nombre reservado con MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veintidós.

Al folio 20: A todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de don nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Ministerio Secretaria General De Gobierno, por el acto que estima como ilegal y arbitrario, consistente en haber dispuesto el término anticipado de su contrata, según Resolución Exenta N°411/2461/2022 de 25 de marzo de 2022, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los N° 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su protección y derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, decrete los actos que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia invalidar el término anticipado de la contrata de del recurrente, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que el señor nombre reservado ingresó a la Subsecretaría General de Gobierno, a prestar funciones el 02 de abril de 2018, calidad de honorarios hasta que, a contar del 01 de agosto de 2018, pasa a hacerlo en calidad de contrata, nueva calidad que comenzaba a regir el 01 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2018, y mientras fueran necesarios sus servicios, como profesional, asimilado a grado 10° en la escala única de sueldos, de la planta de profesionales, bajo esa misma fórmula se renovaron sus contratas para los años 2019, 2020, 2021, siendo su última renovación de contrata la dispuesta mediante Resolución Exenta RA N° 411/3/2022 de fecha 03 de enero de 2022 que prorrogo su contrata desde el 01 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 o hasta que sus servicios fueran necesarios.

Añade que, durante el desempeño de sus funciones fue siempre calificado en Lista 1 Distinción, no ha sido sometido a sumarios administrativos ni investigaciones sumarias por tanto nunca ha sido sancionado en virtud de un proceso disciplinario.

Refiere que, el recurrente es Administrado Público y cuenta con diversos Magister y Diplomados, además de Cursos de Participación Ciudadana, que se desempeñó en la División de Organizaciones Sociales.

Señala que, la resolución recurrida en sus considerandos 1 a 6 no explica por qué los servicios del recurrente no son necesarios, hacen referencia a fundamentos de carácter genérico, a jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica y situación contractual del funcionario.

Añade que, el recurrente fue contratado como Profesional, no para el desempeño de una función determinada, que el fundamento de su contratación en virtud de la Resolución TRA N° 411/178/2018 de fecha 05 de octubre de 2018, es poder contar con un profesional en la División de Organizaciones Sociales, en el proceso de implementación de las definiciones estratégicas y metas de cumplimientos comprometidos por la Institución. Que, así las cosas, el recurrente se desempeñó en una de las Unidades que depende la División de Organizaciones Sociales, encargada de dar cumplimiento a las funciones indicadas en la letra b y c de artículo 3° del DFL 1.

Indica que, en el considerando 7° la recurrida señala “la reorganización que ha sufrido la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno, resuelta mediante la resolución exenta N°272/272 de fecha 23 de marzo del año en curso, con el objeto de ejecutar con mayor eficiencia y eficacia el cumplimiento de las labores que corresponden a cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas de la División. Esta reorganización vino en modificar las funciones de la Subdirección de la División, que paso a ocupar las labores que ejercía el Sr. nombre reservado,”. Al respecto refiere que, existe una reorganización de funciones no una supresión de funciones y lo que en los hechos ocurre, es que las funciones que realizaba el recurrente ahora serán realizadas por la Subdirección de la División, por lo que, las funciones no desaparecen sino serán desempeñadas por otro funcionario en virtud de una reorganización interna.

Señala que, en el mismo considerando 7° de la Resolución Exenta, refiere que, “las labores que ejercía el Sr. nombre reservado, quien, tal y como prescribe su resolución de designación está a cargo de la implementación de definiciones estratégicas y metas de cumplimiento, tareas todas de confianza y que deben conservar con los lineamientos provenientes de las nuevas autoridades, requisito que no se da en la especie”, al respecto el recurrente indica que, no fue nombrado en un cargo de exclusiva confianza, señalados en el artículo 7°, letra a), del DFL Nº 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, además invoca el artículo 49 del DFL Nº 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el que se señala a quienes se entiende como funcionarios de exclusiva confianza; el artículo 6º de la Ley Nº 18.834, excluye a los cargos de exclusiva confianza del régimen de carrera funcionaria y además refiere que la planta de personal del Ministerio Secretaría General de Gobierno, está fijada por el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 17, de 1990, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el cual se señalan expresamente los cargos de exclusiva confianza.

Agrega que, atendido lo anterior el recurrente se desempeñó como contrata profesional asimilado a la planta profesional, no siendo su cargo de exclusiva confianza por cuanto la Ley no le otorga dicha calidad.

