nombre reservado con SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Abel Sepúlveda González, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, funcionario público, y en contra del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA Nº 448/313/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, mediante la que se dispone la no renovación de su contrata para el año 2023, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 2 y 24.

Funda el recurso expresando que, en “2011 fui nombrado Subdirector Administrativo del Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda, con la función de ver las anomalías que se presentaban, sobretodo, en contratos especiales como tratos directos y licitaciones cerradas, e incluso licitaciones públicas que tenían ciertos sesgos. En ese momento, el Director del Hospital era el sr. nombre reservado y su pareja, la sra. nombre reservado, quien a la vez era su Subdirectora de Desarrollo; Fueron innumerables todas las dificultades que se me presentaron para desarrollar mi trabajo, pues todas las personas de confianza que desarrollaban estas actividades habían sido “llevadas” por el Director, por lo que se me escondía todo, sin embargo había muchos funcionarios que no estaban de acuerdo con este accionar y cooperaron para llegar a la verdad; Es así como a comienzos del 2012 le presenté pruebas al Director del Servicio de Salud Occidente y al Subsecretario de Redes Asistenciales, del cual se generó un Sumario Administrativo y la petición de renuncia del Director nombre reservado”

Añade que, “en el año 2020, se me nombra en comisión de servicio al Hospital Félix Bulnes, como contraparte de la Sociedad Concesionaria, pues había irregularidades en la entrega de insumos y cumplimiento del contrato, el cual las Subdirecciones y el Inspector Sanitario del Hospital, dejaban pasar, con un costo enorme para el mismo; Al llegar, la Dra. nombre reservado, en su calidad de Presidenta del Capítulo Médico, fue a hablar con la entonces Directora Subrogante para pedir explicaciones de mi presencia ahí, a lo cual la Directora le indicó que era un asesor de la Dirección para temas de la Concesionaria, no quedando contenta con la respuesta.” Adiciona que “En abril de 2022, luego del cambio de autoridades atendido el cambio de Gobierno, fui llamado a la Dirección del Servicio de Salud para indicarme que mi comisión de servicio en el Hospital Félix Bulnes había terminado y que debía volver al Servicio de Salud, sin embargo, se me señaló expresamente que; “no tenían dónde mandarme; que me tomara mis vacaciones y, ojalá presentara mi renuncia a mi regreso”.

Indica que, con fecha 30 de noviembre de 2022 se dicta la Resolución Exenta RA Nº 448/313/2022, la que decide no renovar su contrata para el año 2023, resolución que produjo sus efectos a partir del 01 de enero de 2023. Afirma que dicha resolución fue suscrita por doña nombre reservado, en su calidad de Nueva Directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, dando como fundamentos que “la readecuación y reestructuración del Servicio, fundándose en la Resolución 3487 de fecha 01 de junio de 2022; cuando eso no se ha realizado, salvo a nivel de Subdirecciones, a las cuales yo no pertenezco, por lo que mi función como profesional puede seguir intacta sin ser menoscabado o con las amenazas de enviarme lo más lejos posible, con la finalidad de que renuncie a mi trabajo”.

Hace presente que su función al interior del servicio, es ser profesional grado 5º de la Subdirección Administrativa, específicamente del Departamento de finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, desempeñándose en los siguientes cargos y/o funciones durante la vigencia de su relación laboral (sic) con el Servicio: “2011 al 2014: Profesional del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. 2012: Subdirector Administrativo del Hospital Félix Bulnes 2013: Director del Hospital de Melipilla. 2013 - 2014: Profesional del área de finanzas del Servicios de Salud Metropolitano Occidente 2018 - 2019: Subdirector Administrativo del Hospital de Talagante 2020-2021: Subdiretor Administrativo del Hospital Metropolitano, enviado como Comisión de Servicio desde el SSMOC 2021 - 2022: Profesional de Finanzas del Servicio de salud Metropolitano Occidente, enviado en Comisión de Servicio al Hospital Félix Bulnes para asesorar en temas financieros al Inspector Sanitario de dicho hospital”.

