nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 20, 21 y 22, estése a lo que se resolverá.

Visto y teniendo presente.

Primero: Que compareció doña nombre reservado, quien, representada por abogado, dedujo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, director del SERVIU Metropolitano, y don nombre reservado nombre reservado de dicho servicio, por estimar que han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que afectan sus derechos fundamentales.

Refiere que desde el año 2009 actúa en representación del Comité de Vivienda “Génesis de Peñaflor”, integrado por 92 familias beneficiarias de proyectos habitacionales ejecutados bajo la supervisión del SERVIU Metropolitano, en particular los condominios “Los Carrera” y “Alto Los Carrera”, entregados en 2019. Señala que dichas viviendas presentan fallas graves de construcción y emplazamiento, lo que motivó una serie de reclamos y gestiones ante organismos públicos, incluyendo al propio SERVIU, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República.

Expone que tras sostener reuniones con funcionarios del servicio durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y persistiendo las deficiencias denunciadas, remitió diversos correos electrónicos de carácter técnico a las autoridades del SERVIU, en los que hizo presente la gravedad de los problemas y los riesgos para las familias beneficiarias.

Sostiene que, como consecuencia de dichas comunicaciones, el 24 de abril de 2025 el nombre reservado del SERVIU, señor nombre reservado, remitió un correo electrónico interno titulado “INFORMA”, en el cual: (i) invocó el artículo 90 del Estatuto Administrativo; (ii) denunció a la recurrente ante el Ministerio Público por supuestas amenazas, injurias y calumnias; (iii) dispuso la prohibición de ingreso de la recurrente a dependencias del servicio; (iv) instruyó a los funcionarios no responder sus comunicaciones; y (v) anunció la interposición de una querella criminal.

Relata que el 25 de abril de 2025 se dedujo la querella anunciada, la que fue posteriormente declarada inadmisible.

Afirma que tales medidas la privan de ingresar a un órgano de la Administración del Estado, de formular peticiones y de obtener respuesta a sus solicitudes, lo que configura un menoscabo a sus derechos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que se han vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental) y del debido proceso y derecho a un juicio previo legalmente tramitado (artículo 19 N° 3, inciso cuarto).

Argumenta que el acto recurrido constituye un caso de autotutela administrativa, por cuanto los recurridos adoptaron medidas restrictivas sin autorización judicial, usurpando facultades jurisdiccionales. Añade que el artículo 90 del Estatuto Administrativo no confiere atribuciones al servicio para restringir derechos de terceros, sino que únicamente faculta al funcionario afectado para solicitar la tutela judicial correspondiente.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se deje sin efecto la prohibición de ingreso a las dependencias del SERVIU Metropolitano, así como la instrucción impartida a sus funcionarios de no responder sus comunicaciones, con costas.

Segundo: Que, el SERVIU Metropolitano, a través de su abogado don Víctor Mardones Soto, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que el acto cuestionado corresponde al correo electrónico “INFORMA”, de 24 de abril de 2025, pero sostiene que el libelo no delimita con precisión el acto ni la fecha exacta de vulneración.

Afirma que las medidas comunicadas se adoptaron en respuesta a una conducta reiterada de la recurrente, quien ha incurrido en expresiones injuriosas y amenazantes contra funcionarios, lo que justificó darles protección y adoptar medidas internas de resguardo.

Señala que el 15 de noviembre de 2024, se llevó a cabo reunión de lobby, en relación con el Proyecto en cuestión, en la que “la Subdirectora de Vivienda y Equipamiento, doña nombre reservado, informó a las dirigentas el estado de la solicitud anteriormente mencionada, la cual se encuentra con observaciones en todas sus factibilidades. Fue entonces cuando la Sra. nombre reservado comenzó a agredir verbalmente doña nombre reservado, pese a que los funcionarios le explicaron los motivos técnicos por el cual existían dichas observaciones. En ese momento la denunciada declaró a viva voz que “la EP SERVIU se va a piso, ya que la Señora nombre reservado, junto a la primera EGIS nos estafó en $120.000.000.- esto incluso fue expuesto en el programa de televisión Informe Especial, donde nombre reservado se libró del juicio solo por el hecho de pertenecer a la Asociación de Funcionarios”. Enseguida, la recurrente continúa asegurando que “… El Proyecto Génesis ha sido estafado por varios funcionarios de este estamento, por la funcionaria nombre reservado e nombre reservado son podridas”.

Agrega que posteriormente, el 10 de abril de 2025 la recurrente, a través de su correo electrónico correo reservado, envió un email a nuestra funcionaria nombre reservado, con copia al Director de este Servicio, don nombre reservado, y a las y los funcionarios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. En dicho correo, la querellada expuso lo siguiente: “A ti Paulina que escogiste la constructora a dedo, aun sigues pensando que acá no hubo corrupción?. Fíjate En el techo qué ayer destapó la Municipalidad en una vivienda de pasaje Javiera Carrera, y fíjate en el plano estructura techo y en las EETT que tu equipo envió. Les digo a todos uds qué CGR, indica claramente que, debían vigilar se cumpliera el art 18 y uds no lo hicieron, con estos nuevos antecedentes y con el hecho de que no hay memoria de cálculo, de que no se respetaron los planos de estructuras. (…) El lunes nos reunimos con Municipio por informe de ayer, cuento con todas las fotografías de los techos. Lo que se hizo por Ormuz y Cazor fue con dolo y no hubo supervisión y ninguno de uds pero ninguno mandó a supervisar a nadie. (…)” Esperamos algún día entiendan el daño, agresión y maltrato que uds nos han hecho a nosotros y que otros entes recién están comprendiendo.”, como constata el email con asunto “Fwd: Remíte Oficio E57822 de 2A25” de fecha 15.04.2025. (adjuntado en el N° 7 del OTROSÍ de esta presentación)”.

