Protección contra Centro de Referencia de Salud “Dr

C.A. de Santiago Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece don Yerko Giordano Salinas Bejares, abogado, en representación de doña nombre reservado, tecnóloga médica, quien deduce recurso de protección en contra del Centro de Referencia de Salud “Dr. Salvador Allende Gossens” y del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, por considerar que ambos incurrieron en actos u omisiones ilegales y arbitrarios que perturban o privan el legítimo ejercicio de las garantías previstas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se restablezca el imperio del derecho.

Expone que, desde abril de 2018, su representada se desempeña como funcionaria pública, en calidad de tecnóloga médica, en la Unidad de Oftalmología del referido centro asistencial.

Señala que, durante el ejercicio de sus funciones, fue objeto de diversos hechos que califica como acoso laboral por parte de un compañero de trabajo, situación que puso en conocimiento de su jefatura sin obtener respuesta y que le provocó una profunda angustia, por lo que debió recurrir a apoyo psicológico.

Añade que, en el referido contexto, su pareja le obsequió pasajes aéreos con el propósito de que pudiera distraerse y aliviar la tensión, motivo por el cual viajó al extranjero mientras hacía uso de licencia médica, circunstancia que reconoce. Refiere, asimismo, que la Administración tomó conocimiento del indicado viaje mediante informe de la Contraloría General de la República; antecedente que dio lugar a la instrucción de un sumario administrativo en el cual se le formularon cargos por infracción al Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud; al artículo 61, letra g), de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; a los artículos 52 y 53 de la Ley N°18.575; y al artículo 239 del Código Penal.

Agrega que, según consta en los antecedentes que invoca, el 31 de julio de 2025 se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, que aprobó el sumario administrativo y le impuso la medida disciplinaria de destitución por grave contravención al principio de probidad administrativa. Expresa que, posteriormente, mediante Resolución Afecta N°NUM001, de 13 de febrero de 2026, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente rechazó el recurso de apelación subsidiario interpuesto por la recurrente y confirmó la destitución, decisión que, conforme señala, le fue notificada el 14 de marzo del mismo año.

Sustenta la ilegalidad y arbitrariedad de los actos impugnados en base a los siguientes fundamentos:

En primer término, sostiene que las resoluciones recurridas son ilegales, por cuanto se fundan en el ejercicio de una atribución, sin habilitación legal. Afirma que la fiscalización del uso de las licencias médicas y la sanción derivada de su utilización indebida corresponden privativamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o a las instituciones de salud previsional. Extiende este reproche a los recurridos, a quienes atribuye haber actuado fuera del ámbito de sus competencias.

En segundo lugar, alega que la sanción impuesta resulta desproporcionada, pues la Administración no ponderó el contexto de acoso laboral que, según afirma, padeció ni la falta de respuesta del servicio frente a sus denuncias. Si bien reconoce haber viajado durante la vigencia de una licencia médica, aduce que tales circunstancias no fueron debidamente examinadas, por lo que solicita la aplicación del principio de proporcionalidad e invoca, al efecto, la Ley N°21.643.

En tercer lugar, refiere que ni el Estatuto Administrativo ni otra disposición legal prohíben expresamente viajar mientras se hace uso de licencia médica, de manera que la sanción aplicada descansaría en una interpretación extensiva y carente de tipificación suficiente.

En cuarto término, señala que las resoluciones cuestionadas, en especial la Resolución Afecta N°NUM001, no efectúan un examen acabado de sus presentaciones y desestiman un denominado “recurso de nulidad”, deducido con anterioridad a los recursos de reposición y apelación subsidiaria, sin hacerse cargo de sus fundamentos, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso.

