nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Santiago, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 12 y siguientes, comparece doña nombre reservado, funcionaria municipal, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, quien interpone acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la Municipalidad de Quinta Normal, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcaldesa doña Carmen Gloria Fernández Valenzuela, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de derechos fundamentales, que importaría la notificación de su cesación en el cargo con objeto de proceder al trámite de jubilación, materializado en el Decreto Personal Nº 209 de dicha repartición, de 2 de agosto de 2016, despachado mediante carta certificada con fecha 26 de agosto del mismo año, y que, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 19.880, se debiera entender notificado dentro de tercero día de su despacho, el 31 del mismo mes y año. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del Derecho, acoja la acción interpuesta, y en definitiva, declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, disponiendo se deje sin efecto la notificación del decreto antes señalado; que se le acepte presentar a la recurrida su carta de renuncia voluntaria al cargo de secretaria municipal que ostenta, para así acceder al bono de retiro voluntario; que se disponga que, previo a lo anterior, se le permita hacer uso de sus vacaciones; que luego del término de su licencia médica y realizados los trámites de renuncia voluntaria y uso de vacaciones, se le notifique conforme a derecho el Decreto Personal Nº 209, ya citado; y en general, que la Corte tome todas las medidas que juzgue adecuadas para el restablecimiento del imperio del Derecho y la seguridad y protección de sus prerrogativas, todo ello con costas.

Funda su arbitrio constitucional en que se desempeña como secretaria municipal de la Municipalidad de Quinta Normal desde el 16 de noviembre de 1992 hasta la fecha. Indica que en todo este tiempo ha ejercido su cargo con apego a la legislación vigente y cumpliendo las obligaciones que la Ley Nº 18.883 impone a los funcionarios municipales. Indica que pese a ello, fue objeto de diversas acciones ilegales y arbitrarias que esta Corte ya conoció en la causa Rol Protección N° 22427-2015, en la que mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2015, se acogió un recurso de protección interpuesto por ella en contra de la Municipalidad de Quinta Normal, que dejó sin efecto el Decreto Personal Nº 58 y el Memorandum Nº 19, ambos de 27 de febrero de 2015, del ente edilicio aludido y ordenó la restitución de la recurrente en su cargo de secretaria municipal. Señala asimismo que se encuentra realizando los trámites correspondientes a su pensión de vejez ante el INP, cuyo decreto fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con alcances, señalando que su solicitud comprende un 20% de aumento conforme al artículo 2º de la Ley Nº 20.922, el que requiere la presentación de la renuncia voluntaria de la recurrente.

Ahora bien, indica que luego del fallo al que ha hecho referencia, ha recibido numerosas presiones por parte de sus superiores, las que han repercutido en su salud, razón por la cual, con fecha 26 de agosto de 2016, se le otorgó licencia médica por treinta días, hasta el 26 de septiembre de 2016, la que fue luego prorrogada por treinta días más a contar de dicha fecha. Así las cosas, al notificársele el cese de sus funciones mediante el Decreto Personal Nº 209 de 2 de agosto de 2016, el día 31 del mismo mes y año, la recurrente se encontraba con licencia médica, razón por la cual dicho acto administrativo de notificación no pudo producir el efecto de comunicarle la cesación en su cargo, efecto buscado por la recurrida, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Nº 18.883 y en el artículo 161 inciso final del Código del Trabajo; y lo que la recurrida buscaría con esta notificación de cese sería privarla del bono por renuncia voluntaria ya expuesto. Indica asimismo, que dicha notificación le ha privado de hacer uso de su feriado legal por el término de diez días, que le correspondería en derecho.

Indica que el acto es ilegal precisamente por lo expuesto precedentemente, en cuanto le habría sido notificado el decreto que establece el cese de sus funciones dentro de un período de licencia médica; así también estima que es arbitraria la referida notificación, por cuanto la autoridad municipal ha actuado en forma discriminatoria a su respecto, toda vez que ante una misma situación, ha actuado en beneficio de otros funcionarios permitiéndoles acceder al bono de retiro voluntario, que en este caso, se le niega de forma antojadiza, al impedirle, en los hechos, presentar su renuncia. Así, cita diversos decretos alcaldicios en que se admite el uso del beneficio por otros funcionarios, señalando que en su caso la autoridad no ha actuado razonable e igualitariamente en el uso de sus potestades discrecionales.

