nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 13, 14 y 15: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por estimar que dicha entidad incurrió en un acto ilegal y arbitrario al rechazar, mediante comunicación de fecha 30 de abril de 2025, la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente en calidad de extranjera amparada por la Ley N° 18.156.

La actora señala haber ingresado, a través del portal de la Administradora recurrida, solicitud de devolución de fondos previsionales en su calidad de profesional extranjera beneficiaria de la exención de cotizaciones establecida en la Ley N° 18.156.

Refiere que, en respaldo de su solicitud, acompañó los siguientes documentos: (i) Contratos de trabajo y anexos suscritos con empleadores en Chile, que expresan su voluntad de mantener afiliación previsional en su país de origen; (ii) Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de fecha 08 de abril de 2025, con código de verificación electrónico; (iii) Certificado expedido por el Consulado de Venezuela en Chile; (iv) Declaración jurada notarial y título profesional apostillado, y (v) Copia de su cédula de identidad venezolana.

No obstante lo anterior, mediante correo electrónico de 30 de abril de 2025, AFP Cuprum rechazó la petición argumentando, por una parte que los contratos y anexos laborales fueron acompañados en copias simples y con firma electrónica no verificable; por otro lado que el certificado del IVSS acredita afiliación hasta enero de 2018, lo que impide demostrar cobertura durante toda su permanencia en Chile; asimismo que la constancia no acredita prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad; y finalmente que los documentos extranjeros no estaban debidamente legalizados o apostillados.

La recurrente sostiene que dicha negativa constituye un acto ilegal y arbitrario, pues la ley únicamente exige que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional en su país de origen y que así lo declare en su contrato de trabajo, sin imponer formalidades adicionales de legalización o continuidad temporal. Alega que la constancia electrónica del IVSS es verificable en línea y cumple con los requisitos legales.

Añade que la decisión recurrida vulnera su derecho de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR), al imponerle requisitos distintos a los exigidos a otros solicitantes en igual situación, así como su derecho de propiedad (art. 19 N° 24 CPR) respecto de sus fondos previsionales. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles N° 28881-2022, 96.380-2021, 7254-2025, entre otros), que ha declarado ilegales y arbitrarias negativas de devolución fundadas en interpretaciones excesivamente formalistas de la Ley N° 18.156.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y disponer la devolución de sus fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que la recurrida, evacuando informe, solicita el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo que la actuación impugnada se ajusta a derecho.

Explica que, conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, para que proceda la exención de cotizaciones y la devolución de fondos, es requisito que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicha afiliación cubra la totalidad del período trabajado en Chile.

Indica que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 23.241 de 2016, instruyó que el certificado que acredite tal cobertura debe señalar expresamente que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, precisando además que, en caso de enfermedad, la cobertura debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias.

Afirma que la constancia del IVSS presentada por la recurrente (i) sólo da cuenta de una afiliación hasta enero de 2018, en condición de cesante, lo que no cubre el período de vigencia de sus contratos de trabajo en Chile; (ii) No especifica prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad, y (iii) No se encuentra legalizada ni apostillada, como exige el artículo 18 del Código Civil para que documentos extranjeros surtan efecto en Chile.

Sostiene que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que la recurrente no ha sido privada de sus fondos previsionales, sino que únicamente se le ha requerido acompañar documentación idónea que acredite los requisitos legales para proceder a su devolución, lo cual puede realizar mediante una nueva solicitud.

Concluye señalando que la actuación de la AFP se funda en un marco normativo claro y en instrucciones de la autoridad administrativa competente, por lo que descarta arbitrariedad o ilegalidad.

Tercero: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Cuarto: Que el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Cuprum de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Séptimo: Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que el aludido documento no está vigente y, conforme consta de la actuación del ministro de fe que precede, ni siquiera es posible verificar su validez.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, en contra AFP Cuprum S.A.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10891-2025.