nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña Cecilia Rosa Campos Campos, abogada, en representación de don nombre reservado, ex funcionario subcomisario grado 9, de la dotación del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Talca, de la Policía de Investigaciones de Chile, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior y en contra de la Contraloría General de la República, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la declaración de salud incompatible con el cargo mediante Decreto Exento RA Nº 280/1103/2021, RM Región Metropolitana, de 16 de junio del año 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaria del Interior, registrado con igual fecha en la Contraloría General de República, sin contar con el respectivo informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, exigido por el artículo 151 inciso tercero de la Ley Nº 18.834, lo que importaría la afectación de la garantía prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se declare la arbitrariedad e ilegalidad de los referidos actos y que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Explica que mediante el Decreto Exento, RA N° 280/1103/2021, RM Región Metropolitana, de 16 de junio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, registrado con igual fecha en la Contraloría General de la República, y notificado al interesado con fecha 6 de julio del año 2021, se dispuso el «Retiro Absoluto» de la Policía de Investigaciones de Chile del funcionario recurrente don nombre reservado, por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular un total de 269 días de licencia médica, según lo resuelto por la comisión Médica Institucional, a través del Informe Técnico (R) N° 236, del 01 de octubre de 2020. Acto que estima contra legem por las razones predichas.

Posteriormente, el día 12 de julio de 2021, don nombre reservado, interpuso recurso de reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República previsto en el artículo 160 de la ley N° 18.834. Este se singularizó como Referencia N° 72.588, de igual fecha. Se alegaron vicios de legalidad en el citado decreto exento N° 280/1103/2021, de 2021, por haber declarado su salud incompatible con el ejercicio del cargo, sin contar con el informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez sobre la evaluación de la condición de irrecuperabilidad de su salud, exigido por el artículo 151, inciso tercero, de la citada ley N° 18.834.

Afirma que, posteriormente, en una actuación ilegal y arbitraria, y aún en contra de los criterios contenidos en su propia jurisprudencia administrativa, con fecha 13 de septiembre de 2022, la Contraloría General de la República resolvió el aludido recurso de reclamación administrativa mediante su dictamen N° E256.866/2022, estableciendo que la declaración de salud incompatible de ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, se ajustó a Derecho. Agregó que en lo sucesivo la autoridad de dicha institución policial deberá requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación a que hace referencia el artículo 151, inciso tercero, de la ley N° 18.834. Mediante dicho acto se desconoció la aplicación al caso que nos ocupa del citado artículo 151, inciso tercero, de la ley N° 18.834, y con abierta infracción del artículo 7° del Código Civil, en tanto regula que la ley será obligatoria desde su inserción en el Diario Oficial.

En cuanto al Derecho, cita el artículo 19 Nos 2 y 20 de la Constitución Política de la República y el artículo 151 de la Ley Nº 18.834, el que sería aplicable en la especie según lo dispuesto en el artículo 153 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, los que establecen que el Jefe Superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y luego, el artículo 151 en cuanto que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En este orden de ideas, refiere que, a través del decreto exento RA N° 280/1103/2021, de 16 de junio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, confirmado por el dictamen N° E256.866/2022, de 13 de septiembre de 2022, de la Contraloría General de la República, se le está dando al recurrente, sin fundamentación jurídica ni racional alguna, un trato distinto respecto a los restantes funcionarios de la Administración del Estado sujetos a la ley N° 18.834, que se pueden encontrar en una situación análoga, a los que sí se les reconoce la aplicación de la exigencia de contar con un informe previo de la COMPIN respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, antes de que se declare su salud incompatible con el desempeño del cargo como causal de cese de funciones, lo que implicaría un atentado insoslayable en contra de la garantía de la igualdad ante la ley.

Así, afirma que lo expuesto, además de constituir un actuar ilegal y arbitrario de los órganos recurridos, importa un notorio desconocimiento del Derecho por parte de la Contraloría General de la República, toda vez que obviando el expreso tenor del artículo 7° del Código Civil, que prescribe que ley se entenderá conocida de todos y será obligatoria desde la data de su inserción en el Diario Oficial, decide atribuirse en la práctica la potestad de definir cuándo la ley será obligatoria para el ente policial involucrado, al señalar que la autoridad de dicha Institución Policial deberá en lo sucesivo requerir a la COMPIN el informe a que hace referencia el artículo 151, inciso tercero, de la ley N° 18.834, esto es, con posterioridad a la emisión del anotado dictamen N° E256.866/2022.