Desde el punto de vista jurídico, niega que se haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad, argumentando que el artículo 90 del Estatuto Administrativo habilita a denunciar ante el Ministerio Público hechos constitutivos de amenazas o injurias contra funcionarios.

Añade que el correo “INFORMA” constituye una comunicación interna, carente de efectos jurídicos directos para la recurrente, razón por la cual no puede ser objeto de recurso de protección.

Sostiene que la acción constitucional no puede transformarse en un medio para resolver controversias de carácter personal ni discusiones técnicas propias de la gestión habitacional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que para resolver es necesario tener en consideración que la acción ejercida en esta causa corresponde a una de naturaleza esencialmente cautelar que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados y una de cuyas manifestaciones más relevantes es el propósito conservativo que le singulariza, en el sentido que se trata de un arbitrio de tutela de urgencia de derechos fundamentales, de manera que su propósito es la adopción de medidas preventivas o de restablecimiento del imperio del derecho, cuando los atributos esenciales de una persona se están viendo afectados.

Quinto: Que no existe controversia entre las partes, que el acto que se estima arbitrario e ilegal, lo constituye el correo que se le remitió a la recurrente por parte de nombre reservado.

El tenor de la referida comunicación es el siguiente: “Junto con saludar, por encargo del Director de Serviu Metropolitano nombre reservado, en mí calidad de nombre reservado de Servíu Metropolitano, y en virtud del artículo 90 del Estatuto Administrativo la contacto a fin de informarle lo que sigue: 1.- A través de diversos medios esta Subdirección jurídica ha tomado conocimiento de una serie de actos de su parte, abiertamente constitutivos de los delitos de amenazas, injurias y calumnias, como asimismo, constitutivos de agresiones verbales, hostigamientos, faltas de respeto e imputaciones de ilícitos, irregularidades, falta de transparencia y actos de corrupción, en contra de diversos funcionarios de la Subdirección de Vivienda de este Servicio, que ninguna persona, ni menos un funcionario público, está obligado a aceptar en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, con motivo del proyecto de vivienda Génesis Peñaflor, respecto del que incluso desconocemos cuál es su legitimidad para actuar en su representación … 3.- Dado lo anterior, este Servicio se vio en la obligación legal de presentar una denuncia criminal en su contra ante el Ministerio Público, a objeto de que se investiguen y sanciones los actos y delitos antes señalados cometidos por su parte, según se adjunta a este Correo. 4.- Por lo mismo Serviu Metropolitano procedió, además, a adoptar la medida de prohibirle absolutamente a Ud. el ingreso a las dependencias del Servicio con motivo de cualquier diligencia o reunión referida al proyecto en cuestión. Hoy usted no puede entrar a Serviu Metropolitano. 5.- Como los actos constitutivos de agresiones cometidos por su parte han continuado, se ha instruido además a los diversos funcionarios que han sido víctimas de éstos, a no contestarle correo o comunicación alguna al efecto. por lo anterior. ningún funcionario que haya sido afectado por sus agresiones le responderá comunicación alguna. 7.- Es importante señalar que el Serviu Metropolitano, a través de su Director y Subdirección jurídica, en virtud de diversas disposiciones del Estatuto Administrativo y otras leyes especiales (Ley Karín, por ejernplo) se encuentra hoy obligado imperativamente a adoptar todas las medidas legales y reglamentarias que correspondan a fin de resguardar la salud, seguridad y dignidad de sus funcionarios públicos, las que lamentable e inexplicablemente, han sido flagrantemente vulneradas por su conducta agresiva, injuriosa y violenta, la que no tiene justificación alguna. Ni siquiera en el entendido de que exista algún problema técnico o situación a mejorar en un proyecto o labor determinada justifica que se ofenda o agreda gratuitamente a personas que sólo intentan cumplir con su trabajo. 8.- El presente correo pretende ponerla en aviso de los pasos antes relatados por ser exclusivamente usted de manera personal la destinataria de los mismos, y tiene la intención además de instarla a declinar su conducta denostadora, que no se encuadra en la relación de respeto que por parte de esta institución Ud. ha recibido de este Servicio. De continuar dicha actitud este Servicio llegará hasta las últimas consecuencias penales que correspondan en su contra. Le reiteramos que ningún problema u observación técnica del proyecto en cuestión, las que ilegítimamente pueden discutirse en el marco de conversaciones técnicas dentro de un contexto de respeto, justifican sus inexplicables actos de falta de respeto ya referidos en este correo”.