Aduce que “no obstante no tener continuidad durante todo el tiempo que presté servicios para el servicio, cuento con la “Confianza Legítima”, manteniendo relación vigente en el último periodo entre el 16 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2022, a través cuatro contratas, sancionadas por la respectivas resolución exentas”. Considera evidente que la no renovación de su contrata se debe “a lo realizado profesionalmente por mi persona en el año 2012, como una verdadera “vendetta” y no por un tema profesional, pues durante mi estadía descubrí que la Concesionaria debía al hospital más de cien mil millones de pesos; sólo en ropa desechable, y en cuentas de consumos básicos por otros cien millones de pesos, etc.. Del mismo modo, debido a mi actuar se le pidió la renuncia al entonces director del Servicio don nombre reservado, pareja de la sra. nombre reservado”. Aduce que lo descrito le generó una gran depresión, “pues soy un funcionario público de carrera, un profesional con destacadas calificaciones y que ha desempeñado sus funciones con profesionalismo y excelencia durante todo el tiempo que me mantuve en el servicio.”

En cuanto a la oportunidad del recurso, expresa que “el acto ilegal y arbitrario objeto del presente recurso tuvo lugar con ocasión de la dictación de la Resolución Exenta RA Nº 448/313/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, cuyos efectos comenzaron a producirse a partir del 01 de enero de 2023, habiéndose en consecuencia interpuesto la presente acción dentro de plazo, al no haber transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos. Es del caso precisar que no obstante el tenor de dicha resolución, de que producirá efectos a contar de su notificación, ello no ocurrió en la especie, pues tuve la calidad de funcionario del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, hasta el día 31 de diciembre de 2022, recibiendo mi remuneración integra en dicho mes.”

Cita lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y de los artículos 2 y 3 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y asevera que el “Ministerio de Salud ha actuado sin sujeción a la ley, al haber ordenado el término anticipado de mi contrata, sin que existiera norma alguna que así lo autorizara o dispusiera, transcurridos más de 11 años de vigencia de los mismos.”. A su vez, cita lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 2 de la Ley N°18.834, y afirma que “la ley otorga a la autoridad la facultad de determinar el plazo máximo de vigencia de la designación, y de decidir la prórroga de la misma. Sin embargo, ni la referida norma u otra otorgan la prerrogativa de disponer la no renovación de la contrata, menos con 30 días de anticipación a su vencimiento.”

Acusa que la recurrida “fundamenta de forma vaga e imprecisa el término anticipado de la contrata, toda vez que arbitrariamente decide no requerir más mis servicios fundándose en la readecuación y reestructuración del Servicio, fundándose en la Resolución 3487 de fecha 01 de junio de 2022; cuando eso no se ha realizado, salvo a nivel de Subdirecciones, a las cuales yo no pertenezco, por lo que mi función como profesional puede seguir intacta. Lo anterior, vulnera además lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N°19.880 y deviniendo el acto en uno ilegal y arbitrario.”, y que se “se le expulsa de sus funciones sin mediar un proceso administrativo que determine su responsabilidad, tampoco medió un proceso de calificación deficiente que habilitara su salida del servicio público”.

En cuanto a las garantías invocadas, arguye que ha sido objeto de una diferencia arbitraria, pues recurrida no ha dispuesto el término anticipado de las contratas de todos los demás funcionarios que ejerzan funciones análogas a las suyas, mientras que ha procedido a contratar nuevos funcionarios bajo el vínculo de contrata. Vincula lo anterior con la consideración de que la recurrida no ha justificado la resolución recurrida. Acusa que la resolución carece de motivación y conculca el deber de imparcialidad de la Administración, al carecer el acto de “fundamentos de hecho y derecho que permiten comprobar la imparcialidad de la medida adoptada”. Además, considera lesionado “el derecho de propiedad sobre el derecho a la estabilidad en el empleo, así como a la continuidad de los servicios y sobre las remuneraciones propias del cargo, cosa incorporal sobre la cual igualmente existe propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil”. Finalmente, cita jurisprudencia.