Finalmente, sostiene que la Contraloría ha actuado en contra de sus propios dictámenes, pues anteriormente se había pronunciado en el sentido de que la que exigencia de contar con un pronunciamiento previo de la COMPIN para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible, resultaba aplicable a las plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmería de Chile.

En mérito de lo expuesto, solicita que se declare la arbitrariedad e ilegalidad reclamada y, en definitiva, adoptar las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa y ejemplar condenación en costas.

Segundo: Que informa la Contraloría General de la República solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer término, explica que con fecha 21 de enero de 2021, mediante presentación formulada bajo la referencia N° W1649, de 2021, don nombre reservado dedujo ante dicha entidad un reclamo de acuerdo al artículo 160 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contra la Policía de Investigaciones de Chile, por haber declarado el Director General de aquella institución que su salud era incompatible con el cargo que desempeñaba.

Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2021 , a través de su decreto exento RA N° 280/1103/2021, dispuso el retiro absoluto, por salud incompatible de don nombre reservado, fundado en el uso de 269 días de licencia médica por enfermedad común en los últimos dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo 151, inciso primero, de la ley N° 18.834, aplicable en la especie, en virtud de lo consignado en el artículo 153 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, acto administrativo que fue registrado por esta Entidad Fiscalizadora.

Por su parte, el señor nombre reservado, con fecha 12 de julio de 2022, complementó su presentación inicial ante dicha entidad, mediante la referencia N° 72.588. Enseguida, por medio del oficio N° E256.866, de 13 de septiembre de 2022, la Contraloría General resolvió que se ajustó a Derecho el precitado decreto exento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desestimando los reclamos formulados por el interesado. En ese contexto es que se interpuso la presente acción constitucional en contra del mencionado oficio N° E256.866, de 2022.

En segundo lugar, sostiene que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, desde que la declaración por salud incompatible se encuentra sometida a normas y procedimiento perfectamente establecidos.

En tercer lugar, indica que la emisión del oficio Nº E258.866, de fecha 13 de septiembre del año 2022, no puede ser declarado ilegal, pues fue emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignada a la Contraloría en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; 1, 5 inciso 3, 6, 9, 10 y 16 de la Ley Nº 10.336 y 160 de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Además, señala que el acto no puede ser declarado arbitrario porque constituye el resultado de un estudio de antecedentes en torno a la situación planteada a solicitud del propio afectado y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, que condujeron al ente Contralor a la conclusión que se expuso, constituyendo la aplicación de la normativa sobre el asunto, conforme la jurisprudencia administrativa, dando origen a un pronunciamiento motivado en derecho.

En cuarto lugar, cita los artículos 146 letra c) de la Ley Nº 18.834, 150 letra a) y 151 de la Ley Nº 18.834 y la modificación que se realizó por medio de la Ley Nº 21.050, la que prescribe que el Jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Refiere que la entidad policial cuenta con una comisión médica institucional, a la cual el artículo 73 del Decreto con Fuerza Ley Nº 1, de 1980, Estatuto del Personal de esa entidad policial, otorga competencia exclusiva a dicho cuerpo colegiado para el examen del personal de la PDI, a fin de informar acerca de la capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él.

A continuación, explica que, en el marco de la reclamación que el recurrente realizó ante la Contraloría, mediante oficio Nº E256.866, de 2022, se concluyó que se ajustó a Derecho lo actuado por la Policía de Investigaciones de Chile de poner término a su relación laboral por la causal de salud incompatible en el desempeño de su cargo, por cuanto del examen de la documentación aportada se pudo advertir que en su caso se dio cumplimiento a los requisitos previamente señalados de los artículos 151 de la Ley Nº 18.834.

