nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 11: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 12 de mayo de 2025, comparece Máximo Francisco Pavez Cantillano, abogado, en favor de nombre reservado, nacional de Venezuela, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por estimar que dicha autoridad ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en la demora excesiva en pronunciarse sobre su solicitud de regularización extraordinaria, perturbando con ello el legítimo ejercicio de las garantías del artículo 19 N° 1 y, principalmente, N° 2 de la Constitución; sustenta la acción en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el Auto Acordado 94-2015 y en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, además del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325.

Relata que la recurrente, de 70 años de edad, ingresó a Chile por paso no habilitado el 26 de agosto de 2021, tras intentos fallidos de obtener la Visa de Responsabilidad Democrática, huyendo de la crisis social y económica de su país.

Indica que su arribo se produjo en el período más complejo de la pandemia, lo que, sumado a su edad y a problemas de salud que afectan su movilidad (especialmente de rodilla), le generó una situación de especial vulnerabilidad.

Señala que, respetando la institucionalidad, efectuó Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino ante la PDI el 27 de junio de 2022; sin embargo, hasta la fecha no ha sido citada a entrevista, ni se le ha notificado resolución de expulsión, permaneciendo en un limbo administrativo que la mantiene en permanente incertidumbre.

Expone su arraigo familiar: convive en Chile con su hija, nombre reservado, y con su nieto, nombre reservado; ambos cuentan con residencia definitiva vigente —acompaña resolución exenta respecto de Aaron, y cédula de identidad de Milagros—, y dada su condición de salud depende del apoyo de su núcleo familiar, por lo que un eventual retorno a Venezuela le resultaría particularmente gravoso.

Precisa que, con fecha 7 de diciembre de 2023, ingresó solicitud de regularización extraordinaria ante la Subsecretaría del Interior, al amparo del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 (casos calificados o por motivos humanitarios), acompañando cédula de identidad y pasaporte, acreditación de FONASA, declaración de ingreso clandestino y certificado de antecedentes penales sin anotaciones.

Desde entonces no ha recibido decisión final ni un plazo cierto de respuesta, pese a requerimientos vía Transparencia y denuncias ante Contraloría, lo que vulnera su certeza jurídica y la mantiene expuesta a la amenaza de expulsión y a limitaciones de acceso a trabajo, salud y seguridad social.

En cuanto a la admisibilidad, sostiene que la acción se interpone ante la Corte de Apelaciones competente y dentro de plazo, desde que la omisión es actual y persistente; invoca el numeral 1° del Auto Acordado de 2015 sobre jurisdicción y cómputo del término de 30 días desde el conocimiento cierto del acto u omisión.

Desarrolla la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión. Invoca el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que impone un plazo máximo de seis meses para concluir procedimientos administrativos, afirmando que en su caso dicho término fue ampliamente excedido sin que medien caso fortuito o fuerza mayor (artículo 45 del Código Civil y doctrina citada), y con infracción de los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

Agrega que el trato dispensado importa discriminación arbitraria prohibida por el artículo 19 N° 2 de la Constitución y por la Ley N° 21.325 (artículo 1 N° 7 y artículo 13), puesto que, en situaciones equivalentes, la autoridad sí ha emitido pronunciamiento dentro de plazos razonables, permitiendo la regularización de otras personas.

Cita en refuerzo jurisprudencia reciente: un fallo de la Corte Suprema (rol N° 49.621-2024) que califica como ilegal y arbitraria la dilación injustificada en la decisión sobre regularización extraordinaria, por vulnerar igualdad ante la ley y desconocer los principios de la Ley N° 19.880; y un precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago (protección, rol N° 103.579-2022) —además de una resolución de 4 de septiembre de 2023— en análoga línea argumental, todos concluyentes en cuanto a ordenar a la autoridad adoptar una decisión terminal dentro de plazo razonable.

Concreta la afectación de garantías en la perturbación del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), dado que la inactividad administrativa impide materialmente encauzar su regularización y la discrimina frente a terceros en igual situación; añade la incidencia en su vida e integridad psíquica (artículo 19 N° 1) por el estrés y angustia permanente derivados de la incertidumbre y de la amenaza de expulsión, en contravención igualmente de los principios de promoción y garantía de derechos, integración e inclusión migratoria de la Ley N° 21.325.

Pide se acoja el recurso y se declare: “1) La arbitrariedad e ilegalidad de la omisión por falta de pronunciamiento de la Subsecretaría del Interior sobre lo solicitado en relación con la regularización migratoria de carácter extraordinaria; 2) Ordenar a la Subsecretaría del Interior a pronunciarse en el más breve plazo posible que su S.S. Ilustrísima considere oportuno”, sin perjuicio de otras medidas que la Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Comparece Jaime Andrés Rojas Cornejo, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, y evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Expone que la acción se dirige contra una supuesta omisión ilegal y arbitraria por la falta de dictación de un acto terminal que resuelva la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario presentada por la recurrente.

Desarrolla en ese sentido el marco normativo aplicable destacando que la Ley N° 21.325 y el D.S. N° 296/2022 ordenan una migración regular por pasos habilitados y con documentos válidos, precisando que la “regularización” busca subsanar contravenciones en que voluntariamente incurren las personas extranjeras respecto de su ingreso o estadía y que su concesión es potestativa de la autoridad, no un derecho.