Sobre la base de lo expuesto, denuncia la vulneración de las siguientes garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República: a) La igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2°, por imponérsele la sanción más gravosa sin justificación suficiente y en términos distintos de otras personas que se encontrarían en situaciones semejantes; b) El debido proceso, contemplado en el numeral 3°, al fundarse las resoluciones en apreciaciones sociológicas, juicios de valor e interpretaciones extensivas, sin existir evidencia de fraude en las licencias médicas ni de un perjuicio patrimonial acreditado; c) El derecho de propiedad, reconocido en el numeral 24°, respecto de su carrera funcionaria y estabilidad en el empleo, garantizada por el artículo 89 de la Ley N°18.834, al ser separada de sus funciones por causas que no se ajustarían estrictamente a la ley.

Solicita, en definitiva, que el recurso sea acogido en todas sus partes y se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución, disponiéndose el sobreseimiento del procedimiento disciplinario o, en subsidio, la aplicación de una sanción menos gravosa, con arreglo al principio de proporcionalidad y a las circunstancias del caso. Pide, en subsidio, la reapertura del sumario administrativo con pleno respeto de sus garantías constitucionales, con costas.

Segundo: Que, doña nombre reservado, abogada, en representación del Centro de Referencia de Salud “Dr. Salvador Allende Gossens”, evacua el informe solicitado e insta por el rechazo íntegro del recurso, con costas.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección como mecanismo de revisión del mérito de una sanción disciplinaria, atendida su naturaleza cautelar y de urgencia, destinada al amparo de derechos fundamentales preexistentes e indubitados. Sostiene que la propia recurrente reconoce haber viajado mientras hacía uso de licencia médica, de modo que no existiría un derecho indubitado susceptible de tutela, sino una controversia relativa a la calificación jurídica de los hechos. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles N°54.911-2025, N°57.038-2025, N°53.875-2025, N°55.211-2025, N°4.186-2026 y N°257-2026) que revoca sentencias estimatorias dictadas en casos de destitución por uso indebido de licencias médicas con viajes al extranjero, precisando que esta vía no está destinada a revisar el mérito de las actuaciones sumariales. Añade que esta Corte, en la causa Rol N°23.974-2025, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, rechaza un recurso de protección análogo deducido contra el mismo establecimiento. Finalmente, destaca que la Resolución Afecta N°NUM001, de 2026, informa a la funcionaria acerca de la reclamación prevista en el artículo 160 del Estatuto Administrativo ante la Contraloría General de la República, vía que no ha sido ejercida.

En cuanto al fondo, controvierte las alegaciones de la recurrente en los términos que siguen. En primer lugar, sostiene que la recurrente confunde dos ámbitos competenciales distintos y no excluyentes: el previsional o sanitario, radicado en la COMPIN y en las instituciones de salud previsional, y el disciplinario, propio del empleador público, conforme a los artículos 119 y siguientes del D.F.L. N°29, de 2004. Hace presente que el artículo 55 del Decreto Supremo N°3, de 1984, contempla expresamente la comunicación al empleador para fines estatutarios o laborales. Añade que la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N°E89569/2025 y el Consolidado de Información Circularizada N°09/2025, instruye a los servicios públicos investigar y sancionar estas conductas. Asimismo, señala que la COMPIN confirma el rechazo de la licencia médica N°NUM002, correspondiente al período comprendido entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, por incumplimiento del reposo, decisión que la recurrente acepta al autorizar el descuento de $102.023 de sus remuneraciones, sin reclamar ante la Contraloría General de la República.

En segundo lugar, explica que el principio de tipicidad en materia administrativa no opera con la misma intensidad que en sede penal, pues la responsabilidad disciplinaria se configura a partir del incumplimiento de los deberes funcionarios. Sostiene que la conducta se encuentra suficientemente descrita por la aplicación conjunta del artículo 55 del Decreto Supremo N°3, de 1984; del artículo 61, letra g), del D.F.L. N°29, de 2004; y del artículo 125 del mismo cuerpo normativo, que contempla la destitución por falta grave a la probidad.