En efecto, sostiene que se tuvo a la vista el informe técnico Nº 236, de 1 de octubre del año 2020, de la Comisión Médica Institucional, que concluyó que el recurrente presenta un estado de salud recuperable. Asimismo, se tuvo a la vista informe de licencias médicas por enfermedad común de manera ininterrumpida por un total de 269 días entre el 8 de septiembre de 2019 y el 13 de octubre del año 2020, lo que motivó que la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Resolución Exenta Nº 182, de 12 de noviembre del año 2020, declarara la salud del recurrente como incompatible con el desempeño del cargo.

Sin embargo, indica que en el dictamen N° E255.502, de 9 de septiembre de 2022, concluyó que, en lo sucesivo, la PDI debía requerir a la COMPIN la evaluación previa respecto de la irrecuperabilidad de la salud de su personal, precisando que la determinación que esta efectuara se encontraba circunscrita al ejercicio de la facultad de la autoridad de declarar la salud incompatible, la que no reemplazaba la competencia de la Comisión Médica de esa entidad policial en lo que atañe al examen de la capacidad física del funcionario para continuar en el servicio.

En este entendido, dicho dictamen señaló que si bien la mencionada entidad policial cuenta con una comisión médica institucional, a la cual el artículo 73 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de esa entidad policial, otorga competencia exclusiva para el examen del personal de la PDI a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él, ello dice relación con el examen médico necesario para determinar la recuperabilidad del funcionario para continuar en el servicio o la existencia de una invalidez que lo imposibilite para ello, en el contexto de lo previsto en el Capítulo 6° del aludido decreto con fuerza de ley, en el que esa disposición se inserta.

En consecuencia, al momento de resolverse la situación del señor nombre reservado, la Contraloría General tuvo presente lo resuelto en el referido dictamen N° E255.502, de 9 de septiembre de 2022, y razonó que su situación se consolidó bajo la jurisprudencia administrativa sustituida por dicho dictamen, por lo que no es aplicable el criterio jurisprudencial introducido en dicho pronunciamiento.

Así, dado que de los antecedentes tenidos a la vista, aparecería que con fecha 16 de junio de 2021, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de su decreto exento RA N° 280/1103/2021, dispuso el retiro absoluto por salud incompatible del señor nombre reservado, concluyendo que en su situación no es aplicable el aludido dictamen N° E255.502, de 9 de septiembre de 2022, por cuanto aquélla se consolidó durante la vigencia del criterio jurisprudencial sustituido por dicho pronunciamiento, que sostenía que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile era la entidad competente para efectuar la declaración a que alude el artículo 151 de la ley N° 18.834, respecto de los funcionarios de esa entidad policial.

Finalmente, en lo que dice relación con el derecho fundamental supuestamente vulnerado, indica que en la especie no se aprecia como dicho organismo podría haber amenazado, perturbado o privado al recurrente de ese derecho, pues el actor no precisa a que funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se les habría brindado un trato distinto, haciendo presente que en este caso se aplicó la normativa que rige la materia y la jurisprudencia administrativa existente, respecto de la interpretación que se ha efectuado del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, en los mismos términos que a otros exfuncionarios de la PDI que se encuentran en una similar condición.

Con el mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que comparece don nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección.

Indica que el asunto de autos radica, en concreto, en determinar si la decisión de disponer el retiro absoluto de la recurrente ha sido conforme a la normativa legal aplicable en la especie.

En este orden de ideas, indica que mediante Oficio Reservado Nº 103, de 12 de febrero del año 2021, del Director General Subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, se solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponer el retiro absoluto de la institución policial del recurrente, por presentar salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el período comprendido entre el 8 de septiembre del año 2019 y el 13 de octubre del año 2020, 269 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no correspondiendo dicho término a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional, a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Posteriormente, a través de Decreto RA Nº280/1103/2021, de 16 de junio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso el retiro absoluto de la Policía de Investigaciones de Chile del recurrente, acto administrativo el que fue registrado ese mismo día, ante la Contraloría General de la República, cumpliendo satisfactoriamente con las exigencias legales previstas en la materia.

