nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, trabajadora, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos indebidos en su remuneración, vulnerando con ello la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que suscribió un pagaré en favor de la recurrida por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en el documento, de conformidad a lo dispuesto y regulado por la Ley nro. 18.010; instrumento en el que pactó que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello facultaría a la demandante del documento para exigir el pago total de la deuda o de su saldo. Agrega que en el mes de junio de 2021 por problemas de la pandemia quedó sin trabajo por un largo período; pero que un mes antes de interponer el recurso consiguió un nuevo trabajo. Sin embargo, al momento de recibir su primer sueldo se percató en la liquidación de sueldo que existía un descuento por la suma de $313.989 por parte de la recurrida; enterándose luego por su empleador que ésta, con una simple comunicación, le requirió retener dichos dineros. Precisa que, entonces, se enteró de esta situación el 29 de abril de 2025, conforme la liquidación que acompaña a su recurso. Señala que el valor descontado es antojadizo, pues la recurrida no informa la fuente de la que proceden los descuentos ni los cálculos numéricos mediante los cuales arribó a dicha cantidad.

Aduce que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, constitutivo de una autotutela que repudia el derecho y que vulnera la garantía constitucional de su derecho de propiedad.

En razón de lo anterior pidió acoger el recurso, con costas, y ordenar a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y restituirle los descuentos efectuados y los que efectúe durante la tramitación de este recurso.

Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2025, la recurrente adjuntó a los autos una sentencia definitiva dictada en la causa Rol C-14812-2022, caratulada "CAJA LOS ANDES./nombre reservado", seguida ante el 30º Juzgado Civil de Santiago. Dicha sentencia, de la misma fecha, acogió la excepción de prescripción deducida por la ejecutada nombre reservado, y rechazó la demanda ejecutiva de cobro de pagaré nro. 010CON102748221 interpuesta por la Caja Los Andes, al considerar que la acción ejecutiva se encontraba prescrita. Según consta en el portal del Poder Judicial, dicha sentencia se encuentra notificada únicamente a la parte demandada.

SEGUNDO: Que comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien, en su informe evacuado con fecha 05 de junio de 2025, aduce la existencia de dos créditos sociales otorgados a nombre reservado: el primero, código N° 008CON101958255, de fecha 12 de febrero de 2020, por $1.431.313, pagadero en 48 meses con cuota mensual de $49.027, cuyo primer vencimiento fue el 31 de junio de 2020, encontrándose actualmente en mora por las cuotas nros. 20 a 51; y el segundo, código N° 010CON102748221, de fecha 21 de diciembre de 2020, por $4.246.674, pagadero en un plazo de 37 meses con una cuota mensual de $156.388, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de abril de 2021, encontrándose actualmente en mora por las cuotas 8 a 41. Indica que ambos créditos se encuentran actualmente en mora y las acciones para su cobro no se encuentran prescritas, por lo que la recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley nro. 18.833 es pertinente y oportuno. Enseguida profundiza sobre el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro del artículo 22 de la Ley nro. 18.833, citando diversa jurisprudencia atingente al caso; y sobre la actual exigibilidad de la obligación, cuya prescripción extintiva para ser tal debe ser declarada por sentencia ejecutoriada. Finalmente, indica que no existe en este caso, por lo expuesto, vulneración ilegal o arbitraria a la garantía que invoca el recurso, por todo lo cual pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, en cumplimiento de la medida para mejor resolver ordenada, la recurrida aclaró que el crédito que figura en la liquidación de sueldo acompañada por el actor como “crédito CCAF Cuota 1/35 (237.709)”, corresponde al pagaré nro. 010CON102748221; y que el que figura como “crédito CCAF 2 Cuota 1/33 (76.280)”, corresponde al pagaré nro. 008CON101958255 QUINTO: Que, así entonces, fluye de los antecedentes acompañados que, en rigor, aquello que la recurrente tilda como un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida es haber solicitado a su empleador la retención de cuotas de los dos créditos que la actora mantiene con aquélla, a saber, del crédito código N° 008CON101958255, de fecha 12 de febrero de 2020, por $1.431.313; y del crédito código N° 010CON102748221, de fecha 21 de diciembre de 2020, por $4.246.674.