Señala como conculcados los derechos consagrados en el numeral primero del artículo 19 de la Carta Fundamental, en cuanto esta situación, así como los tratos vejatorios a los que ha sido sometida por parte de sus superiores producto de esta situación, le han causado diversos problemas de salud que detalla; señala asimismo como vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley del numeral segundo del mismo cuerpo constitucional, por cuanto la recurrida, de forma caprichosa y arbitraria, decide notificarla del cese de sus funciones pese a encontrarse en uso de una licencia médica a fin que no presente su renuncia voluntaria para acceder al bono del artículo 2º de la Ley Nº 20.922, cuando en los casos de otros funcionarios lo ha aceptado; y finalmente, señala como vulnerado su derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto se le ha privado de acceder al beneficio legal antes citado, así como a hacer uso de su feriado legal.

SEGUNDO: Que, a fojas 57 y siguientes, informa al tenor del recurso don nombre reservado, en representación de la Municipalidad de Quinta Normal, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por ausencia de ilegalidad y arbitrariedad por parte de su representada.

Indica que la recurrente funge como secretaria municipal de la Municipalidad de Quinta Normal desde el 16 de noviembre de 1992, conforme al Decreto Nº 689 de 2 de noviembre de 1992, y que el día 9 de agosto de 2016, fue notificada del cese de sus funciones, conforme al Decreto Personal Nº 258, de fecha 8 del mismo mes y año, notificación que fue realizada personalmente, conforme a los artículos 144 letra b) y 146 de la ley Nº 18.883, según resolución de pensión AP-431 de fecha 26 de mayo de 2016 del Instituto de Previsión Social, decreto que no fue recurrido por la señora nombre reservado en su oportunidad.

Refiere que la recurrente manifestó su voluntad de jubilar, iniciando la tramitación ante el Instituto de Previsión Social, el que aprobó la jubilación de la recurrente el 22 de junio de 2016, cuestión que obliga a la Municipalidad a notificar, entonces, el cese de las funciones conforme al artículo 144 letra b) de la Ley Nº 18.883. Una vez tramitado totalmente el acto administrativo, tal como lo dispone Contraloría General de la República, se procedió a la notificación del Decreto personal Nº 209, ya indicado.

En cuanto a la alegación de la recurrente, en el sentido que se le habría impedido presentar su carta de renuncia voluntaria para acceder a los beneficios de la Ley Nº 20.922, lo cierto es que la funcionaria no cumpliría con los requisitos para ello, toda vez que según el informante el plazo para ello, conforme al artículo 1º de la Ley Nº 20.649, caducó el 31 de marzo del año 2015; además, la recurrente cumplió la edad para jubilar en el año 1995, por lo que no cumpliría con los requisitos del artículo 3º del mentado cuerpo legal, en cuanto solo extiende el beneficio a los funcionarios que hayan alcanzado el requisito de edad entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014. Además, indica que ella, en su oportunidad, en el año 2013, manifestó su voluntad de no acogerse a retiro voluntario.

Hace presente, asimismo, que la funcionaria fue intentada notificar el día 25 de agosto de 2016, pero como no se encontraba en su domicilio, se procedió al despacho de la carta certificada el 26 del mismo mes y año; y que la funcionaria aludida ha presentado licencias médicas continuas desde el 29 de febrero de 2016 hasta la fecha de notificación del mencionado decreto.

Rechaza la ilegalidad del actor en referencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 144 letra b) de la Ley Nº 18.883, toda vez que la funcionaria ha obtenido la jubilación de su cargo, razón por la cual en caso alguno podría haber presentado su renuncia, causal de cesación en el cargo diversa a la ejercida. Como corolario de lo anterior, no existe arbitrariedad que atacar por parte del ente municipal ni vulneración alguna de los derechos fundamentales de la recurrente.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con la impugnación de la notificación del Decreto Alcaldicio Personal N° 209, de 2 de agosto de 2016, de la Municipalidad de Quinta Normal, que declara la cesación en el cargo de la funcionaria municipal Sra. nombre reservado, la que se estima sería arbitraria e ilegal, en atención a que en el momento en que fue formalmente notificada, se encontraba con licencia médica y conforme la interpretación que efectúa la recurrente, no podría efectuársele dicha comunicación en función de la dispuesto por el artículo 110 de la Ley N° 18.883 y el inciso final del artículo 161 del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada;

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, resulta necesario acotar lo impugnado, para los efectos de visualizar si el acto de la notificación recurrida fue arbitrario y/o ilegal.