Señala que, en el considerando 8°, no se explica por qué la recurrida indica que el Sr. nombre reservado no cumple con el perfil y las características que para el cargo ni por qué su perfil y competencias no resultan compatibles “para ejecutar los objetivos programáticos gubernamentales implementados a contar del cambio de administración”.

Continúa exponiendo, en cuanto a la calidad de contrata del recurrente, la letra c) del artículo 3° e inciso primero del artículo 10 de la ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, consagran que la transitoriedad de la contrata no habilita a la Administración para poner término anticipado a la misma, sino en tanto se den motivos o razones suficientes que justifiquen tal proceder. Además, que, la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no el funcionario específico o determinado que lo sirve.

Indica que, el término anticipado de la contrata será procedente en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario y para ello esta decisión deberá ser suficientemente fundamentada, pues de lo contrario resulta no sólo contraria a la ley, sino también arbitraria, pues no puede ser explicada más que por el simple capricho; que, en el caso de marras, la justificación esgrimida en la resolución impugnada para poner término a la prestación de servicios a contrata del Sr nombre reservado, no dice relación con su motivación real, puesto que, si bien ésta es mencionada en el acto administrativo reorganización de funciones, que su perfil y competencias no resultan compatibles con los objetivos programáticos gubernamentales, la misma no guarda ninguna relación con el fundamento principal esgrimido por la autoridad, que se relaciona con que los servicios del recurrente “no son necesarios”, fórmula de despido que se relaciona con un hecho objetivo, esto es, vinculada con el cargo, prescindiendo de elementos subjetivos que digan relación con la persona que lo sirve. Al respecto el recurrente alude a que se configura de acuerdo a la doctrina una desviación de poder, toda vez que, la decisión impugnada se funda en hechos diversos a los que se desprenden de la Resolución que pone término a la contrata de manera anticipada, la Resolución que ordena su desvinculación por el hecho de no “ser necesario sus servicios”, no especifica de modo alguno por qué no se hacen necesario los servicios que ha prestado el recurrente.

Finalmente solicita en concreto, decretar los actos que estime pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia invalidar el término anticipado de la contrata del recurrente, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, solicita el rechazo de la acción de protección, ya que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya vulnerado alguno de los derechos o garantía constitucionales del actor.

En primer lugar, indica que el señor nombre reservado fue contratado para cumplir con sus funciones que guardaban directa relación con la Subdirección de Organizaciones Sociales de la recurrida, labores enunciadas en su contrata y, que se utilizó directa y expresamente para fundamentar el acto administrativo que puso término al vínculo con el recurrente.

Agrega que, no comparte la tesis del recurrente, ya que los funcionarios públicos sí son contratados para labores más o menos específicas y en ningún caso genéricas, dado que no tendría sentido la designación de un profesional de una u otra área en cualquier función pública; que, lo anterior sumado al hecho de que sí consta en la designación de contrata del recurrente las labores para las cuales fue contratado, es que la fundamentación en la resolución impugnada es atingente y consistente con los hechos.

En segundo lugar, señala que la acción incoada no es la vía jurídicamente idónea para el asunto a discutido, que no existe vulneración de garantías constitucionales, sino que una discrepancia en la interpretación de una norma legal, y que no procede en este tipo de procedimiento.

Indica que es evidente que lo que motiva el presente recurso no es una situación de hechos que haya infringido sus garantías, sino controversias de derecho en torno al sentido y alcance que se debe dar a las normas legales en relación con la materia.

En tercer lugar, en cuanto al recurso incoado, refiere el dictamen N°13822 de 2012 de la Contraloría General de la República, y en ese sentido comparte lo planteado por el recurrente en cuanto a que el vínculo con el recurrente es anterior al referido dictamen.

Señala que, respecto de la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata, la inamovilidad no significa perpetuidad, y que el término anticipado se ajusta a la normativa legal y administrativa que rigen la materia.

Añade que, la normativa establece la transitoriedad del empleo de quienes son designados en calidad de contrata, la que expirará a más tardar el 31 de diciembre de cada años por el sólo ministerio de la ley, sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa de ponerle término de forma anticipada, así lo ha determinado la Contraloría General de la República en dictámenes N° 85.700 de 2016 y N°6.400 de 2018, en los que ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado.

Indica que, por lo anterior la autoridad ha dado cumplimiento con la normativa, por lo que las alegaciones en cuanto a las falencias en que incurre el acto administrativo impugnado son meras especulaciones fácticas.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

QUINTO: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

SEXTO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16º y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

SÉPTIMO: Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10810-2022.