Distingue dos hipótesis de regularización: i) de carácter general (arts. 69 inc. 2 y 155 N° 8), cuyo diseño corresponde al Subsecretario y ejecución al Servicio Nacional de Migraciones, recordando que existieron procesos masivos el 2018 y 2021, pero que a la fecha no hay procedimientos generales vigentes; y ii) de carácter excepcional (art. 155 N° 9), indelegable del Subsecretario del Interior para casos calificados o por motivos humanitarios, de aplicación individual y sujeta a un procedimiento desformalizado, sólo procedente cuando concurren circunstancias fácticas extraordinarias. En consecuencia, cualquier petición en la actualidad sólo puede tramitarse bajo la vía excepcional del artículo 155 N° 9.

Respecto del caso concreto, informa que la solicitud de la recurrente se encuentra en sus últimas etapas de tramitación, previo a la suscripción del acto administrativo que la resolverá, y que, concluido ello, será debidamente notificada conforme a derecho, descartando así la alegada inactividad.

Sobre el fondo, sostiene que no existe omisión ilegal o arbitraria. Primero, porque las solicitudes excepcionales por casos calificados/humanitarios exigen un análisis particularmente exhaustivo, lo que explica tramitaciones más extensas dada la entidad de la decisión; segundo, porque existe un incremento exponencial de este tipo de requerimientos, lo que excluye la idea de capricho y ha sido reconocido por jurisprudencia que cita (entre otras, Corte de Apelaciones de Arica, Rol 418-2023); tercero, porque el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal ni su vencimiento genera invalidez o caducidad, según reiterada doctrina de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República que individualiza (CS Rol N° 115.064-2022 y otros; CGR Dictámenes N°s 45.312/2013, 7.626/2014 y E170.194/2021).

Alega, además, que tampoco se configura privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales: el recurso de protección exige acreditar, además del acto u omisión ilegal o arbitraria, la afectación concreta de un derecho del artículo 20, carga que —afirma— la recurrente no satisface con meras alegaciones genéricas sobre integridad psíquica o igualdad.

Recuerda que quien solicita el permiso excepcional reconoce haber incurrido previamente en infracciones migratorias, por lo que no es imputable a la Administración ni a la duración del procedimiento la situación de incertidumbre que denuncia.

Subraya que la acción de protección no es la vía idónea para crear derechos ni para tutelar expectativas respecto de concesiones migratorias, y que, si la ilegalidad o arbitrariedad no son manifiestas ni hay afectación ostensible de garantías, el arbitrio debe ser rechazado, citando pronunciamientos que refuerzan tal estándar.

Finalmente, advierte que acoger acciones como la de autos vulneraría la igualdad ante la ley al privilegiar a quienes judicializan su solicitud por sobre quienes esperan la tramitación regular, desnaturalizando la finalidad cautelar del recurso; y que no procede instrumentalizar el permiso excepcional —una concesión cuya decisión compete única y exclusivamente al Subsecretario del Interior— mediante protección, respaldando esta tesis con sentencias de la Corte Suprema que individualiza.

En consecuencia, pide rechazar la acción con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que el acto impugnado corresponde a la omisión que la recurrente atribuye a la Subsecretaría del Interior consistente en la falta de dictación de un acto terminal que resuelva su solicitud de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario (art. 155 N° 9 de la Ley N° 21.325), ingresada en el mes de diciembre de 2023.

QUINTO: Que, al respecto, para resolver se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, conforme a lo informado por la autoridad recurrida, se constata la inobservancia de la normativa que rige la actividad administrativa, por cuanto se han desatendido los principios de celeridad, conclusividad, economía procedimental e inexcusabilidad; ello queda de manifiesto en que la propia recurrida reconoce que la solicitud de la actora se encuentra —a estas alturas, a casi dos años de elevada su solicitud— “en sus últimas etapas de tramitación”, sin que se haya dictado aún el acto terminal correspondiente.

SÉPTIMO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en la tramitación de la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la Subsecretaría del Interior, como medida para restablecer el imperio del derecho, dar curso progresivo a la tramitación de la solicitud de regularización extraordinaria, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Acordado con el voto en contra de la Ministra (s) Sra. Rodríguez Fondón, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello que, verificado que el procedimiento previsto en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 es de carácter extraordinario y restringido a casos calificados o por motivos humanitarios, su instrucción impone una valoración individual, exhaustiva y prudente de los antecedentes aportados, lo que por su propia naturaleza exige una mayor densidad instructiva y, correlativamente, más tiempo para arribar a un pronunciamiento serio y responsable.

En este marco, la demora en la dictación del acto terminal se explica por condiciones sistémicas objetivas —entre ellas, la masividad y crecimiento exponencial de solicitudes análogas— y por las exigencias de diligencia debida propias del procedimiento, sin que se advierta capricho, desviación de fin o inobservancia de los principios de celeridad y conclusividad que permita calificarla de ilegal o arbitraria.

Así, aun cuando el artículo 27 de la Ley N° 19.880, contempla un plazo de seis meses para la conclusión de los procedimientos administrativos, no es, a juicio de esta disidente, perentorio ni fatal conforme a jurisprudencia asentada, operando como parámetro de razonabilidad cuyo vencimiento, por sí solo, no configura una omisión manifiesta en los términos expresados en el recurso de protección.

Así las cosas —y atendido, además, que la autoridad ha informado que la solicitud de la actora se encuentra en etapa final de tramitación—, el tiempo transcurrido no aparece desproporcionado ni carente de fundamento, por lo que no se verifica la perturbación de garantías constitucionales que la recurrente denuncia.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-10804-2025.