Protección contra Municipalidad de La Florida y de su administrador municipal

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 68: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

Al folio 69, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, actuando en favor de nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de La Florida y de su administrador municipal, Carlos San nombre reservado, por la dictación del Oficio Ordinario Nro.

NUM000, de 1 de abril de 2026, que rechazó sus solicitudes de reincorporación, pago de remuneraciones, regularización de su situación funcionaria y designación de un nuevo fiscal instructor.

Expone que, mediante Decreto Alcaldicio Nro. NUM001, de 8 de agosto de 2023, se instruyó un sumario administrativo en su contra y que, luego de formularse cargos el 28 de diciembre del mismo año, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución por Decreto Alcaldicio Nro. NUM002, de 18 de abril de 2024. Añade que la sanción fue mantenida al rechazarse el recurso de reposición mediante Decreto Alcaldicio Nro. NUM003, de 2025.

Señala que dedujo un reclamo ante la Contraloría General de la República, el que fue acogido mediante Resolución Exenta Nro.

NUM004, de 28 de enero de 2026. En dicho pronunciamiento se estableció que la formulación de cargos no cumplía las exigencias de claridad, precisión y determinación necesarias para permitir un adecuado ejercicio del derecho de defensa, ordenándose a la Municipalidad reabrir el procedimiento, retrotraerlo a la etapa correspondiente, complementar los cargos y continuar su tramitación conforme a derecho.

Refiere que el 17 de marzo de 2026 solicitó a la Municipalidad su reincorporación inmediata, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, la regularización de su situación funcionaria y el reemplazo de la fiscal instructora. Tales peticiones fueron rechazadas mediante el Oficio Ordinario Nro. NUM005, por estimarse que la resolución de la Contraloría no había dejado sin efecto la destitución ni ordenado expresamente su reincorporación.

Afirma que la Municipalidad mantuvo los efectos de una sanción fundada en un procedimiento que debió ser retrotraído y que, posteriormente, formuló nuevos cargos el 8 de abril de 2026 sin comunicarle oportunamente la reapertura del sumario ni citarlo previamente a declarar. Agrega que la misma fiscal que intervino en la formulación objetada continuó dirigiendo el procedimiento.

Invoca las garantías contempladas en el artículo 19 Nros. 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita dejar sin efecto el Oficio Ordinario Nro. NUM005, ordenar su reincorporación al cargo y grado que desempeñaba, disponer el pago de las remuneraciones correspondientes al período de separación, regularizar su situación administrativa y retrotraer nuevamente el sumario para que sea sustanciado por una fiscalía distinta.

Segundo: Que informó la Municipalidad de La Florida, solicitando el rechazo del recurso. Expone que la Resolución Exenta Nro. NUM004 no dejó sin efecto la medida de destitución ni ordenó reincorporar al recurrente o pagarle las remuneraciones dejadas de percibir. Señala que la Contraloría dispuso específicamente complementar la formulación de cargos y continuar la tramitación del procedimiento disciplinario, instrucciones que fueron cumplidas mediante una nueva formulación.

Precisa que los nuevos cargos fueron notificados por carta certificada, luego de efectuarse dos búsquedas en el domicilio del recurrente, y que el procedimiento se encuentra actualmente en etapa probatoria. Añade que el pronunciamiento del órgano contralor no cuestionó la designación de la fiscal instructora y que cualquier objeción relativa a su imparcialidad debía hacerse valer mediante los mecanismos de implicancia o recusación contemplados en la Ley Nro. 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Sostiene que el Oficio Ordinario Nro. NUM005 se limitó a responder fundadamente las peticiones formuladas, ajustándose al contenido de la resolución de la Contraloría. Agrega que las actuaciones reclamadas corresponden a etapas de un sumario todavía pendiente, respecto de las cuales existen los recursos regulados en la Ley Nro. 18.883, la reclamación ante la Contraloría General de la República prevista en el artículo 156 del mismo cuerpo legal y el reclamo de ilegalidad municipal contemplado en el artículo 151 de la Ley Nro. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Tercero: Que, la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene naturaleza cautelar y está destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que afecten alguna de las garantías expresamente protegidas. Su procedencia exige la existencia de un derecho indubitado y no permite declarar derechos cuya existencia, extensión o contenido se encuentren controvertidos.