Refiere que la entidad Contralora resolvió la reclamación administrativa interpuesta por el recurrente, mediante su Dictamen Nº E256.866/2022, manifestando que el acto administrativo en comento se ajustó a derecho.

En efecto, concluye que, el Decreto Supremo que dispuso el retiro absoluto de la recurrente, es un acto emanado de autoridad competente que ha sido dictado en el uso de sus facultades legales y al amparo de una circunstancia calificada, instrumento que cuenta con una fundamentación racional basada en antecedentes objetivos y verificables, ajustados plenamente a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, sin que pueda advertirse indicio alguno de arbitrariedad o ilegalidad en ellos, debiendo tenerse en especial consideración que, la declaración de salud incompatible con el servicio resulta ser una facultad discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, de forma tal que a ésta le corresponde su ejercicio, una vez constatadas las circunstancias de hecho que la hagan procedente.

Por su parte, en lo que dice relación con el pronunciamiento previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, hace presente que el artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone que a la Comisión Médica de Investigaciones de la Policía Civil, le corresponde exclusivamente el examen del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él, atendido su carácter eminentemente especializado y técnico, por lo tanto, la atribución en comento le ha sido conferida a la Comisión directamente por la ley y en calidad exclusiva, lo que importaría que dicho cuerpo colegiado ejerce una potestad desconcentrada que le permite emitir dictámenes esencialmente técnicos y especializados, no correspondiendo a la Secretaría de Estado ni a la Contraloría, revisar, evaluar o pronunciarse sobre los antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirve de base o sustenten las decisiones contenidas en los informes emitidos por dicha entidad.

Finalmente, sostiene que en la especie no existe una afectación de la garantía denunciada por el recurrente, desde que no se comparan en concretos distintas normas de proceder por parte de la Secretaría de Estado en desmedro del recurrente.

Con el mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que informa la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, refiere que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para las peticiones planteados por el recurrente, toda vez que la presente acción constitucional no es una nueva instancia administrativa.

En segundo lugar, explica que, el 16 de junio del año 2021, se dictó el Decreto Exento Nº 280/1103/2021 que dispuso el retiro absoluto del recurrente de la Policía de Investigaciones por salud incompatibilidad en el cargo que desempeñaba.

Luego con fecha 21 de enero del año 2021, mediante presentación formulada bajo la referencia N° W1649, de 2021, el señor nombre reservado dedujo, ante la Contraloría General de la República, un reclamo de acuerdo al artículo 160 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber declarado el Director General de esa institución policial, que su salud era incompatible con el cargo que desempeñaba. Así las cosas, por medio del Oficio N° E256.866, de 13.SEP.022, la Contraloría General de la República resolvió que se ajustó a derecho el precitado Decreto Exento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desestimándose los reclamos formulados por el interesado.

Luego, respecto de la alegación de la parte recurrente en orden a que los recurridos procedieron a disponer el retiro absoluto, sin contar con el respectivo informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, exigido por el artículo 151, inciso tercero, de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, indica que, en el presente caso, la evaluación del recurrente se contiene en el Informe Técnico R Nº 236, de 1 de octubre del año 2020, de la Comisión Médica Institucional y que determinó su salud recuperable, siendo este el criterio a la fecha de los hechos acaecidos en el presente recurso de protección.

En cuanto al segundo argumento, esto es, que la Contraloría incurrió en una «voltereta jurídica», pues en el presente caso se estableció que la declaración de salud incompatible se ajustó a Derecho, no obstante que en la especie no se contaba con informe previo de la COMPIN, hace presente que el mismo oficio que resolvió la situación del recurrente de autos, hizo referencia al cambio de criterio que ha existido sobre la materia, señalando expresamente que ello opera «en lo sucesivo», es decir, hacia el futuro, no aplicando respecto del señor nombre reservado.

En efecto, precisa que la situación del recurrente se consolidó bajo jurisprudencia administrativa sustituida por el Dictamen Nº E255.502 de 2022, por lo que no es aplicable el criterio jurisprudencial introducido en dicho pronunciamiento, Finalmente, en cuanto a la alegación de una supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, señala que el recurrente no ha acreditado la existencia de otro caso igual, en que haya existido por la Policía de Investigaciones de Chile un trato desigual.

