UNILEVER CHILE SA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE
- Fecha
- 9 de diciembre de 2016
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 108711-2016, sentencia de 9 de diciembre de 2016
Resumen
Se rechaza el recurso de protección de Unilever Chile contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, porque la materia ya está sometida a conocimiento del Primer Juzgado de Letras del Trabajo, lo que hace improcedente pronunciarse por esta vía.
Texto íntegro
Foja: 197 Ciento Noventa y Siete C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil dieciséis.
A fojas 194, 195 y 196: a todo, téngase presente.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, a fojas 71, comparece el abogado don Enzo Canales Fuentes, en representación de la sociedad Unilever Chile Ltda., interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, con ocasión del acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Administrativa de multa N°4561/16/85 de 8 de septiembre de 2016, y que establece la existencia de una relación laboral con terceros ajenos a su parte, la que pide sea dejada sin efecto.
Señala que el acto vulnera sus las garantías constitucionales de los números 3 incisos 4º y 5º, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Refiere que encontrándose en proceso de negociación colectiva el Sindicato de la empresa intentó incorporar a un grupo de trabajadores dependientes de la empresa Manpower Servicios Transitorios Limitada, quienes prestaban servicios para su representada, pero bajo la normativa de empresa de servicios transitorios, de los artículos 183 F y siguientes del Código del Trabajo.
Los trabajadores terminaron sus contratos con la referida empresa el 31 de agosto de 2016, ya que eran a plazo fijo, y el 9 de septiembre de 2016 la Inspección del Trabajo les notificó la Resolución Nº 111 emitida el día 6 del mismo mes, que determina que existía una relación laboral entre los trabajadores y su representada, ordenando añadir los nombres de los trabajadores a la respuesta de contrato colectivo, aun cuando su relación laboral con Manpower no estaba vigente a esa fecha.
Luego, agrega, como si esa ilegalidad no fuera suficiente, se dictó la resolución de multa administrativa que impugna por esta vía, que le fue notificada el 23 de septiembre de 2016, y los sanciona por no escriturar el contrato de trabajo de 17 trabajadores, al estimar que eran dependientes de la empresa Usuaria, o sea Unilever, y la razón de ello fue que se consideró que la puesta a disposición de los trabajadores de Servicios Transitorios se había hecho con supuestos distintos de los establecidos en el artículo 183 Ñ del Código del Trabajo.
Luego, la Inspección del Trabajo los citó para obtener que se celebrara la contratación directa con los trabajadores.
Por lo anterior, señala que la recurrida se ha constituido como una comisión especial, atribuyéndose facultades jurisdiccionales que corresponden por ley a los Juzgados del Trabajo, ya que han calificado la naturaleza jurídica de los servicios prestados.
Agrega que la norma de competencia está establecida en el artículo 420 letras a) y g) del Código del Trabajo, e invoca también lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Fundamental y 2° de la Ley N°18.575.
Además señala que la recurrida para resolver del modo que se hizo no acompañó un acta de constatación de hechos y no han sometido su accionar a un procedimiento racional y justo.
Precisa como garantía vulnerada el derecho de propiedad, ya que se le está aplicando una multa que grava su patrimonio, que asciende a 255 Unidades Tributarias Mensuales; y, asimismo denuncia vulneradas las garantías de los incisos 4° y 5° del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política, y el N°21 de la misma disposición, esto es, el derecho a desarrollar su actividad económica.
Finalmente cita jurisprudencia y pide se deje sin efecto el acto administrativo por el cual se cursó multa y se ordene abstenerse de calificar jurídicamente los contratos y de vulnerar el artículo 183 letra h) del Código del Trabajo, con costas Segundo: Que, a fojas 143, informa la Inspección Comunal del Trabajo de Norte Chacabuco, solicitando su rechazo, con costas.
En primer término, alega la improcedencia del recurso atendida la naturaleza del acto que lo motiva, toda vez los fundamentos de la reclamación que se formula deben ser revisados en un juicio de lato conocimiento, al no existir un derecho indubitado.
La acción de protección es un remedio urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.
Respecto de la resolución administrativa la ley contempla procedimientos específicos de impugnación. Al efecto cita jurisprudencia en tal sentido, conforme a la cual se ha formado un criterio para declarar inadmisibles los recursos de protección semejantes al presente, tanto porque existen procedimientos especiales que permiten reclamar, como porque lo recurrido no es un derecho fundamental que se pueda reclamar por esta vía atendido que se trata de una materia contenciosa administrativa.
En cuanto al fondo, señala que la recurrida está facultada legalmente para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral e imponer multas, de acuerdo al artículo 505 del Código del Trabajo y DFL Nº2 de 1967; y por otro lado, el artículo 503 del mismo cuerpo legal establece la reclamación judicial de multa, y en el caso concreto en el contrato de puesta a disposición de los trabajadores no se indicaba la causal específica que daba origen a los servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 letra ñ ) del Código del Trabajo, así como tampoco se señalaba en los contratos de Servicios Transitorios y por expreso mandato legal los trabajadores se consideran como dependientes de la usuaria, vínculo que se rige por las normas laborales comunes. Y que de acuerdo a los antecedentes, la Resolución N°111, que es el antecedente de la resolución de multa administrativa.
En subsidio, alega la improcedencia del recurso, atendida la falta de requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que no existe acto arbitrario al haberse dictado el que se impugna en forma razonada, argumentada, y dictada dentro de su competencia y facultades legales.
Finalmente, señala que no hay garantía vulnerada, ya que su representada ha cumplido el mandato legal, ya que hay limitaciones al derecho a desarrollar actividades económicas y que no es su representada quien obliga a contratar a los trabajadores sino la ley.
Tercero: Que esta Corte con fecha tres de noviembre del año en curso requirió informe a la empresa Manpower Servicios Transitorios Limitada., acompaña los contratos de los trabajadores y el Acuerdo Marco, señalando que los trabajadores se desempeñaron como vendedores bajo la causal de Proyectos Nuevos y Específicos de la Usuaria, establecido en el artículo 183 letra ñ) del Código del Trabajo, precisando que once de los trabajadores fueron finiquitados, finiquito que se hace extensivo a la empresa Unilever, y agrega que fueron sancionados por no indicar la causal de legal de la contratación de los Servicios y que el gerente de la empresa fue a hablar con la Inspección del trabajo y le indicaron que se había cursado la multa sin tener a la vista los contratos de puesta a disposición de trabajadores transitorios, lo que demuestra la parcialidad con la que se llevó a cabo el proceso de fiscalización. Finalmente señala que su representada optó por reclamar judicialmente la multa ante el Primer Juzgado del Trabajo bajo el RIT I-543-2016.
Cuarto: Que según se ha expuesto en estrados por lo abogados, y según la comprobación que esta Corte ha hecho a través de la página web del Poder Judicial, la materia que ha sido objeto del presente recurso se encuentra actualmente sometida al conocimiento del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT N°I-526-2016, la que está en tramitación.
Quinto: En virtud de lo anterior, resulta inconcuso que los derechos que invoca el recurrente y que habrían sido conculcados por la recurrida han sido objeto de una acción de tutela jurisdiccional, razón por la cual resulta improcedente pronunciarse por esta vía proteccional respecto de una acción que ya está bajo el amparo de los Tribunales de Justicia.
Por lo antes dicho el recurso será desestimado.
Por estas consideraciones, y .de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 71, por el abogado don Enzo canales Fuentes, en representación de la sociedad Unilever Chile Ltda..
Regístrese y archívese, en su oportunidad.
N°Protección-108711-2016.
Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y el abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
En Santiago, nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.