Protección contra Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile

Santiago, uno de agosto de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 62: estése al mérito de autos.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 11 de octubre del año pasado, comparece don nombre reservado, Subprefecto, grado 7°, de la Policía de Investigaciones de Chile deduciendo recurso de protección en su favor y en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General, don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, cuyas pretensiones aclara por exigencia de esta Corte mediante presentación del día 15 del mismo mes y año, alegando como actos ilegales y arbitrarios, su ascenso al cargo de Prefecto, grado 5° de la Escala de la Policía de Investigaciones, por mérito, a contar del 15 de junio de 2022, dispuesto con fecha 27 de septiembre de 2022, mediante Decreto Exento RA N°280/1348/2022 de la Subsecretaría del Interior y la comunicación de 12 de septiembre de 2022, que le da cuenta su retiro absoluto de la institución antes de haber transcurrido los noventa días después de haber terminado el sumario administrativo incoado en su contra, los que a su juicio contravendrían la normativa vigente, vulnerándose, además, sus garantías constitucionales previstas en los numerales 2°, 4°, 14° y 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone de manera enrevesada y extensa, en síntesis, e intentando hacer comprensible su narración, que por sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 23 de mayo del 2022, en causa rol N° 75.598-2021, que acogió un recurso de protección interpuesto previamente por él en contra de la institución, se dejó sin efecto el Decreto Exento N° 280/163/2021, del Ministerio del Interior, que dispuso su retiro absoluto, y se ordenó a la Dirección General de la Policía de Chile reincorporarlo “a las filas de la institución, con todos sus derechos inherentes a su condición de oficial policial activo”, situación que se materializó en respuesta a solicitudes suyas de 27 de mayo y 8 de junio del año pasado, mediante Resolución N° 3.005, de fecha 9 de junio del 2022, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas, notificada a él el día 14 del mismo mes, fecha en que fue reincorporado como funcionario activo de la entidad, para desempeñarse en la región de Coquimbo Explica que en virtud a la Orden N°47, de 8 de julio de 2022, de la Dirección General, se convocó a los integrantes de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, a fin de realizar su calificación y clasificación correspondiente al periodo calificatorio 2020-2021, en su condición de Subprefecto, quienes resolvieron por unanimidad, aplicar a su respecto lo dispuesto en el Decreto N° 8, del Ministerio de Defensa, “Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”, específicamente en su artículo 5°, en orden a que debía conservarse en Lista 1, de mérito, por el periodo 2019-2020, lo que le fue notificado el día 27 del mismo mes.

Agrega que en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema y atendida su condición de oficial policial activo, durante el mes de junio del año 2022 la institución procedió a pagar sus remuneraciones, descuentos de imposiciones, de salud, e impuestos legales, en el grado de Subprefecto, a contar del mes de junio del 2021 hasta la fecha de interposición del presente arbitrio, en consideración a que el último pago como oficial activo se verificó en mayo de ese mismo año.

No obstante lo anterior, y pese a las reiteradas peticiones que efectuó al efecto, señala que la recurrida no consideró el mínimo respeto hacia un oficial policial con más de treinta años de servicio, calificado en lista de mérito, para dar respuestas a sus solicitudes en lo que decía relación con la situación de su ascenso al cargo de prefecto, el que en cumplimiento de lo resuelto por el referido fallo del Máximo Tribunal, debió considerarse a contar del día 2 de abril de 2021, fecha en que existía la vacante del proceso regular y en que fueron ascendidos al cargo de Prefecto, oficiales policiales que se encontraban en una ubicación posterior a su lugar en el Escalafón de Antigüedad y Escalafón de Mérito.

Agrega que el artículo 52 de la Ley 19.880 señala como excepción, que los actos administrativos tendrán efecto retroactivo, cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, lo que se da en su caso, dado que a la fecha del ascenso a Prefecto por el Proceso Regular -2 de abril del 2021-, cumplía con todos los requisitos exigidos por el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y que para determinar la fecha de su ascenso, se debe considerar, además, lo dispuesto en el artículo 31 de dicho reglamento, basados en el principio jurídico que plantea que “donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición”, puesto que esa disposición hace alusión al funcionario que, encontrándose en alguna de las situaciones previstas en las letras c) y d), le sea acogido favorablemente el recurso, sea absuelto o sobreseído, señalando que en tal hipótesis se le restituirá en su lugar en el escalafón, ascendiendo con la misma fecha que le habría correspondiendo hacerlo. Asevera que lo mismo debe aplicarse a su respecto, también, en atención al principio in dubio pro operario.

