nombre reservado con nombre reservado

Santiago, nueve de junio de dos mil veintiuno.

Visto:

Primero: Que don nombre reservado interpuso la acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservadonta de Prestadores de Salud, por haber dictado ilegal y arbitrariamente la Resolución Exenta IP N° 5166 de 7 de diciembre de 2020, por la cual se rechazó su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud como tecnólogo médico con mención en oftalmología, con lo que se le han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2°, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, y la libertad a desarrollar una actividad económica lícita. Solicita dejar sin efecto la resolución recurrida y proceder a inscribirlo en el citado registro como tecnólogo médico con mención en oftalmología.

Agrega que detenta el título de optómetra y cuenta con certificado de reconocimiento de su título emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no requiere convalidar su título ante la Universidad de Chile. La convención sobre canje de títulos celebrada entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Colombia, aprobada por Ley N° 3.860 de 14 de junio de 1922, le permite a ejercer su profesión libremente en nuestro país, sin cumplimiento de condición o exigencia alguna y sus competencias profesionales están descritas en el artículo 113 bis del Código Sanitario. La ley iguala las competencias profesionales entre optómetras y tecnólogos médicos con mención en oftalmología.

Es arbitrario dicha resolución porque él está legalmente habilitado para otorgar las prestaciones de salud a que se refiere el artículo 113 bis del Código Sanitario, ya que es un prestador individual de salud al tenor de lo prescrito en el artículo 2, letra a) del Decreto N° 16 de 2007 del Ministerio de Salud, y si está legalmente habilitado para otorgar a la población nacional prestaciones de salud, debe ser inscrito como tal en el citado registro. Las prestaciones de salud que la legislación le permite otorgar son las mismas que aquellas que se le reconocen al tecnólogo médico con mención en oftalmología, por lo que no existe razón para no inscribirlo como prestador individual de salud en el registro respectivo.

Segundo: Que la recurrida indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Sanitario, quienes detentan un título de optómetra obtenido en el extranjero deberán revalidar dicha calificación ante la Universidad de Chile, para efectos de ejercer la profesión de tecnólogo médico con mención en oftalmología, y por ello se rechazó el referido requerimiento. Agrega que sólo efectúan una función registral y no están facultados para extender el listado de profesiones descrito en el Reglamento de Registro de Prestadores Individuales elaborado por el Ministerio de Salud; y tampoco cuenta con la competencia para efectuar homologaciones de profesiones obtenidas en el extranjero ya que aquello es de conocimiento exclusivo de la Universidad de Chile y, tratándose de optómetras, dicha revalidación se exige en el Código Sanitario.

El artículo 121 del DFL N° 1/2005, de Salud, que establece las funciones de la Superintendencia de Salud en relación con los prestadores de salud individuales e institucionales, que se ejercen a través de la Intendencia de Prestadores de Salud, señala en su N° 6 que dicha intendencia deberá "Mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus especialidades y subespecialidades, si las tuvieran, y de las entidades certificadoras, todo ello conforme al reglamento correspondiente", que es el Decreto Supremo N°16 de 2007, del Ministerio de Salud, cuyo artículo 7° dispone que "El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud será un registro informático, en el cual se inscribirá, a petición del interesado o de oficio por el Intendente, a todos los prestadores individuales de salud que se encuentren legalmente habilitados para ejercer en el país alguna de las profesiones que se enumeran en el artículo 8°”. A su turno, este último artículo indica "Los prestadores individuales de salud que serán inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud serán los que se encuentren habilitados por el título profesional respectivo para ejercer legalmente en el país alguna de las profesiones que se enumeran a continuación” y en ese listado no se encuentra la profesión de optómetra que detenta la parte recurrente, por tanto, su profesión no es de aquellas susceptibles de ser inscritas en el Registro.