En el petitorio, solicita acoger el recurso “y se declararilegal y/o arbitrario de la Resolución Exenta RA Nº 448/313/2022, dejando sin efecto la misma, ordenando el reintegro de don nombre reservado a sus funciones y el pago de aquellas remuneraciones que se devenguen en el tiempo intermedio, con expresa condenación en costas para la recurrida.”.

Segundo: Que, informando, comparece don Eduardo Antonio Espinoza Cáceres, abogado, en representación del Servicio De Salud Metropolitano Occidente.

En primer término, expone hechos. Indica que el actor se ha desempeñado en distintas instituciones dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (Dirección de Servicio, Hospital Félix Bulnes Cerda, Hospital de Melipilla y Hospital de Talagante) desde el año 2012, pero al contrario de lo indicado por la recurrente, solo lleva 5 años 7 meses ejerciendo labores como funcionario. Agrega que el último periodo sin solución de continuidad en que el ex funcionario desempeñó labores para la Dirección de Servicio corresponde al periodo entre el 16 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Indica que el protegido aduce ser un funcionario de carrera, pero lo cierto es que los únicos funcionarios que pueden acceder a la carrera funcionaria son los funcionarios de planta (titulares) que corresponden al conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución y que acceden a sus cargos mediante concurso público. En el caso del recurrente, se trata de un funcionario a contrata, cargo esencialmente transitorio.

Explica que el protegido se encuentra contratado en la Dirección de Servicio como funcionario grado 5 EUS desde el 16 de junio de 2020, en un principio, para ejercer labores en la Subdirección Administrativa. Posteriormente, fue enviado en comisión de servicios al Hospital Félix Bulnes Cerda en dos oportunidades: periodo entre el 6 de abril al 31 de octubre de 2021 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, esta última comisión terminó anticipadamente a contar del 15 de abril de 2022 por solicitud del Director del Hospital Félix Bulnes.

Adiciona que, de “los aproximadamente dos años y medio (último periodo sin solución de continuidad) en que el Sr. nombre reservado estuvo contratado para mi representada, estuvo un total de 301 días gozando de licencia médica por enfermedad común. Es conveniente puntualizar que desde el 15 de abril de 2022 (fecha en que el Sr. nombre reservado vuelve de su comisión de servicio del Hospital Félix Bulnes) el recurrente ha estado con licencia médica ininterrumpidamente”.

Cuestiona que “el recurrente dedica gran parte de su relato a indicar que la no renovación de su contrata tendría como fundamento una supuesta venganza o represalia por parte de la Directora del Servicio que represento, sin aportar antecedente alguno que acredite sus dichos. Al respecto venimos en negar terminantemente todas aquellas aseveraciones, ya que las razones de la no renovación del Sr. nombre reservado se fundan en la restructuración del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y en que sus servicios se han tornado innecesarios para la institución.”

En esta condiciones, con fecha 30 de noviembre de 2022, se dictó el acto imputado que “indica, en síntesis, que la Directora del Servicio, en uso de sus facultades otorgadas por el DFL N°1/2005 y el DS N°140/004 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, detenta la organización de la Dirección de Servicio, la organización de su estructura interna, la potestad de designar funcionarios, poner término a sus servicios y en general, ejercer respecto del personal todas las facultades que corresponden a un Director de Servicio descentralizado, y en virtud de estas facultades ha determinado la necesidad de reorganizar la estructura interna del SSMOC, lo que se materializó a través de la Resolución Exenta N°3487 del 1 de junio de 2022, donde se eliminaron algunas subdirecciones, como la de Atención Primeria y la de Coordinación Administrativa y significó la restructuración completa de departamentos y subdepartamentos, lo que significó que algunos funcionarios debieron ser trasladados a nuevas dependencias administrativas o redistribuidos en las ya existentes, y en el caso de departamentos que han sido derechamente eliminados, se ha debido prescindir de sus servicios.”