Al respecto cabe precisar, también como un elemento fáctico relevante que emana de los documentos acompañados y de lo expuesto por las partes, que no existe constancia en el proceso que la recurrida hubiere ejercido ante el tribunal competente la correspondiente acción de cobro judicial del pagaré en el que se documentó el crédito código nro. 008CON101958255, a diferencia de lo que ocurrió con el crédito nro. 010CON102748221, cuyo pago fue demandado ejecutivamente con fecha 12 de diciembre de 2022 ante el 30 Juzgado Civil de Santiago, dando lugar al juicio ejecutivo rol C-14812-2022, en el que, con fecha 13 de agosto de 2025, se dictó sentencia definitiva que, acogiendo la excepción de prescripción opuesta, rechazó la demanda, notificándose de aquélla la parte demandada al día siguiente en la secretaría del tribunal.

SEXTO: Que, en estas condiciones, ha de distinguirse para efectos de resolver la presente acción cautelar la situación de uno y otro de los créditos cuyo cobro, por la vía del artículo 22 de la Ley nro. 18.833, se reprocha en autos.

SÉPTIMO: Que, así, en relación con el crédito código nro. 008CON101958255, ha de considerarse que el inciso primero del artículo 22 de la ley 18.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En estas circunstancias, el hecho de haberse descontado de la remuneración del actor las cuotas impagas de la acreencia aludida que le fuera concedida en su oportunidad, responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener el recupero del dinero prestado y constituye, también, un deber que la ley impone en este sentido al respectivo empleador. Al ser así, no puede tacharse de ilegal el proceder de la recurrida en este punto, como así tampoco de arbitrario, en tanto encuentra fundamento jurídico en la norma transcrita y basamento fáctico en la mora del deudor.

Atendido lo dicho, no advirtiéndose un actuar arbitrario o ilegal de la recurrida en relación al crédito indicado, no cabe sino rechazar el recurso de protección en lo que a él atañe.

OCTAVO: Que, sin embargo, en lo que respecta a los descuentos correspondientes al crédito nro. 010CON102748221, al haber sido demandado ejecutivamente su cobro en el juicio ya aludido ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, su situación es diversa y fuerza, por tanto, a considerar para resolverla, en primer lugar, el hecho de que el citado artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece, como se ha referido, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De esta manera, si bien es cierto que la norma citada discurre sobre la base de la existencia de un crédito social impago otorgado por una Caja de Compensación, no lo es menos que no hace mención alguna a la hipótesis de que el mismo hubiere sido objeto de cobro judicial, de lo que no cabe sino inferir que este último supuesto escapa de los márgenes fácticos sobre los cuales la misma –norma- descansa y que hacen procedente el beneficio –pues no lo prevé expresamente-; máxime considerando que la excepcionalidad del beneficio en nuestro ordenamiento impone, además, darle una interpretación restrictiva.

En este entendido y, específicamente en lo que dice relación con el crédito ya referido, no puede soslayarse que la Caja de Compensación, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, acelerando con ello su exigibilidad al momento de presentar su demanda y haciendo, por ende, caducar los plazos de las cuotas en que se había dividido su pago, con lo que sustrajo su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, optando, en consecuencia, por ceñirse a la vía jurisdiccional, con todas las consecuencias procesales que ella signifique; camino procesal que, por cierto, resulta incompatible con aquella que consagra el artículo 22 ya citado, en cuanto este último posibilita que, en lugar de que sea un tribunal quien decida lo pertinente en torno al cobro, lo haga el propio acreedor, por sí y ante sí.

En estas circunstancias, el hecho de haber retomado la entidad recurrida los descuentos de dicho crédito con el actual empleador de la actora a pesar de haber optado –antes- por presentar demanda ejecutiva, obliga a calificar aquel actuar como ilegal y arbitrario, en cuanto importa hacer revivir extrajudicialmente el cobro de un crédito, basada en un beneficio especial que la ley le concede a las Cajas de Compensación para una situación diversa –no haber optado previamente por la vía judicial- que, como se ha visto, no se verifica en este caso.

Así entonces, constatada la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja de Compensación, con la consiguiente afectación al derecho de propiedad de la protegida -pues se le priva de parte de sus remuneraciones-; se cumplen en la especie los requisitos que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que la presente acción cautelar pueda ser acogida en lo que respecta a los descuentos del crédito código 010CON102748221.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se ordena que la recurrida deberá restituir dentro del plazo de diez días las sumas descontadas a la parte recurrente a partir del mes de abril del año en curso correspondientes al crédito código 010CON102748221, debiendo, además, abstenerse de continuar realizando estos descuentos por igual concepto; y se rechaza, en lo demás pedido, en mismo recurso.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción del ministro suplente Matías de la Noi Merino.

No firma la abogada integrante señora Rivero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N° Protección-10840-2025.