En otro orden de ideas, hace presente que ignorando lo razonado en el considerando Sexto del fallo tantas veces citado, con fecha 12 de septiembre del 2022, recibió mediante correo electrónico, enviado desde el Departamento de Retiros y Previsión de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas institucional, un documento que correspondía a una solicitud de retiro absoluto de la institución. Sobre el particular, indica que junto con no tener respuesta alguna de las peticiones formuladas respecto de exigir que su ascenso fuera cursado el 2 de abril de 2021, el día 28 de septiembre de 2022, fue notificado de la Resolución N°17, de 27 de septiembre de ese año, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, que dejó sin efecto la notificación efectuada al abogado Humberto Bobadilla Reyes, de la Resolución Exenta N°414-2020/80/2022, de 23 de mayo de 2022, quién en su representación intervino en la tramitación del sumario administrativo incoado por la denuncia presentada ante el Departamento V de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, bajo el amparo de lo preceptuado en la Ley 20.205, lo que fue el fundamento esencial que tuvo presente la Corte Suprema al acoger su anterior recurso de protección.

Añade que la Resolución N°17, de 27 de septiembre del 2022, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, en la letra c) de los vistos hace mención del recurso de apelación interpuesto por el abogado Humberto Bobadilla Reyes, en su representación; en la letra e) refiere el incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento de 30 de mayo de 2022, interpuesto por el abogado Humberto Bobadilla Reyes, en su representación y en la letra f) la resolución de fecha 7 de junio de 2022, que resuelve el incidente de nulidad, pero retrotrae todo al día 23 de mayo del 2022, con un evidente vicio procedimental, demostrándose una manera de acelerar el término del sumario para que se cumpla el plazo que no le permita estar bajo el amparo de lo preceptuado en la Ley 20.205.

Finaliza, solicitando que “se proceda a cursar el ascenso al cargo de Prefecto a contar día 2 de abril del 2021, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dado que habiéndose acogido favorablemente un recurso, la norma señala que se le restituirá en su lugar en el escalafón, ascendiendo con la misma fecha que le habría correspondiendo hacerlo; por cuanto, la fecha fijada unilateralmente para el ascenso, estaría, nuevamente, vulnerando la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, diferenciando al recurrente de otros oficiales policiales, con una menor ubicación en el escalafón de antigüedad y de mérito y, asimismo, ordenar que se proceda a investigar todos los hechos denunciados al Departamento V Asunto Internos, por el recurrente y que fue incoado en el Sumario Administrativo N°414- 2020/80/2022 con fecha 06 de agosto del 2020 de la Región Policial de Atacama”;

SEGUNDO: Que mediante resolución de 20 de octubre del año pasado se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que con fecha 19 de diciembre de 2022, en representación de la recurrida, informa el abogado don Omar Alonso Castro Torres, solicitando el rechazo de la acción intentada.

Alega, en primer lugar, la improcedencia de esta acción constitucional, por no ser ella una nueva instancia administrativa.

Respecto del fondo, en lo relativo al reproche vinculado al ascenso del recurrente, sustenta el acto impugnado en lo que prescriben los artículos 9 del Decreto N° 374, de 12 de noviembre de 1999, que aprueba el Reglamento de Ascensos del Personal de la Policía de Investigaciones, 30 del D.F.L. N° 1, de 1980, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y en el Dictamen N° 17.727, de fecha 1 de julio de 2019, de la Contraloría General de la República, que al efecto señala: “Al respecto, cabe consignar, primeramente, que esta Contraloría General, en su dictamen No 72.661, de 2016, entre otros, informó que la posibilidad de alcanzar por la vía del ascenso el grado jerárquico superior, constituye una mera expectativa que solo se concreta cuando la autoridad emite el pertinente acto administrativo.

En este sentido, considerando que el señor nombre reservado cesó con fecha 12 de octubre de 2018, sin que se hubiese dispuesto la promoción que solicita, corresponde expresar que esta constituyó para él una mera expectativa, que acorde con el criterio contenido en el dictamen No 35.058, de 2013, de este origen, entre otros, no puede materializarse con posterioridad a la desvinculación, toda vez que el ascenso, en cuanto medio de provisión de empleos públicos, únicamente favorece a quienes tienen la calidad de funcionarios en servicio activo a la época en que aquel se ordene”.