En tercer lugar, señala que los hechos no se encuentran controvertidos, puesto que el viaje al extranjero durante la vigencia de la licencia médica es reconocido por la recurrente y se encuentra acreditado por la Policía de Investigaciones. A su juicio, la percepción de remuneraciones durante un período de reposo que fue destinado a actividades recreativas importa anteponer el interés particular al interés general y configura una falta grave a la probidad, conforme a los criterios de la Contraloría General de la República y de la Excma. Corte Suprema.

En cuarto, sostiene que el artículo 125 del D.F.L. N°29, de 2004, dispone que la destitución procede cuando los hechos constituyen una falta grave a la probidad, sin dejar margen para aplicar una medida disciplinaria de menor entidad. Invoca el Dictamen N°E89569/2025 de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de esta Corte, correspondiente a los Roles N°17.944-2024 y N°20.646-2024. Agrega que la Resolución Afecta N°NUM001, de 2026, se pronuncia expresamente sobre estas alegaciones en su considerando duodécimo y concluye, de manera fundada, que no existen antecedentes que justifiquen sustituir la sanción.

En quinto lugar, reconoce la gravedad de las conductas de acoso laboral, pero sostiene que el ordenamiento contempla vías formales para denunciarlas. Indica que, a raíz de la denuncia de la funcionaria, se instruyó una investigación sumaria mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 2023, la que fue sobreseída por Resolución Exenta N°NUM004, del mismo año, al no constatarse una situación de acoso unilateral, disponiéndose, además, la intervención de la Unidad de Calidad de Vida. Tales circunstancias son expuestas por la recurrida como antecedentes del procedimiento. Afirma que la ausencia de una respuesta satisfactoria no habilita la autotutela. En cuanto a la Ley N°21.643, sostiene que no resulta aplicable por haber sido promulgada y haber entrado en vigor con posterioridad a los hechos investigados y porque, en todo caso, no suspende los deberes de probidad.

En sexto lugar, niega que el régimen recursivo administrativo contemple un “recurso de nulidad”, por tratarse de una acción propia de la sede jurisdiccional ordinaria. Añade que el sumario administrativo se sustanció con observancia de todas sus etapas y garantías legales.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, sostiene que, respecto de la igualdad ante la ley, la alegación es meramente abstracta, pues no se individualizan casos comparables, y que el CRS-SAG aplicó el mismo criterio objetivo instruido por la Contraloría General de la República a todos los funcionarios comprendidos en el Consolidado de Información Circularizada N°09/2025. En relación con el debido proceso, expresa que la acción de protección ampara únicamente la garantía del juez natural prevista en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, y no el derecho a un procedimiento racional y justo contenido en su inciso sexto. Sin perjuicio de ello, afirma que el procedimiento disciplinario respetó íntegramente el debido proceso.

Finalmente, en lo concerniente al derecho de propiedad, argumenta que la estabilidad en el empleo público constituye una garantía estatutaria subordinada al cumplimiento de los deberes funcionarios y que la destitución es una causal legal de cesación contemplada en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, por lo que no existiría privación ilegítima alguna.

Tercero: Que, don Pablo Solovera Catalán, abogado, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, evacua el informe solicitado y solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

El recurrido reitera que la acción de protección resulta improcedente, atendida su naturaleza cautelar y la exigencia de un derecho indubitado, presupuesto que no concurriría desde que la propia recurrente reconoce haber viajado mientras hacía uso de licencia médica. Se remite a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte citada por el CRS-SAG en casos que estima análogos, así como a la existencia de la vía específica de reclamación prevista en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, que no ha sido ejercida por la recurrente.

En cuanto a su intervención, precisa que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente actúa en una doble calidad: primero, como organismo superior que recibe el Oficio de la Contraloría General de la República y lo remite a los establecimientos de su red mediante Ordinario N°0872, de 10 de junio de 2025; y, segundo, como superior jerárquico que revisa y confirma la sanción impuesta por el CRS-SAG, al resolver el recurso de apelación subsidiario por medio de la Resolución Afecta N°NUM002, de 13 de febrero de 2026.