Aclara que, “en el caso del Sr. nombre reservado, teniendo en cuenta la reestructuración del servicio y las extensas y continuas licencias médicas de las que ha hecho uso, lo que no le ha permitido su reintegro al servicio, y, en consecuencia, no ha sido posible asignarle nuevas labores, se ha decidido no prorrogar su contrata para el año 2023, prescindiendo de sus servicios.; Lo anterior, sumado a la evidente sobredotación de funcionarios contratados en la Red del SSMOC, lo que ha impactado negativamente en el gasto del subtitulo 21, por lo que se ha estimado necesario identificar esta sobredotación y ajustarla a las necesidades del servicio.”

Seguidamente, como cuestión previa, alega la caducidad de la acción, aseverando que resulta extemporánea, pues “la Resolución Exenta RA N° 448/313/2022 fue dictada con fecha 30 de noviembre de 2022 y fue notificada mediante carta certificada al domicilio del recurrente en la misma fecha. El Sr. nombre reservado no contraviene de manera alguna estos hechos, por lo que deben considerarse como pacíficos.”. Luego, estima que “se debe considerar el 30 de noviembre de 2022 como la fecha en que efectivamente ocurrió y se ejecutó el acto y además, desde que el recurrente tuvo noticias del mismo (mediante notificación por carta certificada) y no el 1 de enero de 2023 como pretende el Sr. nombre reservado.”. Refiere que es evidente que el acto tomó conocimiento del acto el 30 de noviembre de 2022, y negligentemente dejó transcurrir el plazo para accionar.

En cuanto al fondo, arguye que el acto impugnado cumple con los criterios y requisitos que ha establecido la Contraloría General de la República para dictar el acto cuestionado, en tanto se debe considerar el 30 de noviembre de 2022 como la fecha en que efectivamente ocurrió y se ejecutó el acto y además, desde que el recurrente tuvo noticias del mismo (mediante notificación por carta certificada) y no el 1 de enero de 2023 como pretende el Sr. nombre reservado. Asevera que, según Dictamen E156769/2021, es claro que la terminación o no renovación del personal a contrata, resulta procedente, aun cuando exista legitima confianza por parte del funcionario, siempre y cuando cumpla con las formalidades y requisitos que ahí se señalan y/o se enmarque en alguna de las hipótesis que habilitan la desvinculación. Al respecto, señala que tales hipótesis y criterios encuentran pleno respaldo en la jurisprudencia reciente emanada de la Corte Suprema.

En tal sentido, explica que el acto comparte la naturaleza de un acto administrativo, en términos del artículo 3 de la Ley N° 19.880, y conforme los artículos 11 y 41 de la misma ley, se encuentra debidamente motivado, apuntando que contiene claramente fundamentación específica y no genérica, la cual permite sostener en forma contundente, que la terminación anticipada del contrato del actor se encuentra plenamente fundada y justificada en los tiempos y formas que en derecho corresponde. De esta forma, los cuestionamientos realizados por el recurrente a los fundamentos presentes en la resolución impugnada resultan totalmente improcedentes en este procedimiento de naturaleza eminentemente cautelar donde no resulta pertinente cuestionar el mérito de los fundamentos esgrimidos por la administración tal como ha reconocido el máximo tribunal en sentencias recientes que cita.

Adiciona que el mentado dictamen expresamente regula la situación relativa a prescindir del vínculo funcionario al acreditarse mediante cita antecedentes que respalden la decisión, entre ellos, “La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario.”. De esta forma, el acto administrativo impugnado cumple con el elemento formal de constar con la debida fundamentación específica, y se corresponde a cabalidad con una de las hipótesis específicamente contempladas por el dictamen que sirve de instructivo y guía en el proceder del Servicio, y que al estar además acorde a los criterios jurisprudenciales vigentes en la materia, hacen que la actuación no merezca reproche alguno.