Argumenta que el recurrente fue reincorporado mediante la Resolución N° 3.005, de fecha 9 de junio de 2022, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, notificada el día 14 de ese mes y año, por lo que es menester concluir que aquel no se encontraba en la hipótesis de haberse originado la vacante durante la tramitación del decreto de retiro absoluto, toda vez que ya se encontraba desvinculado de la institución policial al momento de dictarse la resolución que ordenaba el ascenso.

Explica que teniendo en consideración que la Corte Suprema no efectuó pronunciamiento alguno para el caso particular y dada la abundante jurisprudencia administrativa que se articula sobre la materia, en el sentido de señalar que el ascenso es una mera expectativa, que no se puede materializar en fecha posterior a la desvinculación de un funcionario, aun cuando posteriormente se haya reincorporado, toda vez que sólo favorece a quienes se encuentren en servicio activo a la fecha en que se ordene, mediante el Oficio (R) N° 532, de fecha 17 de agosto de 2022, fueron remitidos a la señora Ministra del Interior, los antecedentes de los Oficiales Policiales, entre los cuales se incluye al recurrente, quienes cumplían los requisitos para ascender al grado de Prefecto del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea, lo que se materializó mediante el Decreto Exento RA N° 280/1348/2022, de fecha 27 de septiembre de 2022.

Sobre las supuestas irregularidades que manifiesta el actor en relación a los sumarios administrativos llevados a efecto por la institución, indica que el procedimiento administrativo disciplinario que se ha ordenado al efecto mediante la Orden N° 414, de fecha 6 de agosto de 2020, de la Región Policial de Atacama, con el fin de determinar responsabilidades administrativas, que podrían derivar en otras de índole civiles y penales, si así se estableciere, se ha instruido por la autoridad competente, decretándose una serie de diligencias investigativas destinadas al esclarecimiento de los hechos, deduciendo, además, el recurrente los recursos de impugnación respectivos, los cuales aún se encuentran en tramitación, por lo que no es posible pronunciarse aun acerca del fondo de tales alegaciones.

Sostiene, finalmente, que en ningún caso se ha verificado alguna vulneración a las garantías tuteladas por el recurso de protección, sino que por el contrario, la Policía de Investigaciones de Chile, sólo ha dado cumplimiento fiel al proceso de ascensos establecido por la ley, el cual se encuentra reglado en el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y en el Decreto N° 374, de 12 de noviembre de 1999, que aprueba el Reglamento de Ascensos del Personal de la Policía de Investigaciones;

CUARTO: Que por resolución de 20 de abril de este año se solicitó a la Subsecretaría del Interior informe sobre los antecedentes que tuvo a la vista para dictar el Decreto Exento RA N°280/1348/2022, de 27 de septiembre de 2022 y, evacuando el mismo el 15 de mayo del año en curso, el abogado don Felipe Cerda Sepúlveda expresó, en lo que interesa, que el ascenso del recurrente al cargo de Prefecto, grado 5°, en la fecha que aquel señala era improcedente, por cuanto los 8 ascensos ocurridos el 2 de abril de 2021 se verificaron con anterioridad a la dictación de la sentencia de la Corte Suprema, de 23 de mayo de 2022, por lo que tales ascensos ya se habían materializado a esa fecha y que el ascenso a Prefecto de la parte recurrente, a partir del 15 de junio de 2022, se materializó gracias al aumento transitorio de plazas del personal que se dispuso mediante el Decreto Exento N° 1.668, de fecha 1 de abril de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que solo a partir de esa fecha se generaron las vacantes necesarias para efectuar la promoción que se analiza;

QUINTO: Que con fecha 17 de mayo de este año se trajeron finalmente estos autos en relación. El 13 de julio pasado se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados del recurrente y de la recurrida;

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que como puede colegirse fácilmente del mérito de las presentaciones de autos, el conflicto relativo a la época a contar de la cual debió cursarse el ascenso a Prefecto del recurrente encuentra su origen en lo dispuesto con fecha 23 de mayo del año pasado por la Corte Suprema en el fallo que acogió el recurso de protección rol N° 75.598-2021.

