en que se ha prescrito el uso de cannabis aquello sea tratado y monitoreado en los establecimientos de salud institucional con médicos del staff de Carabineros.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, como consideración adicional, esta Corte ha tenido en cuenta que el funcionario recurrente ha sido objeto de 2 medidas de “destitución”, la primera, invalidada de oficio por la institución luego de que se interpusiera el Recurso de Protección Rol N°96.240-2020, en cuya oportunidad se informó a esta Corte que mediante Resolución N°15.356, de 16 de diciembre de 2020, se había invalidado el Dictamen 12.099, de 23 de septiembre de 2020, fundado en la falta de tipicidad de la conducta imputada, y la segunda, que motiva la presente acción de protección, adoptada luego de 2 años de la anterior, por atribuirle al funcionario una serie de conductas que constituirán faltas al “principio de probidad” administrativo y deberes institucionales, que, como se ha venido relatando, no se configuran en los hechos y carecen de sustento normativo, evidenciándose un esfuerzo de la institución para forzar que la conducta ilegalmente cuestionada calce en alguno de los deberes institucionales supuestamente transgredidos.

Además, los “actos propios” de la institución recurrida denotan un vacilante y errático actuar en el caso de autos, pues si inicialmente se consideró que la conducta del funcionario era contraria a la Ley N°20.000, debió haberse presentado la respectiva denuncia penal, conforme al deber de denuncia establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, lo que en los hechos no aconteció.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, entonces, si bien esta Corte releva y confirma que, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria citada en los motivos precedentes, el consumo de drogas está expresamente prohibido para los funcionarios de Carabineros de Chile, atendidas sus importantes, estratégicas y sensibles funciones, resultando incompatible el desempeño funcionario con el consumo voluntario, recreacional o sin prescripción médica de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas, en el caso de autos que este tribunal está llamado a resolver se ha constatado un actual ilegal y arbitrario de las autoridades de la institución, pues se sancionó drásticamente a un funcionario que se encontraba cubierto y amparado expresa y legalmente para utilizar subproductos de cannabis que le habían sido prescritos médicamente, lo que se acreditó con la documentación establecida en la ley, vulnerándose las garantías constitucionalmente del artículo 19 Nos. 1, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental que el recurrente invoca como conculcadas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, deducido en contra del DIRECTOR DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE, y se resuelve dejar sin efecto la medida de “destitución” dispuesta en su contra mediante Dictamen N°12.099-1, de 5 de abril de 2022, y confirmada por Resolución Exenta N°1797, de 23 de diciembre de 2022, que desestimó el recurso jerárquico deducido, debiendo la institución disponer su reintegro inmediato a sus funciones.

Acordada con el voto en contra de la Ministro Sra. Villadangos, quien estuvo por rechazar el presente arbitrio constitucional, estimando para ello que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario y que, por lo mismo, no ha podido conculcar ninguna de las garantías constitucionales que se denuncian amagadas por el recurrente, en razón de las siguientes circunstancias:

1°.- Que a pesar de que el actor justificó el resultado positivo de THC en su muestra orgánica en la existencia de un tratamiento prescrito por un médico cirujano, no ha sido discutido que aquello no fue oportunamente informado a la institución y que su conducta, en orden a aceptar una prescripción médica que él sabía le estaba expresamente vedada, contravino, sin razón que lo justificara, las instrucciones contenidas en la Circular N°1.784, de 2 de octubre de 2015, la que, en lo que interesa, señala: “…cada integrante de la institución deberá tener presente que se considera droga a cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo tiene la capacidad de provocar cambios en el funcionamiento físico y psicológico de quien la consume, por lo tanto, el individuo se encuentra expuesto a una diversidad de sustancias prohibidas, en la forma tradicionalmente conocida, como puede ser la cocaína, pasta base, marihuana, anfetaminas y otras, sino que también a una diversidad de productos, elaborados con este tipo de componentes.

Es así, como en el caso de la cocaína, se comercializa en una gran cantidad de presentaciones, como el té de coca, harina de coca que se emplea para preparar queques, pastas, caramelos, bebidas, infusiones, licores y otros. Estos productos, al degradarse en nuestro organismo producen metabolitos o compuestos idénticos a los que se pueden generar al inhalar cocaína en cualquiera de sus formas, por lo tanto, al realizarse un control de drogas su resultado podría ser positivo, con las consecuencias ya descritas en la presente Circular.

En el caso de la marihuana, se está presentando una situación similar, porque cada vez es más frecuente encontrar productos que ocupan las hojas de cannabis sativa para su elaboración, presentándose como jugos, muffins, queques, entre otros, aun cuando pueden ser etiquetados como libres de THC (principio activo de la droga)”;

2°.- Que en este mismo orden de ideas, aparece pueril aceptar que desconociendo una prohibición de la entidad antes comentada, haya optado para obtener mejoría de su diagnóstico de “insomnio crónico de mantención”, el medicamento que, según afirma, le fue prescrito, más aun teniendo en consideración su profesión de enfermero, en razón de cuyos conocimientos debió representarse la gravedad de su conducta, sobre todo si se atiende, además, a que no se trataba en su caso de una patología compleja y que existen para ella numerosas soluciones en el mercado farmacéutico, muchas de las cuales son incluso de origen natural;

3°.- Que, por otra parte, atendida la especial función que cumplía el funcionario recurrente en el Centro Médico institucional en el cual se desempeñaba -enfermero-, con mayor razón resultaba indispensable que sus superiores estuviesen, al menos, en conocimiento de su diagnóstico y tratamiento médico -lo que en la especie no ocurrió, puesto que el recurrente solo lo informó a la institución al momento en que se le practicó el examen de drogas y luego como parte de su declaración sumarial-, pues debía participar en procedimientos sanitarios y médicos sensibles para los pacientes, los cuales requieren que todos los profesionales involucrados en dicho servicio se encuentre en condiciones físicas y mentales idóneas para su correcto desempeño;

4°.- Que, en la línea de lo que se ha venido razonando, existen, además, razones de “interés nacional” para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de Carabineros de Chile, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley 20.000 y de las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y que es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como ocurrió en este caso;

5°.- Que por todo lo que se ha venido razonando, esta disidente concluye que la autoridad recurrida ha actuado conforme a la ley, ejerciendo las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico, de acuerdo al mérito del proceso administrativo incoado, encontrándose el dictamen que dispuso su “destitución” y la Resolución Exenta N° 1797, de 23 de diciembre de 2022, que rechazó el recurso jerárquico, debidamente fundamentadas, por lo que tales decisiones no pueden ser calificadas de ilegales o arbitrarias.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo y del voto disidente, su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección - Rol N°1091-2023.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada, además, la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.