Continúa controvirtiendo la ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuye, precisando que el acto impugnado es uno administrativo, y en dicha calidad, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley Nº 19.880, y además, se encuentra dictada en el ámbito de atribuciones del Jefe Superior del Servicio y constituye un acto debidamente fundado. Añade que los órganos de la administración incurrirán en arbitrariedad cada vez que en el ámbito de sus potestades discrecionales dicten actos que carezcan de razonabilidad o fundamentación suficiente, haciendo un uso caprichoso de las potestades otorgadas. En el caso del acto impugnado, no es posible sostener que estemos frente a una actuación caprichosa de la autoridad, por el contrario, se encuentra debidamente fundada, en forma especial y especifica tal como se demuestra en los párrafos presentes en la resolución impugnada, que transcribe.

A su vez, controvierte la afectación de las garantías invocadas, y sostiene que el recurso no es la vía idónea para aquello reclamado por el actor, pues “para que lo alegado por el actor cuente con algún sustento, resulta indispensable que el mismo acredite los supuestos de hecho que alega, y que en este caso parten con la supuesta represalia que constituiría el motivo oculto del acto administrativo impugnado y que difícilmente podrá acreditar el actor en este procedimiento. Igualmente, el actor cuestiona de fondo los motivos y fundamentos contenidos en la resolución impugnada, valorándoos de insuficientes o incorrectos, lo que también resulta extremadamente difícil de dilucidar en este procedimiento breve y resumido, cuya finalidad consiste en tutelar derechos de carácter indubitado que sean lesionados o vulnerados.”. Finalmente, cita jurisprudencia y solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que éste se deducirá ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, en la especie, la acción de protección intentada tiene por objeto impugnar por ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta RA N°448/313/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, por medio de la cual dispone la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2023.

Quinto: Que, consta del documento acompañado por la recurrida que la resolución precedentemente señalada fue remitida por carta certificada al domicilio del actor para su notificación con fecha 30 de noviembre de 2022, tanto al domicilio domicilio reservado, como al domicilio domicilio reservado. Además, consta del documento “notificación” suscrito por Dra. nombre reservado, Directora de Salud Metropolitano Occidente, que se notifica a D. nombre reservado que su contrato no será renovado a partir de 01 de enero de 2023, es decir, tuvo conocimiento del acto que decidió no renovar su contrata con esta fecha y ello independiente de que sus servicios terminarían el 31 de diciembre de 2022.

Sexto: Que, en consecuencia, al haberse deducido el presente recurso de protección el 30 de enero del presente año, aparece aquél como extemporáneo, toda vez que como se señaló precedentemente, el acto impugnado por el recurrente, tiene su fuente en la Resolución exenta notificada por carta certificada con fecha 30 de noviembre de 2022 y que le informaba que no se contarían con sus servicios a partir de 1 de enero de 2023.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior y en cuanto al fondo, cabe señalar que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Octavo: Que, en el caso propuesto, el acto recurrido emanó de parte de la entidad administrativa correspondiente, Servicio de Salud Metropolitano Occidente-Directora del Servicio, se ha ajustado a la juridicidad establecida para ello, esto es, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud y lo cierto es que ninguna ilegalidad se advierte y tampoco arbitrariedad, desde que no ha sido el mero capricho lo que ha llevado a la recurrida a tomar la decisión impugnada.

Noveno: En efecto, respecto al argumento del recurrente de que cuenta con “confianza legítima” en la mantención de su contrata, se ha de tener presente que según la recurrida el actor sólo se ha mantenido en el cargo de manera continua desde el 16 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, es decir, alrededor de dos años y fracción, tiempo insuficiente para estimar que la mera expectativa se transforme en legítima confianza de mantener su cargo a contrata y que le permita asimilarse a los cargos de carrera funcionaria. Por lo demás, si dicho período fuere cuestionado por el actor, como parece reflejarse de su recurso, la dilucidación de aquello no podría ser objeto de esta acción cautelar que es para cuestiones urgentes y no para las que requieran lato conocimiento y rendición de prueba.