En esa acción cautelar se declaró ilegal y, por ende, “se dejó sin efecto” el Decreto Exento N° 280/163/2021, del Ministerio del Interior que dispuso el retiro absoluto de nombre reservado, en uso de la facultad prevista en el artículo 92 del DFL N° 1/1980 del Ministerio de Defensa Nacional, por haber cumplido el funcionario 30 años de servicio efectivo, “al estar bajo el amparo de lo preceptuado en la Ley 20.205, desde el momento que existe un sumario administrativo generado por la denuncia del oficial recurrente ante el Departamento V de “Asuntos Internos” de la Policía de Investigaciones, en contra de jefes superiores directos, el cual se encuentra aún en tramitación, toda vez que como ya se mencionó el denunciante no podía ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad hubiese recibido la denuncia y hasta la fecha de su resolución definitiva, y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoado a partir de la citada denuncia, lo que en la especie aún no ha acontecido”;

OCTAVO: Que la expresión “dejar sin efecto” un acto administrativo equivale a declarar la nulidad del mismo.

En efecto, la nulidad del acto administrativo se puede obtener mediante vías de impugnación generales y especiales. Estas últimas han sido establecidas por el legislador para situaciones concretas y respecto de materias determinadas, como es el caso de los más de doscientos procedimientos de reclamo contra la aplicación de sanciones administrativas. Las vías generales son la acción de nulidad de derecho público y la acción de protección, entendida esta última como un sustituto jurisdiccional de carácter urgente, pero imperfecto, ante la ausencia en nuestro derecho de una acción anulatoria de carácter cautelar.

Cuando la nulidad de un acto administrativo se alega por vía de acción, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de hacer desaparecer el acto si se acreditan los presupuestos necesarios para ello. Lo pedido en la acción que reclama la nulidad en materia administrativa está vinculado con la ilegalidad de un acto, pues lo que se pretende es precisamente la declaración de su ineficacia en razón de su antijuricidad.

Por otra parte, al no existir en nuestro ordenamiento jurídico un régimen particular que regule la nulidad de los actos administrativos, la doctrina más reciente se ha inclinado para determinar sus efectos, por la posibilidad de recurrir a las reglas del Código Civil, dado que no existe una oposición radical entre ambas ramas del derecho;

NOVENO: Que luego de lo dicho, al haber declarado la Corte Suprema la nulidad del Decreto Exento N° 280/163/2021, del Ministerio del Interior, que dispuso, en su oportunidad, el retiro absoluto de nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile, debe reflexionarse que el concepto abstracto de nulidad, prescindiendo de las reglas que la rigen en el derecho público o privado, es el mismo, ya que se trata de un solo tipo de sanción específica, que produce, hablando en términos generales, el mismo efecto de hacer desaparecer el acto viciado o anulable, porque lo que caracteriza a la sanción es el resultado que produce en el acto que está sujeto a ella y, en el caso de la nulidad, ella siempre producirá la destrucción del acto con efecto retroactivo, considerándose como si no se hubiera celebrado, debiendo volver las cosas al estado en que se encontraban antes de su ejecución;

DÉCIMO: Que en este orden de ideas, razona esta Corte que lleva razón el recurrente cuando, entendiendo que su retiro absoluto por haber cumplido 30 años de servicio efectivo, fue anulado y, muy especialmente, por haber ordenado la Corte Suprema a la recurrida “reincorporar al Sr. nombre reservado a las filas de la institución, con todos sus derechos inherentes a su condición de oficial policial activo”, retrotrajo su situación a la que existía antes del 31 de enero de 2021, por lo que al disponer el aludido tribunal su reintegro a la Policía de Investigaciones del modo antes explicitado, debió considerarse que su ascenso al grado de Prefecto, grado 5 de la Escala de la Policía de Investigaciones, correspondió efectuarlo a contar del día 2 de abril de 2021 -fecha en que existía la vacante del proceso regular y en que fueron ascendidos al cargo de Prefecto, oficiales policiales que se encontraban en una ubicación posterior a su lugar en el Escalafón de Antigüedad y Escalafón de Mérito-, haciendo una aplicación analógica de lo que prevé el artículo 31 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile en su inciso final, cuando dispone que: “En el evento de que al funcionario que encontrándose en alguna de las situaciones previstas en las letras c) y d), le sea acogido favorablemente el recurso, significando su exclusión de la lista de retiros; sea absuelto o sobreseído definitivamente, por sentencia ejecutoriada, en el proceso criminal respectivo; o sea absuelto en el sumario administrativo, se le restituirá en su lugar en el escalafón, ascendiendo con la misma fecha en que le habría correspondido hacerlo. Si no existiere vacante para su ascenso, se aumentará transitoriamente la planta del grado correspondiente. Para este efecto, se le darán por cumplidos todos aquellos requisitos que le faltaren por alguna de las causas señaladas”.