En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección.

Cuarto: Que, la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias urgentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos o condiciones de fondo: a) legitimación activa y pasiva; b) se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; c) se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; d) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —esto es, privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; e) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección; y f) que se ejerza dentro del plazo fatal previsto por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula el Recurso de Protección.

Quinto: Que, en general, la discusión del caso de autos, como lo han indicado los intervinientes de este proceso, se centra exclusivamente en determinar si la decisión de disponer el retiro absoluto del recurrente de protección, apoyada en la causal específica de declaración de salud incompatible con el cargo, mediante Decreto Exento RA Nº 280/1103/2021, RM Región Metropolitana, de 16 de junio del año 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaria del Interior —confirmado por el dictamen N° E256.866/2022, de 13 de septiembre de 2022, de la Contraloría General de la República—, ha sido conforme a la normativa legal aplicable en la especie.

Aquí cabe precisar que no se ha cuestionado en el caso sub lite, la titularidad de la potestad o competencia para dictar el acto de retiro absoluto, de manera que no entra en la competencia de la Corte pronunciarse sobre ello en esta causa.

Retomando lo expuesto en el párrafo primero, aquello se traduce en que si el acto administrativo en cuestión, ha sido dictado con los requisitos previstos por la ley para dicho acto, de manera que, si no lo ha sido, se incurre en ilegalidad, mientras que, si lo fue, queda bajo el amparo del Derecho. Su consecuencia, para el caso sub lite, refiere al objeto del proceso de protección, en orden a la correcta o no desvinculación del actor mediante el acto administrativo que se le aplicó.

Sexto: En tal orden de ideas, y centrando el problema, tampoco es un asunto discutido la aplicabilidad del artículo 151 de la ley Nº 18.834, para la aplicación del artículo 91 letra d) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en relación con la vacancia del cargo vía artículo 146 letra c) del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 153 el Estatuto del Personal de la PDI, por salud incompatible como elemento de justificación del acto administrativo que se encuentra en tela de juicio, pues como reconoce el informe de Contraloría General de la República, aquélla ha sido la norma invocada (pág. 4 a 6 del informe). La propia resolución exenta (R) N° 182 del año 2020, del Director de la Policía de Investigaciones, en su motivo N° 2, y el Decreto Exento RA N° 280/1103/2021 RM REGIÓN METROPOLITANA, 16/06/2021, en su fundamento N° 4, se apoya en el artículo 151 de la ley N° 18.834, y la primera menciona expresamente el inciso tercero de tal artículo.

El núcleo del asunto discutido radica en si el requisito que contempla el artículo 151 precitado, implica para este tipo de casos que se ventila, en particular, el del actor por salud incompatible con el servicio, el requisito del informe de la COMPIN de salud irrecuperable.

Séptimo: Que, para mayor claridad, es menester tener consideración que el artículo 151 de la ley N° 18.834, en lo pertinente, dispone en su inciso primero: «El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.»; mientras que en su inciso tercero expresa: «El Jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo».

En relación con dicha potestad, el artículo 146 del mismo cuerpo legal dispone en su letra c): «El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (…) c) Declaración de vacancia», y el artículo 150 de la ley 18.834 norma: «La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;». Todas estas normas se encuentran en relación sistemática con el artículo 91 letra d) del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 1980, que dispone la figura del retiro absoluto, para los que «deban ser alejados o eliminados de la Institución según las disposiciones legales que rijan al efecto», según citan los actos impugnados.

Octavo: En vista de las disposiciones precitadas, la ley aparece distinguiendo entre la salud incompatible y la salud irrecuperable en el artículo 151 inciso primero, en modo tal que la salud incompatible, prescinde de la declaración de irrecuperabilidad, actuando de modo mecánico, al darse el requisito de hacer uso de licencia médica en los dos últimos años considerados, por un lapso de 6 meses, sea ello continuo o sumados lapsos discontinuos. En tal sentido, llevan razón los recurridos cuando sostienen que esta operatividad mecánica es lo que la distingue —a la incompatibilidad— de la declaración de irrecuperabilidad. Hasta este punto el recurrente habría satisfecho en lo fáctico tal norma objetiva, cuestión tampoco discutida.

