nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 7 de octubre de 2022, comparece don Camilo González Delgado, abogado, en favor de doña nombre reservado, empleada, e interpone acción de protección, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal del descuento de un monto $254.546.- en su remuneración de lo cual tomó conocimiento el 5 de octubre de 2022, incurriendo en una vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Sostiene que el año 2016 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida denominado “crédito social”. Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad de la recurrente, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora por el mutuo referido a comienzo de enero del año 2017.

Indica que intentó en diversas ocasiones regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, con un incremento artificial de la misma, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales y fue advertida telefónicamente del área de cobranza extrajudicial del ejercicio de la cláusula de aceleración contenida en el pagaré respectivo.

Añade que la recurrente, durante los últimos años, ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara una cuenta a través del sistema “Intercaja”, habiendo transcurrido tiempo suficiente desde la primera morososidad del pagaré como para que este fuese susceptible de ser declarado prescrito, pretendiendo cobrar una deuda que a la fecha asciende a $1.900.000.

Refiere que existiría un juicio ejecutivo pendiente en el que la Caja de Compensación declinó del cobro individual de las cuotas mediante el mecanismo legal de descuento directo de la remuneración, y decidió hacer exigible el total de la obligación por la vía ejecutiva.

Sostiene que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, se debe tener presente que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

Alega que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual ha dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso, que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; y que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o el que se fije, todo con costas.

SEGUNDO: Que comparece el abogado don Matías Amigo García, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informando el presente del recurso de protección.

Sostiene que con fecha 6 de julio de 2016, otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código 65022481-7, por un capital de $1.995.637 a una tasa de 2.19%, pagadero en un plazo de 18 meses, con una cuota de $145.455 cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de septiembre de 2016.

Añade que la cuota del mes de enero de 2017, no se pagó por estar diferida por LM, y las cuotas del mes de febrero de 2017 a marzo de 2018 (5 a 19), se encuentran en mora.

Afirma que en la especie se encuentran frente a un crédito plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Aclara que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de la cual se desprende, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho.

Añade que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, conforme a la ONI decretada en autos. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Solicita el rechazo de la presente acción por cuanto ha perdido oportunidad al haber accedido voluntariamente la recurrida al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que ante el trámite ordenado por esta Corte, con fecha 14 de abril de 2023 la actora evacua traslado dando cuenta del irracional, abusivo y arbitrario actuar de la recurrida en cuanto haga uso del artículo 22 de la Ley N° 18.833 , luego de al menos 6 años desde el último vencimiento, sin previo aviso y sin que se tenga posibilidad de defenderse ante una deuda cuya acción muestra seria evidencia de encontrarse prescrita. A su vez, con fecha 2 de mayo de 2023 informa la recurrente que existe causa que corresponde al Rol C-13477-2017, caratulada CCAF LOS ANDES/nombre reservado del 1º Juzgado Civil de Puente Alto.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio resulta necesario determinar, primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración del demandado fundados en la existencia de un crédito social anterior y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que es un hecho no controvertido que la Caja recurrida demandó ejecutivamente a la actora, dando origen a la causa Rol C-13477-2017, que se tramitó ante el 1º Juzgado Civil de Puente Alto, en la cual consta del sistema informático que se inició el 11 de octubre de 2017 y con fecha 12 de enero de 2023 se acogió el incidente de abandono de procedimiento.

SÉPTIMO: Que no se discute que la Caja recurrida, al amparo de la Ley 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, puede perseguir judicialmente el cobro de sus acreencias, lo que efectivamente así acontece en el caso de marras.

No obstante, en la especie el cobro del mismo crédito fue perseguido inicialmente por la recurrida por una doble vía, esto es, mediante la deducción de las remuneraciones del recurrente mediante cuotas mensuales y, a la vez, en la sede judicial ya dicha, lo que en principio devino en arbitrario pues, como ya se dijo, la exigibilidad de dicho crédito estaba sometida al conocimiento y resolución del tribunal competente.

Sin embargo, y como también se apuntó, mediante sentencia firme y ejecutoriada de fecha 12 de enero de 2023 se declaró abandonado el procedimiento indicado, a solicitud de la parte ejecutada -aquí recurrente-, por lo que en la actualidad no existe procedimiento judicial que impida el ejercicio de la facultad contemplada en la Ley Nº 18.883 ya citada, por parte de la recurrida; y siendo así, no existe tampoco acto ilegal o arbitrario que deba ser enmendado por esta vía de protección.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, la recurrida ha informado que no ha efectuado nuevos descuentos en las remuneraciones del recurrente, por lo que ninguna medida podría adoptar esta Corte en tal sentido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, la presente acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-108005-2022.

En Santiago, seis de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.