Cuarto: Que, la Resolución Exenta Nro. NUM004 de la Contraloría General de la República acogió el reclamo formulado por el recurrente y ordenó reabrir el procedimiento disciplinario, retrotraerlo a la etapa correspondiente, complementar la formulación de cargos y continuar su tramitación. Sin embargo, de los antecedentes acompañados no aparece que aquel pronunciamiento haya dejado expresamente sin efecto los decretos que impusieron y mantuvieron la destitución, ni que haya ordenado reincorporar al recurrente o pagarle las remuneraciones dejadas de percibir.

Quinto: Que, el Oficio Ordinario Nro. NUM005 respondió las solicitudes del recurrente atendiendo al contenido de la decisión del órgano contralor. La Municipalidad sostuvo que estaba obligada a cumplir aquello que le fue expresamente ordenado, esto es, complementar la formulación de cargos y continuar el procedimiento, pero no a disponer medidas restitutorias respecto de las cuales la Contraloría no emitió pronunciamiento.

Sexto: Que, esta interpretación no aparece desprovista de fundamento ni manifiestamente contraria al tenor de la Resolución Exenta Nro. NUM004. Determinar si la reapertura del sumario produjo, por sí sola, la pérdida de eficacia de la destitución y si generó el derecho inmediato a ser reincorporado exige establecer los efectos administrativos y estatutarios de aquel pronunciamiento, cuestión respecto de la cual no existe un derecho indubitado susceptible de ser declarado mediante esta acción cautelar.

En efecto, consta del mérito de los antecedentes que, en su presentación ante la Contraloría, el recurrente no solicitó su reincorporación a la Municipalidad ni tampoco el pago de las remuneraciones por el período posterior a su remoción, aspectos entonces, respecto a los cuales no se pronunció la entidad contralora, no siendo entonces la presente vía cautelar y de emergencia la vía llamada a dilucidar el alcance o la interpretación de lo resuelto por la Contraloría General de la República, pues no constituye una instancia declarativa de derechos, existiendo en la Ley 18883, arbitrios específicamente destinados a controvertir esta situación.

Séptimo: Que, el procedimiento disciplinario permanece en tramitación y, según informó la recurrida, se encuentra en etapa probatoria luego de haberse formulado y notificado nuevos cargos.

Por consiguiente, las objeciones relativas al contenido de éstos, a su notificación, al ejercicio del derecho de defensa y a la imparcialidad de la fiscal instructora recaen sobre actuaciones intermedias que deben ser impugnadas mediante los mecanismos previstos en la Ley Nro. 18.883.

Octavo: Que, si bien es cierto, la existencia de procedimientos administrativos especiales no impide, por sí solo, el ejercicio del recurso de protección. Sin embargo, en este caso resulta relevante considerar que las pretensiones formuladas en este caso exigen revisar la tramitación de un sumario aún pendiente, determinar el alcance de una resolución de la Contraloría y establecer las consecuencias estatutarias y patrimoniales de la retroacción ordenada, materias que requieren un procedimiento que permita su discusión y acreditación que exorbita, excede, los estrechos márgenes del arbitrio cautelar que se ha intentado en este caso, destinado sólo a restablecer el imperio del derecho en caso de existir derechos indubitados que vulneren o conculquen algunas de las garantías constitucionales a que hace referencia el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Noveno: Que la garantía del artículo 19 Nro. 3 de la Constitución Política de la República se encuentra protegida por esta vía únicamente en lo concerniente al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sin que se advierta que el recurrente haya sido sometido a un órgano distinto de aquel establecido por la ley. Por su parte, la garantía del artículo 19 Nro. 16 del mismo cuerpo constitucional tampoco asegura la mantención en un cargo determinado con independencia de las normas estatutarias aplicables.

Finalmente, el derecho de propiedad que se invoca sobre las remuneraciones depende de que previamente se establezca que el recurrente conserva el derecho a desempeñar el cargo y a percibir aquellos estipendios durante el período reclamado, cuestión que se encuentra controvertida y que no puede resolverse por esta vía.

Décimo: Que, por consiguiente, no se advierte que el Oficio Ordinario Nro. NUM005 constituya una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria ni que haya afectado un derecho indubitado del recurrente protegido por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-10889-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodriguez Moreno, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y la Abogado Integrante señora Francisca Amigo Fernández.

En Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.