nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

A los folios 14 y 15; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el rechazo de la petición de devolución de fondos previsionales conforme a las disposiciones de la Ley N° 18.156, solicitando que se ordene a la recurrida acceder a dicha solicitud.

Señala que la solicitud en cuestión se efectuó el 3 de abril de 2025, siendo informado el día 8 de mayo que no resultaba procedente, toda vez que se sólo adjuntaba declaración jurada notarial de que se encontraba afiliado a un régimen previsionales en el país de origen, que corresponde a Venezuela, lo que no es suficiente para cumplir con el requisito legal, porque lo que la norma exige es acompañar un certificado de la entidad previsional respectiva, que esté debidamente legalizado o apostillado, señalando coberturas y fechas de afiliación y vigencia.

Sobre esto, sostiene que la recurrida da una mala interpretación a la norma, desatendiendo el objetivo de ella, que es que los extranjeros puedan disponer de su propiedad, en este caso fondos de previsión, obviando asimismo la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social, dado el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Por tanto, estima que se trata de un caso fortuito o fuerza mayor.

Expone que existen casos en que estos antecedentes han servido para la devolución en otras entidades previsionales, en razón de lo cual la recurrida estaría estableciendo un tratamiento diferenciado, vulnerando la igualdad ante la ley. Por lo demás, la plantilla de afiliación tiene un código que puede ser comprobado por cualquier persona en la página web de la institución de Venezuela, por lo que la constancia electrónica es verificable de forma sencilla, medios que pudieron haber sido usados por la recurrida.

Expone que dio cumplimiento a la normativa legal, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato de trabajo, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto venezolano de Seguros Sociales, título profesional y declaración jurada ante notario, apostillada, por lo que entiende que la decisión de AFP Habitat resulta ilegal y arbitraria, vulnerando su derecho de propiedad, así como la igualdad ante la ley.

Segundo: Que la recurrida evacúa informe y expone que el recurso de protección resulta inaplicable en el caso, toda vez que se pretende el cumplimiento de un derecho que tiene regulación específica, con requisitos que no se acreditaron, de manera tal que la materia requeriría de un procedimiento de lato conocimiento, sin que exista un derecho indubitado.

Manifiesta que en el caso presente no hay acto ilegal o arbitrario, ya que el actor no acreditó en su momento tener una doble cobertura previsional, sin que las administradoras puedan realizar actos que le ley no permite. Arguye la informante que nunca se presentó la constancia electrónica ante el Instituto Venezolano de Seguridad Social, debidamente legalizada ni menos apostillada, sino que solo una fotocopia notarial de constancia electrónica, sin firma ni apostilla, junto con una declaración notarial del propio recurrente. Señala que el hecho de que otra administradora haya devuelto fondos al recurrente no consta ni se acredita, pero en cualquier caso los requisitos para acceder a la devolución de fondos deben acreditarse en cada oportunidad y un error de otra AFP no obliga en caso alguno a la recurrida.

Así las cosas, concluye el informe, la solicitud del recurrente fue rechazada porque no acreditó la cobertura previsional en su país de origen, de la forma en que resultaba legalmente procedente, conforme a la interpretación de la Superintendencia de Pensiones que se realiza en el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 24.472 de 26 de octubre de 2015, acompañado por la recurrida, se instruyó a las AFP en cuanto a la forma de acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile, indicando que: “El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar al trabajador técnico extranjero que la presente, las prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Sexto: Que consta del mérito de autos que siendo obligatoria la prueba de la circunstancia indicada en el considerando anterior, no se acreditó este requisito por parte del actor mediante la aportación del certificado respectivo, sin que los documentos acompañados tengan la información necesaria que exige la norma legal, así como las instrucciones de la autoridad administrativa a la recurrida, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición.

De esta manera, no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-10889-2025.