Precisa la recurrida que la incorporación al Registro nunca ha sido requisito habilitante para el ejercicio de la profesión ni tampoco una condición para la contratación de sus servicios profesionales, ya que es el título otorgado en Chile por alguna entidad autorizada o el título otorgado en el extranjero revalidado en Chile, la circunstancia habilitante para el ejercicio profesional, ámbito en el que no tiene ninguna atribución. Un profesional que no esté inscrito, pero que esté habilitado para el ejercicio de su profesión no está impedido para trabajar en el área pública o privada de salud. Dicha inscripción sólo es exigible para efectos de otorgar las prestaciones garantizadas que contempla el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), conforme a lo establecido en el artículo 24 inciso final de la Ley N° 19.966, y en el Listado de Prestaciones Específicas de Salud, actualmente vigente, no se establece ninguna que pudiera ser otorgada por optómetras.

Tercero: Que se trajeron estos autos en relación y se procedió a la vista de la causa.

Cuarto: Que, la acción de protección constitucional tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante actos u omisiones arbitrarios o ilegales, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva, puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es esencial y necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza que le sirve de fundamento.

En consecuencia, si la misma no existe, no es efectiva o el proceder reprochado se ajusta a la legalidad o se apoya en la razón, el recurso de protección no puede prosperar.

Quinto: Que no es un asunto discutido que el recurrente posee un título de optómetra obtenido en el extranjero, por lo que el asunto a ser dilucidado es si debe ser convalidado o no ese título ante la autoridad nacional competente.

Sexto: Que el inciso tercero del artículo 113 bis del Código Sanitario dispone: “Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile”.

Séptimo: Que, como es posible de advertir, el tenor literal de la norma decisoria litis es claro y preciso, por lo que no es un asunto interpretativo, y se refiere específicamente a la materia reclamada, exigiendo de manera expresa que el interesado debe convalidar el título ante la Universidad de Chile, debiendo para ello presentar sus actividades curriculares, aspecto que el recurrente señala que no ha cumplido, por lo que malamente se le puede imputar algún actuar ilegal o arbitrario en la dictación de la resolución recurrida.

Octavo: Que no obstante lo anterior, cabe dejar establecido que la autoridad recurrida solamente efectúa una labor registral de lo que por ley se le ha encomendado, sin que le competa realizar sin que le competa realizar la homologación, el reconocimiento o la revalidación de ningún título obtenido en el extranjero, por lo que de ninguna manera podría llegar a establecerse que se ha incurrido en un actuar arbitrario o ilegal por el hecho que la recurrida no haya asimilado el título al de "Tecnólogo Médico con mención en Oftalmología", ya que está fuera de sus competencias.

Noveno: Que, en otro orden de ideas, cabe decir que la recurrida tampoco podría acceder a lo solicitado e inscribir a los optómetras en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, por la limitación que contiene el artículos 8° del Reglamento, que es el D.S. N° 16 de 2007, del Ministerio de Salud, ya que dicha profesión no se encuentra dentro de las que enumera taxativamente dicha norma.

No cabe posibilidad alguna de Interpretación, ya que dispone que "Los prestadores individuales de salud que serán inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud serán los que se encuentren habilitados por el título profesional respectivo para ejercer legalmente en el país alguna de las profesiones que se enumeran a continuación”, siendo que en ese listado no se encuentra la profesión de optómetra, por lo que no es susceptible de ser inscrita.

Décimo: Que de lo que se viene razonando, solo cabe concluir que la negativa de la inscripción solicitada se ajusta plenamente a la normativa vigente, conforme a su labor meramente registral, y la Superintendencia de Salud no ha conculcado ningún derecho reconocido constitucionalmente a la parte recurrente, toda vez que se ha limitado a aplicar correctamente la legal y el reglamento vigentes.

Undécimo: Que, finalmente, y respecto la alegación del recurrente respecto a que por tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile se debe acceder a lo pretendido por esa parte, aquello excede con creces el ámbito de esta acción constitucional de naturaleza cautelar destinada a dar amparo a los derechos ciertos e indubitados que se vean amagados por un actuar ilegal o arbitrario cuyo no es el caso, debiendo ser conocido y resuelto en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta IP N° 5166 de 7 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Salud.

Regístrese y comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del ministro (S) Sr. Pérez.

No firma el Ministro (i) señor Marinello, no obstante haber concurrido a la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección N° 109-2021.