Sexto: Que el fundamento legal de la decisión de la recurrida en orden a prohibir el ingreso de la recurrente a las dependencias del Serviu Metropolitano, lo funda en lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto Administrativo, que establece “Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda. Con todo, cuando se atente contra la vida o integridad física de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundadamente acerca de la necesidad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación sumaria o sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en caso de que correspondan”.

También se alude a la llamada “Ley Karin”, haciendo referencia al artículo 184 del Código del Trabajo, que se refiere al deber de cuidado de la vida y salud de las y los trabajadores.

Séptimo: Que la autotutela administrativa es la potestad de la administración pública para hacer valer por sí misma sus actos y decisiones, sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia para su ejecución. Esta potestad se divide en dos tipos: declarativa, que es la presunción de validez de los actos administrativos que ya existen; y ejecutiva, que es la capacidad de imponer o ejecutar esos actos de forma unilateral y forzosa si un particular no los cumple.

Octavo: Que, de los antecedentes acompañados por las partes y lo relatado en los escritos respectivos, aparece la existencia de una problemática relación entre ellas, circunstancia que no permite, a juicio de esta Corte, adoptar las medidas de prohibición de ingreso a los recintos de la recurrida, así como disponer que no se le contestarán los correos que la recurrente dirija, teniendo en consideración que tales medidas restrictivas -calificadas de cautelares por la recurrida- no emanan de las normas legales en las que se fundó la decisión recurrida.

Noveno: Que la actuación reprochada, atendido que las medidas restrictivas impuestas son actos que deben emanar de la autoridad establecida por la ley, o de la tramitación del sumario respectivo, infringe la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, que prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley.

Lo anterior queda claro si se considera que comisión especial es la que, de modo individual o colectivo, se arroga la facultad de tribunal sin serlo, ejerciendo de hecho la jurisdicción que la Constitución reserva a los órganos imparciales e independientes creados con carácter permanente por la ley. Conforme a dicha definición, menester resulta consignar que la locución tribunal empleada por la Constitución debe comprenderse en sentido amplio, esto es, como sinónimo de órgano jurisdiccional y no reducida al órgano judicial, incluyéndose, entonces, los órganos que ejercen jurisdicción doméstica.

Es evidente que la Constitución Política de la República, al establecer el recurso de protección por vulneración de la garantía prevista en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. En efecto, la garantía constitucional que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales es de aplicación amplia, extendiéndose la obligación de no atentar contra ella no solo al legislador y a cualquier autoridad, sino que también a otros particulares que actúen en la vida jurídica. Ello, desde el momento que la Carta Política constituye una fuente de Derecho cuya aplicación directa e inmediata resulta imperativa no solo para cualquier órgano público, sino que también para los gobernados en las relaciones jurídicas que los vinculen entre sí, al tenor de lo prevenido por el inciso segundo de su artículo 6º, en cuanto preceptúa que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”.

Asimismo, es del caso recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece garantías mínimas en torno a esta materia, preceptuando en el N° 1 de su artículo 8 que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En este mismo contexto, la Corte Suprema ha resuelto que “las garantías del racional y justo procedimiento exigen que las sanciones se impongan siempre luego de desarrollado el correspondiente proceso disciplinario, que debe contar con etapas claras, donde los involucrados puedan hacer sus descargos y contrastar sus versiones con la de los otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de convicción en otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de convicción en apoyo de sus descargos, de modo tal que en definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y real respeto de la dignidad de los involucrados y de los derechos que ésta supone”. (SCS Rol Nº18.453-2019)

Décimo: Que atendido lo reflexionado resulta palmario que en la aplicación de las medidas de prohibición de ingreso y no contestación de los correos electrónicos, los recurridos actuaron como una comisión especial, explícitamente repelida por el texto constitucional, con infracción a lo dispuesto en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerándose, además, la garantía de igualdad ante la ley prevista en el numeral 2 de dicho precepto, por lo que el recurso de protección deducido debe ser acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, director del SERVIU Metropolitano, y don nombre reservado nombre reservado de dicho servicio, sólo en cuanto se declara que no podrán prohibir el ingreso de la recurrida a las dependencias del Serviu, como también, deberán disponer lo pertinente para que se le respondan los correos y comunicaciones que ella remita, sin perjuicio de poder establecer que esto sea efectuado por funcionarios diversos a los supuestamente afectados, todo ello, sin perjuicio de otros derechos que puedan ejercerse por los recurridos.

Acordado con el voto en contra del ministro Sr. Gray, quien estuvo por rechazar el recurso, en atención que de los antecedentes proporcionados por los recurridos se puede desprender que la conducta desplegada por los recurrentes ha sido reñida con las normas de respeto que merece la autoridad recurrida, lo que pugna con los límites que establece la garantía del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, unido a que la materia que origina estos hechos ha sido judicializada ante otros tribunales, por lo que su conocimiento ya está bajo el amparo del derecho.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese estos autos.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno y el voto disidente, por su autor.

N°Protección-10837-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza. No firma el ministro señor Gray por encontrarse ausente.