Si bien, estrictamente, no se encontraba el actor en las hipótesis de las letras c) y d) de la citada disposición, su situación era absolutamente similar a la de un funcionario que se hallare incluido en Lista Anual de Retiros, cuando el decreto o resolución correspondiente no haya sido tramitado por encontrarse pendiente algún recurso, dado que habiendo sido llamado a retiro absoluto en razón de una circunstancia aparentemente objetiva, dicha medida no se encontraba a firme, precisamente por haberse impugnado la legalidad de la misma mediante una acción constitucional de protección, que finalmente fue acogida, anulando la Corte Suprema dicho llamado a retiro.

La solución práctica a la situación originada por el fallo del Máximo Tribunal no parece ser insólita, puesto que precisamente la entrega la norma previamente citada, bastando al efecto a la institución recurrida, para el evento de no existir vacante para su ascenso, aumentar transitoriamente la planta del grado correspondiente, más aún cuando no se encuentra en discusión que el recurrente cumplía a esa fecha con todos los requisitos que lo hacían merecedor del ascenso que reclama;

UNDÉCIMO: Que en lo que atañe, enseguida, al segundo acto impugnado de ilegalidad, ahorra cualquier comentario la sola referencia a la sentencia tantas veces aludida, pronunciada por la Corte Suprema el 23 de mayo del año pasado en el ingreso de protección rol N° 75.598-2021, el que al parecer no fue interiorizado por las autoridades de la entidad recurrida, puesto que nuevamente el 12 de septiembre de 2022, han hecho exigible su retiro absoluto de la institución, por haber cumplido el funcionario 30 años de servicio efectivo, pese a encontrarse a esa fecha bajo el amparo de lo preceptuado en la Ley 20.205, desde el momento que existía aún un sumario administrativo generado por la denuncia del oficial recurrente ante el Departamento V de “Asuntos Internos” de la Policía de Investigaciones, en contra de jefes superiores directos, el cual no se encontraba a esa época a firme, por lo que no podía ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad hubiese recibido la denuncia y hasta la fecha de su resolución definitiva, y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoado a partir de la citada denuncia, lo que en la especie aún no había acontecido, ya que como reconoce la propia recurrida en su informe, el recurrente dedujo los recursos de impugnación respectivos, los cuales se hallaban a esa data en tramitación;

DUODÉCIMO: Que finalmente, en lo que respecta a la petición del escrito en que se formula el presente arbitrio, en orden a que esta Corte ordene “que se proceda a investigar todos los hechos denunciados al Departamento V Asunto Internos, por el recurrente y que fue incoado en el Sumario Administrativo N°414- 2020/80/2022 con fecha 06 de agosto del 2020 de la Región Policial de Atacama”, se dirá únicamente que tal petición desborda la competencia de esta Corte y que tampoco fue reiterada como uno de los actos que se denunciaron ilegales o arbitrarios en la presentación de 15 de octubre de 2022, en que el recurrente esclareció lo pedido a este tribunal;

DÉCIMO TERCERO: Que luego de lo reflexionado aparece palmario que el ascenso del recurrente al cargo de Prefecto, grado 5° de la Escala de la Policía de Investigaciones, por mérito, solo a contar del 15 de junio de 2022 y la comunicación de 12 de septiembre de 2022, que le da cuenta de su retiro absoluto de la institución antes de haber transcurrido los noventa días después de haber terminado el sumario administrativo incoado en su contra, resultan ilegales y arbitrarios, al no atender a los hechos concretos del caso en estudio, y que, por todo lo explicitado precedentemente, han vulnerado sus garantías fundamentales y, muy en especial, la de igualdad ante la ley y de no discriminación, conclusión en virtud de la cual se acogerá la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General, don Sergio Antonio Muñoz Yáñez y, a fin de restablecer el imperio del derecho, se ordena a la recurrida proceder a cursar el ascenso del recurrente al cargo de Prefecto, grado 5° de la Escala de la Policía de Investigaciones a contar del día 2 de abril de 2021 y, replicando lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de 23 de mayo del año pasado en el ingreso de protección rol N° 75.598-2021, se dictamina, también, la reincorporación del Sr. nombre reservado a las filas de la institución, con todos sus derechos inherentes a su condición de oficial policial activo, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 109.060-2022.- Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por Ministra Maritza Villadangos Frankovich, el Ministro Suplente Carlos Escobar Salazar y la Abogada Integrante Magaly Carolina Correa Farías.

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