Sin embargo, el punto crucial se encuentra en que el inciso tercero del mentado artículo 151, y no obstante la distinción de causales, señala que para ejercer la facultad que se regula en el inciso primero del mismo artículo, esto es, la de declarar salud incompatible, de todas formas se requiere el trámite previo de evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, acerca de la posibilidad de haber salud irrecuperable. Esto es lo que explica que el inciso primero señale: «sin mediar declaración de salud irrecuperable». En este sentido, no implica únicamente que no se requiera una manifestación de salud irrecuperable, sino que el inciso tercero en comento extiende la normativa a una garantía especial para quien se ve sometido al procedimiento administrativo, en cuanto a que un organismo externo e independiente a los servicios públicos involucrados como la COMPIN, manifieste la exclusión de la condición de salud irrecuperable.

En este sentido, se debe entender que la facultad de declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo, se encuentra limitada, únicamente, por el hecho que haya mediado una declaración de salud irrecuperable.

En este orden de ideas existe una prelación implícita de parte del legislador, y que explica porqué exige este requisito, cuando regula una causal distinta. Pues bien, para que sea procedente la causal de salud incompatible, la salud del funcionario no debe ser irrecuperable. Ello porque la salud irrecuperable conduce a ciertos beneficios que indica el artículo 152 de la ley 18.834.

Noveno: En el mismo sentido mencionado se ha pronunciado la Contraloría General de la República antes del dictamen cuestionado. Es así que en el dictamen 1735/2018 ha señalado en lo pertinente: «los incisos incorporados por los artículos 63 y 64 de la ley N° 21.050 han instituido desde la fecha de publicación de ese texto normativo —es decir, el 7 de diciembre de 2017—, una nueva exigencia para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible de un funcionario, esto es, solicitar previamente a la COMPIN respectiva que se pronuncie acerca de la irrecuperabilidad de la salud del empleado (…) en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad. (…) De esta forma, en el evento que la COMPIN estime que la salud de un funcionario es irrecuperable, la jefatura superior del servicio deberá abstenerse de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, correspondiendo que conozca del asunto la comisión médica pertinente, a fin de que esta entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado».

Décimo: En este orden de ideas, no es un asunto cuestionado la inexistencia del informe de irrecuperabilidad de la salud del actor de la Compin.

Además, la presencia de un informe de la Comisión Médica de Investigaciones, en ningún caso puede reemplazar la exigencia del legislador de una comisión externa independiente, como es la COMPIN, según lo ya expuesto y visto en el propio artículo 151 de la ley N° 18.834.

Undécimo: Que, atendida las consideraciones previamente expuestas, la negativa de las recurridas de someter el procedimiento administrativo al trámite previsto en la ley de evaluación por parte de la salud del funcionario y actor para efectos de la determinación de la condición de irrecuperabilidad o no de la salud del protegido, implica una ilegalidad en la actuación de la Administración recurrida, en falta del requisito del artículo 151 inciso tercero de la ley 18.834, en relación con el artículo 153 del Estatuto del Personal de la Policía de la Investigaciones para decretar el Retiro Absoluto por declaración de salud incompatible, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge la acción constitucional de protección deducida a nombre de don nombre reservado en contra de Ministerio Del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior y en contra de la Contraloría General de la República, por lo que se dejan sin efecto la Decreto Exento RA Nº 280/1103/2021, RM Región Metropolitana, de 16 de junio del año 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaria del Interior y Resolución Exenta Nº 182, de 12 de noviembre del año 2020, de la Policía de Investigaciones de Chile, respectivamente y se repone el asunto al estado de que la autoridad respectiva de la Policía de Investigaciones de Chile disponga lo necesario para recabar de la COMPIN respectiva un pronunciamiento acerca del carácter recuperable o irrecuperable de la enfermedad del recurrente nombre reservado, hecho lo cual deberá resolver lo pertinente acerca de la permanencia en el servicio de dicha persona.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el abogado integrante Gandulfo Ramírez.

N°Protección-108408-2022.