Destaca que su actuación se ajustó estrictamente a las instrucciones obligatorias que imparte la Contraloría General de la República.

Finalmente, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente adhiere a los fundamentos expuestos por el CRS-SAG y sostiene que no existe falta de competencia; que el marco normativo aplicable resulta suficiente para configurar la falta grave a la probidad administrativa; que la sanción impuesta se ajusta al mandato legal; que el procedimiento disciplinario respeta el debido proceso; y que no se vulneran las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por no concurrir ilegalidad ni arbitrariedad en los actos impugnados.

Cuarto: Que, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a resguardar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen. En consecuencia, su procedencia exige establecer la existencia de una actuación contraria a derecho o carente de razonabilidad y la afectación de una garantía susceptible de tutela por esta vía. Tratándose del ejercicio de potestades disciplinarias, corresponde examinar la legalidad y razonabilidad de la decisión impugnada, sin convertir este arbitrio en una instancia de revisión del mérito del procedimiento administrativo.

Quinto: Que, en la especie, se impugnan la Resolución Exenta N°NUM000, de 31 de julio de 2025, que impuso a la recurrente la medida disciplinaria de destitución por grave contravención al principio de probidad administrativa, y la Resolución Afecta N°NUM001, de 13 de febrero de 2026, mediante la cual el Servicio de Salud Metropolitano Occidente rechazó el recurso de apelación subsidiario y confirmó aquella sanción, notificada, según expresa la actora, el 14 de marzo del mismo año. l Sexto: Que, de lo expuesto por las partes, aparece que la recurrente se desempeña desde abril de 2018 como tecnóloga médica en la Unidad de Oftalmología del centro asistencial recurrido y que reconoce haber efectuado un viaje al extranjero durante la vigencia de una licencia médica, circunstancia que motivó la instrucción de un sumario administrativo a partir de la información remitida por la Contraloría General de la República. Asimismo, se le formularon cargos por infracción a las normas sobre uso de licencias médicas y a los deberes de probidad, se dictó la resolución sancionatoria y se ejercieron recursos administrativos, culminando esa revisión con la confirmación de la destitución. Por su parte, el establecimiento informa que la COMPIN confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM002, correspondiente al período comprendido entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, por incumplimiento del reposo, y que la funcionaria autorizó el descuento de las remuneraciones respectivas.

Séptimo: Que, en cuanto a la falta de competencia alegada, los actos cuestionados se refieren a la responsabilidad administrativa de la recurrente y no a la sustitución del organismo técnico en la evaluación de su condición de salud. Por ello, la sola invocación de la competencia de la autoridad sanitaria no permite concluir que el centro asistencial careciera de potestad para instruir el sumario o que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente estuviera impedido de revisar la sanción al conocer de la apelación subsidiaria. La referencia a una actuación de la Municipalidad de Coquimbo tampoco altera dicho análisis, desde que no corresponde a alguno de los órganos recurridos ni se vincula, en la exposición del recurso, con las decisiones cuya invalidación se pretende.

Octavo: Que, respecto de la ausencia de una prohibición expresa de viajar durante una licencia médica, el reproche disciplinario no se sustenta en el desplazamiento al extranjero considerado aisladamente, sino en el uso del beneficio para una finalidad que la autoridad estimó ajena al reposo prescrito y contraria a los deberes funcionarios. El artículo 61, letra g), del Estatuto Administrativo impone observar estrictamente el principio de probidad administrativa, cuyo contenido se desarrolla en los artículos 52 y 53 de la Ley N°18.575, mientras que el artículo 125 del primero de esos cuerpos normativos contempla la destitución cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente dicho principio. Existe, por consiguiente, un marco normativo que permite examinar la conducta desde la perspectiva disciplinaria, sin que sea indispensable una disposición que describa cada modalidad concreta de incumplimiento. Ello no dispensa a la autoridad de establecer y motivar la gravedad de la infracción en el caso particular, ni permite identificar automáticamente todo incumplimiento del reposo con una falta grave a la probidad.