Décimo: Que, en lo relativo a la falta de fundamentación y arbitrariedad al acto recurrido a que alude el actor, carece de sustento dicha afirmación toda vez que la Resolución Exenta que poner término a la contrata del actor contiene las razones de ello e indica en su considerando:

“I.Que, el profesional D. nombre reservado se encuentra contratado en esta Dirección de Servicio, sirviendo como funcionario público desde el 1 de junio de 2020 a la actualidad;

II. Que, el mencionado funcionario fue designado en comisión de servicio al Hospital Dr. Félix Bulnes a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 para desempeñarse en la Unidad de Concesiones de dicho recinto hospitalario;

llI. Que, consta que según lo informado a través de Ord. N°0460 del 5 de abril de 2022, el Director del Hospital Félix Bulnes Cerda comunica su decisión de poner término a la comisión de servicio del Sr. nombre reservado, a contar del 15 de abril de 2022;

IV. Que, a pocos días de su reintegro a la Dirección de Servicio el Sr. nombre reservado presenta una serie de licencias médicas continuas, a contar del 20 de junio de 2022 que lo mantienen alejado de sus funciones hasta el día de hoy;

V. Que, la Directora del Servicio, en uso de sus facultades otorgadas por el DFL N°1/2005, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Iey N°2.763, de 197 y de N°18.933 y N°18.469 y el Decreto N°140/004 Reglamento orgánico de los Servicios de Salud en relación con la organización de la Dirección del Servicio y estructura interna y la potestad de designar funcionarios, poner término a sus servicios y, en general, ejercer respecto del personal todas las facultades que corresponden a un Director de Servicio descentralizado, ha analizado la estructura interna del Servicio, determinando la necesidad de reorganizar la estructura interna del mismo;

VI. Que, la decisión de modificar la estructura de esle servicio se plasmó a través de Resolución Exenta N°3487 del 1º de junio de 2022. Producto de la dictación de esta resolución, se eliminaron las Subdirecciones 0e Atención Primaria y Coordinación Administrativa, también significó la reestructuración completa de Departamentos o Subdepartamentos;

VII. Que, la nueva estructura organizacional necesariamente ha significado que algunos funcionarios de carácter operativo han sido trasladados a las nuevas dependencias administrativas o redistribuidas en las existentes, dependiendo ello de las funciones que cumplen, en otros casos, debido a que algunos departamentos han sido derechamente eliminados, se ha debido prescindir de sus servicios;

VIII. Que, producto de la mencionada restructuración, y debido a que las continuas licencias médicas del Sr. nombre reservado no le han permitido reintegrarse al Servicio, y, en consecuencia, no ha sido posible reasignarlo a desempeñar nuevas labores, esta superioridad de servicio ha decidido prescindir de sus servicios para el año 2023;

IX. Que, habiendo debidamente considerado las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, en Dictamen N°E156769/2021, entre otros, esta superioridad de servicio ha optado por no renovar la contrata de D. nombre reservado, en virtud de la reestructuración del organigrama del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que se plasmó a través de la dictación de la Resolución Exenta N°3487 del 1 de junio de 2022;

X. Que, sumado a lo anterior, según consta Reunión de Directores y Subdirectores de Gestión y nombre reservado de los Establecimientos de la Red Occidente, existe una evidente sobredotación de funcionarios contratados en la RED del SSMOC, impactando negativamente en el gasto del subtitulo 21, por lo que se ha estimado necesario identificar esta sobredotación, y ajustarla a las necesidades del Servicio.”

Undécimo: Que, como se puede fácilmente apreciar, resulta ser del todo inexacta la afirmación del recurrente de que el acto no tiene motivación, menos aún puede desprenderse de ello que haya sido un acto arbitrario, carente de razón, pues precisamente se han otorgado las razones objetivas que motivaron la no renovación de la contrata.

Duodécimo: Que, por todo lo anterior, puede concluirse que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, el acto recurrido no resulta ser ilegal ni arbitrario, razón por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Abel Sepúlveda González, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Occidente Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción ministro (s) Sr. Sergio Padilla Farías N° Protección 1087-2023.