SEXTO: Que, en cuanto a la legalidad de la notificación, debemos señalar que ésta constituye un mecanismo procesal que permite poner en conocimiento de una persona determinada el contenido del acto administrativo de que se trata, en este caso, el Decreto N° 209, varias veces señalado, o como también se ha dicho, es un acto jurídico procesal a través del cual se hace saber de forma legal a una de las partes del respectivo proceso el cumplimiento de un acto procesal o la resolución correspondiente al mismo. Como fuera planteado por el recurrente, atendido que no fue posible la notificación personal, se optó por la recurrida enviar una carta certificada a la recurrente con fecha 26 de agosto de 2016, la que se entiende notificada, como lo indica el inciso 2° del artículo 46 de la Ley N° 19.880, al tercer día siguiente a aquel en que ella fue recepcionada por la oficina de Correos, que en este caso corresponde al 31 de agosto de 2016.

Resulta necesario, entonces, examinar si tal actuación de la Municipalidad de Quinta Normal, de dar como efectivamente notificado el ya mencionado Decreto N° 209 en esa fecha, puede estimarse ilegal, contrario al ordenamiento jurídico. Digamos, para comenzar, que el efecto buscado con el envío de la carta certificada se produjo, esto es, se logró poner en conocimiento de la recurrente el mencionado Decreto Alcaldicio. La cuestión estriba en señalar si dicha comunicación podemos estimarla como jurídicamente válida y si los efectos de tal notificación son idénticos a aquellos que se efectúan a funcionarios que se encuentren sin licencia.

En la impugnación que se efectúa por la recurrente se plantea la vigencia de dos normas jurídicas que según ella debieran conducirnos a estimar que dicha actuación fue ilegal. El artículo 110 de la Ley N° 18.883 y el inciso final del artículo 161 del Código del Trabajo.

El primero establece: “Artículo 110.- Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.

Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando del total de sus remuneraciones.”

El segundo señala: “Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.”

SEPTIMO: Que, según se desprende de la lectura del primer precepto transcrito en el motivo anterior, mientras la persona se encuentra con licencia médica, se entiende que tiene derecho a ausentarse de su lugar de trabajo por el tiempo prescrito en el documento médico, no siendo óbice para que sea informado de los actos administrativos que le afecten. La comunicación que lleva implícito el envío de la carta certificada no significa afectar el derecho de la funcionaria pública de ausentarse de su lugar de trabajo.

En cuanto al inciso final del artículo 161 del Código del Trabajo, no puede colegirse una suerte de prohibición general de invocar causales de término respecto de los trabajadores que se encuentren en algunas de las situaciones de hecho que allí se refieren. Con el añadido que la recurrente no es una trabajadora común y corriente, sino que es una funcionaria municipal, respecto a las cuales las causales de término de funciones están taxativamente señaladas en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales contenido en la Ley N° 18.883, particularmente en su artículo 144. Es más, el inciso final de la norma laboral común regula una prohibición específica, relativa a la causal de necesidades de la empresa, que ninguna conexión tiene con las seis causales reguladas en la Ley N° 18.883, de modo que tampoco puede derivarse de dicho precepto alguna ilegalidad en el acto de la notificación.

OCTAVO: Que, en razón de lo dicho en el razonamiento anterior, no estamos frente a casos en que la notificación pueda calificarse de ilegal y siendo ello lo esencialmente recurrido, no puede darse lugar a este recurso.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, para descartarla baste con señalar que el recurso claramente muestra que no es la notificación del acto administrativo la que se estima por el recurrente como arbitrario, sino que es el acto administrativo mismo cuya notificación se impugna por este mecanismo, confusión que impide darle sustento a su petición.

NOVENO: Que, establecido que no estamos ante un acto ilegal ni arbitrario, resulta infructuoso analizar si acaso han resultado afectados los derechos fundamentales invocados, por cuanto la base del presente recurso impide que sea acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 12 y siguientes, por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección 108079-2016.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti, e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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