Noveno: Que, en lo concerniente a las objeciones formuladas al procedimiento y a la motivación de las decisiones, del análisis de los antecedentes allegados al proceso, es posible concluir que la tramitación del sumario administrativo se ajustó a la normativa legal, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aplicable al personal regido por la Ley N°19.378 en virtud de su artículo 4°, referidos a la sustanciación del procedimiento sumario.

En efecto, según consta de los propios antecedentes, a la recurrente se le formularon cargos, presentó descargos, se emitió vista fiscal, interpuso recurso de reposición y obtuvo decisión fundada respecto del mismo, de modo que tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa durante el recorrido procedimental, sin que en el recurso se precise vicio alguno de tramitación.

Décimo: Que, por otro lado, los actos impugnados aparecen debidamente fundados en razón de los motivos que en los mismos se consignan y la entidad de la medida impuesta, atendidas la conducta infractora constatada, consistente en haber realizado la recurrente un viaje a Brasil durante el periodo cubierto por la licencia médica N°NUM002 emitida el 4 de diciembre de 2023 esto es, entre el 30 de noviembre de 2023 y el 1 de diciembre de 2023, no obstante el reposo prescrito, hechos que se estimaron constitutivos de infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la República y en el artículo 52, inciso segundo, de la Ley N°18.575, en los términos del artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378, en relación con el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883.

Undécimo: Que, por lo demás, cabe consignar que la Excma.

Corte Suprema ha reiterado que: “el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no es posible que en esta instancia jurisdiccional se revise la calificación de los hechos y la ponderación de aquellos que condujeron la decisión a que arribó la Autoridad del caso, sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de la investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y, finalmente, la medida terminal adoptada. En otras palabras, si bien el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración puede abarcar la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, ello no puede importar que, por esta vía cautelar, se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades” (Sentencia de 30 de septiembre de 2025, Rol C.S. 1372- 2025).

Duodécimo: Que, el contexto de acoso laboral invocado por la recurrente y la afectación de su salud deben distinguirse del cumplimiento de las obligaciones inherentes al uso de una licencia médica. Tales circunstancias no autorizan, por sí solas, a destinar el período de reposo a actividades ajenas a su finalidad ni permiten tener por justificado el viaje como parte de un tratamiento profesionalmente indicado.

Decimotercero: Que, por último, en relación con la alegación de falta de proporcionalidad, cabe recordar que es el artículo 123 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el que asocia la medida disciplinaria de destitución a los hechos constitutivos de infracciones que vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como los que fueron establecidos en la especie. De este modo, al aplicarse dicha sanción a un caso en que se constató una infracción grave al deber de probidad, la alegación de falta de proporcionalidad carece de sustento.

En este sentido, cabe tener presente que el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo establece como una obligación de todo funcionario público, observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado y, a su vez, el citado artículo 123 de la Ley 18.883, consagra que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Así, habiéndose calificado fundadamente por la autoridad administrativa que los hechos establecidos importan una vulneración grave a dicho principio, la sanción impuesta no puede ser cuestionada en cuanto a su proporcionalidad.

Decimocuarto: Que, en consecuencia, según fluye del marco atributivo de potestades legales antes reseñado, en vinculación con los antecedentes que fundamentan los actos formalmente recurridos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de las recurridas, que han actuado en uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a sus deberes legales, conforme a las normas vigentes que justifican racionalmente sus decisiones, entregando razones para decidir como lo ha hecho, motivo por el cual el presente arbitrio no podrá desde ya prosperar.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del del Centro de Referencia de Salud “Dr. Salvador Allende Gossens” y del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-10879-2026.