nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 18: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber realizado descuentos sobre sus remuneraciones mensuales sin fundamento legal, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se dejen sin efecto los descuentos, se restituyan los montos descontados desde febrero de 2025.

Expone que el 17 de mayo de 2022 suscribió con la Caja 18 de Septiembre el pagaré N°1380018218, adquiriendo un crédito social por $2.727.027, pagadero en 42 cuotas mensuales de $106.539. Señala que pagó de manera desfasada solo hasta la cuota 10, con vencimiento en marzo de 2023. A consecuencia del incumplimiento, el 29 de abril 2024 la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra, debiendo contratar abogado para su defensa. Destaca que la ejecutante eligió la vía judicial para el cobro, por lo que debió circunscribirse a esa vía y no recurrir paralelamente al cobro mediante descuentos por planilla.

Agrega que desde febrero de 2025, desempeñándose como Asesor en la empresa Grupo América Limpieza S.A., comenzó a percibir descuentos en su remuneración. Al recibir la liquidación de abril pasado, constató un descuento de $111.966 bajo el concepto "Crédito Personal Caja La Araucana". Manifiesta que su sueldo constituye el único sustento de su familia, debiendo solventar todas las necesidades y pagar honorarios de su abogado. Estos descuentos significan un gran perjuicio en el contexto de la actual crisis económica, inflación y estancamiento que afecta especialmente a la clase media, limitando ilegítimamente sus ingresos mensuales.

En cuanto al derecho, sostiene que la recurrida ejerce una especie de autotutela prohibida al descontar parte de su sueldo, desconociendo las acciones judiciales que ella misma está realizando. Argumenta que la Caja optó por judicializar el cobro, sustrayéndolo del ámbito extrajudicial que ahora pretende retomar mediante descuentos, lo que resulta arbitrario al revivir un cobro basado en un beneficio legal para cobros oportunos, calidad que no es predicable en este caso. Tratándose de una facultad excepcional, su ejecución debe ser restrictiva, especialmente habiendo ejercido acción ejecutiva.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, señala que se vulneró su derecho de propiedad en cuanto a la titularidad que detenta sobre sus remuneraciones.

Pide, en definitiva, se deje sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones realizados por su empleador a requerimiento de la Caja de Compensación La Araucana, se restituyan los montos descontados desde febrero de 2025, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en el siguiente tenor.

Señala que el recurrente no mantiene crédito alguno directamente con dicha entidad, sino que existe en el sistema un crédito con N° de pagaré 1380018218, por la suma de $3.416.730 pagadero en cuotas de $111.966 a favor de Caja 18 de Septiembre.

Explica que sobre la base de la existencia de dicha deuda que la recurrida, en consideración del sistema Intercajas y por mandato de Caja 18 de Septiembre, informó al empleador del recurrente, Grupo América Limpieza S.A., de la existencia de la obligación y le solicitó el descuento correspondiente, el que luego remesa a la Caja 18 de Septiembre.

En cuanto al derecho, sostiene que conforme al artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, entre las cuales se encuentran los créditos sociales, definidos por el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar emanado de la Superintendencia de Seguridad Social como beneficios de bienestar social consistentes en préstamos de dinero orientados a satisfacer necesidades del trabajador y sus causantes.

Señala que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833 prescribe que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Argumenta que las facultades de las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que establece que el empleador debe deducir de las remuneraciones los impuestos, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión u organismos públicos. Invoca asimismo los artículos 1546 y 1545 del Código Civil, señalando que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, por lo que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde, a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla mediante declaración judicial de prescripción, o que haya operado alguno de los modos de extinguir las obligaciones contemplados en el artículo 1.567 del Código Civil, circunstancias que no se han acreditado en la especie.

Concluye que en virtud de lo expuesto no se ha privado, perturbado ni amenazado los derechos y garantías constitucionales del recurrente, ya que en todo momento ha obrado conforme a derecho, salvaguardando además la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, fundándose el cobro de lo adeudado en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tienen evidente carácter social al ser prestaciones de seguridad social, cuya modalidad de descuento facilita el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Pide, en defintiva, el rechazo de la presente acción de protección.

TERCERO: Que, a petición de esta Corte, se solicitó informe a la Caja de Compensación 18 de septiembre, con el objeto de que indique sobre lo solicitado por la recurrente en su escrito y al tenor de lo informado por la recurrida Caja de Compensación.

Previa exposición de los hechos materia de la presente acción, indica que en cumplimiento del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación debió accionar judicialmente mediante el proceso Rol C-7735-2024 ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, causa que a la fecha no ha permitido obtener el pago. Finalmente, gracias a la intermediación de Caja La Araucana, logró retomar la recaudación desde febrero del presente año mediante descuentos en las remuneraciones del recurrente.

En cuanto al derecho, sostiene que al demandar al actor cumplió el mandato legal del numeral 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de normas, cuyo trasfondo es el resguardo del fondo social destinado a prestaciones de seguridad social. Argumenta que se trata de un crédito vigente, exigible y no prescrito, por lo que su recaudación resulta plenamente procedente.

Destaca además que el recurrente otorgó mandato en la cláusula décima del pagaré para que sus empleadores descuenten las cuotas de sus remuneraciones. Argumenta que el cobro mediante planillas no constituye autotutela sino el ejercicio legítimo de un mecanismo expresamente previsto por el legislador, más eficiente y menos gravoso que la ejecución forzada de bienes. En consecuencia, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria que vulnere garantías constitucionales del recurrente.

No obstante, sin reconocer los fundamentos del recurso, informa que ha dispuesto el cese del cobro del crédito y la restitución al recurrente de las sumas descontadas desde febrero de 2025, informando de ello a Caja La Araucana para excluir la operación de futuras nóminas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, de acuerdo al mérito de autos, es posible entender la existencia del crédito otorgado por la entidad recurrida, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, cuyo deudor es el recurrente, el cual fue otorgado en conformidad al mecanismo establecido en la Ley N°18.833, que regula las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, particularmente lo establecido en los artículos 21 y 22 del citado cuerpo de normas, sin que se divise, en consecuencia, acto arbitrario o ilegal cometido por parte de la recurrida, al requerir el cobro de las cuotas pendientes de pago provenientes de los créditos otorgados al actor, mediante los descuentos por planilla, efectuados mensualmente; motivo que sustenta el rechazo de la presente acción cautelar, tal cual se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

SEXTO: Que, asimismo, teniendo presente el mérito del informe evacuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre de folio 16 y su nueva presentación de folio 18, en los cuales, se registró e instruyó el cese del cobro por la operación de crédito del señor nombre reservado, además de restituir las sumas descontadas de sus remuneraciones desde febrero de 2025 que tuvieron su origen en el crédito social identificado bajo el folio 1380018218, y sin que este último haya controvertido posteriormente dicha afirmación, fluye que el presente arbitrio ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-10887-2025.